En números redondos, el resultado de las elecciones catalanas del 27-S fue que, de los cinco millones y medio de votantes que integran el censo, un millón novecientos cincuenta y siete mil optaron por formaciones políticas cuyo primer punto del programa era la independencia, y dos millones ciento veinte mil dieron su voto a partidos políticos para los cuales, o bien ese era el principal objetivo político a combatir, o bien no la tenían como una de sus prioridades. Si esas elecciones fueron un plebiscito, los independentistas lo perdieron de forma clara y nítida. Así lo reconoció al día siguiente el candidato de la CUP, Antonio Baños, con una honestidad que le honra, a diferencia de los principales dirigentes de la candidatura encabezada por Raül Romeva, los cuales afirmaron mendazmente que también habían ganado en votos, además de en escaños.

No obstante, el reconocimiento de que el plebiscito se había perdido no le impidió a la CUP presentar y apoyar, junto a JxSí, la «declaración de inicio del proceso de creación de un estado catalán con forma de república». Al mismo tiempo, la CUP rechazó votar a favor de una propuesta de resolución de CSQEP en la que, entre otras cosas, se solicitaba la convocatoria de un referéndum pactado y legal. En la declaración que sí votaron, como sabemos, se anunciaba la intención de desobedecer las sentencias del Tribunal Constitucional e iniciar la desconexión del Estado español. Curiosa declaración a la vista de los resultados obtenidos en las elecciones: uno se imagina una futura Catalunya en donde un tercio de su población desobedecería al Estado español y obedecería a la Generalitat, y las dos terceras partes restantes harían lo contrario. Sería una Catalunya que tendría, vamos a decirlo así, algunos problemas de gobernabilidad.

En cualquier caso, es evidente que el bloque independentista ha decidido hacer abstracción de la voluntad democrática de los ciudadanos catalanes y ha decidido seguir adelante con sus planes secesionistas, piense lo que piense la mayoría de las personas que «viven y trabajan en Catalunya», para repetir la conocida definición pujolista. Al fin y al cabo, como dijo Jordi Graupera, filósofo indepe con columna fija en el diario La Vanguardia, las masas no independentistas son sólo «carne de cañón» (en su columna del 1 de septiembre de 2012).

No hace falta ser un gran estratega político para prever unas cuantas consecuencias catastróficas de todo ello para la izquierda catalana realmente existente. De entrada, la reiterada afirmación sobre el carácter profundamente democrático del movimiento independendentista se va a tomar viento. Pretender forjar alianzas en España, apoyándose en él, para pedir una reforma constitucional o la apertura de un proceso constituyente va a ser bastante más difícil de lo que ya lo era. Con razón, los posibles aliados dirán que una condición inexcusable para empezar a hablar es el respeto a los procedimientos democráticos. 

En segundo lugar, puestos en la tesitura de tener que elegir entre formar parte o no de España, una parte relevante de la «carne de cañón» de la que hablaba Graupera ha decidido votar a Ciutadans, el partido de recambio del PP preferido por los banqueros y los constructores del Ibex 35. En buena medida, se trataba del electorado tradicional del PSC. Su crisis no ha llevado a un incremento del voto a Podemos y a todo lo que se mueve a su alrededor, sino a un partido neoliberal y partidario del belicismo más extremo en política exterior. Hay que estar ciego para no ver en el incremento de los votos a Ciutadans en las elecciones catalanas su rampa de lanzamiento en el resto de España. A los ojos de muchas personas, es el partido que más decididamente ha plantado cara a los independentistas y sólo por eso ya vale la pena votarle. Ciutadans, huelga decirlo, no quiere oir hablar de ninguna clase de referéndum. Por último, al igual que han hecho en la campaña electoral catalana CDC y ERC desde el otro lado, la confrontación con el independentismo catalán será el monotema al que recurrirá el PP para no tener que rendir cuentas de sus recortes, restricciones de derechos o corrupciones. Vamos a ver los beneficios electorales que esa táctica propagandística le puede reportar.

Entre Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP sumaron más de setecientos mil votos, el mejor resultado en décadas para formaciones políticas declaradamente anticapitalistas. En el plano social, las coincidencias entre sus respectivos programas son numerosísimas. Sólo las separan sus respectivos enfoques de lo que en tiempos se llamaba la «cuestión nacional» y la consiguiente política de alianzas. La CUP ha sostenido con ligereza que la liberación nacional y la liberación social eran dos caras de la misma moneda. Estos días sus militantes están comprobando en sus propias carnes que eso es mucho más fácil de cuadrar en el papel que en el mundo real. Aparte de lo dicho más arriba, cualquiera de la opciones que tienen por delante en relación con la investidura de Mas les puede llevar directamente a la escisión. Si le votan, porque habrán votado al presidente de la privatización de la sanidad, la corrupción, los recortes y del desalojo de la Plaça Catalunya en mayo de 2011, y si no le votan, porque eso hará descarrilar el procés.

Artur Mas es un cadaver político que sorprendentemente todavía anda y CDC un peso muerto para cualquier proyecto del que forme parte. A estas alturas, debería estar claro que su independentismo es el último clavo ardiendo al que se han agarrado sus dirigentes para poder defenderse de las acusaciones de corrupción. Una y otra vez pretenden repetir la jugada de Jordi Pujol con Banca Catalana. Y creen que si no detentan poder van a ir directamente a la cárcel. En mi modesta opinión, no se puede ir con ellos ni a la esquina.

La izquierda catalana debe decidir de una vez por todas qué quiere ser cuando sea mayor. Su indefinición colectiva sobre la cuestión territorial le debilita porque le impide hacer una propuesta clara a su electorado potencial. En común podremos si somos capaces de definir una posición coherente sobre el tipo de vínculo que se quiere tener con el Estado español. El consenso sobre la necesidad de celebrar un referéndum para resolver de forma civilizada la cuestión de la independencia es valioso e importante, pero no es suficiente. Tal vez el resultado de las elecciones generales del 20 de diciembre, más las previsibles peleas internas de las CUP, allanen el camino para poder avanzar en este asunto.