Ayer, 19 de enero, en el Auditorio Marcelino Camacho, tuvo lugar el acto de reivindicación sindical del derecho de huelga en respuesta a la oleada de procesamientos de dirigentes y activistas sindicales como parte de una estrategia de agresión selectiva a la acción colectiva y el ejercicio del derecho de huelga.

Cabe resaltar varios elementos en este acto, cuyo desarrollo ha sido ya narrado por la prensa digital con cierto detalle. (No son ocho, somos miles; Los sindicatos sacan músculo)

En primer lugar su carácter masivo.  El auditorio estaba a reventar y una buena parte de la gente tuvo que desplazarse a otra sala para poder seguir en directo el desarrollo del mismo. El segundo elemento de relieve fue la importancia de la dimensión europea y subsidiariamente internacional, como ingrediente central de una reivindicación, el derecho de huelga no asediado por la represión penal, que era asumida por los sindicatos europeos y en primer lugar por la CES –el acto se abrió con un saludo grabado de Luca Visentini, secretario general, y durante el mismo intervino el presidente de la misma, Rudy De Leeuw– con una precisa advertencia sobre la degradación de las libertades democráticas que estos procesos penales a sindicalistas están generando, y que deben inscribirse en una tendencia autoritaria que se puede detectar asimismo en otros países, como Inglaterra, Chequia, Finlandia e incluso Francia recientemente. Los saludos de organizaciones sindicales de otros países que expresaban su solidaridad fueron numerosísimos, como también la presencia en la sala de enviados de los sindicatos de los estados más cercanos, Italia (CGIL), Francia (CGT), Portugal (UGT), Bélgica (FGTB), además del Comité Económico y Social Europeo y la Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de América (CSA).  La consideración de un país como España, tras esta deriva represiva, entre los países que ponen en riesgo las libertades se manifestó por el representante de la Confederación Sindical Internacional, Jeffrey Vogt, que resaltó que esta organización global había situado a España un escalón más bajo en la clasificación que hace de los países en relación con la tutela de los derechos sindicales. Esa vertiente internacional además resultó especialmente resaltada por Joaquín Nieto, director de la Oficina de la OIT en España, que dio noticia de la situación en la que se hallaba la queja de CCOO y UGT ante esa organización por violación del Convenio 87 OIT, y recordó la jurisprudencia del Comité de Libertad Sindical condenatoria de otros gobiernos en casos muy semejantes.

El tercer componente del acto era la conexión directa entre la defensa del derecho de huelga y la presencia solidaria de los campos de la cultura, del derecho y de la universidad. El acto fue conducido magistralmente por Almudena Grandes, y fue Miguel Ríos el encargado de leer el manifiesto – No olvidemos lo importante – que habían firmado una larga serie de las gentes de la cultura que, como diría Toxo en su discurso de cierre, siempre están ahí cuando el sindicalismo requiere que hagan oir su voz en defensa de los derechos colectivos democráticos. Aunque no estuvo físicamente, Almudena Grandes  leyó el mensaje que, en nombre de Jueces para la democracia, dirigió a la asamblea Joaquin Bosch, en el que recordaba hechos evidentes sobre la necesidad de tutelar el derecho de huelga y la de que los jueces realizaran una interpretación conforme a la constitución de la norma penal, restringiendo el alcance punitivo de la misma en referencia al ejercicio de derechos fundamentales de conflicto.

La universidad estuvo asimismo presente mediante la lectura, por Yolanda Valdeolivas y Antonio Baylos, del Manifiesto de los profesionales del derecho contra la criminalizacion de la huelga, que ya conocen los lectores del blog. Este manifiesto lo habían firmado hasta el día del acto  225 personas en su mayoría profesores y profesoras universitarias de 28 universidades (Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares, Carlos III, Rey Juan Carlos, UNED, Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Universidad de Valencia, Politécnica de Valencia, Castilla La Mancha – en sus cinco centros de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Talavera de la Reina – Córdoba, Málaga, Granada, Almería, Jaén, Sevilla y Pablo de Olavide, Oviedo, Vigo-Ourense, A Coruña, Santiago de Compostela, Murcia, Burgos, Salamanca, País Vasco – en sus centros de Bilbao y San Sebastián – y CSIC), así como abogadas y abogados laboralistas. Historiadores como Bartolomé Clavero o Juan Sisinio Pérez Garzón, penalistas como Luis Arroyo Zapatero o Juan Terradillos, constitucionalistas como Antonio de Cabo, filósofos del derecho como Juan Ramón Capella, Rafael Escudero o Juan Carlos Bayón, laboralistas como Maria Emilia Casas, Jesús Cruz Villalón, Carolina Martínez Moreno o Joaquin Aparicio – seguidos de un buen número de profesores, titulares y catedráticos de Derecho del Trabajo-, y varios otros internacionalistas, iusprivatistas y administrativistas, como Julio González , junto con otros científicos experimentales, como Raúl Villar o Santiago Carrillo, han expresado su adhesión al manifiesto en compañía de abogados como Manuel de la Rocha, Bernardo González, Enrique Lillo, Eva Silván, Antonio Garcia o Maria Luisa Turrión y dirigentes sindicales veteranos como Jose Luis López Bulla, Juan Moreno o Natividad Camacho.

En el acto se promovía la derogación de los preceptos penales que habían sido la excusa para el plan represivo antisindical que había llevado al procesamiento de más de trescientos sindicalistas, y el marco más general de la Ley de Seguridad Ciudadana,  pero con mucha fuerza se insistió no solo en que los partidos políticos de progreso se comprometieran a impulsar estos cambios legislativos, sino a que se lograra un gobierno de progreso que tradujera la voluntad mayoritaria en votos de las últimas elecciones y que desalojara al PP y a las políticas que éste partido ha llevado a cabo del gobierno de la nación. El mensaje fue muy explícito, y en la sala estaban en efecto exponentes muy importantes de IU, Podemos y PSOE – también de Democracia y Libertad – que aplaudieron con fuerza estas solicitaciones sindicales.

Sobre todo ello, los sindicalistas procesados, que hicieron las intervenciones más instructivas de la tarde. Rubén Ranz, del equipo de comercio de SMC-UGT, al que le solicita el fiscal tres años y medio de prisión, y José Alcázar, que hizo subir entre atronadores aplausos a sus compañeros procesados de Airbus, los 8 de Airbus que pusieron en pie a la sala. Ellos explicaron de forma muy clara por qué entienden que se exponen a la prisión, como consecuencia de una estrategia gubernamental de reprimir las acciones colectivas reivindicativas conducidas sindicalmente y reducir el apoyo de las trabajadoras y trabajadores a las mismas; convertir, mediante la acción de la policía en cargas brutales contra los piquetes pacíficos, un acto de masas en un problema de orden público. Alcázar dio cuenta de las ofertas que habían recibido de la Fiscalía para evitar su ingreso en prisión, propuestas que llevaban consigo la declaración de culpabilidad por cargos menores, y de cómo se negaron a las mismas. Si hemos de entrar en la cárcel, afirmó, lo haremos, pero no podemos aceptar que la acción de un piquete pacífico se convierta en un delito. Un ejemplo de coherencia ideológica y sindical.

El 9 de febrero se celebrará en Getafe el juicio penal contra los 8 de Airbus. En el acto se convocó a la presencia ese día ante el juzgado. Es una cita importante, porque está en juego la credibilidad democrática del Estado español a la hora de respetar el derecho fundamental de huelga.

[Fuente: Blog de Antonio Baylos]