El concepto de Poder Judicial tiene una doble dimensión: por una parte puede ser entendido como Administración de Justicia, y por otra refiere a un poder del Estado, el Judicial. Desde esta segunda acepción se viene hablando desde hace años de una Justicia politizada, donde el poder político en su ansia de control pretende también dominar el Poder Judicial. Los efectos de la conocida partitocracia no escapan a determinadas instituciones y son varios los acontecimientos que en los últimos años demuestran ese apoderamiento del poder judicial por parte de los partidos políticos. Así la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial en el periodo 2006-2008 o la falta de acuerdo para sustituir a los magistrados del Tribunal Constitucional desde 2007-2010 son meros ejemplos. El funcionamiento de este último órgano con un miembro menos de lo legalmente previsto desde 2008-2012 por la falta de acuerdo entre los partidos mayoritarios en la designación de los magistrados que habían terminado su mandato es una muestra más de las pretendidas prácticas de control. La suscripción por más de 1.400 jueces de un manifiesto a favor de la despolitización de la Justicia o el nacimiento en 2011 de una Plataforma Cívica por la Independencia Judicial tampoco son factores nada desdeñables en un contexto de imagen negativa de la Justicia en nuestro país.

El Consejo General del Poder Judicial nació cómo órgano para defender la independencia judicial. Dicha institución no ejerce la jurisdicción, esto es, no dicta sentencias, sino que se encarga de colaborar en la gestión de la Administración de Justicia con Comunidades Autónomas y Ministerio de Justicia. Pero el pretendido interés de los partidos radica en una función verdaderamente importante que sí ostenta el Consejo, que es la de elegir a los Presidentes del Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia o Audiencias Provinciales. Es aquí donde a los partidos les preocupa controlar el órgano, porque no olvidemos que los parlamentarios son aforados y serán en estas sedes jurisdiccionales donde se resolverán sus causas procesales.

Una tarea importante que también tiene el Consejo General del Poder Judicial es la defender a su colectivo ante presiones e injerencias. Recuerden todas las ocasiones donde Jueces que estaban resolviendo asuntos de “calado político” han sido insultados en los medios de comunicación incluso por cargos públicos. Pues en estas situaciones tampoco el Consejo supo estar a la altura. La VI encuesta a la carrera judicial elaborada a petición de este órgano acredita que tres de cada cuatro jueces consideran que el CGPJ no defiende de manera adecuada la independencia judicial; http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial.

El Grupo GRECO del Consejo de Europa ha apelado en varias ocasiones a España para que adopte medidas tendentes a reducir la presencia de los partidos en algunas instituciones como el Consejo General del Poder Judicial y que tras la última reforma de 2013, que reduce los miembros que se dedican en exclusividad a las funciones del órgano ha supuesto también una amenaza a la independencia. Añade el Informe, cuando el órgano no es percibido como independiente tiene un efecto negativo en la confianza del sistema legal y en la prevención de la corrupción https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Eval%20IV/GrecoEval4(2013)5_Spain_EN.pdf.

Tenemos una nueva legislatura por delante, fruto de las urnas de las elecciones del 26 Junio, pero los resultados electorales proyectan pocas esperanzas en las reformas de esta institución. El Partido Popular que ha sido el ganador de las elecciones ya modificó el CGPJ en el año 2013, con la oposición de todas las fuerzas políticas y la mayoría de las Asociaciones Judiciales. La ley Orgánica 4/2013 de 28 de junio, lejos de acabar con la politización del órgano lo que hizo fue quitarle competencias y reducirle independencia.

El programa del 26 junio de 2016, —que es el mismo que el de diciembre de 2015— apuesta por buscar “criterios objetivos para la elección de sus miembros”, http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/programa2015.pdf.

El Psoe propone “asegurar que se cumplan las previsiones constitucionales sobre el sistema de nombramientos de sus integrantes, que es lo mismo que no decir nada; http://www.psoe.es/programa-electoral/renovacion-democratica/una-justicia-que-proteja-nuestros-derechos/.

En cuanto a la propuesta de Ciudadanos, apuesta “porque los doce Vocales Judiciales sean elegidos por los Jueces y Magistrados”, como así era en 1980. Aunque a largo plazo propone la reducción del órgano y la limitación de sus funciones, https://www.ciudadanos-cs.org/programa-electoral.

Por lo que respecta a Podemos, la propuesta que realiza es incompatible entre lo que dice proponer y la forma de hacerlo además de confundirse en el número de miembros, ya que los Vocales son 20 y no 15; “Establecer la elección directa por parte de la ciudadanía de los quince miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos diez años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas”, http://lasonrisadeunpais.es/programa/.

En definitiva, los resultados electorales posibilitan “pactos de gobierno” pero las propuestas de los partidos políticos con potencialidad para influir no parece que sean muy valientes ni profundamente estudiadas para acabar con la politización del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto se perderá otra oportunidad para reformar el órgano que hubiera colaborado a recuperar su prestigio y no se olvide que la confianza de los ciudadanos en las instituciones es importante por cuanto se considera un indicador de calidad democrática.

[Victoria Rodríguez Blanco es doctora en Derecho y Ciencias Políticas y profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche]