Recién estrenada la legislatura ya se ha puesto sobre el tapete la primera gran reforma, la de las pensiones. La justificación es obvia: en los últimos años los ingresos por cotizaciones no han bastado para pagar las pensiones, y la Seguridad Social ha tenido que sufragar echando mano del fondo de reserva. Tantas veces se ha usado y con tal intensidad que de continuar la situación (y es impensable que a corto plazo este cambio se dé) en junio no alcanzará el remanente del fondo para pagar la extra de verano. Hay que hacer algo pronto. Pero ya se sabe que las prisas no son buenas consejeras, más bien quecon las prisas es más fácil que nos cuelen más de un truco.

I

Hay tres razones que se utilizan para explicar la situación actual. La preferida por los economistas liberales es la demográfica. Su sencilla base explicativa se basa en la manipulación de algún hecho cierto. Se ha alargado la esperanza de vida de la población, no sólo en términos generales (el cambio demográfico más espectacular tiene lugar cuando se reduce la mortalidad infantil, pero esto no tiene ninguna incidencia directa sobre las pensiones), sino especialmente la esperanza de años de vida tras la jubilación. Y, al mismo tiempo, la caída de la natalidad ha reducido el tamaño de las cohortes (la gente nacida en un mismo año) y por tanto tiende a reducirse el volumen de población por debajo de la edad de jubilación. Esta situación se agravará en los próximos años porque se prevé la jubilación de cohortes de edad muy populosas (los nacidos en los años 1950s), y en cambio entra mucha menos gente en el mercado laboral. Por tanto, aumenta la proporción de jubilados con respecto a la de activos (lo que llaman tasa de dependencia) y mantener a los jubilados puede hacerse insostenible.

El argumento tal cual es convincente, pero solo funciona si se acepta un supuesto discutible. El de que el volumen del empleo viene dado tan solo por el volumen de población local en edad de trabajar. Supongamos que es cierto que en los últimos años se jubila mucha gente. Esto dejaría un enorme hueco de empleos en muchas empresas. A menos que éstas decidan emigrar a otros países o directamente cerrar, lo más probable es que este vacío genere un efecto llamada de nuevos inmigrantes que cubrirán las vacantes con entusiasmo. De hecho, el mismo envejecimiento de la población tiende a generar una demanda de servicios de cuidados que ya se han demostrado que influyen directamente en este efecto llamada. Sólo con variables demográficas no resulta convincente el argumento de la insostenibilidad de las pensiones.  

En todo caso, lo que es esperable, y esto hay que explicarlo, es que la pirámide demográfica española constituya en sí misma un efecto llamada de nuevos inmigrantes, y hay que preparar a la población y a las instituciones para que esta nueva oleada migratoria se haga en condiciones de dignidad, justicia y convivencia adecuadas.

II

Contar sólo personas supone olvidarse de que las pensiones son una cuestión monetaria, de capacidad de compra. No es tanto cuántas personas trabajan, sino qué sueldos obtienen y cuánto contribuyen al fondo común. Aquí tiene un papel crucial el mercado laboral en dos aspectos: determina cuánta gente está empleada y qué ingresos salariales (que incluyen sus cotizaciones sociales) reciben. Parece evidente que el factor fundamental que ha vaciado la caja de reserva ha sido la caída del empleo y la de los salarios. Sin empleo en condiciones dignas las cotizaciones nunca van a llegar. En un país donde el conjunto de las rentas salariales representa menos del 50% de la renta total, es palpable que se ha estrechado la base de recaudación monetaria. Y para resolverlo hay sólo dos opciones: o mejorar el empleo y los salarios, o cubrir parte del coste de la seguridad social con rentas no salariales, mediante impuestos universales. (De hecho hay países donde la Seguridad Social no tiene un presupuesto separado y las pensiones dependen del conjunto de las rentas del país). Se trata fundamentalmente de una batalla distributiva (mejorar la participación de los salarios en la renta) y redistributiva (pelear por un nuevo sistema de ingresos y gastos fiscales). Sin duda, una batalla dura que tendrá que hacer frente a toda la batería de argumentos con los que están pertrechadas las élites económicas. Por ejemplo, que las alzas salariales generan desempleo o frenan la competitividad económica, o que mayores impuestos generan déficits y desalientan la actividad económica… Argumentos que en el plano analíticos son cuestionables pero que en el práctico requieren una fuerte batalla de ideas y movilizaciones.

Para ver cuál es la carga real de las pensiones podemos usar el porcentaje que representan en el P.I.B. (aunque esta es una medida muy grosera de la actividad económica, es la que se generalmente toma de referencia). Actualmente, su peso está en el entorno del 11,8%, inferior al de muchos países vecinos que se han mostrado capaces de soportar una carga superior. Es obvio que, si crece el porcentaje de mayores de 65 años y reciben pensiones superiores a las de cohortes anteriores, el gasto puede subir. Pero seguirá siendo asumible, aunque exigirá los cambios en la distribución de la renta que acabo de apuntar. Si, como vaticinan los voceros de la tecnocracia y el capital, estamos ante las puertas de cambios tecnológicos que incrementarán la productividad del trabajo a cotas increíbles (sobre este argumento se funda la reaparición del argumento del fin del trabajo) no parecería difícil que una sociedad con una enorme capacidad productiva pudiera garantizar, a todos sus habitantes, cuotas de bienestar material aceptables. Tengo mis dudas sobre la veracidad de esta utopía tecnocrática (por cuestiones sociales, económicas y ecológicas) y, si ciertamente la sociedad se encamina a un cierto estancamiento económico, es evidente que lo que ello exige es un replanteamiento global de nuestras pautas de vida, de organización social y de distribución de la renta. Pero plantear sólo que son las generaciones de mayor edad las que tienen que hacer el ajuste es absolutamente inaceptable. Por ello debemos convertir el debate de las pensiones un debate sobre cómo se distribuye la renta.

