La victoria del Partido Popular, en las elecciones generales de 1996, coincidió con el inicio de un ciclo financiero expansivo, que se prolongó hasta 2007 y que tuvo como correlato, un largo período de paz social. Sin embargo, esa prosperidad resultó ser un espejismo, donde el endeudamiento generalizado ocultaba el aumento de la desigualdad, la pobreza y la temporalidad. Además, la desmovilización que siguió a la victoria ideológica del neoliberalismo, deterioró aún más el tejido asociativo del país.

La llegada de la crisis, en 2008, no hizo sino acelerar dichas tendencias, provocando, de paso, que las estructuras sindicales fueran percibidas como cómplices del deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población. Así lo señalan las encuestas realizadas al conjunto de la ciudadanía, en las que las organizaciones sindicales aparecen como una de las instituciones peor valoradas y también las que responden los trabajadores asalariados que suspenden, igualmente, la labor realizada por los sindicatos en la empresa.

Dicho desprestigio se refleja igualmente en la caída afiliativa, en el envejecimiento acelerado de dicha afiliación (de casi 5 años desde el 2000) y en una mayor rotación (el 44,9% causa baja antes de tres años) que revela el carácter instrumental de la vinculación con el sindicato. Caída también del número de delegados, especialmente jóvenes, que el sindicato achaca a un elevado nivel de desempleo y precariedad, aunque debiera parecer obligado analizar por qué tiene que haber, necesariamente, una menor intervención sindical cuando, precisamente, las condiciones de los trabajadores son peores.

El desprestigio de los sindicatos, no ha impedido, sin embargo, una oleada de movilizaciones (Huelgas Generales, 15M, Marchas por la Dignidad), alentadas por la propia emergencia social, que, sin embargo, no consiguieron que se revirtiesen contrarreformas que han terminado por provocar una catástrofe social: aumento del paro (50% de los jóvenes), precarización del mercado laboral y deterioro del poder sindical en las empresas.

Esa debilidad en la correlación de fuerzas, que se traduce, por ejemplo, en una tendencia descendente desde el inicio de la crisis,  en el número de horas perdidas por huelgas, trajo como consecuencia el desplazamiento progresivo de la resistencia, desde los centros de trabajo a los espacios ciudadanos, en un proceso de radicalización social, que se tradujo más tarde en radicalización política, como prueba el giro a la izquierda en el auto posicionamiento del electorado y el avance electoral de la suma de IU y Podemos.

La radicalidad de la movilización se manifestó de forma más intensa en sectores como sanidad y educación, que adoptaron formas de acción influidas por el espíritu del 15M (Mareas), lo que explicaría el giro a la izquierda en las EESS de la enseñanza pública, que CCOO, y por supuesto UGT, no habrían sido capaces de cabalgar de forma generalizada.

Por su parte, las direcciones confederales de CCOO y UGT, que habían conseguido con las huelgas generales de 2010 y 2012 retomar su liderazgo social, cuando constataron que la movilización no había logrado debilitar la ofensiva neoliberal, volvieron a apostar por el modelo de respetabilidad institucional y diálogo social. Sin embargo, la misma brutalidad en la imposición de políticas regresivas de gobiernos presionados por el poder económico, trajo consigo el fracaso del diálogo social como marco para establecer políticas compartidas y equilibradas frente a la crisis. De hecho, los últimos Gobiernos del PSOE y el PP han legislado para favorecer la devaluación salarial, la destrucción de empleo y el incremento de la desigualdad social.

Ha sido el largo ciclo electoral de 2015 y 2016, el que ha terminado de demostrar que el consenso social que salió de la Transición estaba definitivamente roto, no sólo por la corrupción de las élites sino también por la hartura de la ciudadanía con décadas de precarización, de aumento de las desigualdades y de quiebra de las expectativas de un futuro mejor (“No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” se decía en el 15M).

La crisis del régimen de la Transición coincide, además, con una ruptura generacional, al repercutir el capital financiero en los jóvenes el coste de la crisis, a la vez que culpabilizaba a los trabajadores con derechos de tener condiciones de “privilegio”, frente a aquellos a los que el propio capital se los estaba negando.

