“Lo más duro es ver cómo todos lo ven y nadie hace nada”.

Hace unos días recibí estas palabras. Me llegaron vía correo electrónico. Con esta frase, su autora comentaba un artículo que yo había publicado hacía unos días.

La autora del correo electrónico expresaba con precisión un sentimiento que es compartido por muchas de las personas que han sufrido o sufren abusos en entornos de poder institucionalizado: el abandono, la denegación de ayuda, el mirar para otro lado, el consentir el mal, cuando no colaborar en que se produzca y se mantenga, el ejercicio abusivo de poder utilizando los privilegios institucionales…

El análisis de parte de los casos de abusos y acosos sexuales en las Universidades muestra que el abuso y el acoso sexual los ejercen en muchas ocasiones personas que detentan poder institucional. En el caso de la Universidad de Sevilla, el catedrático condenado a 6 años y 9 meses de prisión por abusos sexuales sobre profesoras en situación precaria actuó, tal como relata la sentencia, aprovechándose de la prevalencia que le daba su posición de poder académico.

El entorno institucional confiere poder a una persona que luego hace un mal uso de este poder y acaba abusando o acosando. A esta primera característica, se suma una segunda que debería hacer saltar las alarmas. Es frecuente que cuando se dan estos casos de abuso y acoso, la reacción institucional, si se da, sea lenta, dubitativa y, en ocasiones, complaciente si quien agrede ostenta poder institucional. Suele ocurrir que los expedientes se alargan en el tiempo, que los delitos prescriben y que las Universidades aducen que no tienen instrumentos para sancionar. Como si el derecho sancionador administrativo estuviese escrito para otros, no para la administración universitaria. Por este motivo, en el caso de Sevilla se ha condenado a la Universidad como responsable civil subsidiaria por no haber protegido debidamente a las víctimas.

Esta condena es posible porque existen cadenas de responsabilidad que actuaron incorrectamente. El victimario es responsable, y también lo son las autoridades académicas que no toman medidas de protección desde el momento en que tienen conocimiento de que se está produciendo el abuso. Es frecuente delegar responsabilidades en cadenas: arriba-abajo, abajo-arriba con un resultado final que en muchas ocasiones es inaceptable en términos legales y morales. Las cadenas de responsabilidad deberían contribuir a un mayor ejercicio responsable del poder, no a la desrenponsabilización del mismo.

El primer y el segundo rasgo comentados mantienen entre sí una relación funcional: se detenta poder institucional y la institución protege a quien detenta ese poder. El problema se plantea si esa protección también se da cuando se abusa del poder. En estos casos, los responsables institucionales deberían entender que la defensa de la institución pasa por impedir los abusos de poder, no por consentirlos o taparlos.

Sin embargo, en ocasiones las autoridades tapan, disimulan, silencian, justifican… los abusos de poder. Y no lo hacen solas. También hay compañeros de trabajo que actúan de la misma forma. No sólo obviando el abuso de poder, sino también, en ocasiones, atacando a quienes apoyan a la víctima, yendo contra quienes se atreven a hablar. El silencio cómplice ha sido y en parte todavía es una receta que se sigue en los entornos de poder institucionalizado.

“Si no te quieres complicar la vida, calla”. Esta sería la máxima que subyace en la contemplación cómplice de las violencias ejercidas en entornos institucionalizados. Por este motivo se han impulsado campañas como “Es un valiente, no un chivato” (Comunidad de Madrid). Mediante esta campaña se intenta combatir la presión existente en las escuelas contra quienes denuncian situaciones de acoso. Una de las premisas de esta campaña es que el acoso escolar sólo es posible si el grupo se hace cómplice del agresor. Y lo hace al callar, al reírle las gracias, al mirar para otro lado, al abandonar a la víctima.

Los factores que favorecen la existencia del abuso y del acoso sexual en el ámbito universitario (y que dificultan su prevención) también se hallan presentes en otros ámbitos de poder institucionalizado en los se producen abusos.

La corrupción en la política y en la administración

Una buena parte de las personas que denunciaron casos de corrupción política vio su vida personal y profesional seriamente perjudicada. La denuncia por corrupción supone, de entrada, que quien denuncia se enfrenta a un entramado de poder que echa raíces en el entorno de los partidos políticos, de las administraciones y de las empresas que colaboran en las tramas corruptas.