III

El tercer factor que ha agravado la situación ha sido sin duda la política del PP, consistente en practicar una política de promoción de empleo basada en bonificar  las cotizaciones de la seguridad social (una política de la que España es uno de los países más adicto a pesar que la mayoría de expertos considera que globalmente es un despilfarro inútil), pagándolas con la caja de las pensiones en lugar de hacerlo a cuenta del presupuesto general. El mismo Gobierno acaba de reconocer que deberá poner unos 1900 millones de euros a la caja por esta partida. Ha sido en este caso una política premeditada para hacer aumentar el déficit de la Seguridad Social. Simplemente hay que eliminarla.

IV

En su inconcreta exposición sobre las pensiones, Fátima Baños marcó algunas de las líneas de lo que podemos esperar a corto plazo. Que una ministra como ella diga que las pensiones están garantizadas es una invitación a empezar a desconfiar. De hecho, planteó cosas menores: la ya susodicha vuelta a financiar las políticas de empleo a cuenta del presupuesto, la posibilidad de financiar las pensiones de viudedad y orfandad por el presupuesto, y dejó caer lo de poder compatibilizar empleo y cobro de pensiones. Y poco más. Lo primero era algo que el Gobierno estaba obligado a hacer de todas formas. Lo segundo podría ser aceptable siempre que quedaran claras las reglas de la pensión de viudedad y orfandad (que tienen como objetivo básico garantizar rentas a aquellas familias en las que falta el o la principal aportador de renta), aunque para esto bastaría mantener estas pensiones en el esquema general y aportar fondos del presupuesto general al mantenimiento de la Seguridad Social. La cuestión clave en este caso es la carga impositiva. Si de verdad se considera que la única forma de garantizar pensiones dignas es ampliar las fuentes de financiación, esto lleva inevitablemente a plantear una reforma fiscal que aporte suficientes recursos a las arcas públicas. Lo opuesto a lo que la derecha mantiene en materia fiscal. Por ello, salvar las pensiones implica también luchar por una reforma fiscal justa y suficiente.

Más peligrosa es la insinuación de compatibilizar pensiones y trabajo. En el fondo, el modelo de pensiones que la derecha lleva tiempo planteando es un régimen de prestaciones públicas muy básicas combinadas con pensiones privadas y con gente forzada a trabajar hasta una edad muy avanzada (más o menos volver a los viejos tiempos en los que mucha gente no llegaba a jubilarse y otra moría a los pocos meses de acabar su vida laboral).

Lo del sistema complementario de pensiones es el viejo sueño del sistema financiero, proveerles de otra fuente de obtención de rentas. El sistema real de fondos de pensiones sigue bastante estancado porque mucha gente simplemente no llega a ahorrar suficiente para pagarlo, y los planes de empresa sólo se generan en las grandes empresas y por tanto nunca se van a implementar en el océano de empleos precarios del país. El sistema dual es a las pensiones lo que el doble circuito escolar es a la educación, una forma de generar desigualdades e injusticias. Para que el sistema fuera creíble (más allá de los avatares que experimentan estos fondos en los mercados financieros) sería necesario un aumento de salarios de la mayoría y un cambio en la organización empresarial. Dos cosas ausentes en el debate actual.

Lo de la compatibilización aún es peor. En muchos casos, en lo que se piensa es en los minijobs alemanes, trabajos mal pagados, sin control social. Una vía para precarizar aún más el mercado laboral y para generar nuevas oportunidades a la economía informal, a la desregulación fiscal y laboral. En otros casos es otra forma de generar nuevas desigualdades. Pues quien puede combinar pensiones y empleos con mayor facilidad es la gente que tiene empleos de elevado prestigio social, creativos, agradables. Pienso en mis colegas de universidad, en muchos profesores que al jubilarse a los 70 años experimentan una notable reducción de ingresos (especialmente los catedráticos) y que estarían encantados en seguir obteniendo rentas y actividad (algunos, los menos, seguirían manteniendo cuotas nada despreciables de poder) participando en proyectos de investigación o dando algunos cursos. Pero este esquema agradable se trueca cuando pensamos en los miles de empleos que requieren una elevada carga física, que representan rutinas insufribles y que empeoran la salud de quien las hace. Al menos, el sistema actual permite a muchas de estas personas unos años de vida activa en la que pueden llevar a cabo algún proyecto de vida más interesante del que les impuso el trabajo bajo el capitalismo.

V

El reto ya está lanzado. La reforma de las pensiones va a presentarse como una urgencia insoslayable frente al vaciamiento de la caja. No podemos quedarnos a la defensiva en la forma de “las pensiones no se tocan”, sino que es momento de pasar a una ofensiva que obligue a un debate abierto, que muestre las contradicciones y falsedades de los argumentos que promueve el sector financiero. Que busque realmente un sistema realista de financiación y un esquema justo de prestaciones.