Existe una dura y persistente pugna sociopolítica y cultural en torno a dos polos: la dinámica de ‘normalización’, como legitimación del actual orden institucional y económico hegemonizado por la derecha, y la tendencia de cambio social y político. La primera, promovida por el entramado de poder político-económico y mediático que representa el Gobierno del PP. La segunda, representada políticamente por las llamadas “fuerzas del cambio”: Podemos y sus aliados de Izquierda Unida, convergencias —catalana, gallega, valenciana…— y candidaturas municipalistas, así como otros grupos menores. El PSOE juega un papel ambivalente: mientras la mayoría de su actual dirección participa en la primera, priorizando la gobernabilidad de las derechas y el continuismo estratégico, el grueso de su militancia y su electorado desea diferenciarse del PP y tender puentes con la segunda, apostando por una opción de progreso.

El debate afecta al análisis de la profundidad y la trayectoria de la crisis socioeconómica e institucional y el alcance de la legitimidad de las distintas estrategias; es decir, a las posibilidades y el tipo de cambio y a las políticas adecuadas. El diagnóstico sobre el carácter del poder establecido, sobre la ‘trama’, es fundamental, sobre todo, sus procesos de legitimación social. Más importante todavía, para establecer el carácter del conflicto político y su evolución, es conocer las actitudes de la gente, sus demandas y prácticas sociales y electorales, así como su capacidad de articulación sociopolítica. Se trata de la pugna por qué hegemonía se construye y da soporte al cambio institucional.

El diagnóstico conlleva cierta prescripción. Hay que ser objetivo y realista en la interpretación de los hechos, al mismo tiempo que explicar el sentido de cada opción política o tendencia social. La tesis aquí defendida es que todavía persisten graves problemas sociales, políticos y económicos que afectan a la mayoría de la población y que, a pesar de la colaboración actual del aparato socialista que le procura la estabilidad del dominio institucional de las derechas, la gobernabilidad no se asienta en un consenso ciudadano mayoritario y la normalización no está asegurada y menos en el medio plazo. Persisten dinámicas favorables al cambio.

Por tanto, el aspecto principal a explicar son las dinámicas de fondo en la sociedad española, aun contando con ese desfavorable contexto económico e institucional, así como del marco europeo. El dilema a responder es: ¿existen suficientes tendencias en las mayorías sociales que indican un proceso adaptativo a la gestión continuista de las derechas y una renuncia a un cambio sustantivo?; ¿se ha iniciado una etapa de ‘post-malestar’, una fase de resignación, con un agotamiento o minoración de las energías transformadoras, reducidas a sectores minoritarios? Adelanto mi respuesta: NO.

El consentimiento al continuismo no es mayoritario

En los aparatos mediáticos dominantes, las opciones centrales bajo las que enmarcan las actitudes de la población, la realidad social y cultural, son dos: O bien, el consentimiento mayoritario a la estabilidad del Gobierno de la derecha y sus principales políticas (económicas, institucionales y territoriales), con leves retoques promovidos por el Partido Socialista; o bien, la simple protesta social minoritaria y radical, con la inoperancia trasformadora, política e institucional. O posibilismo adaptativo, o idealismo estéril.

Al menos desde el año 2010, junto con las graves consecuencias de la crisis, se han implementado de forma autoritaria las políticas regresivas y antisociales del poder liberal conservador europeo. Existe la responsabilidad en su gestión de gobiernos socialdemócratas, que han entrado en crisis, y de forma más cruda de las derechas. Paralelamente, se ha generado un amplio espacio popular progresista y democrático, especialmente en España, y una nueva política alternativa de progreso y cambio institucional, realista y de amplia base ciudadana. Pues bien, los poderosos siguen sin reconocer estos hechos centrales de la experiencia popular y la conciencia ciudadana. Pero, toman nota y buscan la normalización y neutralizar la dinámica de cambio social y político.  

Es verdad que, entre algunos actores existen objetivos a medio y largo plazo que plantean la ‘ruptura (o revolución) democrática’ o apuntan a superar el capitalismo. Pero, ni siquiera en ellos, son planes inmediatos. Pueden cumplir una función ideológica, orientativa o retórica, pero hay que distinguirlas de las propuestas concretas de cambio que son susceptibles de apoyo popular a corto y medio plazo.

