El jueves 11 de marzo de 2004, a primera hora de la mañana, varias bombas explotaron casi simultáneamente en cuatro trenes de cercanías que se aproximaban a Madrid. Casi 200 personas murieron, y muchas más resultaron heridas. Fue un desastre terrible y cruel que produjo una conmoción inmediata y aflicción en España y en todo el mundo. La primera pregunta era, por supuesto: ¿Quién lo ha hecho? El gobierno español acusó inmediatamente a ETA, el movimiento independentista vasco que ha realizado numerosos ataques desde hace varias décadas. Sin embargo, al cabo de pocas horas muchas fuentes, incluidas fuentes policiales de otros países, comenzaron a decir que se trataba de un grupo vinculado con Al Qaeda y no de ETA. Esa misma mañana ETA, directamente y a través de grupos políticos simpatizantes, negó enérgicamente la acusación (cuando en pasados ataques ETA siempre había reivindicado su responsabilidad). Pese a la sensación creciente de que no había sido ETA, el gobierno español insistió en que era el principal sospechoso. La ministra española de Asuntos Exteriores ordenó a todos los embajadores españoles que lo manifestaran así. Durante los dos días siguientes el jefe del gobierno español, José María Aznar, telefoneó personalmente a los directores de los principales periódicos españoles, insistiendo en que había que acusar a ETA. Finalmente, el ministro del Interior español admitió que era posible que se tratara de un grupo de Al Qaeda. El domingo todo el mundo parecía estar de acuerdo en que no había sido ETA sino Al Qaeda, pero esa misma mañana la ministra de Asuntos Exteriores seguía insistiendo en televisión en que el principal sospechoso era ETA.

¿Cómo podemos explicar esa extraordinaria confusión, por no hablar de desinformación deliberada, por parte del gobierno español?

Para entenderlo debemos examinar los fundamentos de la política del gobierno español y recordar que el domingo siguiente al estallido de las bombas se debían realizar elecciones legislativas en España. En el período posfranquista se ha ido instalando en España un sistema básicamente bipartidista semejante al de la mayor parte del mundo occidental: un partido socialista de centro izquierda (PSOE) frente a un partido conservador, el partido popular (PP). Además de las acostumbradas diferencias izquierda-derecha que suelen separar a tales partidos, había cuestiones de política exterior y las relacionadas con las exigencias de autonomía (incluso de independencia) de varias regiones, ante todo Cataluña y el País Vasco, pero también Galicia, Andalucía, Valencia y las islas Canarias.

En el terreno de la política exterior, los socialistas, que controlaron el gobierno con Felipe González entre 1982 y 1996, realizaron un gran esfuerzo por integrar España en Europa y por desempeñar un papel destacado en las instituciones europeas. También se esforzaron por conseguir un acuerdo entre Israel y los palestinos. En los asuntos internos, los socialistas presionaron en favor de una notable descentralización de la estructura constitucional, aunque sin duda menor de lo que esperaban obtener los partidos nacionalistas.

Cuando el PP llegó al poder en 1996, cambió radicalmente el panorama. [Aznar] procuró acercarse a Estados Unidos, especialmente en todas las cuestiones en las que había conflicto entre éstos y Europa occidental. Esto quedó espectacularmente claro cuando George W. Bush llegó a la presidencia de Estados Unidos. El gobierno español se ha convertido en un apoyo muy activo de la política de Bush en Iraq. Desde su puesto en el Consejo de Seguridad patrocinó las resoluciones apoyadas por Estados Unidos y envió tropas para participar en la invasión de Iraq. En las cuestiones relacionadas con Israel, España llegó a alinearse con Sharon. En cuanto al nacionalismo, Aznar argumentó que los socialistas habían sido demasiado blandos con los «terroristas», y en particular con ETA (aunque González la había combatido sin pararse en barras). Aznar no estaba dispuesto a hacer concesiones, ni siquiera a los partidos regionalistas moderados. El PP es heredero de la tradición franquista de una hostilidad profunda a cualquier tipo de nacionalismo. En cuanto a Europa, el pasado otoño España fue, junto con Polonia, el Estado que se obstinó en impedir la aprobación de la nueva constitución de la Unión Europea, un proyecto fuertemente respaldado por Francia y Alemania, los dos Estados más hostiles a la política de Bush en Iraq.

