I

Metidos en pleno debate sobre pactos post-electorales, líneas rojas, necesidad de diálogo y otras generalidades por el estilo, nos olvidamos de discutir cuestiones cruciales que van a llamar a la puerta en pocos meses. Cuestiones que plantea la Unión Europea, que puso sobre la mesa antes del inicio de la campaña electoral y que después obvió para no amargarle la campaña a Mariano Rajoy. Quizás era una forma de premiarle la actuación de su gobierno como perro ladrador ante las demandas que en su momento planteaba el gobierno de Syriza. Básicamente, las exigencias comunitarias planteaban dos cuestiones básicas: nuevos recortes presupuestarios, del orden de 10.000 millones de euros, y una nueva reforma laboral.

De hecho, al plantear esta demanda la UE simplemente estaba reconociendo el fracaso de su política anterior, aunque como es habitual en la actual política comunitaria su propuesta supone implementar una nueva dosis del mismo tratamiento aplicado anteriormente. Más o menos una versión moderna, en el campo económico, de la vieja medicina que aplicaba sanguijuelas como medida general ante la enfermedad. El efecto es parecido: aunque el enfermo se debilita, en vez de achacar su empeoramiento al tratamiento se le hace directamente culpable. Ya se sabe, la autoridad nunca se equivoca.

II

La justificación para esta nueva andanada de ajuste es la habitual. De una parte el déficit público sigue siendo importante y la deuda pública no ha dejado de crecer, situándose en torno al 100% del PIB (algo siempre relativo, por cuanto el PIB varía según la estimación y según los cambios en las convenciones contables). No hay ninguna cosa extraña en esta cuestión. Con el endeudamiento público ha ocurrido los mismo en casi todas partes. Los planes de ajuste impuestos por la UE y tan alegremente implementados por nuestros gobernantes tuvieron un efecto depresivo que reforzó el impacto de la crisis financiero-inmobiliaria. Ello fue especialmente patente en 2012, cuando se aplicaron los planes de ajuste de Rajoy-Montoro-de Guindos y se provocó una segunda recesión y un aumento de un millón más de parados. Si después la economía se ha recuperado ha sido por circunstancias azarosas en las que poco ha tenido que ver la política local (el auge del turismo, la devaluación de facto del euro que ha permitido mantener un buen ritmo exportador, etc.) y porque en 2014 el gasto público dejó de recortarse y en 2015 ha tenido un signo claramente expansivo, en relación con las urgencias electorales del gobierno. La UE también ha jugado su papel, al permitir al país aplazar el ajuste y mantener un déficit presupuestario superior al que marcan las normas europeas.

Por tanto, de la aplicación de un nuevo ajuste se derivarán tanto nuevos costes sociales (como los ya experimentados en educación, sanidad, dependencia, investigación etc.) como una nueva tensión recesiva con sus evidentes efectos de aumento del desempleo y del endeudamiento. Seguramente se alegará que el aumento de la actividad propiciado por las exportaciones y el turismo permitirán eludir una recesión, pero esto es confiar una vez más en alguna de las muchas versiones del cuento de la lechera a las que tan proclives son los ideólogos neoliberales. Por una parte porque, vistas las perspectivas de la economía mundial, nada asegura que este impulso exportador sea tan potente para seguir garantizando un crecimiento del empleo. Por otra, por las inercias contradictorias que afectan a grandes grupos españoles de infraestructuras. Todos ellos han crecido y comprado empresas en base a una compleja arquitectura financiera. Y en los últimos veinte años abundan los casos de desplomes más o menos aparatosos de estas verdaderas construcciones de naipes. El que muchas de estas empresas, altamente endeudadas, tengan una enorme presencia en los mercados de países latinoamericanos, ahora en una nueva situación problemática, añade un plus de riesgo mayor. Si las cosas van mal posiblemente acabemos descubriendo que, igual que hay bancos “demasiado grandes para quebrar”, hay también empresas “demasiado grandes” para que el sector público deje de hacerse responsable de sus problemas.

III

Atribuir el desempleo a las regulaciones del mercado laboral es otro clásico. Es como culpar a la fiebre de ser la causante de la enfermedad, cuando es un síntoma de la misma. El desempleo es la resultante en el mercado laboral de los problemas de funcionamiento de la economía. Como han mostrado con acierto tradiciones teóricas como la marxista, la postkeynesiana o la institucionalista, el paro es un resultado del funcionamiento normal de la economía capitalista. Pero los trabajos de estas corrientes han sido marginados e ignorados tras el triunfo del neoliberalismo y no forman parte del cuadro de instrumentos con los que trabajan los grandes organismos internacionales. En su esquema, si hay paro es porque las instituciones del mercado laboral están mal diseñadas. Traducido a una perspectiva política significa que hay demasiada protección del empleo (leyes que penalizan los despidos y protegen los desempleos) y demasiada presencia sindical. En este esquema, la única vía para volver al empleo masivo es eliminando al máximo las leyes protectoras de los derechos laborales y convirtiendo al mercado laboral en un marco de negociación individual entre empresas y trabajadores. Liberalismo puro.