El nivel de representatividad o confianza ciudadana es clave para determinar los desafíos estratégicos. Los objetivos inmediatos, aparte de su función cultural, deben ser coherentes con los medios disponibles y las capacidades transformadoras. La pugna por la hegemonía supone el cuestionamiento de la idea de que solo es posible el plan del poder establecido.

En ese sentido, los programas de Unidos Podemos y sus aliados están conectados con la mejor experiencia popular y democrática. Reflejan aspiraciones de la mayoría ciudadana y expresan un doble cambio político, a corto y medio plazo, basado en la justicia social y la democratización. Por una parte, una democracia económica y social, la consolidación de los derechos sociales y laborales, un Estado de bienestar más protector y redistributivo, un plan de emergencia social o rescate ciudadano… Por otra parte, la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, así como la solución democrática a la cuestión territorial.

Es un plan de reformas sustantivas con un perfil social y democrático, para la mejora inmediata de la situación de la mayoría popular que, evidentemente, choca con los planes de austeridad y la gestión regresiva y prepotente de la crisis sistémica del poder liberal conservador de España y la UE. Ese poder es muy fuerte; el cambio propuesto, incluso negociado con un hipotético Partido Socialista (o parte de él) renovado, es difícil. Su dificultad no viene porque sea profundo y radical, deriva simplemente porque, frente al inmovilismo restaurador de las élites dominantes, conlleva algo de cambio sustantivo y real, aspira a reforzar esa dinámica transformadora y los adversarios del establishment son muy poderosos. No se contenta con un simple maquillaje combinado con el refuerzo del continuismo y la resignación cívica. Su punto fuerte es la legitimidad popular en que se apoya, que se quiere neutralizar o esconder. Es el campo en disputa, la conformación de una predisposición de sectores significativos de la ciudadanía a porfiar tras un cambio real, articular esas demandas populares y reforzar su representación política e institucional.

En ese marco interpretativo dominante en los grandes medios, las fuerzas continuistas del PP, PSOE y C’s se supone que ocupan la centralidad del tablero político y la completa hegemonía en la sociedad: es lo sensato, lo seguro o ‘su’ sentido común. No habría alternativa a ese poder establecido y sus políticas; su orientación, especialmente en el ámbito europeo, es una democracia débil y mayor subordinación popular. El cambio real o sustantivo, aunque sea pequeño y lento, no sería posible. Es la vuelta al argumentario oficial, iniciado ya en el año 2010, de la clase gobernante y los grandes medios para justificar la inevitabilidad de los planes de austeridad y neutralizar la indignación cívica y las opciones de cambio de progreso.

Al mismo tiempo, la oposición sociopolítica o la impugnación a esa dinámica sería extremista, minoritaria e irreal, o simplemente estética o simbólica; siempre sin apoyo social ni influencia transformadora, es decir, ‘perdedora’. Es el enfoque falso y sesgado desde el que se intenta marginar y descalificar a Unidos Podemos y sus aliados adjudicándoles esa posición extrema, encerrada en sí misma y sin arraigo popular. Es también cómo se ha querido interpretar la pugna interna en el proceso de Vistalegre 2 y, particularmente, condenar a la nueva dirección de Podemos a la irrelevancia política.

Pero ese marco interpretativo es falso, oculta las bases sociales para el cambio y tiene la intencionalidad política de normalizar la gestión liberal conservadora. El consentimiento ciudadano al continuismo de las políticas socioeconómicas y la gestión autoritaria es minoritario. El malestar cívico por la deriva económica y política es mayoritario, especialmente entre la juventud. Dadas las valoraciones sobre las trayectorias y las expectativas en los últimos dos años se consolidan dos dinámicas: por una parte, se refuerza una minoría significativa, acomodada y conservadora, que considera aceptable la evolución económica y política, aunque no llega a un tercio de la sociedad; por otra parte, permanece una mayoría social descontenta y favorable a los cambios, aun con distinta intensidad.

