El próximo 4 de diciembre de 2016, unos 51 millones de ciudadanos italianos están llamados a votar en referéndum sobre el proyecto de reforma constitucional elaborado por el gobierno del Partido Demócrata presidido por Matteo Renzi. Se trata del proyecto de reforma más importante presentado a la ciudadanía desde la aprobación en 1947 de la Carta Magna de la República Italiana, ya que modifica hasta 49 de sus 139 artículos. Y, desde luego, de la jugada con la cual Renzi —nombrado en 2014 presidente del gobierno por el Parlamento sin pasar por las urnas (en las elecciones de 2013, el candidato del Partido Demócrata fue Pier Luigi Bersani, cuyo programa no preveía esta reforma)— confía apuntalar su liderazgo político, seriamente cuestionado después del fuerte retroceso electoral que sufrió su partido en las elecciones regionales y municipales de la pasada primavera. Al ser un proyecto amplio, extremadamente detallado y redactado con un lenguaje a veces oscuro y/o demasiado técnico, me limitaré en esta nota a enumerar los puntos sobre los que se está polarizando el debate político en Italia y contra los cuales se ha compactado una aguerrida, y políticamente transversal, oposición a la reforma (es decir, de partidarios del “NO”). 

La reforma del Senado

Según el proyecto de reforma, la Cámara de los Diputados tendría, como hoy, 630 elegidos por sufragio universal. Pero el Senado pasaría (sin contar ahora a los senadores vitalicios) de 310 a 95 miembros, elegidos por los parlamentos regionales; concretamente: 21 alcaldes de ciudades importantes, más 74 diputados regionales (a los que hay que añadir a 5 senadores nombrados por el Jefe del Estado). En fin, los ciudadanos ya no elegirían directamente a los senadores. Y el nuevo Senado, que ya no podría votar al primer ministro y aprobar los presupuestos, tendría plena competencia legislativa sólo sobre las leyes más importantes, como las electorales y de reforma constitucional o los tratados internacionales. En definitiva, no es cierto que se eliminaría el Senado en aras de una gobernabilidad más rápida y eficiente, tal y como afirma el gobierno, sino que se mantendría una segunda Cámara con menos (y harto confusas) funciones y sin legitimidad democrática.

Leyes de Iniciativa Popular

El gobierno sostiene que la reforma ampliará el protagonismo de la ciudadanía al obligar a la Cámara a discutir y a votar en un plazo razonable las propuestas de leyes de iniciativa popular procedentes de la sociedad civil. Hasta ahora, no existía dicha obligación. Sin embargo, la reforma triplica el número de firmas necesarias para presentar una ley de este tipo (de 50.000 a 150.000 firmas).

La República Italiana y la Unión Europea

El texto de la reforma prevé la incorporación explícita de la Unión Europea en el texto constitucional. Si hasta ahora aparecía en la Carta Magna la palabra “comunitario” para referirse a la UE, en el nuevo redactado se menciona a la UE hasta doce veces y siempre para referirse a cuestiones fundamentales. Esto se puede notar sobre todo en la propuesta de reforma del artículo 117, en el que se afirma que “la potestad legislativa es ejercida por el Estado y las Regiones en el respeto de la Constitución, además de los vínculos derivados del ordenamiento de la Unión Europea y de las obligaciones internacionales”. Pocas dudas pueden caber acerca de que el objetivo del gobierno es vincular y someter la soberanía del pueblo italiano a la tecnocracia de Bruselas y a una estructura política hegemonizada actualmente por el establishment ordoliberal alemán. En la práctica, la reforma va dirigida a “deconstitucionalizar” la República Italiana con vistas a adaptarla a la implementación de normas y tratados comunitarios que no han sido elaborados según un normal proceso democrático. Más claro todavía: puesto que, como reconocen hasta los europeístas más entusiastas, en estos momentos no existe en Europa ninguna voluntad real para avanzar hacia una federalización política del continente y una unión fiscal de sus países que volviera sostenible la moneda única (es decir, la voluntad de compartir la soberanía a nivel europeo), se constitucionaliza una cesión de soberanía del pueblo italiano hacia organismos tan disfuncionales como socioeconómicamente perjudiciales para la cohesión del país. Este es quizás el mayor peligro que entraña el proyecto de reforma. Y más en un momento de profunda crisis de la Unión Europea.

