El pasado día 1 de mayo se incorporaron diez nuevos países a la Unión Europea. Con la excepción de Chipre y Malta, todos formaban parte del antiguo «bloque soviético». En otro lugar he señalado que esta ampliación tiene un componente «neocolonialista» y que no ha habido propiamente negociación, sino imposición unilateral de las condiciones de adhesión.

Los resultados de esa política egoísta han sido cuantificados. Los indicadores acerca de la calidad de vida en los países del Este europeo son netamente negativos: aumento del desempleo, incremento de los precios, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, aumento de personas viviendo por debajo del umbral de la pobreza; pero también incremento de la mortalidad infantil, disminución de la esperanza de vida y reaparición de enfermedades que parecían definitivamente erradicadas. Las condiciones para el ingreso en el «club de los selectos» han sido realmente duras.

No obstante, no existen evidencias de que se vaya a producir una convergencia real exclusivamente como consecuencia de la integración económica y de los mecanismos de mercado. Por ello, la ampliación no garantizará un progresivo acercamiento de los niveles de renta y riqueza de los países del Este al de los Quince. Además, el Presupuesto comunitario ha quedado congelado en un 1,27% del PIB, lo que supone en la actualidad unos 90.000 millones de euros. Esto significa que un mismo volumen de fondos comunitarios con finalidad redistributiva deberá ahora repartirse entre un número mayor de países.

Por su parte, los gastos agrícolas también se han estabilizado en unos cuarenta y tres mil millones de euros, quedando congelados hasta el año 2013, de acuerdo con la resolución del Consejo de Ministros de 29 de septiembre de 2003. Esto significa un handicap importante para unos países en los que el sector agrario ocupa a nueve millones y medio de personas y que tendrá que competir con la moderna agricultura de los estados occidentales. No sólo se trata de que sean más países a repartir, como en el caso de otras partidas presupuestarias, sino también de que los países del Este estarán excluidos de entrada de determinados subsidios agrícolas, como las ayudas directas.

Por lo que respecta a los trabajadores, éstos no podrán emigrar y establecerse libremente en los países del Oeste de la Unión Europea, es decir, no serán titulares de uno de los derechos que configuran el núcleo del mercado único y de la ciudadanía europea: los países occidentales temen una avalancha de emigrantes del Este. Por eso, durante las negociaciones para la adhesión, Alemania y Austria lucharon por limitar durante siete años la admisión de trabajadores polacos, eslovacos, letones y checos. De acuerdo con la solución finalmente adoptada, cada Estado miembro puede restringir el acceso de trabajadores del Este durante dos años, ampliables a tres, sin justificarlo. A partir del 2009, será necesaria la autorización de la Comisión.

El apoyo a la ampliación ha disminuido entre la población de la Unión Europea, manifestándose a favor sólo un 47% de la misma. Han empezado también a darse brotes xenófobos, que dibujan escenarios en los que miles de gitanos procedentes del Este se instalan en nuestros países para aprovecharse de los servicios sociales. Estos hechos han determinado que algunos países como el Reino Unido hayan anunciado que adoptarán restricciones. Otros, como Holanda, ya lo han hecho, limitando a 22.000 el número de trabajadores del Este que piensan inicialmente admitir.

Por tanto, aunque los países del Este hayan tenido que aceptar las obligaciones impuestas por los tratados de adhesión y por el «acervo» comunitario (las ochenta mil páginas de normativa europea), sus ciudadanos no entran en pie de igualdad en la Unión: sus agricultores no tendrán subsidios y sus trabajadores no tendrán derecho a establecerse en occidente. Serán ciudadanos europeos de segunda clase.