El Gobierno ha pactado con las Comunidades Autónomas una reforma de las reválidas de la LOMCE con la que prácticamente se come aquel disparate del ministro Wert. La cosa quedaría así: las de 2º de Bachillerato serán equivalentes a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Las de 4º de ESO serán de diagnóstico y sin efectos académicos, sólo de carácter muestral y no universales sin la obligación de realizarla todo el alumnado; así serán también las pruebas de 3º y 6º de Primaria. El título de la ESO será único, independientemente del itinerario (académico o aplicado) cursado y podrá conseguirlo el alumnado de Formación Profesional Básica a criterio del profesorado y sin realizar ninguna reválida.

Evidentemente este acuerdo es fruto del rechazo social, de la oposición parlamentaria y, sobre todo, gracias a contundentes movilizaciones como la Huelga General de la comunidad educativa del 26 de octubre y la Huelga estudiantil del 24 de noviembre.

Aunque el Gobierno recule con este tema, queda la batalla por la derogación de la LOMCE, que es mucho más que las reválidas y lo realmente es importante y urgente. No se puede olvidar que la LOMCE supone entre otras cosas: itinerarios tempranos que segregan y expulsan al alumnado del sistema, la reducción de la educación comprensiva y de la inclusión, nuevos currículos de asignaturas, privilegios para la religión católica, la competitividad entre centros, la segregación por sexo pagada con dinero público, un modelo autoritario que en la práctica suprime la democracia en los centros educativos y permite imponer direcciones a dedo y el avance en la privatización de lo público para fortalecer la red privada-concertada.

Hay que recordar que el Gobierno acaba de impugnar ante la Mesa del Congreso el acuerdo aprobado en el Congreso de los Diputados, por amplia mayoría, de una proposición de ley para la paralización del calendario de implantación de la LOMCE. Este conflicto de competencias que quiere llevar ante el Tribunal Constitucional es un intento de dinamitar la iniciativa parlamentaria. Si cada vez que al Gobierno no le agradan los acuerdos del poder legislativo recurre al Tribunal Constitucional —donde cuenta con un (ex)afiliado de presidente para que le dé la razón—, está liquidando la separación de poderes, pilar fundamental del sistema democrático.

Esta acción demuestra el carácter autoritario del Gobierno y que, como denuncian Redes por una Nueva Política Educativa, “un gobierno soberbio que no respeta las instituciones, ni la democracia representativa y busca los resquicios de la ley para imponer su voluntad, está desacreditado para el impulso de un pacto educativo que implique la participación directa de la comunidad escolar, interlocutores sociales y el resto de los partidos políticos.”

Así las cosas, pretender negociar un “gran Pacto de Estado Social y Político por la Educación” a través de una subcomisión parlamentaria, suena a una operación de las élites destinada a blanquear la LOMCE y a confundir a la ciudadanía. Porque no queda claro cómo participará de manera real en las negociaciones la comunidad educativa: profesorado, familias, estudiantes y expertos. No auguran nada bueno las presiones de la Iglesia católica para blindar aún más sus privilegios, la campaña de la red privada-concertada de mantener una estructura sostenida con fondos públicos para sus beneficios privados y la segregación social del alumnado y el hecho de que el Gobierno sólo escuche a sus expertos. De ahí que lo último que debe hacer la comunidad educativa es olvidarse en estos momentos de la movilización: después de las reválidas toca enterrar la LOMCE para hacer que la Escuela Pública asegure la inclusividad escolar y la equidad social.

[Fuente: Cuarto Poder]