I

En la visión convencional las elecciones se presentan como una consulta a la población para que decida qué futuro quiere. Si nos atenemos a los resultados del 20-D no parece que haya una respuesta clara. Se comenta el fin del bipartidismo pero no resulta claro si estamos en un momento de quiebra o de mero relevo imperfecto. Los viejos partidos de la transición aún no han sido desalojados de su mucho poder acumulado, y sus aspirantes a la sucesión aún no tienen fuerzas para reemplazarles.

Otra lectura más optimista apunta a que estamos en el fin de la transición, en un momento de ruptura constituyente. Pero también en este campo el resultado es borroso. Ni las fuerzas que podrían conllevar una segunda transición han conseguido la hegemonía ni resulta evidente que de Ciudadanos podamos esperar nada que tenga que ver con una quiebra del viejo orden. Más bien parecen ser una nueva versión del viejo catálogo conservador. 

Lo que si muestran los resultados electorales es que ocho años de crisis, de noticias sobre corrupción (un fenómeno que viene de lejos, es endémico), de políticas neoliberales, de neocentralismo, de desgaste monárquico, han erosionado la vieja arquitectura institucional y han posibilitado el ascenso electoral de fuerzas moderadamente rupturistas. Lo nuevo emerge pero sin fuerza ni dinámica para provocar un cambio a corto plazo.

El ciclo electoral llegó en un momento de claro declive de las movilizaciones provocadas por las brutales políticas de recortes de derechos sociales aplicadas por el Partido Popular en los primeros años de su mandato. Un declive al que ha contribuido el propio ciclo electoral por vías diversas. Por una parte la configuración de candidaturas electorales que canalizaban las aspiraciones sociales  hacia la representación política y concentraban muchas energías militantes en esta dirección. Por otra las maniobras del partido del poder tanto en el plano político —relevo real— como especialmente en el económico: el aumento del gasto público y la paralización de nuevos recortes ha jugado un papel no desdeñable en la moderada recuperación de los últimos meses. No ha sido suficiente para evitar cambios importantes en el espacio de la representación política, pero sí han bastado para mantener la fidelidad de unas bases sociales habituadas a votar siempre a los mismos. Bases sociales notablemente envejecidas (tanto las del PP como las del PSOE) pero que de momento han bastado para evitar un desastre irremediable en el vigente marco institucional.

II

Con todo, la situación es mucho más fluida y peligrosa para los intereses dominantes que nunca. Las elecciones municipales ya representaron una señal de alarma con la victoria en muchas ciudades de candidaturas municipalistas claramente de izquierdas. Aunque el margen de maniobra de los nuevos ayuntamientos es estrecho, alguna de sus iniciativas significa una clara ruptura con el orden institucional anterior. Ahora el resultado de las generales resulta aún más preocupante puesto que hace imposible un gobierno mayoritario de la derecha basado en algún tipo de pacto entre PP y Ciudadanos, al mismo tiempo que abre un pequeño espacio para que fuera posible una alternativa de izquierdas a la portuguesa.

Por esto la mayor parte de medios de comunicación que representan a las distintas facciones de las clases dominantes se han lanzado en tromba a clamar por acuerdos que signifiquen estabilidad, seriedad institucional, capacidad de entendimiento, o sea, mantener el tinglado sin cambios sustanciales. Que la patronal exija el mantenimiento de un clima de seguridad para sus negocios no deja de ser lo esperable, por más que sea una muestra de cinismo de unas élites económicas que no han parado de imponer políticas que generan inseguridad económica a gran parte de la población. Y cuyos ideólogos llevan años exaltando el fin de la era de la certidumbre garantizada y loando la cultura de la adaptación perpetua al cambio. Asistimos a una nueva ceremonia neoliberal orientada a cerrar institucionalmente la posibilidad de todo cambio, por modesto que sea, que ponga en peligro alguno de los muchos privilegios que garantizan el poder del capital, de las clases dirigentes (sean casta, stablishment, élites capitalistas o cualquier otro adjetivo que queramos  utilizar para caracterizar a un grupo de poder clasista, antidemocrático y dañino para el conjunto social).

