I

“Asumo todas las responsabilidades de la derrota”. Con estas palabras, pronunciadas en la noche del pasado 4 de diciembre, un compungido Matteo Renzi anunció su dimisión como presidente del gobierno italiano después de constatar el amplio rechazo a su proyecto de reforma constitucional sometido a referéndum. En efecto, el recuento oficial se saldó con un 59,95% (19.019.197) de votos al “No” a la reforma, frente a un 40,05% (12.706.340) de votos favorables al “Sí”. Que el contenido de la reforma, analizado en otro artículo publicado en el boletín de noviembre de mientrastanto.e, tenía por finalidad restringir los espacios de participación popular en la vida política le quedó claro a la parte más informada y crítica de la sociedad italiana. Aun así, para entender el porqué de la contundente victoria del “No”, conviene tener presentes dos puntos importantes que poco tienen que ver con la Carta Magna.

Por lo pronto, que el “No” ha sido en buena parte un voto de clase, ya que esta opción ganó potentemente en las regiones del centro y sur de la península, más castigadas por el paro y con un nivel de renta inferior al de la media nacional. El “Sí” sólo ha ganado en tres regiones (Trentino-Alto Adigio, Toscana y Emilia-Romaña) que todavía mantienen una sólida cohesión social y en las que el PD sigue teniendo un cierto arraigo social; y también en la ciudad de Milán, desde siempre el más rico centro industrial y financiero del país. Por lo demás, la derrota de Renzi ha sido inapelable. Según un estudio del centro de sondeos SWG, el 73% de los parados y el 64% de los obreros votaron “No”. Y el Instituto de Estudios Carlo Cattaneo realizó una interesante encuesta en Bolonia —cuyas conclusiones, sin embargo, pueden ser aplicadas a todo el territorio nacional— según la cual los votantes con rentas superiores a 25.000 euros anuales se escoraron mayoritariamente por el “Sí”, a diferencia de los ciudadanos más pobres. En definitiva, los ciudadanos sólo en parte votaron sobre la reforma constitucional; todos los analistas apuntan también a un voto acerca de la política del gobierno, clamorosamente rechazada por los sectores sociales más afectados por la crisis.

En segundo lugar, el “No” ha sido respaldado sobre todo por la franja de electores que va de los 18 a los 50 años, y en particular por los electores menores de 35 años, lo cual choca con la narrativa política de Renzi, articulada en torno a los conceptos de “cambio generacional” y “vigor juvenil”. Los jóvenes, pues, le han dado la espalda a un político de 41 años que, pese a su lenguaje renovador y dinámico, es percibido como el líder de un partido que ha practicado políticas duras hacia la juventud —hablaré enseguida de ellas— y que sólo es adherente a las necesidades materiales de los ciudadanos que han contado con las protecciones sociales fruto de las luchas de los años 1968-1980 y/o que ahora disfrutan de pensiones dignas.

A tenor de lo dicho, y puesto que Renzi centró toda su acción de gobierno alrededor de esta reforma, presentándola como un plebiscito sobre su persona, se entiende por qué no tuvo más remedio que presentar su dimisión como presidente. Con todo, dejó claro que su voluntad es presentarse como candidato del PD a las próximas elecciones generales (que, como muy tarde, se celebrarán en febrero de 2018). Es por esto por lo que trabajó para que el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, nombrara jefe del Ejecutivo al ministro de Exteriores, Paolo Gentiloni, hombre de perfil bajo y fiel al ex alcalde de Florencia. El programa del nuevo gobierno se limitará a elaborar, junto con las otras fuerzas parlamentarias, una nueva ley electoral y a afrontar la espinosa cuestión de la quiebra del banco Monte dei Paschi.

II

La dimisión de Renzi deja definitivamente al descubierto la debilidad de su partido. Después del final político de Pier Luigi Bersani, candidato del PD en las elecciones generales de febrero de 2013 y caído rápidamente en desgracia en la primavera de ese año, y del gobierno pro austeridad de Enrico Letta (2013-2014), Renzi fue visto como el último recurso del que disponía el PD para dar vida a un proyecto político que devolviera la esperanza a una sociedad italiana exhausta tras tantos recortes presupuestarios. Él mismo se presentó desde el principio como el hombre que abandonaría la política de austeridad para reactivar la economía con políticas macroeconómicas expansivas. Sin embargo, y como muchos previeron in illo tempore, ello suponía entrar en conflicto con el gobierno alemán y la tecnocracia de la UE acerca de la necesidad de superar unos tratados y normas comunitarias intrínsecamente deflacionistas. Y, ahora lo sabemos, Renzi nunca dio realmente batalla en este terreno. A lo sumo, cultivó una inútil retórica antialemana que en ningún momento se tradujo en actos concretos ni en la articulación de un frente antiausteridad protagonizado por los países del sur de la UE (como le pidió Alexis Tsipras en el primer semestre de 2015). En la práctica, sus constantes quejas por la intransigencia ordoliberal alemana se dirigieron a arrancar un poco de flexibilidad en el recorte del déficit con el que costear medidas populistas para crear consenso electoral (como, por ejemplo, la rebaja del IRPF, que supuso 80 euros más en la nómina de los italianos que ganaban menos de 25.000 euros al año, gracias a la cual ganó las elecciones europeas de 2014). Y, lejos de esforzarse en estimular la anémica demanda interna italiana, su gobierno se volcó en practicar políticas de la oferta a través de una dura reforma del mercado laboral —que ha afectado sobre todo a los jóvenes— y de una reforma de la administración pública que, se decía, había sido históricamente víctima de intereses gremiales y corporativos que apesadumbraban a la economía italiana. Lisa y llanamente: Renzi apenas se desvió de la “austeridad expansiva” que habían seguido sus predecesores y que ha comportado cinco años de estancamiento económico y un aumento de la deuda pública. Y que, más importante todavía, ha mermado el consenso del que disfrutó entre la ciudadanía en sus primeros meses de gobierno; lo cual es significativo si tenemos en cuenta que su gobierno pudo contar con una sólida mayoría parlamentaria y con el apoyo de todos los grandes grupos mediáticos del país.

