I

Según la visión convencional, la crisis es un hecho del pasado. El PP no para de recordarnos que llevamos años de crecimiento sostenido y de caída del desempleo, y que, con la nueva legislatura que tiene asegurada, saldremos definitivamente del bache. Como era previsible, todo el mérito se lo atribuye a lo acertado de sus políticas, y sus aliados/mentores en la Unión Europea no paran de celebrar estos éxitos y de recordarnos que hacen falta nuevas vueltas de tuerca para alcanzar el paraíso. La publicación de la última Encuesta de Población Activa del año es una buena ocasión para ver lo que ha ocurrido realmente. Siempre, claro, que la EPA refleje fielmente la situación del mercado laboral (al menos, hay evidencias de que sus datos son más fiables que otras fuentes mucho más manipulables, como es el paro registrado). Para entender lo que ha ocurrido, me he permitido comparar la situación en tres momentos diferentes: los últimos trimestres de 2007 (el inicio de la crisis), 2011 (el fin del Gobierno Zapatero) y 2016. Aunque hay que aclarar que los primeros años del Gobierno Rajoy agudizaron la crisis, y la “recuperación” no empezó hasta finales de 2014.

II

En primer lugar, podemos ver lo que ha ocurrido en términos de empleo, paro y actividad. Fijarse sólo en la variación del paro puede oscurecer la realidad. Por una razón muy simple, y es que del paro se sale de dos formas: o bien encontrando empleo o bien dejando de buscarlo. La forma como se mide si una persona está o no buscando empleo tiende a subvalorar el paro, pues elimina a los “parados desanimados”, que son los que quieren trabajar pero no buscan activamente porque su experiencia de búsqueda anterior se ha demostrado inútil. Hay que tener en cuenta, además, que del paro también se puede salir emigrando, algo que han hecho tanto jóvenes nativos (mayoritariamente de clase media y elevada educación) como antiguos inmigrantes extracomunitarios (que han vuelto a su país de origen o se han ido a otro lugar) (Tabla 1).

Analizando en conjunto el período Rajoy, puede verse que su éxito neto es más que mediocre, y que en la reducción total del paro ha tenido más importancia la exclusión del mercado laboral que la creación neta de empleo. Además, hay que advertir que en el primer período de la crisis se produjo una fuerte entrada en el mercado laboral de mujeres adultas que trataban de paliar la crisis en la economía familiar por la enorme destrucción de empleo (el llamado efecto “trabajador adicional”).

Cuando los datos se desgranan por género, se observa que casi toda la salida del mercado laboral ha sido masculina: en el período 2011-16 han salido del mercado laboral 672.000 hombres y sólo 4.000 mujeres, y para el conjunto del período considerado han entrado 900.000 mujeres al mercado laboral y han salido 815.000 hombres. El resultado es una fuerte reducción del diferencial de la tasa de actividad (el porcentaje de personas en edad de trabajar que están empleadas o buscan empleo). En 2007, las tasas de actividad eran del 59,47% para los hombres y del 49,9% para las mujeres (10 puntos de diferencial) mientras que la última EPA las sitúa en 58,95% y 53,41% respectivamente (el diferencial se ha reducido casi el 50%). La salida de hombres del mercado laboral no es homogénea, se concentra sobre todo entre los jóvenes y las personas de más de 45 años, dos cohortes de edad que encuentran graves dificultades para encontrar empleo y que prefiguran vidas laborales mucho más cortas que en el pasado. No deja de ser sorprendente (aunque a quienes trabajamos en el mundo académico es difícil que pueda sorprendernos la incapacidad del enfoque dominante por reconocer los problemas reales) que mientras hay una continua obsesión por la pirámide poblacional, no hay ninguna referencia a este acortamiento de la vida laboral, que tiene efectos devastadores para el actual sistema de pensiones.

La crisis de 2007 produjo una curiosa tendencia igualitaria en términos de género en el mercado laboral. Curiosa por perversa: no es que se produjera una mejora real de la posición laboral de las mujeres, sino que la debacle produjo una compleja tendencia a la igualdad. Las tasas de paro eran en 2007 el 6,89% para los hombres y el 10,8% para las mujeres. Cuatro años después eran casi idénticas pero mucho peores (el 22,2% y el 22,9% respectivamente). Aunque se había llegado a esta situación por vías diferentes: los hombres por una masiva destrucción de empleo masculino (más de 2,1 millones), y las mujeres por una considerable entrada en el mercado laboral (más de 1 millón) para paliar los efectos de la hecatombe. Cinco años después, las cosas vuelven a divergir. La tasa de paro se sitúa en el 17,22% para los hombres y en el 20,25% para las mujeres. Esta divergencia es sobre todo debida al mayor abandono masculino del mercado laboral. Por lo que se refiere a creación de empleo neto en el período 2011-16, 91.000 han sido masculinos y 264.000 femeninos, aunque esta situación tiende a revertirse en la última fase de crecimiento, a partir del primer trimestre de 2014. En este último período se han generado 1,55 millones de empleos, de los cuales 906.000 para hombres y 651.000 para mujeres. Parece, pues, que el mal igualitarismo fue solo un espejismo de la crisis, y que ahora no sólo estamos peor, sino que vuelven a tomar impulso las viejas desigualdades.