A esta maniobra juega por interés propio el Partido Popular y se apunta con entusiasmo Ciudadanos. Una formación que llegó a parecer un recambio de la vieja derecha pero que en el reducido tiempo del fin del ciclo electoral corre el riesgo de acabar siendo la segunda versión la fenecida UPyD. El que tiene la máxima responsabilidad es sin duda el PSOE, un partido declinante que se ha situado en una encrucijada en la que puede acabar de perder todas sus credenciales. Sus conexiones con los poderes económicos son evidentes, al igual que su compromiso con el entramado institucional que se configuró en la transición (monarquía, atlantismo, estado de las autonomías…). Sus intentos de modificar este marco siempre han sido de poco vuelo (por ejemplo en el caso de la ley de la memoria histórica) y por esto no resulta muy creíble su compromiso de reforma constitucional. Y es que además de sus relaciones con los poderes fácticos está lastrado por su propia estructura interna, por el complejo equilibrio de poderes entre barones regionales. Históricamente sus principales bastiones electorales se encontraban en Andalucía y Catalunya. El proceso independentista catalán y las dinámicas nacidas a partir del 15-M le han hecho perder esta segunda base. De hecho, el panorama post-electoral muestra a un PSOE que ha dejado de ser relevante en las nacionalidades históricas, que ha perdido gran parte del apoyo que tenía en muchas zonas urbanas y que resiste mejor en zonas rurales y en el Sur. Precisamente allí donde es más fuerte es donde sus líderes locales temen perder su posición hegemónica en el caso de que se abriera un proceso que reconociera el derecho de autodeterminación o que simplemente abriera la posibilidad de una reforma en profundidad del actual marco autonómico. Lo nacional, o lo regional, es siempre un factor útil para concitar apoyos locales. Si esto es evidente para las formaciones nacionalistas periféricas, es también palpable en la política, por ejemplo, del Partido Socialista en Andalucía. Y por ello van a ser personajes como Susana Díaz los actores principales a la hora de poner todo tipo de frenos a cualquier veleidad de cambio en el seno del PSOE. Si no parece probable que el PSOE acabe entrando en una gran coalición, no es descartable que acabe entrando en alguna maniobra orientada a “garantizar la estabilidad” aun a riesgo de desacreditarse definitivamente. En este caso, su única esperanza de “resurrección” descansaría en confiar en que a su izquierda no se consolida nada consistente.

III

El crecimiento electoral de la izquierda es innegable y confirma en buena medida los resultados de las elecciones municipales de mayo. Podemos se erige como la fuerza hegemónica en la izquierda, a pesar que sus dirigentes han pretendido presentarse como otra cosa. Su éxito relativo descansa en varios elementos clave. En primer lugar el de presentarse como algo “nuevo”,  con una historia fundacional basada en el 15-M, con líderes con buen conocimiento de las tecnologías comunicativas, con un discurso sencillo que conecta con sectores con un menor bagaje político que los tradicionales votantes de Izquierda Unida-ICV pero que las políticas neoliberales han sumido en un nivel elevado de indignación. Toda una serie de virtudes que la vieja izquierda no ha sabido desarrollar. Sin duda Pablo Iglesias, y especialmente Ada Colau, salen claramente reforzados de este embate. Especialmente esta última con el éxito conseguido en Catalunya por la coalición de partidos en los que Barcelona en Comú (la formación municipalista de Barcelona) ha jugado un papel esencial. Es posible que el compromiso alcanzado con Podemos para situar el tema del referéndum catalán en la agenda del partido estatal y su coalición en Galicia también hayan influido en el éxito de la formación en Euskadi. Por primera vez hay una fuerza estatal, además de Izquierda Unida, que se compromete con una visión plurinacional del estado español. Puede que se haya llegado hasta aquí por una mezcla de oportunismo y de necesidad de atar acuerdos locales, pero no cabe duda que ello expresa valentía en abordar una cuestión espinosa que genera incomprensión en muchas partes del país.