En definitiva, hay motivos razonables para pensar que, con la dimisión de Renzi, fracasa el proyecto del Partido Demócrata nacido en 2007 de la fusión de los partidos ex comunistas y ex democristianos italianos; un proyecto de “catch-all party”, que quería superar a la vieja socialdemocracia europea para mirar al modelo estadounidense de partido líquido, de cuadros, sin una ideología definida (más allá de un progresismo vaporoso y de un europeísmo insustancial) y genéricamente “reformista”. Los ciudadanos italianos, con su comportamiento electoral, han demostrado que rechazan no sólo el modelo de bipolarismo de tipo angloamericano que anhelaba implantar el PD mediante reformas electorales ultramayoritarias, sino también el liderismo agresivo de Renzi y su supeditación económica a la Unión Europea y al gobierno alemán. En este momento, el liderazgo de Renzi es cuestionado incluso dentro de su propio partido; y no parece estar en condiciones de agregar a las fuerzas del sindicato CGIL y a lo que queda de la izquierda radical después de haberlas ninguneado desde 2014. Pase lo que pase, e independientemente de la ley electoral que el gobierno de Paolo Gentiloni consiga hacer aprobar en el Parlamento, este partido no volverá a poder gobernar en solitario el país, como lo ha hecho en los últimos cuatro años. El Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo y el conjunto de fuerzas de derecha (Berlusconi y la “lepenizada” Liga Norte) suman el 25-30% de los votos cada uno. Y, salvo sorpresas o acontecimientos inesperados, su consenso se mantendrá estable. En suma, Italia se ha convertido en un país políticamente tripolar.

III

Por último, pocas dudas cabe acerca de que 2017 será un año delicado para Italia. Después de que el maltrecho Monte dei Paschi de Siena, el tercer mayor banco del país, fracasara en su operación de ampliación de capital por 5.000 millones de euros, el gobierno de Gentiloni ha aprobado, mediante un decreto ley, un fondo de rescate dotado con 20.000 millones que permitiría al Monte dei Paschi, y a otros bancos italianos con problemas, recapitalizarse con dinero público. Esta medida, que no cumple con la normativa de la UE pensada para evitar que el coste de los rescates bancarios recaiga sobre los contribuyentes (y que, por el contrario, prevé una adecuada distribución de ese coste entre los accionistas y los acreedores de los bancos, es decir, el llamado “bail-in”), ha sido criticada de inmediato por Carsten Schneider, miembro del Comité de Finanzas del Bundestag, y por el mismo ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble. Poco importa que el gobierno de Angela Merkel aprobase en 2008 un millonario paquete de ayudas para salvar a sus bancos al borde de la quiebra; después de la aprobación en 2014 de la discutida unión bancaria europea, el gobierno de Berlín no parece estar dispuesto a transigir con la aplicación de las normas comunitarias.

Ahora bien, suponiendo que el gobierno italiano consiguiera llevar adelante el rescate público de sus bancos y que el coste de la operación acabara siendo de 20.000 millones (y no, como estima la compañía estadounidense Bloomberg, de 52.000), debería encontrar el dinero emitiendo deuda pública, lo cual supondría una subida de los impuestos y un duro recorte del gasto público para contener el aumento de la ya abultada deuda pública del país (133% del PIB). O bien tendría que pedir dinero al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MES), esto es, el organismo intergubernamental creado en 2011 por el Consejo Europeo con vistas a asegurar la estabilidad financiera de la zona euro mediante préstamos sujetos a una rigurosa “condicionalidad”. Dicho con otras palabras: una vez recibido el préstamo, la Comisión Europea y los otros países de la zona euro (sobre todo Alemania y Francia, que juntas poseen casi la mitad de las cuotas de participación del MES) supervisarían todas las decisiones económicas que tomara el gobierno italiano, anulando su autonomía e imponiendo un programa severo de ajuste macroeconómico. Las dos opciones, huelga decirlo, representarían una losa tremenda para el gobierno que surja de las elecciones generales. Y más para una sociedad que, desde 2007, ha perdido el 25% de su producción industrial, ha visto aumentar el paro juvenil del 21 al 38% y mantiene una tasa de paro general superior al 11%.

El panorama, pues, es tan sombrío que hasta en la prensa mainstream italiana se empieza poco a poco a comentar la hipótesis que ha formulado el periodista Wolfgang Münchau en dos artículos publicados en Eurointelligence y en el Financial Times en diciembre de 2016: o bien Italia consigue de Alemania un cambio radical en la política económica de la zona euro y un avance hacia la unión política y de transferencias, o bien se verá obligada a salir del euro para recapitalizar sus bancos con su moneda y relanzar su economía recuperando plenamente la palanca fiscal y la flexibilidad del tipo de cambio.