III

Si la creación de empleo es insuficiente, más aún lo es su calidad. La EPA sólo da algunas pistas en términos de tipos de contrato.

Por lo que respecta al empleo temporal, la crisis provocó un extraño fenómeno, pues se redujo el porcentaje de personas asalariadas que declaran tener una relación temporal. La razón de esta “mejora” de la precariedad no es otra que el hundimiento del empleo en la construcción y la no renovación de contratos temporales como medida de ajuste ante la crisis. Una vez más, se trataba de una mejora estadística que simplemente reflejaba que mucho empleo temporal se había convertido en no empleo. La elevada temporalidad es una mala señal sobre la calidad del empleo (por eso tanta insistencia en el contrato único como forma de camuflar algo indeseable). Las mismas reformas laborales de 2010 y 2012 trataron de justificarse como un intento de dotar a las empresas de flexibilidad interna para mantener el empleo y reducir la temporalidad. La EPA refleja lo contrario: la expansión del empleo ha vuelto a relanzar el empleo temporal, sin alcanzar las cotas de 2007 pero en clave ascendente. (Tabla 2). Persisten desigualdades de género, aunque parece que en el último período tienden a reducirse.

Al hablar de contrato temporal, hay que aclarar un par de cuestiones que habitualmente generan confusión. En primer lugar, esta cifra del 26% contrasta con la información del INEM, en la que los temporales constituyen casi el 90% del total de contratos realizados. La diferencia estriba en que, en un caso, se calcula el porcentaje de contratos realizados y, en el otro, el porcentaje de personas que están con algún tipo de contrato temporal. Una persona que encadene un contrato temporal tras otro de poca duración puede haber tenido 10, 15, o más contratos a lo largo del año. En cambio, el que ha sido contratado establemente sólo tendrá uno. Pero la EPA sólo contará a esta persona una sola vez, por eso se produce la diferencia. Aunque haya personas que tienen muchos contratos al año, en conjunto representan algo más de la cuarta parte de la fuerza laboral. En segundo lugar, la contratación no es homogénea en todas las empresas y sectores; algunos tienden a utilizar mucho más la contratación temporal que otros (por ejemplo, la construcción y la hostelería son sectores de alto volumen de empleo temporal) y por eso el porcentaje final está influido por las variaciones en la estructura ocupacional y no puede explicarse sólo como un efecto de la legislación. En todo caso, el 26% es un porcentaje muy alto, reflejo del modelo productivo y empresarial local.

La segunda variable es la del empleo a tiempo parcial. En este caso, la evidencia es clara: aumentan los empleos a tiempo parcial. Y afectan especialmente a los asalariados y aún más especialmente a las mujeres. Sabemos también que en su mayoría no son voluntarios. Y, analizando la Encuesta de Estructura Salarial que pública el INEM, se constata que el empleo a tiempo parcial es la mayor fábrica de trabajadores pobres, puesto que la práctica totalidad de personas que ganan al año por debajo del salario mínimo son personas con empleos a tiempo parcial. Un empleo que es fundamentalmente funcional a las empresas para cubrir puntas de actividad, sustituciones etc., o un mecanismo para reducir el pago de contribuciones sociales. Es también una forma de reproducir las desigualdades de género y crear otra variante del modelo de familia tradicional con el hombre en el mercado laboral y la mujer de ama de casa y alguna “faenilla complementaria”. Algo, por otra parte, muy habitual en la clase obrera española desde tiempo inmemorial.

Hay por último una cuestión sobre la que se insiste de forma reiterada y sobre la que la EPA no parece ofrecer confirmación. Se trata del tema de los falsos autónomos, de la proliferación de autoempleo forzado. Es un tema que aparece en casi todos los debates de izquierdas, pero que curiosamente no se constata en las estadísticas. De hecho, había más empleo no asalariado al principio de la crisis (un 17,4% del total) que actualmente (un 16,5% en 2011 y un 16,8% en 2016). La tendencia histórica ha sido a la reducción del porcentaje de no asalariados. Hay sectores de autónomos en permanente declive, como la agricultura o el comercio minorista, y es posible que este declive se combine con un renacimiento en otros campos. O, simplemente, que las situaciones de falsos autónomos que realmente existen nos produzcan un impacto sensorial que acaba por aumentar la sensación de importancia.