Ha sido precisamente la hegemonía del pensamiento neoliberal, la que ha provocado la ruptura entre ambos colectivos. Las condiciones precarias en las que se insertan los jóvenes están provocando que el trabajo pierda para ellos centralidad social, y en consecuencia también la pierda el sindicalismo, que, sin embargo, no es sustituido por otras formas de organización estable. La precariedad, el miedo al desempleo y la represión patronal impiden a muchos jóvenes sindicarse en organizaciones que, por otra parte, no han sabido transformarse para acogerlos en las condiciones concretas en las que les ha tocado socializarse.

Rota la identificación con un proyecto del conjunto de la clase trabajadora, los jóvenes activistas perciben a los sindicatos como estructuras que emanan del consenso del 78 y por ello como rémoras para la movilización. Hay que tener en cuenta que no ha sido infrecuente que los sindicatos tolerasen la precarización de las nuevas incorporaciones a la empresa, siempre que la plantilla ya existente mantuviese sus condiciones salariales y de estabilidad.

Como prueba de dicha ruptura podemos constatar que la afiliación a los sindicatos se concentra entre quienes tienen edades avanzadas, entre los trabajadores fijos y a jornada completa. Sin embargo, la tasa de afiliación es escasa entre jóvenes, precarios, inmigrantes, no cualificados, subcontratas y a tiempo parcial.

El espacio en el que se organizan las generaciones más jóvenes, en especial los hijos de trabajadores estables con alto nivel de formación, ha sido ocupado por movimientos sociales con una gran capacidad de reacción y movilización, pero grandes dificultades para estructurarse de manera estable.

Esa ruptura entre colectivos de una misma clase trabajadora tiene reflejo en los propios resultados de las elecciones sindicales, donde crecen las llamadas candidaturas de los “otros”, fruto, en parte, de la fragmentación de la clase trabajadora (entre activos y parados, funcionarios y laborales, fijos y precarios, empleados de la empresa matriz y de las subcontratas, hombres y mujeres, españoles y extranjeros). El menor sentimiento de pertenencia a un proyecto común llevaría a algunos colectivos a distanciarse de los procesos sindicales o a apoyar a sindicatos corporativos, que representarían lo más cercano, en la pelea por repartirse un bien escaso.

A ese menor sentimiento de pertenencia contribuiría que, una parte del movimiento sindical y de la izquierda en general, haya creado un imaginario en el cual” clase obrera” se identificaba con lo que sólo es una parte reducida de la clase trabajadora: los obreros fabriles.

En esas condiciones, el sindicato corre el riesgo de dejar de ser una organización de clase, con un proyecto común para todos sus colectivos, para pasar a ser una organización de defensa de determinadas fracciones de trabajadores, precisamente las más estables y de mayor edad.

La crisis de legitimidad que sufre el sindicato se ha manifestado, en el interno de la Confederación, en la proliferación de Gestoras y Direcciones Provisionales a lo largo y ancho del país, tal vez en un intento de evitar que la desafección se convierta en oposición organizada.

Además, el estrangulamiento económico de CCOO, al que ha contribuido también la caída afiliativa, se ha traducido en EREs en casi la totalidad de las estructuras y en el progresivo cierre de los FOREM y de numerosas sedes de estructuras de base.

Esa misma situación económica ha influido en la política de fusión entre Federaciones, que sin embargo está produciendo efectos distintos a los proclamados, ya que conlleva pérdida de efectivos en las estructuras más cercanas a los trabajadores, mayor corporativismo y mayor poder de las cúpulas de las grandes Federaciones, en detrimento del aspecto socio político del sindicato.

Por otro lado, la afiliación se ha visto sorprendida por escándalos como el de las tarjetas Black o los complementos salariales de COMFIA, frente a los que la reacción fue torpe y tardía.

En esas condiciones, de divorcio entre el discurso y la práctica, tanto el código ético, que quiso responder, con tanta rotundidad al escándalo de los sobresueldos a dirigentes de la antigua federación de banca, que Ignacio F. Toxo  aseguró que  “CC OO se reinventa o se la lleva el viento de la historia”,  o la actual campaña por “repensar el sindicato”, impulsada por la dirección confederal, pueden terminar pareciendo meras operaciones estéticas.

Eso hace imprescindible la extensión de un movimiento transversal, dentro del sindicato, que ponga en marcha un proceso de regeneración democrática, frente a quienes podrían estar deshaciendo el trabajo que la mayoría construye de forma esforzada y honesta.