La consolidación de este éxito no va a ser fácil y debe superar las propias debilidades del propio proyecto de Podemos y su encaje con el resto de formaciones que se sitúan en el mismo espectro político de la izquierda: Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa, Equo…

Podemos y sus aliados han consolidado su victoria basándose fundamentalmente en el atractivo social de sus líderes principales. Las personalidades son siempre importantes en cualquier proceso político y posiblemente más en una época donde la imagen tiene  tanta importancia. Ahí está su fuerza y, posiblemente su debilidad. Debilidad que se manifiesta en varios y diversos campos. Como los puestos de manifiesto en los procesos de elección internos y de candidatos electorales, que pueden ser síntomas de carencia de cultura democrática. O en los procesos de fichajes-estrella tan parecidos a los de algunos partidos convencionales. Síntomas de problemas que tienen su contrapartida en las manifiestas debilidades organizativas, en la ausencia de un denso tejido organizativo y social con el que interactuar y en la ausencia de una perspectiva estratégica clara. Son problemas provocadas por el propio momento en que ha nacido Podemos, pero es básico reconocerlos para evitar que su ignorancia conduzca a situaciones insostenibles.

El éxito de la fórmula Podemos tiene su reverso en los problemas de Izquierda Unida. Aunque es evidente que el resultado electoral de esta formación presenta una clara injusticia en términos de la relación votos/cargos electos, es un error centrarse en este tema para eludir otros más importantes. Al fin y al cabo IU y Podemos han ido a las elecciones con las mismas leyes electorales y el resultado de ambas es diverso. Es cierto que allí donde se ha acudido conjuntamente los resultados han sido mejores para todos. Pero también es cierto que tampoco en las confluencias IU ha sido la fuerza hegemónica. Para Izquierda Unida en su conjunto y para otras organizaciones como Iniciativa per Catalunya se abre un profundo dilema sobre qué papel jugar en el futuro. Se trata de organizaciones que tienen mucho que aportar en experiencia, cuadros, infraestructura, pero que por deméritos propios y por circunstancias ajenas ahora se ven forzadas a realizar una profunda reflexión estratégico- organizativa que afecta claramente a su propio futuro organizativo y al desarrollo de una izquierda alternativa en general.

Vistos los resultados parece obvio que la mejor opción pasa por formular algún tipo de confluencia entre Podemos, Izquierda Unida y el resto de organizaciones. Han funcionado en algunos casos con buenos resultados en los actuales procesos electorales. Pero una cosa es trabajar para ganar unas elecciones y otra gestionar un proceso político a largo plazo. Un proceso en el que hay que dar por descontado que va a estar sometido a un inmisericorde y sostenido ataque desde los poderes, temerosos de enfrentarse a una alternativa más consistente que lo que ha significado hasta ahora el domesticado partido de González, Zapatero y Sánchez. Por esto es tan necesario que tanto en Podemos como en el resto de organizaciones se inicie una reflexión orientada a buscar las mejores opciones para que este proceso llegue a buen puerto. Empezando por neutralizar los impulsos y sectores más sectarios presentes en todas las organizaciones y que demasiado a menudo se convierten en fabricantes de fracasos.

IV

Catalunya es una complicación adicional en todo este complejo panorama. El embate independentista sigue embarrancado en el archipiélago CUP. Y es complicado para la propia izquierda. Los resultados de las elecciones generales en cierta forma confirman nuestra valoración de las autonómicas. En esas elecciones el debate se planteó en clave plebiscitaria, lo que provocó que una parte de la población adaptara su voto a las reglas del plebiscito. Una parte de los votantes de izquierdas se decantaron por candidaturas independentistas (lo que explica parte del crecimiento electoral de la CUP); y los que no se sentían identificados con la independencia votaron fundamentalmente a partidos que explícitamente se oponían a ella. Especialmente esta posición movilizó a los sectores menos politizados de los barrios obreros, que son los que en definitiva permitieron el avance electoral de Ciudadanos.

