Tiene ya muy escaso sentido dar vueltas a la noria de dónde nace y se origina el actual pleito catalán. Resultaría de superior lucidez encarar un hecho de mayor trascendencia: que la falta de resolución conducirá a la democracia española a un callejón oscuro e incierto. La solución a priori no existe, ni rebuscando en las entrañas de una Constitución que nació en un momento crítico y con los consensos que la engendraron. No obstante, si reafirmamos que es un marco de libertades, esto compromete a las partes para encontrar soluciones a un problema político de este calibre y no enquistarlo repitiendo el mantra de que la ley está por encima de todos. Esto último es una obviedad, pero el problema planteado en Cataluña requiere algo más que convertir al Tribunal Constitucional en un remedo del Consejo de Castilla. ¿Acaso alguien puede creer que se podrá nombrar como antaño un gobernador general con todos los poderes menos el de proponer reformas y encauzar problemas (con la salvedad de Martínez Campos en la Cuba de 1876)?

Los historiadores aportamos pocas certezas en estos debates; pero sí, por lo menos, un esfuerzo más veraz en la lectura del pasado y su complejidad. Empezando por la misma cansina idea de España, Cataluña o Euskadi como realidades primigenias, origen y destino de cualquier legitimidad política. No es muy difícil comprender que poco efecto puede proporcionar una apelación sin matices a España en aquellos que entienden las otras realidades en los mismos términos de arquitectura nacionalista. Atarse con tanta insistencia a una idea obsoleta desmoviliza a los que apuestan por la reforma y el progreso compartido.

No hay más que ver la triste oferta programática que los partidarios del statu quo defienden hoy en los lugares donde se plantea el conflicto. La intangibilidad de la Constitución y el consenso de 1978 no son argumentos sobre los que fundar una política que no vaya a remolque de los nacionalismos en competencia como fuente de legitimidad exclusiva. En primer lugar porque se insiste en presentar aquellas realidades como algo esencial y unitario, cuya única división aceptable es entre buenos y malos patriotas, cuando la historiografía muestra la variedad de matices al respecto, los enormes esfuerzos que se han hecho para comprender siquiera la complejidad de quienes comparten identidad nacional. En segundo lugar, porque se reitera sin razón que solo de la nación nace la soberanía política, algo que la historia no sostiene y la realidad, empezando por la europea, desmiente cotidianamente.

Dos ejemplos referidos a la historia peninsular avalan nuestra posición. En primer lugar, la larga vigencia de las realidades forales en Navarra y las provincias vascas, que no son precisamente una derivación del nacionalismo sino todo lo contrario. Fue allí donde tuvo que hacerse realidad el sueño constitucional que los españoles americanos habían albergado hasta constatar en 1821 que no iba a ser posible compartir nación con la metrópoli. Los vascos sí pudieron porque desde 1839 tuvieron justamente lo que no tuvieron los americanos: autonomía. Articulada sobre una ley con dos artículos, funcionó hasta 1876 y se transmutó luego en los Conciertos Económicos. Fue entonces cuando surgió la expresión “derechos históricos” para referirse a aquella autonomía. Si el primer nacionalismo vasco denostó toda esa tradición política generada entre 1839 y 1878, otros afluentes del nacionalismo la utilizaron a beneficio de inventario. También lo hicieron otras familias políticas e ideológicas, como el socialismo, sobre todo desde que Indalecio Prieto se puso al mando. Es la autonomía lo que históricamente ha articulado la identidad vasca (y la española en Euskadi).

Una segunda nos devuelve al caso de los catalanes. Cuando el despertar de la nación moderna en la España del siglo XIX —y al igual que sucede en Castilla con el gran mito liberal de los comuneros y sus libertades perdidas—, los catalanes rebuscaron en su historia medieval: Cortes, comercio y posesiones en el Mediterráneo, los fundamentos de su orgullo llamado entonces provincial para contribuir a la fundación de la nación española. La disparidad de desarrollos condujo el primer historicismo liberal a una clara formulación de un patriotismo dual, al mismo tiempo catalán y español. Aquel que se expresó literalmente en la fórmula España es la nación, Cataluña la patria. Muy tarde en el siglo, aquel complejo sentimiento de pertenencia derivó en una importante corriente de nacionalismo que, hasta hace muy poco, se desarrolló en paralelo a las modulaciones cambiantes de formas de identidad que admitían de algún modo la doble pertenencia. Sin ir más lejos: el republicanismo y el obrerismo anarquista y comunista catalán hasta 1939. Las dos dictaduras del siglo XX hicieron muy difícil esta posibilidad, pero pudo ser rescatada por el sentido de solidaridad del antifranquismo.

La idea de una soberanía atada de pies y manos a una concepción de la nación es innecesaria y peligrosa. Todavía lo es más si esta nación, como sucede con casi todos los símbolos del Estado y la lengua castellana, está tallada sobre uno de los varios moldes identitarios que existen en España. Para paliar esto tiene poco sentido insistir en la unidad de la nación, en el mandato constitucional o en un federalismo hueco, un artefacto meramente político sin consistencia cultural. Antes lo dijimos: no existe una fórmula, debe buscarse. Para ello hace falta imaginación y flexibilidad política. También mirar fuera y aprender, de Canadá por ejemplo.

Sin duda deben existir legalidad y claridad constitucional, pero también dosis de sentido de la realidad a la hora de articular nuevas soluciones constitucionales (en el uso de las lenguas, para empezar). La derrota del secesionismo quebequés —el grupo de origen europeo más antiguo— no conllevó el cierre constitucional canadiense. Ahí está la fundación de la provincia de Nunavut en 1999, para resarcir en lo posible al pueblo inuit; tampoco lo está siendo la investigación sobre las políticas genocidas perpetradas durante siglos contra las naciones indias. La federación canadiense es hoy un país más fuerte y más plural en sus fundamentos. Su soberanía resultó fortalecida a través del pacto y consolidando diferencias culturales, lingüísticas y lecturas del pasado que no es necesario esconder bajo la alfombra de la condescendencia. Un mayor ejercicio de reflexión histórica, de rigor y respeto por la complejidad del pasado puede aportar valor añadido a las discusiones del presente sin salir del terreno que le es propio. Puede, al menos, avivar esa tan necesaria imaginación política, antes de que lleguemos a un fiasco que pagaremos entre todos.

[Fuente: El País]