En los últimos años a este esquema se ha añadido otro mantra. El de la dualización del mercado laboral, la diferenciación entre un segmento de trabajadores con empleos altamente protegidos y otro totalmente precarizado. Se alega que está diferenciación es mala porque genera un nivel intolerable de desigualdad (es curioso: las desigualdades capital / trabajo no generan el mismo tipo de preocupación reformista) y hay que promover reformas institucionales para acabar con la misma. La cuestión tiene guasa. El concepto de segmentación del mercado laboral, de diferencias sustanciales entre diferentes tipos de mercado laboral, fue una aportación del enfoque desarrollado por un amplio grupo de economistas institucionalistas y de otras corrientes heréticas. Todos sus trabajos mostraron que las raíces de la segmentación no eran las regulaciones del mercado laboral sino las prácticas empresariales orientadas a fragmentar a la clase obrera, a controlar su comportamiento, a diferenciar salarios para abaratar costes, a descargar los costes de las incertidumbres con que funciona el mercado. Y la proliferación de formas atípicas de empleos puestas en funcionamiento a partir de la década de 1980 no ha sido más que el producto de una ofensiva patronal orientada a cambiar las relaciones de fuerza entre grupos sociales. Algo que ha contribuido al aumento de las desigualdades que hoy es ya reconocido como una evidencia incontestable.

Las reformas laborales de 2010 y 2012 se justificaron por el doble objetivo de reducir el desempleo y la dualización. Y como era de esperar, en ninguno de ambos campos obtuvieron resultados sensibles. El crecimiento del empleo del que alardea el PP simplemente ha conseguido recuperar el aumento del desempleo que provocó su política de ajuste y su reforma laboral (que al facilitar el despido generó un mayor ajuste a la baja del empleo). Analizada con más detalle (en el número de diciembre reproducimos el sintético documento elaborado por Ignacio Pérez Infante para Economistas frente a la Crisis) las cosas son aún peores, puesto que por una parte se ha reducido la población activa a causa de la emigración y de los “trabajadores desanimados” que ya no buscan empleo, y por otra ha aumentado el empleo a tiempo parcial involuntario. O sea, se ha sustituido empleo por subempleo, aunque la particular forma de medir la situación esconde este cambio sustancial. También vuelve a proliferar el empleo temporal. Y existe una amplia evidencia de estudios de caso (como el de las camareras de habitaciones de los hoteles) que indican que para lo que han servido las desregulaciones es para generar un enorme deterioro en las condiciones de trabajo de mucha gente. Algo previsible desde los enfoques críticos que muestran que, cuanto menos restricciones tienen las empresas para modelar el mercado laboral, más desigualdades, mas abusos de poder, más discriminaciones se producen.

El fracaso de sus propuestas no desanima a los neoliberales. Si algo les caracteriza es que la evidencia empírica les trae al pairo. Como seguimos con muchos millones de parados y con una precariedad general, su única propuesta es la de aumentar la dosis. En privado algunos llegan a confesar que no estaría mal eliminar toda la negociación colectiva sectorial. 

IV

Cualquier política responsable debería hacer frente a esta situación. Que el PP se ancle en el tópico de que hay que seguir con la política que crea empleo es algo esperable. Pero la izquierda, en especial Podemos e Izquierda Unida, no pueden limitarse a propugnar sus medidas estrella. Hoy es urgente establecer una estrategia frente a los nuevos “diktats” que más o menos tarde llegarán de Bruselas. Unas órdenes que pueden incluso influir en el desenlace del proceso de formación del nuevo Gobierno. Y esta estrategia pasa por explicar claramente a la gente cuál es la situación, cuál es la evidencia de las políticas de ajuste, cuales son los límites reales de nuestra capacidad de acción. Y pasa también por elaborar una propuesta de acción que, en mi opinión, tiene que aprender de los errores de Syriza y evitar un enfrentamiento frontal del que se sale perdedor. Y también proponer respuestas alternativas en campos diversos (reforma fiscal, expansión del gasto, política industrial) que empiecen a quebrar el sinsentido y el clasismo de las políticas neoliberales. Un planteamiento alternativo que también pasa por repensar las regulaciones del mercado laboral. La amenaza está ahí. No podemos hacer política ignorándola.