Y existe una fractura generacional: por un lado, una fuerte composición juvenil que apoya a Unidos Podemos y convergencias y desea cambios profundos; por otro lado, PP y PSOE se refugian en unas bases electorales envejecidas, sobre todo, entre los mayores de 55 años; en el medio con posiciones más paritarias los sectores de edad intermedia, decisivos. No obstante, se puede decir que el futuro favorece al cambio y que el conservadurismo es el pasado.

En conclusión, no hay normalización política, hay bases sociales y culturales para seguir promoviendo el cambio político. Y toda la campaña de propaganda del poder establecido y los principales medios no ha podido torcer esa voluntad popular mayoritaria. El problema no está en la realidad social, sino en el reflejo de los equilibrios institucionales al haber renunciado la dirección socialista a un pacto de progreso por un cambio sustantivo, entrando en conflicto con gran parte de su base social.

La estabilización es frágil

Tras la etapa de indignación cívica y protesta social contra la gestión regresiva y autoritaria de la crisis sistémica, socioeconómica, institucional y territorial (2010-2014), y el prolongado ciclo electoral de más de dos años (2014-2016), se ha iniciado una nueva etapa política. El resultado de ese proceso y nuevo punto de partida ha sido un nuevo equilibrio institucional, derivado del desgaste del bipartidismo y la consolidación de una nueva representación política alternativa, con suficientes bases sociales e institucionales para porfiar en el cambio. Frente a ello se ha configurado una estrategia de normalización política y cultural que dé estabilidad al continuismo económico, institucional y territorial, aislando la dinámica y las fuerzas del cambio.

Mientras, en la UE, el poder liberal conservador dominante (con gran parte de las direcciones socialdemócratas) mantiene el rumbo de la austeridad y se desencadenan procesos disgregadores y xenófobos de la mano del populismo autoritario de extrema derecha; todo ello con las dificultades de las fuerzas progresistas y de izquierda para avanzar hacia una Europa más justa y democrática.

Son ciertos algunos factores que tienden a la estabilización política. Principalmente, son dos. Primero, la persistencia de una base electoral conservadora, acomodada y envejecida, en torno a un tercio de la población, con ventajas comparativas por la evolución económica y laboral. Segundo, la colaboración de la mayoría de la dirección socialista y su garantía de gobernabilidad del pacto de las derechas (PP y C’s), continuación de su determinación de frustrar la posibilidad de un Gobierno de progreso.

Sin embargo, ninguno de los dos aspectos es determinante. Hay un bloqueo institucional pero una disputa por la legitimidad social del cambio. La situación presenta algunas mejorías macroeconómicas pero sin revertir derechos perdidos, sociales y laborales, y con prolongadas, segmentadas y diversas consecuencias para la mayoría social. Me centro principalmente en los aspectos sociales y políticos, dejando al margen el factor desestabilizador del proceso independentista en Cataluña y el inmovilismo gubernamental ante las mayoritarias demandas democráticas de mayor capacidad decisoria y autogobierno.

La base social acomodaticia que ampara la representatividad de la derecha es significativa, pero sigue siendo minoritaria entre la población, aun contando con una parte de votantes de Ciudadanos, cuyo compromiso era con el ‘cambio sensato’ y cierta regeneración democrática. Y el aparato socialista cuenta con escasa legitimidad entre su militancia y su electorado para su aval a la gobernabilidad del Gobierno del PP, está muy alejado de su compromiso de ‘cambio seguro’ e incluso de una oposición verdaderamente útil para la mayoría ciudadana. Aunque ahora en las primarias necesita un distanciamiento relativo para evitar un desplazamiento militante hacia Sánchez.

Para taponar esas grietas, el bloque de poder liberal-conservador debe apostar por una fuerte presión política hacia la dirección del Partido Socialista, un gran despliegue mediático para persuadir o neutralizar a la gente descontenta y, sobre todo, un aislamiento de las fuerzas del cambio como componente transformador basado en la justicia social y la democratización. Hasta ahora han tenido un relativo éxito en el objetivo central de impedir la formación de un Gobierno de progreso, compartido y negociado con Unidos Podemos y sus aliados. No solo se ha confirmado la negativa de la dirección socialista, desde el principio tras el 20-D, a iniciar un proceso de transformación real y de colaboración con las fuerzas del cambio, sino que, a pesar de los apoyos recibidos en ayuntamientos y Comunidades Autónomas para desalojar al PP, ha acentuado su sectarismo contra Unidos Podemos y sus aliados, confirmando su actual aval a la estabilidad del Ejecutivo de Rajoy.

