I

La economía mundial parece haber entrado en una situación de punto muerto. La crisis se da por superada, pero persiste el estancamiento en muchos países (la mayor parte de la UE, Japón) y se ha acentuado la degradación de las condiciones de empleo. Los países emergentes han entrado en una grave depresión (Brasil) o han visto frenada su antes imparable expansión (China). La enorme inyección de liquidez generada por las políticas monetarias de los bancos centrales ha permitido salvar la crisis bancaria, pero ha mostrado su inanidad como mecanismo de impulso económico. El fracaso de este diseño corre el peligro de provocar una nueva crisis financiera debido a la caída de los tipos de interés y la consiguiente reducción de los márgenes bancarios. Y el endeudamiento privado masivo, que es una de las causas de la crisis, no ha cambiado de manos. De hecho, lo que han permitido las políticas de inyección monetaria es la renegociación de las deudas de los grandes grupos empresariales (los principales endeudados), cambiando viejos créditos más caros por otros nuevos con tipos de interés menores. Pero el elevado endeudamiento persiste, y constituye una de las causas del estancamiento. La otra es la ausencia de perspectivas claras de inversión así como de políticas públicas que cambien el ciclo económico. Tras la crisis bancaria se aprobaron algunas regulaciones, más bien marginales, sobre el funcionamiento del sistema financiero. Ahora en este sector se vuelve a abrir el debate alegando que hay excesiva regulación y que esto explica la parálisis. O sea que el fracaso de las políticas macroeconómicas dominantes (que niegan al sector público la capacidad de actuar como un agente económico central en el campo de la inversión y el control de la actividad) corre el riesgo de volver a convertirse en una nueva oleada desregulatoria; en un nuevo día de la tortuga.

II

La economía española presenta, desde el punto de vista convencional, un mayor dinamismo, aunque este se sigue sustentando en la reactivación de la “vieja” economía (turismo, industria alimentaria, automóviles). Los dos primeros sectores se caracterizan por generar empleo temporal, bajos salarios y peores condiciones de empleo, como han puesto de manifiesto los estudios recientes sobre las camareras de hotel y la movilización en los mataderos de Vic (donde no solo allí los asalariados han sido convertidos en pseudocooperativistas y sometidos a un régimen laboral draconiano), así como por un nefasto impacto ambiental. El tercero está controlado por multinacionales que en el plano laboral ejercen una continua presión sobre las condiciones laborales (no solo en sus propias plantas, sino especialmente a través de toda la cadena de subcontrataciones) y que promueven un modelo espacial y de movilidad insostenible.

La degradación de los puestos de trabajo no es un resultado automático de la estructura productiva, sino que es fruto de las decisiones empresariales, de su interacción con las normativas laborales, de la correlación de fuerzas en el conflicto social, de los valores sociales que favorecen el reconocimiento de unos empleos y cooperan en la degradación de otros. Las condiciones laborales que encontramos en el sector turístico son parecidas a las que pueden observarse en otros sectores de empleo manual, como la limpieza, el cuidado de los ancianos y una gran parte de los empleos femeninos (aunque el sector turístico tiene el plus de la elevada estacionalidad), y es por ello que no puede plantearse mecánicamente una relación entre el sector y el tipo de empleo, sino considerar los determinantes políticos, sociales y legales que favorecen cierto modelo de empleo. En todo caso, los sectores más dinámicos siguen reforzando las dinámicas de degradación laboral favorecidas por las reformas laborales y las variadas innovaciones organizativas de las empresas.

Más compleja es la situación para el núcleo central del empresariado español. Los recortes en la inversión pública han tenido un impacto directo en el negocio de los grandes grupos constructores, que se han visto forzados a emigrar hacia terceros países y que en bastantes casos están afectados por elevados niveles de endeudamiento. Asimismo, han empezado a estallar crisis empresariales más o menos solapadas: Abengoa, Isolux, FCC, OHL…; crisis que han tenido un trato diferente del recibido por la población de a pie, que de momento se ha saldado con masivos procesos de ajuste y refinanciación y que, paradójicamente, han supuesto que algunos bancos vuelvan a ser accionistas preferentes de alguna de estas empresas (a través de la conversión de préstamos en capital). A corto plazo la situación se ha controlado, pero a costa de asumir nuevos riesgos financieros. Unos riesgos que se suman a los problemas que experimenta la banca con el manejo de los tipos de interés decrecientes. El peligro para la población es que, si se agudizan los problemas de estos sectores, volverá a generarse una presión política en pro de su salvación. Y ya sabemos lo que representó el anterior rescate bancario (por cierto, el mal funcionamiento del Sareb, el “banco malo” que asumió parte de las operaciones inmobiliarias fallidas de los bancos en crisis, ha vuelto a generar casi mil millones adicionales de endeudamiento público) para considerar que esta es una nueva amenaza. Aunque la amenaza principal sigue siendo la exigencia de un recorte presupuestario sobre la que ningún partido se atreve a hablar con demasiada insistencia porque es un marrón difícil de resolver.

III

Si persiste la fragilidad del funcionamiento económico convencional y empeoran claramente las condiciones sociales, tampoco en el plano ambiental tienen las cosas visos de mejorar. El último informe de las Naciones Unidas indica que 2015 experimentó un nuevo récord de aumento en la temperatura global. En España ha bastado un pequeño crecimiento económico para que vuelvan a incrementarse con fuerza los niveles de emisión. El cambio climático parece avanzar con más seguridad que la errática economía convencional. Y las actuales políticas resultan totalmente inanes, cuando no contraproducentes, para adaptar el funcionamiento social ante este desafío ambiental (igual de inútiles para dar respuesta a los problemas sociales que plantean las desigualdades, el desempleo masivo y las migraciones internacionales). Puestos a buscar imágenes del verano, el incendio de la planta —ilegal— de residuos de Chiloeches (tan parecida al también ilegal depósito de neumáticos de Seseña) resume lo que es parte de nuestro modelo de desarrollo, de la generación de subproductos peligrosos y de la dejación política a la hora de afrontarlos, lo cual acaba provocando un desastre añadido (en estos casos, en forma de emisiones tóxicas). Plantear en serio el reto ambiental implica cambiar las políticas, la organización social, las inversiones públicas. Desastre ambiental, inseguridad social e inestabilidad financiera obedecen a procesos diversos, pero tienen en común la necesidad de cambios políticos y sociales profundos para hacerles frente.

IV

Ha sido un verano de calma chicha. Pero de persistencia de la incertidumbre. De aparición de nuevos riesgos. Estamos más o menos como hace un año. Es un sistema que tiene unas inercias que lo sostienen pero que en todo momento está en riesgo de experimentar una nueva sacudida. La anterior ya dejó muchas víctimas, la mayoría de las cuales no se han recuperado. La dinámica impuesta por las élites dominantes es a la vez incapaz y cómplice de esta situación. Quizá la única buena noticia que nos han deparado el verano es que han empezado a tomar nota de que lo del TTIP deberán sepultarlo.