El origen del problema actual

El crecimiento de un proyecto político independentista en Cataluña es fruto de acciones y omisiones políticas importantes en la España postfranquista, tanto de gobiernos autonómicos como de los gobiernos estatales.

Los sucesivos gobiernos de CiU en Cataluña han podido realizar una política cultural independentista en profundidad, generadora de hegemonía, a través de diferentes medios: el uso de la radio y la televisión públicas, medios de prensa y editoriales subvencionados. Pocos saben que se ha usado el requisito de poseer certificación del llamado nivel C de conocimiento de la lengua catalana como filtro para la selección de funcionarios y en especial de enseñantes (con exámenes en que se llegaba a preguntas tan fascistas como —en catalán— «¿Piensa Ud. en catalán?»). Esos gobiernos han abusado de una inmersión lingüística escolar ni siquiera planteada por defecto sino generalizada. Han fomentado entre la población un relato pseudohistórico y desequilibrado de la historia de Cataluña y han propuesto con razones espúreas la insolidaridad con el resto de España, presentado como parasitario. Han ninguneado a los escritores, científicos y artistas catalanes de expresión castellana, y más si cabe a los simples ciudadanos de esta expresión. Han creado un asociacionismo subvencionado, directamente o a través de ayuntamientos afines, crecientemente inclinado hacia el proyecto secesionista. Han utilizado y mantenido el desigual peso del voto en el sistema electoral catalán para minimizar a la ciudadanía de la provincia de Barcelona, que concentra a los inmigrados del resto de España, considerados por los nacionalistas como necesitados de «reeducación», y a sus hijos.

Los gobiernos centrales, tanto del Psoe como del PP, han sido ciegos ante todo eso: han mirado para otro lado debido a sus necesidades de apoyo parlamentario para gobernar. Han dado alas a los proyectos de los nacionalistas conservadores catalanes sin querer ver sus disimulos independentistas. Han cerrado los ojos ante la corrupción de algunos de los partidos. Esos gobiernos, además, han sido insensibles ante demandas de la ciudadanía de Cataluña más que justificadas. Así, la escandalosa prolongación de los peajes de las autopistas, inclinándose ante las empresas concesionarias, y favoreciéndolas, y no ante los ciudadanos; el inaceptable estado de la red ferroviaria de cercanías, trenes necesarios para ir y venir del trabajo; la pequeñez de la red de metro de Barcelona, que en un área metropolitana de sus características debería ser cuestión de estado; la escasez general de infraestructuras. Todo ello por no hablar de la casi nula presencia en Cataluña de instituciones culturales como el ballet, el teatro y la orquesta nacionales de España, y la ausencia de las selecciones deportivas. Dicho, pues, en plata: por sus gobiernos, España ha optado por ausentarse de Cataluña. Los gobiernos del estado han abdicado en los de la Generalitat por su propia conveniencia partidaria.

Desde medios de masas, estatales y no, se ha alentado irresponsable y alegremente una actitud anticatalana en el resto de España, como si la mayoría de los catalanes fuéramos independentistas y rácanos, y se sigue cultivando el fracasado ideario institucional unitarista que hizo suya la dictadura.

Se ha creado así un problema político: la existencia de un movimiento independentista en Cataluña, potente y organizado, aunque aún minoritario. Pero en cualquier caso un movimiento que divide a la ciudadanía políticamente y cada vez más también culturalmente.

Este problema está necesitado de solución política, que no puede ser otra que una reforma federal del estado y la consulta a todos los españoles acerca de si admiten o no el derecho de libre determinación en su sistema constitucional.

El derecho de libre determinación*

¿Por qué reconocer a las ciudadanías autonómicas o federadas un derecho de libre determinación? ¿En qué consiste? ¿Es compatible el reconocimiento de ese derecho con la defensa de la unidad de una España federal?

Aquí se sostiene que, contando con el paso previo de su aceptación por la mayoría de los ciudadanos españoles, el derecho de libre determinación es un instrumento democrático de gran valor para encontrar una solución política aceptable por todos para el problema planteado. Y, sí, el reconocimiento de ese derecho es compatible y hasta bueno para la defensa de la unidad en una España federal.

Como es natural, el derecho de libre determinación ha de configurarse de un modo claro y democrático, y no como el opaco y ambiguo «derecho a decidir» propugnado por el independentismo.

Para que pudiera plantearse de modo inobjetable sería necesario, en primer lugar, que su ejercicio sólo pudiera ser convocado de existir una voluntad sostenida de ejercer tal derecho en una comunidad autónoma.

Eso exigiría que la convocatoria de un referéndum de libre determinación implicara la inmediata disolución del parlamento que la hubiera aprobado y su ratificación por el surgido de las elecciones subsiguientes.

Corolario: el ejercicio de este derecho no puede ser reiterado indefinidamente; en todo caso tendría que mediar, de repetirse, un lapso de tiempo que se podría fijar en el de la mayoría de edad de las personas.

En segundo lugar, se debe exigir que cualquier decisión de cambio del statu quo ante sea abrumadoramente mayoritaria entre la población: en asuntos de derechos como es el estatuto de ciudadanía es injusto e impolítico dividir por la mitad o por estrecha mayoría a las gentes. Los cambios sensatamente se pueden dar, pero sólo por amplia mayoría. Ésta puede ser referida bien al censo electoral y no a los votantes, bien a éstos pero con mayorías cualificadas, como del 60% p.ej.

En tercer lugar, se debe exigir que una hipotética institución política nueva reconozca los derechos ya adquiridos de los ciudadanos y respete los de las minorías, incluido también el derecho de libre determinación mismo, o sea, la reversibilidad del cambio institucional.

La necesidad política

Crear una institución como el derecho de libre determinación será en sí mismo un paso adelante en la democratización de las instituciones estatales al implicar, como es natural, un marco federal y el cumplimiento de muchas aspiraciones legítimas. Y es a la distribución de las competencias, más que a la institucionalización de microestados independientes y problemáticos, adonde se trasladará probablemente la polémica política. Si pese a todo eso se llegara a plantear un referéndum de libre determinación, su configuración democrática permitiría un análisis a la vez concreto y sosegado de las consecuencias de las diversas opciones y un debate poblacional racional y no emocional, un debate práctico y realista.

En un ámbito así se conseguiría afianzar el fortalecimiento de la unidad en la diversidad de la España federal. En democracia es la voluntad de los ciudadanos —y no ninguna otra institución— la que ha de garantizar la unidad de España.

Nota

[Fuente: Cuarto Poder]