La denominación oficial es Ley de Transitoriedad Jurídica, se la conoce como ley de ruptura, servirá para dar los pasos legislativos con el objetivo de romper con el resto de España y constituye el secreto mejor guardado de Cataluña. Su contenido es conocido por los cuatro diputados que han participado en su redacción y unas cuantas personas más; en total, una decena. Ningún borrador del texto ni anteproyecto de debate previo ha circulado. No se trata formalmente de una Constitución catalana, pero es más eso que otra cosa. La razón de tanto secretismo es evitar a toda costa el inmediato recurso del Gobierno de Mariano Rajoy.

Con toda probabilidad, el Ejecutivo del PP recurrirá al Tribunal Constitucional para suspender y paralizar la ley en cuanto se hagan públicos sus artículos. Para que prospere la impugnación se requiere una premisa ahora inexistente gracias a este juego del escondite: que los folios ahora guardados con celo obsesivo salten —en modo de borrador, de anteproyecto o de pacto— a una publicación oficial del Parlamento catalán. Y eso es precisamente lo que pretenden evitar Junts pel Sí y la CUP, partidos que han redactado la ley, hasta que llegue la hora H del día D, esto es, el momento elegido en el que, según los independentistas, no haya una marcha atrás jurídica.

Así se explica que durante los siete meses de negociaciones de la redacción del texto los dos grupos independentistas, que suman mayoría en el Parlament, hayan actuado con un sigilo impropio de una Cámara legislativa.

El pacto —el texto— se cerró hace poco más de 30 días sin que ninguna de las partes lo hiciera público. Es una redacción aún susceptible de retoques, pero con el grueso de los artículos ya acordado. En su redactado han intervenido por parte de Junts pel Sí Lluís Maria Corominas (Convergència, ahora llamado PDECat) y Jordi Orobitg (ERC), mientras que Benet Salellas y Gabriela Serra han representado a la CUP. Les une su decisión de lograr la independencia de Cataluña; y a tres de ellos, en su condición de abogados, el conocimiento de la legalidad que ahora se pretende sortear. Además de los cuatro diputados, se da por hecho que conocen la ley de ruptura el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, además de su vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el jurista Carles Viver Pi-Sunyer.

Trabajo a tres bandas para la desconexión

La ley de ruptura es una de las tres patas sobre las que se levantan los trabajos en los que está enfrascado el Gobierno catalán dentro de su plan independentista. Y la única que va más allá de la Generalitat, confiada a los partidos políticos. El resto cuelgan directamente del presidente y del vicepresidente del Ejecutivo catalán.

Del equipo de Carles Puigdemont pende la preparación de las denominadas estructuras de Estado, tarea cedida a Carles Viver Pi-Sunyer, quien también es el encargado de trasponer, por si llegara el caso, en torno a 3.500 tratados, protocolos y convenios firmados por España con otros países. De Puigdemont, a través del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat, también depende la elaboración del censo que se utilizaría en el referéndum de secesión.

Sobre Junqueras recae la responsabilidad de la organización de ese hipotético referéndum, que comparte con el consejero de Asuntos Internacionales, Raül Romeva.

Corominas es perro viejo. Fue durante 12 años alcalde de Castellar de Vallès (Barcelona), el pueblo donde nació en 1963, y diputado en el Parlament desde 2003, donde es vicepresidente primero. Conoce todos los recovecos del parlamentarismo y el reglamento. Dejó de ejercer la abogacía hace unos años, cuando fue ascendiendo en el partido que después ha mutado en el PDECat.