Durante la semana anterior a las elecciones, las encuestas parecían mostrar que el partido de Aznar iba a ganar. Su mayoría se reduciría pero seguramente formaría el gobierno siguiente. Entonces estallaron las bombas. Sabemos ahora que al cabo de pocas horas la policía española le había dicho al gobierno que, por lo que habían deducido de una bomba que no había estallado y del análisis de su composición, era prácticamente seguro que no podía haber sido ETA la responsable, sino probablemente un grupo vinculado con Al Qaeda. El gobierno silenció esa información y siguió acusando a ETA como responsable. La intención política era clara: en primer lugar, Aznar y el PP han estado tan obsesionados con ETA como George Bush y los neoconservadores con Saddam Hussein e Iraq. Ni Aznar ni Bush querían que la atención se dirigiera hacia Al Qaeda. Además, Aznar era consciente de que en las elecciones que se debían celebrar al cabo de tres días, si se concluía que las bombas eran responsabilidad de Al Qaeda, los votantes españoles podrían pensar que ése era el pago por la implicación española en la invasión de Iraq, especialmente porque la abrumadora mayoría de los votantes (incluidos los del PP) habían dejado claro en 2003 que se oponían a la implicación de España en la guerra.

Por eso Aznar lanzó la gran mentira, y lo hizo personalmente. Sin embargo, el viernes la policía española amenazó dejar al gobierno en evidencia porque no deseaba ser acusada de incompetencia, y el ministro del Interior tuvo que ceder terreno y sugerir que el gobierno investigaba a todos los posibles sospechosos, aunque seguía creyendo que ETA era el más probable. Pero las pruebas en contra iban creciendo y el sábado hubo manifestaciones en toda España denunciando al gobierno por engañar al país. Varios directores de periódicos dijeron que lamentaban personalmente los editoriales que habían escrito el día antes y que Aznar les había engañado. Y el domingo, el gobierno saliente perdió las elecciones. El líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció inmediatamente que cumpliría su promesa electoral (muy anterior al estallido de las bombas) de retirar las tropas españolas de Iraq el 30 de junio. Se espera que el nuevo gobierno reanude las discusiones sobre una mayor descentralización en España, especialmente porque los partidos nacionalistas también resultaron beneficiados de la reacción contra Aznar. Y el futuro primer ministro español voló inmediatamente a París para debatir con el presidente Chirac su deseo de reintegrarse en Europa y de aprobar la nueva constitución de la Unión Europea. El ministro del Interior en funciones ha tardado dos semanas en reconocer que no había ninguna prueba que demostrara la implicación de ETA.

El estallido de las bombas en España ha repercutido en el mundo entero. Varios pequeños países latinoamericanos han anunciado que seguirían el ejemplo español retirando sus tropas de Iraq (Honduras ha sido el más explícito), y Europa volvía a cobrar relevancia espectacularmente. Los polacos han indicado que no podían convertirse en el único pagano y que revisarían su posición. Los defensores de la administración Bush han comenzado su acostumbrada campaña de difamación. Los españoles, según dicen, son unos cobardes que se han rendido al terrorismo. Esto no ha influido apenas en la gente, ni en España ni en otros países de Europa, ya que resulta manifiestamente ajeno a la realidad española.

La irrelevancia de esa campaña de difamación era especialmente patente, dado que la semana siguiente la administración Bush sufrió un ataque parecido por deformar deliberadamente la situación mundial, engañando al pueblo estadounidense. Richard Clarke, el principal funcionario antiterrorista de la administración Bush (como lo había sido en las tres administraciones anteriores) ha denunciado a Bush y a sus principales colegas por ignorar deliberadamente a Al Qaeda en 2001 a fin de seguir situando a Iraq como problema principal, precisamente en los días anteriores y posteriores al 11 de Septiembre. Bush y Aznar están hechos de la misma pasta, y las dos situaciones son notablemente parecidas.

Las acusaciones de Clarke no se desvanecerán y están agitando el mismo tipo de intranquilidad entre los votantes que ha enviado al paro a Aznar, tanto más cuanto que sus acusaciones han sido secundadas por otras personas muy bien situadas para saber lo que se dijo en los círculos más altos de la administración Bush en 2001: dos lugartenientes de Clarke; el antiguo secretario del Tesoro Paul O’Neill; el general Donald Kerrick, antiguo viceconsejero de Seguridad Nacional; y otros varios en posiciones clave. Para la votación sobre la reelección de Bush faltan todavía meses, y no días, por lo que quizá tenga tiempo de recuperarse, pero el 30 de junio, cuando Estados Unidos espera instalar un gobierno iraquí soberano, probablemente no podrá traer a casa tantas tropas como esperaba, y por tanto no obtendrá el crédito electoral que eso le podría aportar. Europa no parece dispuesta a acomodarse a las obsesiones de Bush, y éste podría hacer bien en recordar lo que dijo el primer presidente republicano de Estados Unidos, Abraham Lincoln: «Se puede engañar a todo el mundo por un momento, y a alguna gente todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo».

Comentario de 1.º de abril de 2004. Copyright de Immanuel Wallerstein. Todos los derechos de reproducción reservados. Los Comentarios pueden bajarse al disco duro, remitirse a otros vía correo electrónico o colgarse en sitios no comerciales de Internet, siempre que el texto permanezca íntegro y se reproduzca la nota del copyright.