En cambio en las elecciones generales el debate se ha planteado mucho más en términos de derecha-izquierda y ello ha provocado un resultado bastante similar al de las municipales y la victoria de En Comú Es Pot en Catalunya. Un proceso que por sí mismo indica la complejidad de la situación política catalana. Los planteamientos independentistas alienan a una parte de los votantes de izquierdas. Pero el tema no puede ser tampoco obviado puesto que ello significa que un sector de votantes de izquierdas se moverán hacia posiciones independentistas. El adoptar la propuesta de referéndum por parte de la coalición que lideraba Xavi Domenech es un acierto porque a diferencia del resto de Espanya este es un tema que aquí pone de acuerdo a mucha gente: al fin y al cabo el derecho a la autodeterminación de las nacionalidades históricas estaba ya en los programas de izquierdas tradicionales. Y para mucha gente el auge del independentismo está en buena parte provocado por las inclasificables políticas de Rajoy y sus adláteres. Por esto la negativa de los barones del PSOE a plantear el reconocimiento de las nacionalidades históricas no sólo bloquea salidas a un conflicto de innegable profundidad, sino que dificulta que en Catalunya la izquierda pueda ser hegemónica.

Más allá del esperpento que están propiciando el empecinamiento de Mas en mantenerse en el poder al coste que sea y las dudas hamletianas de la CUP entre su hemisferio nacionalista irredento y su hemisferio radical sin mediaciones, la cuestión nacional seguirá pesando en la vida política local por mucho tiempo. La propuesta de un referéndum es una solución aceptable en términos de proceso, aunque difícilmente factible con la actual configuración de fuerzas. Pero más allá de esta consigna que implica el reconocimiento de un derecho, lo que es necesario es tener una respuesta clara sobre qué propuesta debería hacer la izquierda en caso de referéndum. Reconocer el derecho a la autodeterminación no implica automáticamente ser independentista (de la misma forma que defender el derecho al divorcio no implica necesariamente promover la vida en solitario). Todo el debate sobre la independencia ha estado lastrado, en las dos partes, por lugares comunes, medias verdades y negación de fórmulas alternativas de convivencia. Una izquierda que se precie debe hacer primero un ejercicio serio de evaluar las distintas alternativas y de promover con valentía aquellas propuestas socialmente más adecuadas. La insistencia de Xavi Domenech en recordar que las propuestas de En Comú Podem se cimentaban en la fraternidad establecida con gente de muchas partes del estado es un buen inicio para plantear una alternativa que supere el falso dilema planteado por nacionalistas catalanes y españoles.

V

Hay dos cuestiones importantes que no han aparecido prácticamente en todo el debate electoral y que en cambio pueden tener una influencia creciente en nuestra vida social. Se trata de la cuestión ecológica y de la cuestión europea. O sea, qué cambios son necesarios realizar para hacer frente a la cada vez más palpable crisis ambiental y cómo van a influir las instituciones externas en nuestra vida económica cotidiana.

La no incorporación de las cuestiones ambientales en el núcleo de los debates políticos centrales es endémica, aunque ahora ha sido más llamativa al coincidir la campaña electoral con la cumbre sobre el cambio climático. Hay evidentes dificultades para integrar los temas ambientales en los discursos económicos convencionales. Y también para plantear su relevancia ante una población acogotada por el paro masivo, la pobreza y las desigualdades rampantes, la violencia de género, la corrupción. Las cuestiones ambientales encajan mal con el análisis económico dominante y con las inercias en los modelos de vida y consumo. Romper el cerco de lo ambiental exige tanto una perspectiva analítica que integre ecología, economía y sociedad, como la elaboración de propuestas que se presenten efectivamente como soluciones para la complejidad de problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Es un trabajo en gran parte pendiente y al mismo tiempo urgente.

Más llamativa aún es la ausencia del debate sobre Europa y la política del futuro. La excepción fueron algunos actos montados por las confluencias en torno a Podemos sobre el TTIP. Y es llamativo porque lo que ya está llamando a la puerta es la nueva exigencia de la Unión Europea de aplicar más recortes presupuestarios y más reforma laboral. La experiencia es clara al respecto: un nuevo plan de ajuste supondrá un nuevo agravamiento de la crisis y sus secuelas sociales. Y llegamos a esto en una situación de endeudamiento público profundamente empeorada por la política de ajuste aplicada por el PP. Se trata de un fracaso tan evidente como el caso griego (los recortes han aumentado y no disminuido la deuda) y no podemos esperar de la Unión Europea un trato diferente. De ahí que discutir qué política de acción internacional hay que llevar a cabo y qué respuestas locales hay que plantear debería formar parte de cualquier debate político serio. Cuanto menos, debería ser el que planteara una izquierda que se pretenda alternativa y responsable.