Al contrario de Corominas, Orobitg sigue compaginando el escaño con la abogacía y con la práctica del remo en banco fijo, su gran pasión. No en vano fue campeón de Cataluña en diversas modalidades. Nacido en 1966, su carrera política se inició en Lloret de Mar (Girona) en 2010. Dio el salto al Parlament en las últimas elecciones de 2015. Lo mismo le ocurrió a Salellas, de 40 años, jurista de cabecera de la CUP, que viste toga hace ya un tiempo en defensa de activistas de diversos movimientos sociales. Salellas defendió a la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós, investigada y posteriormente exculpada de un presunto delito electoral al negarse a descolgar la bandera estelada (independentista) del Ayuntamiento en dos convocatorias electorales. De Salellas es la célebre frase para referirse a la renuncia de Artur Mas a seguir en la presidencia de la Generalitat, forzada por la CUP: “Le hemos enviado a la papelera de la historia”.

Gabriela Serra, de 65 años, es la más veterana del grupo. Maestra de profesión, inició su activismo nada más morir Francisco Franco. Fue candidata del Movimiento Comunista de Cataluña en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en las primeras municipales de la democracia, en 1979, y se curtió como activista, desde la campaña contra la OTAN a la Federación Catalana de ONG.

La web del Parlament relata al detalle las funciones que desempeñan estos diputados y su actividad, pero de ninguno de ellos se dice que haya redactado la ley cuyo artículo primero —el único conocido— reza así: “Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social”. Eso es lo que anunciaron Junts pel Sí y la CUP el pasado 29 de diciembre, en plenas fiestas navideñas, en un comunicado de prensa idéntico remitido de forma separada a las 13.24.

Ese es el único texto que da algún detalle de una ley que aún no se sabe si servirá o no para convocar el referéndum de independencia que el presidente Carles Puigdemont se ha comprometido a celebrar antes del fin de septiembre. Lo que se da por hecho es que contendrá una disposición final en la que condicionará su entrada en vigor a la victoria del sí en esa hipotética consulta. Lo contrario sería como colocar el carro delante de los bueyes.

El paraguas legal con el que los independentistas quieren amparar el referéndum es el aspecto más sujeto a variación, explican fuentes de ambos grupos parlamentarios, y su aplicación final dependerá de hasta dónde quiera tensar la cuerda la CUP.

A Carles Viver Pi-Sunyer, exvicepresidente del Tribunal Constitucional reconvertido en jurista áulico del independentismo desde 2012, sus colegas le atribuyen la redacción del texto. “Con todo el respeto para los diputados, solo Pi-Sunyer es capaz de entrar al detalle en tantas cuestiones”, afirma un constitucionalista que pide anonimato. Pi-Sunyer coordinó durante dos años el llamado Libro Blanco de la Transición Nacional, las 1.300 páginas que detallan el tránsito para crear un Estado catalán. Al lado de esto, la ley de ruptura es poco menos que un trámite para este jurista. Al resto de dirigentes independentistas les puede sonar la música de la ley pero confiesan abiertamente desconocer la letra. “Tampoco nos preocupa”, dice uno de ellos.

Al secretismo de la ley de ruptura han contribuido los grupos no independentistas del Parlament con su negativa a participar en la redacción, lo que abrió las puertas a los secesionistas para prescindir del trámite habitual. Así, se descartó crear una ponencia y no se publicitó ninguna de las reuniones que han mantenido los cuatro diputados que han participado en su elaboración, al contrario de lo que sucede con cualquier actividad parlamentaria. Al final corrió la consigna y se impuso un hermetismo total hasta que llegue el momento de esgrimir el texto, cuando convenga a la estrategia independentista en función “del calendario”, esto es, después de las sentencias por los dos juicios por la consulta de 9-N y el proceso penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa de la Cámara.

Mientras, y para allanar el camino de la aprobación parlamentaria, se ha activado una reforma del reglamento para que la ley no la conozcan los diputados hasta poco antes de votarla por el procedimiento de urgencia y alterando sobre la marcha el orden del día de un pleno ordinario. Porque no será el Gobierno catalán quien presentará a la Cámara el decisivo proyecto de ley, sino un grupo parlamentario, con lo que se pretende esquivar también una posible inhabilitación que se da por hecho que llegará en algún momento si se cumple la promesa de convocar el referéndum. 

[Fuente: El País]