No ya nuevos fantasmas, sino verdaderas amenazas reales, recorren Europa. Una ola de rechazo se levanta cada vez con mayor intensidad desde todos los puntos del viejo continente frente a un Tratado que pretende crear el bloque comercial más grande del mundo. Y es que la base sobre la que se asienta son aquellos principios que, precisamente, subyacen a la crisis económica actual, al incremento de la desigualdad social y a la mercantilización de nuestras vidas. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, más conocido por sus siglas en inglés como TTIP, se lleva negociando (al menos oficialmente) desde 2013, en un clima de escandalosa desinformación y opacidad que despierta no solo los recelos, sino también las denuncias de las organizaciones y movimientos sociales que, aunados en toda Europa, intentan revertir la posible aprobación de lo que comienza a denominarse como “OTAN económica”.

El TTIP viene a impulsar con inusitada fuerza, desde el propio corazón de occidente, el ya de por sí largo proceso de liberalización de la economía mundial, que ha venido a su vez acompañado de una respuesta contundente de la sociedad civil a lo largo del globo. Una nueva “geopolítica de la resistencia” se ha ido así conformando a nivel mundial, desde las multitudinarias protestas de Seattle contra la OMC en 1999 a la creación de los Foros Sociales, pasando incluso por contestaciones directas, como la acaecida con la sublevación del EZLN frente a la zona norteamericana de libre comercio (NAFTA). Resistencias que no serían posible sin la existencia de un completo bagaje teórico detrás que desenmascare la enmarañada madeja del nuevo derecho económico de la globalización. La complejidad de los nuevos marcos normativos supranacionales, que tienen una incidencia directa en el desenvolvimiento de nuestras sociedades (y de nuestro bienestar), necesita de análisis profundos y rigurosos, que estudien las nuevas categorías, instrumentos y mecanismos del neoliberalismo global para poder hacerle frente. La divulgación de estas nuevas realidades se antepone como una necesidad palmaria en los actuales escenarios de lucha por nuestros derechos. En este sentido, el desconocimiento actual de las consecuencias y de las previsiones del TTIP se yergue como la principal ventaja para su posible existencia. La ignorancia es el caldo perfecto de la pasividad, que bien tratada por parte de los grupos de poder, se convierte en una siempre temida indiferencia ciudadana, uno de los mayores peligros para cualquier sistema que pretenda ser democrático. Agitar las conciencias desde el conocimiento, alertar de los peligros de una nueva globalización institucionalizada, poner en evidencia el carácter antidemocrático y lesivo para los derechos sociales del libre comercio como dogma y, todo ello, con un lenguaje sencillo y a la vez riguroso, es uno de los principales logros del libro de la profesora Adoración Guamán.

TTIP: el asalto de las multinacionales a la democracia describe la trayectoria de los últimos impulsos liberalizadores y desmenuza el intento de consolidarlos en el viejo continente a través de un Tratado tan complejo e incierto como desconocido. El TTIP responde a un nuevo tipo de tratados de libre comercio, denominados de “nueva generación”, que van más allá de los clásicos tratados, aun incorporando los principales elementos de éstos. Y es que los de nueva generación no sólo buscan la eliminación de todas las barreras que dificulten el libre intercambio comercial en una zona determinada (arancelarias o no), sino que también pretenden la fijación de estándares normativos comunes a nivel internacional que acerquen los diversos marcos jurídicos a un mínimo denominador. Se trata, en consecuencia, de crear verdaderos mecanismos con finalidades regulatorias en un intento, como señala la autora, de reubicar el poder a una escala supranacional y lejos del control democrático que se sigue dando, aunque cada vez más de forma más tenue, en el Estado-nación.

Esta disolución de los vínculos entre soberanía y economía, más o menos fuertes en el Estado Social de posguerra, ha venido en buena medida auspiciada por la liberalización progresiva de las relaciones económicas al compás de la globalización y de su acompañamiento jurídico-institucional. Si en un primer momento el proceso de liberalización comercial se llevó a cabo, y se intentó profundizar, desde acuerdos o instituciones multilaterales con vocación de universalidad (el GATT o la Organización Mundial del Comercio), el fracaso reiterado de algunos de sus objetivos y la puesta en entredicho en tales mecanismos de la supremacía de Estados Unidos, hizo que, desde esta potencia internacional, se primaran los acuerdos bilaterales o regionales donde su preeminencia quedara garantizada. El fiasco de las negociaciones de la Ronda de Doha en 2003, y el empoderamiento en esa década de las potencias emergentes, puede considerarse el punto de inflexión en esta postura de Estados Unidos y sus socios principales. De hecho, la apuesta del gigante norteamericano por Tratados regionales de menor expansión, pero mayor intensidad, ya se vislumbraba con la entrada en vigor, en 1994, del Tratado de libre comercio con México y Canadá (NAFTA), que provocó una fuerte contestación por las consecuencias que podría acarrear para la clase trabajadora y que, de hecho, como hemos podido comprobar desde entonces, ha acarreado.

