Al mismo tiempo que circula un Manifiesto internacional que pide la supresión de las pruebas PISA, se acaba de hacer público el último informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes que se realiza al alumnado de 15 años. Se aplica a más de medio millón de alumnos de 72 países del mundo; en nuestro país participaron 37.000 alumnos de todas las comunidades autónomas. Los alumnos españoles han superado la media de la OCDE en Lectura, pero no avanzan en Matemáticas y Ciencias.

¿Los datos son una buena o una mala noticia? De entrada hay que relativizarlos. Hay quién pone el acento en el estancamiento en Ciencias y en Matemáticas y en que seguimos en el vagón de cola. Lo cierto es que se puede constatar que la pequeña mejoría de España se produce en un contexto de empeoramiento de todos los países. También está el ridículo afán del Gobierno de apuntarse un tanto como si los datos tuvieran que ver con la LOMCE. Intentan ocultar que el informe PISA es de 2015 y no puede reflejar ningún efecto de la misma, ya que se realizó a alumnado de 4º de ESO cuando aún no se había aplicado la ley.

Del Informe se puede obtener más información que la posición en el ránking. Por un lado, las importantes diferencias entre comunidades autónomas reflejan el nivel socioeconómico y la inversión educativa. Así, las comunidades con mayor renta son las de mejores resultados en PISA (Madrid, Navarra, Cataluña, Aragón o Rioja), mientras que las de menor renta son las últimas en estos resultados (Extremadura, Andalucía, Canarias o Murcia). Lo que explica los buenos resultados en PISA de Castilla y León, Navarra, Galicia, Asturias o Cantabria es la mayor inversión educativa. No hay más que ver el cuadro de gasto por alumno en centros públicos. Claro que invertir más mejora la calidad.

Por otro lado, las diferencias entre los resultados en centros públicos y privados reflejan la extracción social y tipo de alumnado. Es muy interesante el estudio que sitúa que las diferencias en el rendimiento entre centros públicos y privados es mínimo si se descuentan las diferencias en el estatus socioeconómico, los recursos humanos y materiales utilizados y los inmigrantes escolarizados. Lo que mejora resultados en la concertada no es calidad educativa, sino la selección del alumnado.

Más allá de los datos, hay que profundizar sobre qué es el Informe PISA y cuál es su intención. De entrada, no es una evaluación de todo el sistema educativo sino sólo del alumnado y de tres competencias, dejando muchas otras fuera. Busca dar información orientada a cambiar la escuela para mejorar el crecimiento y la competitividad económica. Es una evaluación supuestamente educativa pero la realiza un organismo económico internacional. En él están disfrutando de una canonjía Juan Ignacio Wert y Monserrat Gomendio, autores intelectuales y materiales de la LOMCE, que se basaron en PISA para perpetrar la fechoría.

Dada la política neoliberal que defiende la OCDE no podemos esperar que sus estudios busquen el desarrollo de un modelo pedagógico para el desarrollo integral de los alumnos como personas y como ciudadanos. Su principal objetivo radica en ser un vehículo para estandarizar la educación en el mundo y optimizar el gasto educativo (prefieren considerarlo un gasto más que una inversión) en relación a su utilidad de cara al mercado. Por eso se ha utilizado como arma arrojadiza en los debates en torno a nuevas leyes como ha pasado en España con la LOMCE y con los recortes educativos. Esto acaba afectando directamente a la finalidad de la educación, si debe de ser la formación de personas y ciudadanos o de simples “recursos humanos” al servicio de las empresas. Por cierto, la OCDE ha contratado a la multinacional Pearson para su informe de 2018. De ahí las cada vez mayores críticas que desata.

Hay en estos momentos en circulación un Manifiesto internacional contra PISA que critica las anomalías político-educativas, técnicas, pedagógicas, sociales y psicológicas. Está impulsado por la Red Social para la Educación Pública en las Américas (Red SEPA) y la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública (México, Estados Unidos, Canadá) y exige la anulación de los contratos que los diversos gobiernos han firmado con la OCDE y el fin de estas pruebas estandarizadas de negativas consecuencias a nivel nacional. Como cita Enrique Díez, “PISA es un inmenso dispositivo de control que aspira a imponer una perspectiva educativa que nos aleja del reconocimiento de la educación como un derecho y nos aproxima a su interpretación como un bien de consumo”. ¿Dónde queda formar personas libres, cultas, creativas, críticas, solidarias, comprometidas en la mejora de su sociedad? De eso no se ocupa PISA.

Por último, hay que decir que los problemas (recortes y LOMCE) y los retos siguen ahí. El sistema educativo español sigue siendo mediocre y está claro que la calidad mejora con mayor inversión y con el consenso social en cuanto a su importancia estratégica. Para hacerse una idea de cómo está el debate de cara al llamado pacto educativo, sólo hay que escuchar lo que ha dicho el ministro de Educación. En el colmo de la desfachatez, Méndez de Vigo, ha declarado que España “rompe la brecha educativa y se sitúa, por primera vez en la historia, al nivel de los países más avanzados del mundo. Los responsables son los maestros. El Ministerio contará siempre con ellos para seguir mejorando”.

Decir esto es bastante cínico cuando el profesorado es uno de los colectivos de empleados públicos peor tratados por las autoridades educativas, soportan altas ratios de alumnado, un endurecimiento de las condiciones de trabajo, congelación salarial, la reducción de la formación, etc. Por no hablar de campañas directas para denigrarle como la realizada por Lucía Figar —consejera del Gobierno de Esperanza Aguirre— usando dineros públicos para ello. Señor ministro ¿para cuándo una evaluación sobre el grado de satisfacción del profesorado? La manera de lograr una mejora es contar con los enseñantes, que participen en las negociaciones y tener en cuenta sus propuestas para revertir los recortes y acordar una nueva ley que considere la educación pública un derecho social. Lo contrario es antidemocrático y demagogia barata.

[Fuente: Cuarto Poder]