Tras un prolongado y sospechoso silencio, el anterior Gobierno del Partido Popular acabó publicando el documento «Estudio sobre régimen de utilización y tarifas», en el que se presentaba la estrategia financiera de los trasvases del Ebro previstos en el PHN. TRASAGUA, la empresa pública que gestionaría tales trasvases dispondría de las siguientes fuentes de financiación:

• 30% de la inversión procedería de Fondos Europeos a fondo perdido,
• 30% serían fondos públicos sin interés y devolución a 50 años,
• 40% del mercado de capitales al 4% de interés.

Trucos que oscurecen el fraude a la hacienda pública

Aparte de emplear el 30% de fondos públicos europeos como subvenciones directas a fondo perdido, el otro 30% de fondos públicos acaba convirtiéndose en otra subvención a fondo perdido encubierta.

No sólo no se asignan intereses, ni se devuelve un Euro hasta pasados cincuenta años, sino que ni siquiera se compensa la inflación, con lo que se erosiona enormemente el pago de la deuda.

El cobro de las tarifas y cánones se emplean íntegramente en amortizar de entrada el crédito externo al 4%; una vez amortizado, TRASAGUA retendría los siguientes pagos, en lugar de devolverlos al Estado, obteniendo un interés del 3% que acumularía para pagar el crédito al final de los cincuenta años.

El crédito externo se asume que sería a un interés del 4%, en el cual se incluiría un 2% de inflación, lo que dejaría el interés neto en el 2%. Como tal crédito sería imposible en los mercados financieros, se supone que el Estado avalaría el préstamo, asumiendo una subvención implícita en forma de riesgo.

Desde esta estrategia, el coste repercutible por amortización sería de 0,044 €/m3. Si se devolviera el 30% de capital público por anualidades desde el principio, compensando cuando menos la inflación con un 2%, para evitar la erosión del valor reintegrado, el coste de amortización sería de 0,0623 €/m3.

Si se asumiera el principio de recuperación íntegra de costes que recomienda la Directiva Marco de Aguas, se debería aplicar, cuando menos, ese interés del 4% a todas las inversiones, lo que supondría una amortización de 0,11 €/m3. Ello supone que el nivel de subvención directa u oculta que pretende aplicar el Gobierno en lo referente a la amortización de las inversiones previstas acabaría siendo del 60%.

Costes de gestión, mantenimiento y administración

El citado documento financiero reconoce, sin explicar razones, un aumento de los costes energéticos que dobla la previsión presupuestaria del Documento de Análisis Económicos que en el 2000 presentó el mismo Gobierno como anexo al PHN. El montante de los costes de gestión, mantenimiento, administración, afecciones y compensaciones se eleva a 215.457.002 €/año, lo que supone, supuesto que se trasvasaran cada año los 1050 hm3, un coste medio de 0,205 €/m3.

Sumando estos costes a los de amortización antes reseñados, resultaría un coste total medio a repercutir a los usuarios de 0,25 €/m3 (es decir, 41,5 pts/m3). Tal precio estaría ya por encima de los precios de mercado que operan habitualmente en la cuenca del Segura y en Almería y sería muy superior a los vigentes en Valencia y Castellón. Pero si corregimos los elementos de fraude señalados anteriormente (aún manteniendo el esquema básico de financiación propuesto), el coste medio a repercutir sería de 0,27 €/m3.

Errores básicos en el cálculo de los costes y caudales sobre los que debe cargar el pago

Aparte de corregir el fraude que induce esta estrategia financiera, sería necesario rectificar, cuando menos, tres de los fallos del Gobierno al calcular los costes por metro cúbico.

Los 470 hm3 que se prevé trasvasar para caudales urbanos no son demandas operativas desde el primer año, sino progresivas a lo largo de los próximos veinte años; al amortizar sobre caudales que se espera servir y no sobre el total máximo, sube el coste por metro cúbico.

El PHN prevé que no habría disponibilidad de caudales uno de cada cinco años por sequía; al amortizar sobre los caudales disponibles de nuevo, el coste unitario se dispara.

Casi la cuarta parte de las inversiones se dedican a estaciones de bombeo y turbinado; para tales inversiones debe asignarse un periodo de amortización no superior a quince años; mientras, respecto a las conducciones presurizadas tal periodo no debe ser superior a veinticinco años. El Gobierno, sin embargo, amortiza todas las inversiones a cincuenta años.