Ahora los esfuerzos parecen centrarse en las dos principales economías del planeta, Estados Unidos y la Unión Europea, que abarcan más del 30% del comercio mundial. Liberalizar los intercambios comerciales, de bienes y servicios, reducir los obstáculos arancelarios y normativos, y crear mecanismos de resolución de controversias para las grandes multinacionales, constituyen los puntos principales del TTIP. Si bien la creación de un área de libre comercio, con la eliminación de los aranceles y barreras de efecto equivalente ya existentes, es de por sí temible al ampliar un modelo de liberalización supranacional que ya ha demostrado su incidencia en los derechos sociales a nivel europeo, es el segundo gran pilar del TTIP, a saber, la llamada “cooperación reguladora”, el que se erige en uno de las previsiones más amenazadoras para lo que queda del Estado social en Europa. Y es que, a diferencia de los clásicos tratados enmarcados en la OMC, el TTIP pretende acercar las regulaciones de ambos lados del Atlántico en materias tan dispares como la laboral o la medioambiental, con el objetivo siempre primordial de mejorar el rendimiento del libre mercado, ahora ampliado. De hecho, el TTIP recoge incluso la creación para tal fin de una institución ad hoc, el Consejo de Cooperación Reguladora, el cual, bajo la égida del tecnicismo y del conocimiento de los arcanos de la economía, se convertiría en un mecanismo de difícil adecuación democrática que, saltando a los Estados y sus instrumentos clásicos de representación, impondría la homogeneización y convergencia de estándares normativos entre los dos bloques. 

En este sentido, la experiencia, y aun la propia carga teórica (neoliberal) que da sustento a los procesos de liberalización, nos demuestran que entre dos ordenamientos asimétricos que convergen siempre prima el menos proteccionista. Así, donde uno de ellos es más débil de cara a la protección de los derechos sociales y más “fuerte” en cuanto a sus potencialidades puramente mercantilistas, y otro es más proteccionista y presenta mayores dificultades para el pleno desenvolvimiento de las fuerzas productivas desde la óptica del libre mercado, la balanza siempre se tiende a inclinar en favor del primero, es decir, del minimum que garantiza mayores réditos de acumulación para los agentes privados. La cooperación reguladora y la integración comercial servirían para nivelar, a la baja, los sistemas de protección social europeos con el fin de adecuarlos a los estándares de Estados Unidos (menos garantistas, evidentemente), puesto que ello sería más funcional al propio proceso de liberalización subyacente y a la ideología que le da cobertura. Prácticas como el dumping social o las privatizaciones masivas de sectores públicos, que ya de por sí tienen cabida en el seno del proceso de integración europeo, ahora se verían amparadas jurídicamente en un nivel superior por un nuevo marco normativo muy alejado de los Estados y, por supuesto, de los ciudadanos.

Al mismo tiempo, el TTIP contempla la creación de un mecanismo de resolución de controversias inversor-Estado (ISDS), por el cual, ante el posible incumplimiento de algunas de las previsiones contenidas en el Tratado y en la normativa derivada de la nueva zona de libre comercio, los agentes privados pueden demandar al Estado incumplidor ante un órgano de arbitraje que, con una burda apariencia de jurisdiccionalidad, se encargaría de aplicar las normas y regulaciones a las que está sometido… entre las que no figuran, claro está, ningún catálogo de derechos sociales a nivel transatlántico. Por tanto, un mecanismo con difícil encaje democrático y de pretendida, sin serlo, naturaleza jurisdiccional, tendría en sus manos la resolución de posibles nacionalizaciones, expropiaciones o cambios normativos por parte de aquellos Estados que, en uso de su soberanía, así lo decidieran. Como la experiencia nos demuestra en el caso del CIADI, la porosidad de tales mecanismos de arbitraje y sus estrechos vínculos con el mundo de la lex mercatoria internacional, amén de su subordinación a una normativa puramente mercantilista, garantizan al inversor una situación de preeminencia y de trato favorable frente al Estado y su soberanía.

Las consecuencias para la democracia (y los derechos sociales que le son inherentes) de una posible aprobación del TTIP, como vemos, son más que preocupantes. A la amenaza teórica se suma la posibilidad política de su existencia, ante lo cual las mejores armas de rechazo son la razón y el conocimiento. Y para ello, la profesora Guamán despliega un arsenal teórico imprescindible que nos muestra de forma sencilla la pretendida complejidad de un nuevo armazón jurídico, el TTIP y sus instrumentos más controvertidos, que se presenta en un horizonte demasiado cercano como una de las principales amenazas para las mayorías sociales de los países europeos, sí, pero también como una posibilidad de contestación masiva de un continente que, aun siendo demasiado viejo, puede todavía despertar de su letargo.