Comienza un nuevo curso escolar; comienza bajo una ley denostada en el 99% del campo educativo; excepto por la feligresía del PP, dado que es este partido político, en el gobierno, quien la parió y aprobó con su mayoría parlamentaria. Uno, entre otros muchos desaguisados de la LOMCE, es la participación en la educación de los padres y madres que tienen hijos e hijas en los centros educativos públicos de enseñanza.

 Se dice, y a veces se asume, que se requiere más implicación de las familias en el proceso educativo y de enseñanza de los niños y niñas. Tanto, en Infantil y Primaria, como en Secundaria. Es decir, participación escolar. Ésta está poco definida en la legislación actual, y actualmente se ha restringido enormemente el trabajo de padres y madres en los Consejos Escolares, para regocijo de amplios sectores de enseñantes, sobre todo en Secundaria. Siendo el que hay escaso e intrascendente.

Siendo de tal manera que la participación ha pasado de ser concebida como base en la formación de una ciudadanía autónoma, libre, responsable y comprometida a una participación, según la actual ley, que elimina toda posibilidad de cualquier toma de decisión de la Comunidad Educativa en el Consejo Escolar, al traspasar todas las decisiones del mismo a la figura del director/directora del centro. De esta forma el Consejo Escolar pasa de ser un órgano de gobierno, de decisión, a un órgano meramente consultivo, y sus consejeros se convierten en meros comparsas de la dirección del centro escolar. Es, pues, un duro golpe hacia la formación del alumnado, al contradecir el principio básico de la participación de madres y padres en el centro escolar.

Se conculcan, por parte de la actual administración educativa del PP, las bases para que poco a poco el alumnado, con la colaboración imprescindible entre padres y profesorado, vaya asumiendo y adoptando decisiones en sus vidas que lo hagan más responsable en el proceso de aprendizaje y de madurez en la vida.

No deja de ser ofensivo y bochornoso que se hurte a la Escuela Pública la evidencia de la necesidad del principio educativo de la colaboración de madres y padres con el profesorado y que sea privada del derecho constitucional de la participación en las decisiones del centro.

Es de todo punto necesario que la comunidad educativa tenga capacidad de decisión en los centros educativos; no es cuestión baladí cuando se trata de poder opinar y decidir sobre aspectos que influyen en la educación integral de un hijo o una hija; hay que tener en cuenta que el Proyecto Educativo de un centro, implica decisiones que afectan al ambiente de convivencia e incluso al cambio de libros de texto, además de otros aspectos no menos importantes. Sobre ello, ya sólo se pueda opinar, pero no decidir.

Con la LOMCE, ley del inefable Wert, queda mutilado el modelo de escuela democrática, una escuela que con defectos, pero con muchos más aciertos, se vivía a diario; de lo que muchos enseñantes podemos dar fe en tiempos en los que pasamos de una escuela franquista, triste y oscura a otra más iluminada, más esperanzadora; hoy, no solo se ha perdido en buena parte aquella esperanza, sino que queda afectada (la escuela pública) también por la ola de recortes, económicos y en el caso que me ocupa, también democráticos.

Es incoherente y cínico hablar y pregonar una cultura de participación escolar cuando la propia administración educativa no la genera o facilita. Es de un cinismo sobrecogedor hablar y proponer valores democráticos cuando a la comunidad educativa se le sustituye el derecho a decidir por el derecho a opinar. 

En definitiva, la participación debe generarse y cultivarse, tanto por parte de la administración, de padres/madres y del profesorado; porque si, efectivamente, se desea la implicación de todos los estamentos educativos se deben poner las bases para que eso ocurra. Y a pesar de que la LOMCE no la propicia, sino todo lo contrario, pienso y estoy convencido (se hizo en épocas «menos gloriosas»), que si hay buena voluntad entre los centros (su dirección) y las familias, se pueden acercar posturas que venzan la propia ley educativa dando a la participación todo su contenido.

Todo depende, insisto, de la voluntad existente. Debe de haberla y buscarla; porque nuestra sociedad, con la que está cayendo, no puede permitirse la desaparición de los valores democráticos en la escuela, dañando seriamente y tal vez irremediablemente un modelo de funcionamiento democrático y participativo en los centros que tiene que estar vinculado a los Consejos Escolares. Es un instrumento, entre otros, que potencie el proyecto deseado de «Escuela/Familia». Por supuesto, en beneficio del futuro del país, encarnado en las niñas y niños, en la juventud. Esperemos.