El tema de la Educación no está ocupando mucho espacio en el debate de la campaña electoral del 20-D, aunque todos los partidos dicen considerarla de carácter estratégico. Por si fuera poco, la antidemocrática marginación de Izquierda Unida (IU-UP) de los debates en los grandes medios deja fuera el mejor programa educativo, según la valoración de 500 ONGs y movimientos sociales, de la iniciativa Polétika. IU-UP obtiene en el campo educativo un 9,6, Podemos un 7,4, PSOE un 5,8, UPyD 3,2 y Ciudadanos un 2. El PP aparece sin programa, solo defiende la LOMCE.

Los objetivos que tienen en cuenta las ONGs para valorar los programas son una educación pública, laica y gratuita a partir de 0 años. Un Pacto de Estado por la Educación sin intromisiones de los poderes fácticos y la calidad de la educación entendida como equidad. Destacan que respecto al derecho a la educación pública, IU-UP es la única que se compromete a una supresión progresiva de la escuela concertada. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, en cambio, mantendrían esta vía educativa.

Han sido varios los factores que han contribuido a abrir un debate sobre la situación de la educación en España: el gran malestar por los recortes y la ley Wert, y el impulso proporcionado por el Documento de Bases para una Nueva Ley de Educación  elaborado por decenas de organizaciones en representación de la comunidad educativa.

Convendría tener en cuenta dicho documento como criterio para votar. Fijarse, por ejemplo, en quién defiende la derogación de la LOMCE; la reversión de los recortes efectuados; el porcentaje del PIB que se propone para educación y el blindaje de la inversión educativa en la Constitución; las medidas en favor de la equidad, la inclusión y la atención a la diversidad; las propuestas para fortalecer la red pública y la supresión —o no— de la concertada; los compromisos de ampliación y estabilidad de las plantillas de profesorado; la defensa de la laicidad en serio. Es mucho lo que está en juego.

Pero ahora llega el profesor de filosofía y divulgador, José Antonio Marina, contratado por el gobierno del Partido Popular para acabar de distraer el debate de los temas realmente importantes. Con un llamado “libro blanco de la profesión docente”  lanza una serie de propuestas con la idea central de que el profesorado es una mercancía evaluable. La jugada tiene como objetivo fundamental regalarle al PP en plena campaña electoral la apariencia de que se preocupa por la educación y evitar que se hable del destrozo realizado con la LOMCE y el recorte de 7.700 millones de euros.

Es muy significativo que, al mismo tiempo, Ciudadanos haya salido cuestionando que “los profesores tengan que ser funcionarios”, lo que implicaría que la educación tampoco tiene que ser un bien público y un derecho fundamental, sino un simple servicio más y por lo tanto privatizable. En definitiva, PP, Ciudadanos y Marina coinciden en la misma campaña falaz: el problema de la educación no son los recortes, sino el profesorado. Y lo hacen porque es precisamente el profesorado público el último valladar contra la privatización, auténticos héroes anónimos que trabajan a contracorriente para defender la calidad de la educación pública.

Situar el problema del sistema educativo español en el profesorado es algo absurdo y malintencionado, porque las medidas de mejora tienen que ser estructurales y en todas las partes del sistema. Y porque no es cierto: los resultados académicos del alumnado dependen del profesorado en cierta medida, pero hay circunstancias de tipo socioeconómico y cultural que inciden más en el éxito o fracaso escolar.

Al final lo que propone Marina es que se tardaría más años en acceder a la profesión docente y que habrá una evaluación obligatoria, aunque no se sabe cómo ni quiénes asegurarían su objetividad. Todo apunta a un nuevo nicho de negocio de agencias privadas de evaluadores o a estar sujeta a la decisión clientelar del ‘dedo’ de los directores. Se recupera la vieja idea de una especie de MIR educativo, sin que esté claro qué modelo de profesorado se va a defender. También hay alguna ocurrencia absurda y nada útil como crear un Consejo Pedagógico presidido por el rey (sic). Lo curioso es que la evaluación obligatoria solo se haría a los profesores de la educación pública, no a todo el sistema, cuando es manifiestamente mejorable la gestión de la administración educativa. Por ejemplo, la consejería de Educación de Madrid ha dejado sin gastar 130 millones de euros en personal en 2014, a pesar de haber despedido a 4.500 profesores públicos y no cubrir miles de bajas desde el primer día.

En definitiva plantea más burocracia (gerentes en los centros, portafolio personal acumulando obsesivamente todo tipo de méritos), menos democracia (un cuerpo de directores con más poder), más divisiones y desigualdades entre el profesorado (9 niveles en primaria y 11 en secundaria) y más costes (los sistemas de evaluación periódica, los nuevos centros de formación, las prácticas retribuidas). Los profesores nos conformaríamos con que Marina tuviera la honestidad de pedir al gobierno que nos respete y deje de insultarnos, que mejore las condiciones laborales y salariales, que asegure el derecho a la formación y que ésta sea científica y laica.

Creo que lo que realmente necesita el profesorado es abordar cuatro importantes cambios, tal y como propone IU-UP:

1. Cuerpo único de profesorado a partir de una formación inicial con rango de postgrado.
2. Formación inicial y permanente del profesorado de todos los niveles que combine teoría y práctica, para garantizar su óptima capacitación docente y disciplinar en la etapa y especialidad correspondiente.
3. Estatuto docente, acordado con los sindicatos, que regule las condiciones de trabajo y desarrollo profesional tanto de docentes como del resto de profesionales de la educación.
4. Estabilidad de las plantillas y reconocimiento de la experiencia del personal interino en las bolsas de trabajo. Las plazas interinas se reducirán al mínimo necesario (8%) para asegurar la funcionalidad del sistema.

Todo ello tendrá que ir acompañado de amplias Ofertas Públicas de Empleo para recuperar los 32.000 puestos de trabajo perdidos con los recortes y no amortizar las futuras jubilaciones.

Por último, recordar una obviedad: educar es una tarea colectiva, no un acto solitario e individual del profesor. También hay que hablar de lo que es un buen profesor. Sería aquel que tiene capacidad de enseñar conocimientos y educar personas; que aprende de los demás y coopera con sus colegas; que se implica en la marcha del centro más allá de su aula; que considera la formación un derecho y un deber, al margen del cobro de sexenios; que cree en la capacidad de todo su alumnado; que tiene un buen desarrollo personal (estabilidad, empatía, gestión de sus emociones, habilidades de comunicación, valores claros en base a los derechos humanos); que educa desde la afectividad y el respeto; que se siente reconocido y justamente retribuido… ¿Qué tendrá que ver el pago de un pequeño incentivo para lograr todo lo anterior? ¿Vamos a dedicarnos a educar en serio o a ganar premios y concursos de méritos?

[Fuente: Cuarto Poder]