IV

Hay otra cuestión a considerar que parece importante: analizar cuáles han sido los cambios más relevantes del empleo en cuanto estructura sectorial. Se trata de cambios que son el resultado de un cúmulo de dinámicas: especialización productiva, cambios en las demandas sociales, políticas públicas, etc. Antes de la crisis (unos cuantos años antes) ya podían detectarse problemas analizando esta variable. A partir del año 2000 era visible el exagerado peso que tenía la construcción en la estructura productiva española, lo que debería haber implicado realizar políticas de corrección que no sólo no se hicieron, sino que tal estructura se impulsó desde el sector financiero y desde el propio Gobierno (especialmente a través de ambiciosos y discutibles programas de inversión). Cuando estalló la crisis, hubo un corto tiempo en el que se habló de la necesidad de replantear el modelo productivo, pero este fue un debate de corta duración que acabó por liquidar el triunfo electoral de Rajoy. La política industrial o sectorial es prácticamente inexistente en España. Los recortes en el gasto en investigación son un indicativo de renuncia a una política de reorientación hacia una producción más sofisticada. La política energética ha colocado al gobierno Rajoy en un avanzado de las políticas que va a desarrollar Trump. De hecho, la única política que realmente ha realizado el Gobierno es la de poner nuevas bases para una nueva fase de especulación inmobiliaria (concesión de permiso de residencia a compradores de inmuebles, cambios en la ley de costas, SOCIMIs…).

Ver cómo ha cambiado la estructura ocupacional da pistas de hacia dónde se mueve nuestra estructura productiva. Como el análisis detallado puede resultar farragoso, comento sólo los aspectos esenciales del cambio. Y me concentro en el período de recuperación.

Las cifras dan la razón a la percepción social: la hostelería y la restauración han sido los principales impulsores de la creación de empleo (220.000). El peso de los puestos de trabajo en este sector ha pasado de ser el 6,5% del empleo en 2007 al 8,5% en la actualidad. No es la burbuja de la construcción, pero indica otra peligrosa especialización del país (hay que contar que el peso del turismo es mayor, pues deberíamos sumarle el empleo en agencias turística, parte de las actividades recreativas que han generado 72.000 nuevos empleos, parte del empleo en el transporte, parte de los 33.000 del comercio minorista, y los empleos indirectos que se generan en otros sectores). Otro sector de crecimiento es el de actividades socio–sanitarias, aunque su mayor crecimiento tuvo lugar con el Gobierno de Zapatero (y el 50% del crecimiento del empleo se ubica en el sector de residencias de tercera edad).  El tercer sector de mayor crecimiento es el de “actividades profesionales y científicas” (92.000 empleos netos), pero su atractivo efecto se disipa cuando se constata que el grueso de su crecimiento se produce en “actividades jurídicas y contables” y “personal de sedes centrales”. Es decir, burocracia empresarial y asesores y especialistas en blindar los intereses empresariales. En cambio, se reduce el empleo en actividades de I+D.

En el capítulo de pérdidas destaca la construcción (1,6 millones de empleos perdidos desde el principio de la crisis), la industria, que perdió casi 800.000 empleos en la crisis y ha quedado estancada en la recuperación (sólo el sector del automóvil ha generado un volumen vistoso ―28.000 de nuevos empleos―) y el sector financiero.

Por tanto, lo que indica este cuadro es que, lejos de llevar a cabo una reorganización de la anterior estructura productiva, el capitalismo español y las élites gobernantes siguen centrándose en aquellas partes del viejo modelo que aún funcionan (como el turismo), esperando recuperar el pulso inmobiliario en un remedo del “esperando a Godot” y soñando que un tirón exterior, que cada vez parece menos probable, nos saque del abismo.

V

Para completar este cuadro deberíamos incluir los datos de salarios. Llevo años peleándome con las estadísticas salariares, pero éstas nunca tienen la calidad de las de empleo. El INE publica sólo datos agregados (que empiezan por excluir sectores de bajos salarios como la agricultura o el servicio doméstico), lo que genera muchos efectos de composición y permite poco análisis. El trabajo con microdatos sale fuera de mi capacidad de trabajo, pero los colegas que lo intentan chocan con nuevas dificultades técnicas que el INEM justifica para garantizar que no se pueda identificar la empresa concreta. Este es uno de los mayores contrasentidos de la protección de datos. Mientras que los investigadores públicos no pueden acceder a datos fiables de salarios, los grandes grupos financieros tienen una información fidedigna de ingresos y desarrollan (y están creando filiales de negocio) esta información para su explotación comercial. 

Con todo, la Encuesta de Estructura Salarial permite constatar que en los últimos años se ha producido un retroceso del salario medio y, por tanto, que ésta constituye la otra cara de la precariedad contractual.

Quizás no tan apocalíptico como algunos a veces pensamos. Pero sí suficientemente significativo como para explicar el aumento de las desigualdades y la inseguridad económica de gran parte de la población. Y, además, no parece que el cambio en el empleo vaya a propiciar una economía menos proclive a los sobresaltos, más adecuada hacia un modelo ambientalmente sostenible, más igualitaria en términos de clase y género. La recuperación actual, lejos de situar la economía en una orientación más deseable, es un repunte aún más cruel del modelo depredador al que las clases dirigentes son tan adictas, tan inflexibles e incapaces de eludir.