Hace tiempo que el neoliberalismo ha puesto los servicios públicos en el punto de mira de sus objetivos estratégicos. Cada vez que las instituciones internacionales encargadas de impulsar el capitalismo global han abordado un nuevo marco de acuerdo de liberalización, intentan convertir la educación, la sanidad y otros servicios públicos fundamentales en simples servicios susceptibles de ser privatizados. Es la vía para aplicar lo que David Harvey llama “la acumulación por desposesión” y que no es otra cosa que privatizar lo público para mayor gloria de los beneficios empresariales. Al considerar los servicios esenciales para la comunidad una mercancía, se convierten en un puro negocio. Pero hay algo más grave aún, como bien dice Adoración Guamán, se produce un asalto de las multinacionales a la democracia.

Sucesivas oleadas liberalizadoras del comercio y las inversiones han sido detenidas por la resistencia de los pueblos y los movimientos sociales o bien han fracasado por la contradicción de intereses entre los diferentes países. Así pasó con diferentes iniciativas de la OMC como el Acuerdo Marco de Inversiones (AMI) a nivel mundial o con la Directiva Bolkenstein en la Unión Europea (UE). Pero cuando se han impuesto estos tratados de “libre comercio” sus demoledores efectos no han tardado en dejarse sentir. El capitalismo persigue el máximo beneficio, ese es su objetivo fundamental. Llevado al paroxismo, el sistema hace que la riqueza se concentre en el 1% y haya un empobrecimiento generalizado en sectores del resto de la población.

Desde 2013 se viene negociado el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) entre la UE y Estados Unidos, así como el CETA, entre la UE y Canadá y el TISA, centrado en los servicios. Es una negociación rodeada de secretismo y total opacidad para hurtar a la ciudadanía lo que está en juego. Sus objetivos declarados son maximizar los intercambios comerciales entre los bloques económicos y potenciar la presencia de inversiones extranjeras. Para ello se pretende abordar las reglas de acceso al mercado, suprimiendo aranceles y liberalizando servicios; establecer las normas de cooperación reguladora y fijar mecanismos comunes de solución de las diferencias entre los Estados y los inversores. Esto último impediría la reversibilidad las privatizaciones realizadas por un gobierno que quisiera ejercer su soberanía y cumplir su programa electoral. Los negociadores norteamericanos exigen una mayor liberalización de los servicios y la disminución de las normas europeas y de los Estados miembros para que sus empresas multinacionales puedan entrar a hachazos en el mercado europeo.

Los conceptuados como “servicios” suponen dos tercios del PIB mundial. Desde el punto de vista de la educación, lo que más puede afectarle son los mecanismos para la desregulación de servicios del TTIP y CETA. Según la UNESCO, la educación es un tesoro fabuloso que se cifra en 2 billones de dólares al año. De ahí el interés económico para el capitalismo y sus empresas que no están dispuestas a renunciar a un suculento pastel.

Esta política de privatización de lo público para convertirlo en un nicho de negocio del capital financiero es una irresponsabilidad desde el punto de vista social y del interés general de los pueblos. La educación es un servicio fundamental, un derecho constitucional y un bien público. Pocas inversiones son más rentables social y económicamente. Además, todo lo que se invierte en educación-prevención se ahorra en reinserción o intervención en daños. En España estamos sufriendo una privatización de la educación que hace que seamos el tercer país de Europa (tras Bélgica y Malta) en presencia de enseñanza privada y concertada. Ello hace que cada vez se cuestione más si tiene sentido ahora la escuela concertada. Precisamente estos tratados de liberalización de los servicios servirían como excusa para intensificar el proceso privatizador. La derecha los aprovecharía para ir más lejos evitando el coste político. Quizá por ello, y a diferencia de otros gobiernos europeos como Francia, el de Rajoy no ha intentado condicionar dichos acuerdos: una de las pocas condiciones que ha puesto es que se asegure la solvencia financiera de las universidades y empresas que vengan a instalarse en España.

En Europa se están movilizando contra los tratados. Destacan las grandes manifestaciones de Alemania del 17 de septiembre, con cientos de miles de personas. Esta semana se desarrolla una movilización contra estos tratados en España convocada por organizaciones de la sociedad civil, ecologistas, ONG de desarrollo, campesinas, políticas y sindicales. El próximo 15 de octubre se han convocado manifestaciones en dos decenas de ciudades españolas coincidiendo con el Día Internacional contra la Pobreza; también hay convocatorias en otras ciudades francesas. Los motivos están claros: “No a la pobreza, no a la desigualdad, soluciones con derechos: No a los tratados CETA, TTIP y TISA”. Lo que está en juego y las razones de la movilización se resumen muy bien por diferentes activistas en un magnífico vídeo (ver abajo) elaborado para la ocasión. Si no queremos que las personas, el medioambiente, la democracia y la soberanía de los pueblos sean relegadas a los intereses económicos de las grandes corporaciones, hay que salir a la calle para frenar esta agresión que, de aprobarse, solo traerá más pobreza, más desigualdad y más autoritarismo.

[Fuente: Cuarto Poder]