La Facultad de Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Barcelona ha iniciado un procedimiento penal contra unos estudiantes que según se dice habían robado del ordenador de un/una docente las preguntas del examen de grado y las habían vendido entre sus compañeros.

El Lobo que suscribe entiende que esta respuesta represiva ante los hechos es errónea: de acuerdo con las enseñanzas de esos cursos, a esos estudiantes habría que atribuirles matrícula de honor.

Y por otra parte es la Universidad la que merece un suspenso: para empezar, obtener las preguntas de examen contenidas en un ordenador nunca puede calificarse de robo, que exige violencia sobre las personas o fuerza en las cosas, circunstancias que no se dan en este caso; tal vez el tipo penal del hurto, o la figura de la revelación de secretos, fueran más adecuadas, cosa que toda institución de gran calibre debe saber. Y además está claro que en este caso los docentes universitarios no habían protegido suficientemente el secreto de las preguntas de examen. Suspenso también.

En cambio, los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas que han obtenido el material en cuestión han mostrado haber integrado muy bien las enseñanzas de sus cursos: Véase si no:

• Han mostrado excelente capacitación técnica en el ámbito de la informática, probablemente muy superior a la de sus profesores.

• Han conseguido disponer de un producto de calidad para los eventuales consumidores.

• Han privatizado, al convertir en mercancía lo que puede ser visto como un elemento de un acto administrativo público, en línea con todas las políticas privatizadoras del neoliberalismo que se les inculca.

• Han tenido en cuenta las economías de escala de los eventuales consumidores al ofrecer el bien mercantil a precios adaptados, desde los 20 a los 300 euros.

• Se han mostrado, en definitiva, como emprendedores, de acuerdo con los que se les adoctrina a ser.

La Universidad, en cambio, trastabillea, en primer lugar, al adoptar una vía represiva y pretendidamente reparadora, como si formara parte de un estado intervencionista y no de un estado neoliberal.

Y se ha metido además en un zarzal jurídico, al anular todos los exámenes, se beneficiaran o no sus autores del conocimiento de las preguntas, haciendo trizas los derechos de los segundos. No se les ha ocurrido, en cambio, a las autoridades universitarias que la medida más coherente que tomar consistía en aprobar a todo el mundo. ¿A quién le importa que los estudiantes de Administración y Dirección de Empresas, en un examen, hayan engañado o no? Por lo demás, el aprobado generalizado está en línea con lo que ya se practica en esa y otras universidades en los cursos de master (maestrías, en castellano, en vez de ese anglicismo gilipolla), donde se aprueba a todo el mundo ya que bastante ha pagado la gente por las matrículas.

Es posible que los estudiantes que se hicieron con las preguntas de un examen para mercantilizarlas hayan de sufrir el pequeño calvario que les reservan las autoridades académicas. Pueden consolarse pensando que ya desde ahora numerosas empresas, más puestas al día que la institución universitaria, estarán buscando el modo de hacerse con los servicios de personas tan espabiladas, para, naturalmente, explotarlas con prioridad a otros aspirantes al título de «Dirección y Administración de Empresas» (¡tachín!) ansiosos de convertirse en emprendedores.