«Es imprescindible desmontar el wellfare europeo y no tenemos demasiado tiempo para hacerlo.» Con idénticas palabras La Vanguardia y El País del pasado 3 de junio, recogían el núcleo de la intervención de Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander Central Hispano, en el Club Financiero de Bilbao. Sin duda esta es una línea de trabajo del pensamiento conservador radical que entre otros representa los intereses del capitalismo financiero, pero lo que resulta notorio es la fórmula rotunda que eligió para expresar sus planteamientos el número dos del principal grupo bancario español. Tan contundente que después tuvo que rectificar un poco y forzar a su jefe, don Emilio Botín a parecer memo cuando dijo que «estaba encantado con nuestro estado de bienestar», en una maniobra de repliegue que recuerda la vieja táctica del Partido Popular en sus primeros tiempos de estancia en el Gobierno: primero amenazar a lo bruto y después rectificar un poco. Más o menos un dos pasos adelante y uno atrás.

Que el grupo Santander Central Hispano conspira contra el estado de bienestar es de sobras conocido, pues junto a sus rivales colegas del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria presionan denodadamente para reducir el sistema público de prestaciones y ampliar el suculento negocio de los fondos de pensiones. Un negocio del que sacan una magnífica tajada en Latinoamérica, donde al socaire de las privatizaciones controlan nada menos que el 38% de las pensiones privadas (un 25,6% el BBVA y un 12,7% el SCH), y quisieran repetir la jugada en nuestro país. Como también es notorio que ambos tienen pendientes procesos judiciales por diversas prácticas irregulares y de evasión fiscal. El SCH tiene abiertos dos procesos, uno por favorecer la evasión fiscal mediante el procedimiento de «cesión de créditos» y otro de estafa a sus accionistas por indemnizar con 43,7 millones de euros a su antiguo consejero delegado (el señor Amusátegui). El BBVA por la creación de cuentas secretas en el exterior que, entre otras cosas, incluían un suculento fondo de pensiones para el antiguo Consejo de Administración del Banco Bilbao Vizcaya. Como podemos comprobar su fe en la desregulación y la eliminación de prestaciones no es en absoluto fundamentalista, puesto que son cuidadosos con sus altos directivos, no fuera que tanta desregulación les llevara a la miseria.

La novedad no es el ataque sino el argumento utilizado. Hasta ahora las críticas de la banca se han concentrado en los problemas de financiación del sistema de prestaciones públicas. En este caso se habla directamente de desmantelar no sólo las prestaciones sociales sino el conjunto de instituciones que regulan los derechos laborales alegando el peligro del déficit exterior y la competitividad en general y la competencia de los países del Este en particular. Más allá de lo escandaloso e inadmisible de la declaración del alto jerarca empresarial lo que no cabe duda es que ha elegido una línea de ataque que se basa en supuestos sobre el mundo real ampliamente compartidos. Una gran parte de la población está convencida que la competencia de los más pobres se traduce necesariamente en destrucción de empleo y/o demolición de derechos laborales. En lo que se diferencian es en las respuestas a dar. La derecha y muchos tecnócratas defienden que cuando antes nos desmantelemos mejor, la izquierda moderada (que incluye a buena parte de los sindicatos) que es posible una reconversión negociada que reduzca los costes sociales y la izquierda radical a menudo considera que la única alternativa pasa por reintroducir el proteccionismo. Pero las tres visiones coinciden en el diagnóstico de la situación.

Un análisis más detallado de la situación permite cuestionar esta visión tan lineal de la realidad económica. Si existiera una línea única entre competitividad comercial y desregulación del mercado (laboral y regulativa), los países con menor intervensionismo, presencia sindical e impuestos deberían ser indefectiblemente los triunfadores de la liga exportadora, pero en la práctica esto está lejos de ser evidente. El país con un mayor superavit comercial es Alemania y entre los diez países con mayor éxito relativo (el ratio exportaciones/ importaciones) figuran además Japón, Suecia, Dinamarca y Holanda, países altamente regulados y relativamente igualitarios. Por el contrario, entre los países con grandes déficits absolutos y relativos se encuentran los paladines de la desregulación neoliberal: Estados Unidos, Australia y Reino Unido, junto con España (el tercer peor país del mundo en términos de déficit comercial) cuyos derechos sociales están a distancia de la mayoría de países europeos ricos. Y es que la posición comercial (lo que vulgarmente se entiende por competitividad exterior) es el resultado de un proceso mucho más complejo que el que marcan los costes salariales y tampoco está claro que una buena posición comercial contribuya al bienestar social (el país con mayor superavit relativo es Rusia, gracias a haberse convertido en un gran exportador de petróleo y materias primas, sin que la mayoría de sus ciudadanos puedan vivir con dignidad).

No puede negarse que para determinados sectores y empresas la situación es dramática. Y que algunas grandes multinacionales están utilizando a fondo el miedo generado por la apertura al Este para imponer nuevas normas laborales que hagan aumentar sus beneficios, como estamos presenciando en el sector del automóvil. Pero la experiencia histórica anterior muestra que en los procesos de apertura se generan oportunidades diversas que a menudo pasan por favorecer a las economías con mayor desarrolló tecno-productivo (de no ser así los países del sur de Europa nos hubiéramos convertido hace veinte años en emporios industriales en detrimento de Alemania, Francia, etc. y aún hoy seguimos importando gran cantidad de productos de estos países). Y la única forma de romper con las bravatas interesadas de los adalides del capitalismo es empezar por analizar fríamente la realidad y no creerse representaciones simplistas. Si Sáenz u otros son ahora tan osados es porque saben que la audiencia ha sido preparada para creer su mensaje. Y no es seguro que a veces la izquierda radical no haya colaborado en popularizar este análisis, olvidando con ello dos tareas imprescindibles: la búsqueda de propuestas realistas sobre la que construir otra práctica social y, en el plano estratégico, la elaboración de una propuesta de desarrollo social viable a escala planetaria. Porque la defensa de los derechos sociales no pasa por el «desarrollo en un solo país» sino por la construcción de un nuevo internacionalismo alternativo.