Sabemos que el proceso no va a ser fácil. Hay incluso quien dice que un “pacto educativo de todos” es prácticamente imposible si lo negocian solo los partidos políticos aunque sea en el ámbito parlamentario. Y dan razones de peso. Por un lado, la experiencia de los intentos anteriores para este mismo fin demuestra que la intransigencia de sectores conservadores, religiosos y privados impidieron alcanzar a un acuerdo.

Por otro, la existencia de dudas más que razonables: ¿Es posible un pacto con quienes apuestan por una escuela excluyente a través de reválidas, itinerarios y otros mecanismos de segregación?, ¿con los que replantean la gratuidad de la educación con copagos y tasas exorbitantes?, ¿con los que reducen el peso y la calidad de la educación pública en beneficio de la privada-concertada?, ¿con los que han dejado la participación de las familias, profesores y alumnado en algo testimonial?”

Quizá la única manera de superar las dificultades para alcanzar un acuerdo educativo sea fijar los principios y finalidades básicas que debe tener la educación. Y establecer un proceso participativo de todos los agentes implicados: comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado), partidos políticos, sindicatos, entidades y expertos, mareas, etc.

La importancia de la educación es múltiple. Su finalidad es conseguir el amor y el gusto por el saber, el desarrollo integral y moral de las personas, la formación de ciudadanos críticos y comprometidos con la mejora de la sociedad en la que viven, la igualdad de oportunidades y la equidad social. Además, el sistema educativo debe contribuir a propiciar una salida de la crisis y un nuevo modelo productivo basado en una mayor cualificación y en el empleo decente de los trabajadores.

Hacer efectivo el derecho a la educación en condiciones de igualdad requiere fortalecer la enseñanza pública. Una empresa de tal envergadura solo pueden hacerla realidad los Estados para garantizar una escuela para todos de calidad y de forma gratuita. La educación es el cimiento de una sociedad y el Estado democrático no puede dejarla en manos de empresarios que fundamentalmente buscan hacer negocio con ella.

Un sistema de educación democrático debe ser consecuencia de un acuerdo social, político y territorial alcanzado a través de un proceso democrático en el que participe la comunidad educativa y todos los interlocutores necesarios. No se pueden pactar unas pocas medidas de maquillaje: la comunidad educativa y la mayoría de fuerzas políticas están pidiendo la derogación de la LOMCE. Una ley que dé estabilidad al sistema educativo necesita participación, debates y consensos que consigan cambiar la dinámica que han tenido las últimas leyes. Por eso, más allá de los formalismos y las audiencias, les pedimos que arbitren la manera de asegurar una participación real en las negociaciones de la comunidad educativa.

Tanto en el contenido como en el procedimiento es un punto obligado de partida el “Documento de bases para una nueva Ley de Educación, Acuerdo social y político educativo”, elaborado por una amplia representación de las fuerzas sociales y políticas, colectivos y mareas por la educación pública. Las líneas básicas no pueden ser otras que concebir la educación como un derecho público y un bien común. Debe asegurarse una escuela pública de todos y para todos, con una financiación del 7% del PIB, porque la educación tiene que estar al servicio de la sociedad y no del mercado.

Nosotros queremos creer en ustedes, señorías, en su buen trabajo, en que van a colocar la educación pública como la primera prioridad de este país, que blindarán la inversión educativa porque no puede verse afectada por el artículo 135 de la CE. Traemos propuestas muy elaboradas y nos ofrecemos a participar en todo el proceso de negociación. Sabemos que los efectos negativos de la crisis se concentran en las personas con menor nivel de formación y que la nueva economía y los nuevos empleos deberían requerir una fuerza de trabajo más cualificada. Pero la educación es mucho más que formar mano de obra. La educación es la palanca para la regeneración que este país necesita. Tienen ustedes la ocasión de hacer Historia.

Propuestas para un pacto educativo

1. LA EDUCACIÓN COMO UN DERECHO

• La educación pública es la única que puede garantizar que el derecho a la educación sea una realidad asegurando la cohesión social.
• Oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años, que garantice que todo alumno disponga de una plaza asegurada.
• Red única de centros de titularidad y gestión públicas. Red de centros controlada por los Consejos Escolares municipales. Supresión progresiva de la financiación de centros concertados.

2. UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

• Universalizar la oferta de plazas públicas en Educación infantil de 0 a 6 años, garantizando su carácter plenamente educativo y los requisitos mínimos en cuanto a ratios, titulaciones, espacios, etc.
• Rebajar las ratios hasta alcanzar las recomendadas internacionalmente y responder adecuadamente a las distintas necesidades del alumnado.
• Ampliar la dotación de personal docente.
• Servicios y recursos suficientes para que todo el alumnado reciba los apoyos necesarios y progresar de acuerdo a su ritmo de maduración.
• Evitar la clasificación y selección temprana del alumnado y garantizar una educación integral. Titulación única al término de la etapa obligatoria, sin perjuicio de una opcionalidad gradual que no implique agrupaciones de grupo-clase homogéneas.
• Establecer medidas de protección y promoción social.
• Detección temprana de las necesidades de apoyo y refuerzo para convertir en excepcional la repetición de curso.
• Red pública de centros integrados de FP con oferta adecuada y suficiente de ciclos formativos, que promueva también perfiles profesionales ligados especialmente al bienestar social y la sostenibilidad ambiental.
• Extender la red pública de Centros de personas adultas, dependientes de Educación, provista del personal necesario.