El juego de los sobres exige que colaboren suficientes jugadores como para mantener la ganancia del juego. Quien denuncia se enfrenta frecuentemente a una red de poder que le supera. Ante esta realidad, la Plataforma por la honestidad presentó hace unos meses un anteproyecto de ley con la intención de mejorar la lucha contra la corrupción. En concreto, el anteproyecto propone que quien denuncia no pierda su puesto de trabajo o que no tenga que cambiar de residencia. También propone medidas de protección para el entorno familiar del denunciante.

Esta propuesta evidencia la necesidad de proteger a quien denuncia. No se le puede pedir al denunciante que se comporte como un héroe. También identifica esta propuesta otra realidad: la existencia de grupos de personas que actúan contra quien denuncia y contra quien da apoyo al denunciante. Si se permite la acción impune de estos grupos, se favorece la continuidad de la corrupción.

A la vista de este anteproyecto de ley, Jueces para la democracia pidió que el legislador desarrollara instrumentos legislativos concretos que protegiesen a las víctimas, a los denunciantes y a los testigos contra cualquier acto de acoso, mobbing, difamación, injurias, calumnias o cualquier medio tendente a la presión del denunciante y a desincentivar la denuncia o testimonio, como la estigmatización, aislamiento, precariedad económica o afección psicológica.

Las violencias en las fronteras: el caso del Tarajal

El documental “Tarajal: desmontando la impunidad en la frontera sur” (2016, Xavier Artigas, Xapo Ortega, Marc Serra) analiza y denuncia la muerte de por lo menos 15 personas en la frontera ceutí entre España y Marruecos. El caso fue archivado pero hace unas semanas ha sido reabierto.

El documental muestra las dificultades existentes al exigir responsabilidades, la manipulación que se intenta hacer al seleccionar qué información se transmite y cuál se oculta, qué imágenes se publican o cómo se interpretan los hechos. En un momento en el que las medidas tomadas por el gobierno Trump han provocado la crítica de una parte de la población, la consideración de lo ocurrido en la frontera del Tarajal en 2014 muestra la dificultad de luchar contra la impunidad. Ya se dé esta impunidad en determinados actos represivos en las fronteras, ya se dé en los casos de corrupción, ya se dé ante los abusos sexuales y el acoso en las universidades o ya se dé esta impunidad en los casos de violencia institucional.

SIRECOVI: un instrumento para prevenir y reaccionar frente a la violencia institucional

Hace unas semanas el Observatorio del sistema penal y de los derechos humanos (OSPDH, UB) presentó el SIRECOVI: sistema de registro y comunicación de violencia institucional. El vídeo de presentación se puede ver aquí.

Se entiende a los efectos de este instrumento que violencia institucional es la violación de derechos humanos ejercida por funcionarios del Estado, como los integrantes de cuerpos y fuerzas de seguridad, los miembros del ejército o los funcionarios de centros de privación de libertad.

La violencia institucional queda oculta en muchas ocasiones. No resulta fácil probarla, entre otras cosas porque frecuentemente es la misma institución la que tendría que aportar las pruebas del delito, o la que tendría que favorecer su investigación. Frente a las situaciones de abuso de poder institucional que se puedan dar, el SIRECOVI apuesta por el trabajo de denuncia y respuesta en red.

Las violencias comentadas en este texto comparten factores que se hallan en su etiología y también factores que las posibilitan y que se hallan en su modus operandi. La distribución de poder institucionalizado, la tolerancia y/o connivencia con los abusos de poder y el silencio cómplice frente a los abusos, cuando no el ataque añadido a quienes se solidarizan con las víctimas y con los valores de justicia, son rasgos que se encuentran en buena parte de los abusos comentados.

En todos estos casos es preciso proteger a quien denuncia y a quienes dan apoyo a la víctima. Es preciso exigir responsabilidades a quienes apoyan a los abusadores. Es preciso exigir responsabilidades institucionales. Y es preciso creerse que quien tiene mayor poder ha de tener mayor responsabilidad, no menor responsabilidad.