Todavía persiste la disputa sobre el relato de las causas y responsabilidades por el fracaso de un Gobierno de progreso en España y la conformación de cierta frustración en parte del electorado de ambos. El propio Pedro Sánchez, en su entrevista  con Évole, periodista de la Sexta, tras su defenestración a primeros de octubre como Secretario General del PSOE, se encargó de dar verosimilitud a la versión de Unidos Podemos y convergencias: los poderosos de dentro y de fuera del PSOE lo vetaron. No se debía a la supuesta intransigencia o sectarismo de la dirección de Podemos, versión machacona de la dirección socialista y los principales medios, sino a la determinación estratégica del núcleo dirigente socialista, con el acuerdo de Ciudadanos, de garantizar el continuismo económico y territorial, neutralizar un cambio real de políticas, aunque fuese limitado, y marginar a Unidos Podemos y sus aliados.

Por tanto, la campaña sectaria desatada contra la dirección de Podemos, especialmente contra su Secretario General, Pablo Iglesias, no estaba justificada y solo tenía un significado destructivo para las fuerzas del cambio, que hizo cierta mella en una pequeña parte de su electorado que se abstuvo en el 26-J.

Tampoco es justa la versión intermedia, supuestamente equilibrada, del reparto por igual de responsabilidades a los dirigentes de ambas formaciones. Sánchez fue honesto en ello al señalar al entramado económico-político y la dependencia del aparato socialista como culpable de ese veto a un Gobierno compartido de progreso. Y habría que añadir la responsabilidad de la propia dirección socialista por su aceptación e impotencia para plegarse a esa estrategia de impedir el cambio político en España y profundizar la división de las fuerzas de progreso, con toda su repercusión para el futuro de España y la Unión Europea.

Es difícil que el Partido Socialista pueda ya desempeñar un papel dirigente en un cambio político e institucional de progreso. Los poderosos y su propio aparato pueden imponer su repliegue representativo y la subordinación a las derechas, en aras de defender los intereses continuistas de los poderes fácticos. Ello aplazaría el desalojo de las derechas y sería fuente de mayor frustración y desafección entre su base social.

Esa posible dinámica supone una responsabilidad especial para las fuerzas del cambio que, de momento, están lejos de conseguir, por sí mismas, los apoyos sociales suficientes para asegurarlo. Para desalojar a las derechas de las grandes instituciones públicas e iniciar un auténtico cambio, sigue siendo imperiosa la colaboración con otras fuerzas políticas de progreso, en especial un renovado Partido Socialista (o parte de él) con el que converger.  

En definitiva, aparte de la colaboración socialista para la continuidad del Gobierno de Rajoy, en algunos segmentos de la ciudadanía, cuantificados en un tercio, se consolida su consentimiento a esta inercia de estabilidad institucional. Pero la tendencia cívica dominante sigue siendo la del descontento popular por los efectos de la crisis socioeconómica y las políticas de austeridad, la reafirmación en los valores democráticos y de justicia social y el apoyo a una opción de progreso. Por tanto, hay bases sociales suficientes susceptibles de seguir apoyando un proyecto de cambio sustantivo.

La pugna ideológica y cultural es generalizada y continuada y tiene implicaciones políticas. A pesar de la presión política y mediática por la normalización, la persistencia mayoritaria de esa mentalidad crítica y progresiva impide la hegemonía de la dinámica restauradora del entramado de poder económico-político. Su pretensión es el cierre al cambio institucional de progreso, la incorporación plena del Partido Socialista al continuismo estratégico y la neutralización de la dinámica y las fuerzas del cambio. Pero ese plan normalizador no tiene la hegemonía sociopolítica y cultural entre la ciudadanía. La normalización no tiene suficiente consenso social y la tendencia de cambio no se ha consolidado en el ámbito institucional. La pugna continúa.

[Antonio Antón es Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. @antonioantonUAM]