Todo esto sucede en pleno proceso de empobrecimiento del país, condenado al subdesarrollo político, económico y social, en la periferia de una Europa alemana, con un modelo en el que sólo puede haber menos democracia y sindicatos en un papel subalterno, en un círculo vicioso de derrota sindical, desprestigio social, caída afiliativa, retrocesos electorales y dificultades para el relevo generacional.

Es cierto que estos últimos tres años, la ilusión creada por el proyecto de asalto a las instituciones, tomó el relevo a la movilización social. Sin embargo, aunque la máquina electoral pueda llegar a triunfar, en Grecia aprendimos que tener el gobierno no significa tener el poder, y por lo tanto el sindicato debe mantener la autonomía respecto a las instituciones.

Sin embargo, ahora el escenario más previsible es el de una nueva recesión que legitime las apremiantes exigencias de la Troika para nuevas vueltas de tuerca al modelo social. En ese escenario, que los partidos del Régimen están siempre dispuestos a consentir, el conflicto de clase sólo puede acrecentarse, y eso abre la posibilidad de que, las generaciones que en él se socialicen, puedan incorporarse al sindicalismo desde una inserción conflictiva en la precariedad.

Justamente el movimiento sindical francés ha optado por canalizar la explosividad social como una vía posibilista para evitar su desaparición. Una opción más realista que la de instalarse en la melancolía y esperar que, por sí solos, los poderes económicos decidan restaurar un nuevo equilibrio, en el que los sindicatos vuelvan a colocarse en el centro del terreno juego. Porque la salida a la profunda crisis de legitimidad de la Segunda Restauración dependerá mucho de la movilización social y sin ella probablemente se impongan medidas regresivas y el triunfo de una sociedad más desigual y con menos democracia.

Por eso, en un momento de aceleración del tiempo histórico, parece imprescindible debatir qué papel queremos que cumpla el sindicato. La izquierda sindical, pero también la política y social, deberían apostar por un sindicato combativo, como el mejor marco posible para establecer alianzas entre los trabajadores estables y los trabajadores jóvenes y precarios. Una alianza que pasa por construir identidades de clase también en el ámbito local, en barrios y ciudades, impulsando igualmente nuevos espacios de representación que integren a los trabajadores subcontratados, de manera que se active una comunidad de intereses, que pueda sindicalizar a los trabajadores más precarizados de una comunidad de trabajo, y se impulsen, de forma prioritaria, iniciativas de reparto del empleo, que puedan ser vistas como inclusivas por las generaciones precarizadas.

Hay que debatir también que aportaría CCOO a la construcción de una mayoría social que unifique a los damnificados por la crisis. CCOO puede aportar, por ejemplo, muchos miles de delegados, afiliados y dirigentes sindicales, que rompen el bucle cuando se enfrentan al retroceso en derechos y condiciones de vida, pegados a sus compañeros, porque, entonces sí, los trabajadores se reconocen en ellos. Luchas contra los cierres y la deslocalización, o por el derecho de huelga, sirven además como catalizador en las relaciones entre sindicalismo y acción política (Coca-Cola o Airbus son casos emblemáticos) El sindicato sería también el mejor marco para establecer alianzas entre los colectivos de la clase trabajadora con mayor nivel de instrucción (radicalizados al ver frustrados sus proyectos de vida) y los grupos menos cualificados por el sistema educativo.

El sindicato podría pues ser punto de encuentro, parte de un tejido social denso, parte de lo que podría empezar a ser la unidad popular por la base, y parte, también, de ese marco simbólico del relato de unidad que necesita la clase trabajadora.

Pero para empezar a recorrer ese camino se debe empezar por escuchar a los trabajadores, apoyar las resistencias que se vayan organizando y, cuando sea posible, generalizarlas, construyendo un discurso alternativo sobre las causas y salidas de la crisis, que sitúe el conflicto capital-­trabajo en el centro del tablero, y la recuperación del empleo y los derechos laborales como objetivo prioritario. Para así, apostando por la movilización y por un relato alternativo, que confluya con la izquierda social y política, empezar a empoderar a la clase trabajadora en una expectativa de cambio. 

César Arenas es profesor de secundaria y afiliado a CC.OO.

[Fuente: ctxt]