Un fantasma recorre Catalunya, el de la desobediencia. Este término es abrazado de manera singular por buena parte de los seguidores de la independencia ante la negativa del Gobierno central a admitir un referéndum que permita a la ciudadanía catalana a pronunciarse sobre la autodeterminación (que este autor apoya).

Pero dicho esto, hay que añadir que el término desobediencia es utilizado de manera un tanto frívola por algunos de sus defensores, porque una vez formulado y defendido como un derecho democrático, no se está dispuesto a asumir sus consecuencias. Es decir, ser encausado por desacatar la ley.

En las democracias avanzadas, la objeción de conciencia está reconocida como un derecho de la ciudadanía, y en ese sentido, la desobediencia con el ordenamiento jurídico que imponga medidas consideradas injustas. Así lo han argumentado sólidamente desde la filosofía política John Rawls, Norberto Bobbio y Jürgen Habermas. Pero éstos advierten de manera inequívoca que la desobediencia debe ir acompañada de la asunción de responsabilidades, que es tanto como aceptar las consecuencias del acto, ser inhabilitado, sufrir sanciones administrativas e inclusive ser encarcelado.

Es bueno recordar que en el Estado español los objetores e insumisos al servicio militar obligatorio desobedecieron la ley de formas diversas, unos no presentándose en los cuarteles, otros negándose a vestir ropa militar y ser adiestrados en el uso de armas para hacer la guerra, y algunos, incluso, desertando dentro de los cuarteles. Y muchos de ellos fueron condenados y encarcelados, y algunos fueron inhabilitados para ejercer como funcionarios públicos. Un movimiento de objeción al servicio militar que tomó tales proporciones como para obligar a cambiar la ley, primero reconociendo la objeción de conciencia al servicio militar y después aboliendo el servicio militar obligatorio.

En ese sentido, la desobediencia es una herramienta política de enorme fuerza: si es ejercida de manera mayoritaria por la población, ningún Estado puede hacer frente a un movimiento de esa envergadura. Ese fue el argumento principal del pensamiento de Gandhi para liberar la India de la dominación del imperio británico, la fuerza de la noviolencia y sus herramientas, la desobediencia y la no cooperación. La misma desobediencia que animó al movimiento por los derechos civiles de los negros, a Rosa Parks y Luther King en Estados Unidos, las sufragistas y tantas otras gentes anónimas que a lo largo de la historia la practicaron.

Pero la desobediencia para cargarse de razón y consistencia moral tiene unas reglas que provienen de Thoreau y Gandhi, sostenidas en el pensamiento político por Rawls. Quién lo define como un acto público, nunca puede ser clandestino ni esconderse ante la ley; no violento, pues si se emplea la violencia perderá fuerza moral ante la sociedad y el estado; consciente, pues debe ejercerse en conciencia y con plenas facultades; político, porque se ejerce para cambiar un programa de gobierno; contrario a la ley, porque pretende cambiar la ley que se cree injusta; que asuma las consecuencias legales que se deriven, pues aunque se rechaza la ley se está dispuesto a asumirla. Esto último es puesto en primer plano por Gandhi, Luther King y sus seguidores, pues las sanciones que son impuestas por desobediencia, si están cargadas de razón, se volverán contra el ordenamiento jurídico del estado que las promulga y servirán de ejemplo moral para toda la población. Eso fue lo que llevó a la cárcel en muchas ocasiones a Gandhi, King y a tantos otros como nuestros objetores al servicio militar.

Entonces, debería estar claro que el funcionario público, que debe el cargo que ocupa al ordenamiento jurídico que le permite ejercerlo, en caso de objetar y desobedecer la ley debe dimitir y abandonar su cargo y si no lo hace, aceptar las sanciones que se deriven. Lo mismo, y con mayor enjundia deben admitirlo los políticos con responsabilidad de gobierno. Pues éstos deben su cargo precisamente a la ley que les permite ejercer esa función. Pero sobre todo, porque están en el poder ejecutivo y promulgan leyes, y no pueden aceptar unas y rechazar otras. Bueno, sí que pueden desobedecer, pero deberían dimitir de su cargo.

Volviendo a Cataluña, es paradójico que algunos de los políticos que han ejercido o ejercen funciones ejecutivas o legislativas que están siendo encausados por desobediencia apelen a la democracia para defender sus actos, pero en cambio nieguen haber desobedecido la ley. Es evidente que temen ser sancionados o inhabilitados y esconden sus acciones políticas bajo la excusa de que obedecen el mandato popular que los ha elevado al cargo. Es decir, llevan a cabo propuestas que se oponen a la Constitución española, la misma Constitución que les permite ocupar ese cargo, pero no están dispuestos a asumir las consecuencias de su acto.

Desde luego que la distancia moral de Luther King, Gandhi y nuestros objetores de conciencia al servicio militar está muy lejos de la de estos gobernantes catalanes, pues aquellos no dudaron de que, ante la injusticia que denunciaban, ilegalmente, el lugar donde debían estar era la cárcel. Mientras que estos políticos recurren a artilugios verbales sobre la democracia para amagar el desacato a la ley, pues temen ser inhabilitados. (Aunque en su descargo, todo hay que decirlo, existe una judicialización de la política por parte del Partido Popular que empuja a la fiscalía del Estado a investigar posibles desobediencias del Gobierno y el Parlamento catalán. Un Gobierno del PP que se niega a negociar cualquier tipo de salida al conflicto que se vive en Cataluña.)

Para acabar y volviendo al terreno de la teoría de la desobediencia: En un estado democrático, aunque existan limitaciones en cuanto a derechos, la desobediencia no se puede dirigir contra todo el ordenamiento jurídico, lo cual sólo tiene justificación en un estado autocrático y dictatorial, que no es el caso del Estado español. Sólo se puede dirigir contra aquella ley que se considera injusta porque vulnera un derecho. Esa es la enorme dificultad de los partidarios de la desobediencia en Cataluña.

(Esta nota está escrita desde mis lecturas sobre el pensamiento político de Gandhi y la no violencia, y no tanto desde un plano jurídico, del que me confieso ignorante.)