Una reforma recentralizadora

En nombre de una supuesta claridad administrativa y política y de un ahorro en los “costes de la política”, la reforma promueve una clara recentralización del Estado por la cual se eliminarían definitivamente los organismos de las “provincias” (ya semidesmanteladas desde el 2014 y que hasta ese año ejercían competencias parecidas a las de las Diputaciones españolas) y el gobierno central volvería a asumir muchas de las competencias que fueron transferidas a todas las regiones en la reforma administrativa de 2001 (que valorizaba el principio de subsidiariedad como valor esencial de la República). De la devolución de poderes a Roma se salvarían sólo las cinco regiones que —en virtud de sus peculiaridades históricas, lingüísticas y culturales— gozan desde los años cuarenta de un Estatuto de Autonomía especial y reforzado (Cerdeña, Sicilia, Friuli-Venecia Julia, Trentino Alto-Adigio y Valle de Aosta). Según los críticos de la reforma, dicha recentralización es funcional a la aplicación más fácil y contundente de las directrices comunitarias en todo el territorio nacional.

Reforma constitucional y nueva ley electoral

El gobierno ha asociado el proyecto de reforma constitucional a la nueva ley electoral, denominada “Italicum” y que fue aprobada en 2015 con los votos del partido de Silvio Berlusconi. Desde un punto de vista técnico, no hay una relación directa entre la reforma constitucional y la nueva ley electoral. Pero todo el mundo es consciente de que las dos forman un cóctel explosivo que desequilibraría la vida parlamentaria y política de la República. En efecto, la nueva ley —que  fija un techo del 3% de los votos para entrar en el Parlamento— garantiza un premio de mayoría (55% de los escaños) a la lista que supere el 40% de los votos. Y si ninguna lista alcanza dicho porcentaje, las dos listas más votadas irían a una segunda vuelta. En suma, nos encontramos ante una ley hipermayoritaria por la cual —pongamos— un partido que en la primera vuelta obtiene el 25% de los votos podría, ganando en la segunda vuelta, hacerse con el 55% de los escaños. Y puesto que, si gana el SÍ a la reforma constitucional, el Senado ya no podría votar al primer ministro, la Cámara de los Diputados se convertiría en el escenario decisivo de la vida política italiana pese a ser dominado por un partido con un número de escaños totalmente desproporcionado respecto al consenso real obtenido en las elecciones. Este peligro ha empujado a numerosas personalidades políticas a posicionarse en el NO a la reforma constitucional. Y el ala izquierda del PD ha exigido, para votar favorablemente en diciembre, una modificación de la ley electoral en un sentido más proporcionalista. En el momento en el que escribo, Renzi ha prometido discutir y realizar algunos cambios en la ley electoral, pero sólo después del referéndum. Es decir, que de momento no ha dado ninguna garantía concreta al respecto.

Aplicar la reforma en tiempos de incertidumbre

Un último punto problemático de la reforma sobre el que apenas se habla pero que hay que tener presente es que, en caso de que ganara el SÍ, el país debería llevar a cabo un lento y laborioso proceso de consolidación institucional para asentar la nueva relación entre Estado y regiones, un nuevo procedimiento legislativo, un Senado con senadores de nuevo tipo y competencias diferentes, etc. Lisa y llanamente: el país se vería obligado a entrar en una suerte de limbo institucional que no sería breve y que se produciría en medio de fuertes tensiones políticas en la Unión Europea —y lo que es peor, cuando la crisis del Deutsche Bank amenaza con tensar el ya maltrecho sistema bancario italiano—. Así las cosas, el sistema político italiano vería mermadas sus ya escasas defensas para protegerse de una nueva (y muy posible) crisis político-económica.

En conclusión

Si tenemos en cuenta estos puntos, entenderemos por qué prácticamente toda la oposición al gobierno de Renzi, es decir, un amplio abanico de fuerzas que va desde la izquierda radical hasta los partidarios de Silvio Berlusconi —pasando por el ala izquierda del PD, los liberales cercanos al expresidente del gobierno Mario Monti, el Movimiento Cinco Estrellas de Beppe Grillo y el sindicato CGIL—, haga campaña por el NO a la reforma. Es fuerte la convicción de estar ante un proyecto tendente a reforzar el poder ejecutivo en detrimento del legislativo y que restringe tanto la soberanía del pueblo italiano como los espacios de participación democrática de los ciudadanos. Si gana el SÍ, Matteo Renzi se consolidará en el poder y lo tendrá relativamente fácil para obtener una mayoría parlamentaria en las elecciones de principios de 2018. Si gana el NO, la partida política volverá a abrirse; sobre todo para una izquierda real italiana que aún no se ha recuperado de la durísima derrota de 2008 —cuando se quedó a las puertas del parlamento— y del desconcierto y la impotencia en que, desde entonces, parecen estar sumidos muchos de sus activistas.