Al rectificar estos errores básicos, el coste a repercutir en media al usuario, desde la estrategia financiera prevista, pero adecuadamente aplicada, sería de 0,32 €/m3.

Si contabilizamos costes de desalobración de caudales urbanos (se prevé que la salinidad de los caudales trasvasables, que hoy es de 1200 µS/cm, superaría los 1500 µS/cm, siendo que la UE plantea los 1000 µS/cm como máxima salinidad para aguas prepotables), pérdidas (no inferiores a 10-15% a largas distancias) y un previsible desvío presupuestario de, cuando menos, un 30%, el coste medio a repercutir a los usuarios sería de 0,45 €/m3.

Una quiebra financiera anunciada

Estos costes medios a pagar, a pesar de la subvención del 60% en las inversiones, desbordan los límites a partir de los cuales el propio Gobierno prevé el desmoronamiento de las demandas por falta de capacidad de pago. Resulta evidente que las demandas de Valencia, con un límite de capacidad de pago estimado por el Gobierno en 0,12 €/m3, desaparecerían; al igual que las de Castellón con el límite en 0,24 €/m3.

Es de notar por otro lado que capacidad de pago no equivale a disponibilidad a pagar, que suele ser menor en la medida que exista la posibilidad de alternativas más baratas. De hecho la disponibilidad al pago, publicada por los regantes de Castellón, sería a lo sumo de 0,12 €/m3 (la mitad de la capacidad de pago estimada por el Gobierno). En Valencia tal disposición media a pagar no superaría los 0,07 €/m3. Incluso en Alicante, Murcia y Almería, la disponibilidad a pagar se vería limitada entre 0,20 y 0,25 €/m3 por los precios vigentes en los mercados legales de aguas subterráneas (privadas) que operan. Ello quiere decir pues que las demandas se resentirían gravemente si los costes a pagar rebasan los 0,25 €/m3.

Hasta aquí hemos considerado, como siempre se ha hecho desde la Administración, costes medios. Sin embargo parece evidente que un usuario de Castellón no va a asumir pagar un coste medio para abaratar los costes a repercutir en los usuarios almerienses o murcianos. Si las tarifas se proporcionaran por tramos a los costes que imponen las respectivas demandas en cada zona, los 0,45 €/m3 de media se elevarían a valores entre los 0,50 €/m3 y los 0,60 €/m3 entre Alicante y Almería. Se trata por tanto de costes muy superiores a los de desalación de aguas marinas (hoy por debajo de 0,45 €/m3 en los últimos grandes contratos internacionales), desbordando con mucho los límites de capacidad de pago de los usuarios.

Pero sobre todo, estos costes a cubrir por los usuarios son muy superiores a los costes de las opciones alternativas disponibles, empezando por los precios vigentes en los mercados legales de aguas subterráneas. Si entre esas opciones consideramos la posibilidad de crear Bancos de Agua que permitan mercados intervenidos de derechos concesionales de aguas públicas, la transferencia voluntaria de caudales agrarios, destinados hoy a la producción extensiva de herbáceos (especialmente maíz en el Alto Júcar), permitirían disponer de más de 500 hm3 por menos de 0,10 €/m3.

Ante datos tan contundentes, el Gobierno del PP, lejos de clarificar las perspectivas financieras, optó en su documento Estudio sobre régimen de utilización y tarifas «por no precisar las tarifas previsibles, estableciendo oficialmente que no se debatiría ni se acordaría con los usuarios del trasvase la reglamentación tarifaria hasta tanto no estuvieran realizadas las inversiones e iniciada la fase de explotación de los trasvases«.

Se trataba en suma de eludir la clarificación pública de los costes a pagar por los futuros usuarios de los trasvases, sin otra explicación imaginable que la de evitar costes electorales en el corto plazo. Pero lo más grave es que, con este oscurecimiento de la realidad, se enmascaran las perspectivas de quiebra financiera que se derivan de un análisis serio.

En definitiva, esta quiebra financiera anunciada sería el último de los mecanismos implícitos de subvención pública que subyacía en este proyecto de financiación.

[Pedro Arrojo Agudo, Departamento de Análisis Económico
de la Universidad de Zaragoza]