3. EDUCACIÓN INCLUSIVA

• Organización del centro y del currículo desde la inclusión: docencias compartidas, flexibilidad de grupos, profesorado y otros profesionales ajustados a las necesidades, no segregación por capacidad, sexo, diversidad cultural y social…
• El carácter plurinacional del Estado reconocerá las peculiaridades de cada Comunidad Autónoma, con sus propias leyes de educación contempladas dentro del marco legal estatal.
• Plan de medidas para favorecer el éxito de todo el alumnado en la educación obligatoria, concretando actuaciones de apoyo. Incremento de dotación a los centros y zonas con mayores dificultades y/o desventaja social. La equidad es una asignatura pendiente que va más allá que la igualdad de oportunidades, porque se trata de dar más a quien más lo necesita.

4. CURRÍCULO SIN IDEARIOS PARTICULARES

• Laico, educación sin dogmas, que respete la libertad de conciencia y elimine el adoctrinamiento. Derogar los Acuerdos con el Vaticano de 1979.
• Para la vida, reunir e integrar el conocimiento de las ciencias y de sus aplicaciones, las humanidades, las ciencias sociales, las artes, los saberes populares y los que componen la vida cotidiana, de forma que sirva al cuidado de las personas, de la naturaleza y de la vida comunitaria. Construir una ciudadanía informada y crítica
• Pluricultural, currículo intercultural.
• Integral, no formulado como listados de contenidos mínimos y compendio de competencias, sino de forma global, integrada y compleja en términos de resolución de problemas, situaciones sociales, ambientales y éticas relevantes. Dar importancia y tiempo escolar al lenguaje musical, el movimiento corporal y la expresión artística.
• Adaptado al contexto, con amplio margen de adaptación y desarrollo por parte de la comunidad educativa.
• Que potencie el conocimiento abierto y compartido.
• No competitivo. No se realizarán pruebas externas que tengan como objetivo la homogeneización del aprendizaje ni la elaboración de clasificaciones.
• Ecológico, con contenidos ligados a la sostenibilidad, el mantenimiento de la vida y la ética ecosocial.

5. PROFESORADO COMPROMETIDO Y RECONOCIDO

• Restituir las condiciones laborales del profesorado que, en los últimos años, han empeorado enormemente: aumento de las ratios, incremento de la jornada lectiva, retrasos en las sustituciones, precarización de las condiciones de empleo e inestabilidad docente. Acabar con el abuso en la figura de la interinidad.
• Elaboración del estatuto del profesorado, en el que se expliciten con claridad sus derechos y deberes, superando las indefiniciones que existen en el ejercicio de sus funciones. Rehacer los mecanismos de representación y negociación.
• Integración progresiva en un cuerpo único de profesorado, estableciendo los criterios claros y comunes para una formación inicial -pedagógica y práctica- sólida. Mejorar los procesos selectivos.
• Formación permanente, desarrollo profesional y práctica docente innovadora e investigadora deben ser reconocidos, dignificados y potenciados al máximo.
• Son necesarios más perfiles profesionales: orientación, apoyo a necesidades específicas del alumnado, educación e integración social, vertebración de la educación en el ocio…
• Garantizar la autonomía del profesorado y los centros, así como la participación democrática de la comunidad educativa en éstos, integrándolos en el contexto social. Direcciones colegiadas y revocables.

6. FINANCIACIÓN

• 7% del PIB para educación, garantizado constitucionalmente como suelo de gasto.
• Fondo de compensación educativa que garantice la equidad
• Gratuidad de la enseñanza básicaentendida en sentido amplio: material, transporte, comedor….

Debe blindarse una financiación adecuada al sistema educativo y no solo por razones de igualdad de oportunidades, de equidad y justicia social, que serían suficientes. También porque es lo más rentable que puede hacer una sociedad. El Nobel de Economía (2000) James Heckman decía que por cada euro invertido por niño el rendimiento es de entre el 7 y el 10% anual a lo largo de su vida; es decir, una rentabilidad mucho mayor que la de los fondos de inversión, añadía irónicamente. Algo que reafirmaba hace unos días el Bank of América Merrill Lynch al decir que invertir en educación es tan rentable como hacerlo en Bolsa y que cada dólar produce un retorno de 10 $. A aquellos políticos que solo miran por las élites en perjuicio de la mayoría social y que apuestan por un país de la mediocridad, habría que recordarles lo que decía Derek C. Bok, que fue durante veinte años Rector de la Universidad de Harvard: “Si piensan que la educación es cara, prueben con la ignorancia”.

[Fuente: Cuarto Poder]