Uno de los aciertos de la campaña electoral de Barcelona en Comú fue el mitin celebrado el 15 de mayo pasado con diferentes representantes de la izquierda europea (Alberto Garzón de IU, Joan Herrera de ICV, Marisa Matias del Bloco d’Esquerda de Portugal, Ska Keller de los verdes alemanes y Stavros Karagkounis de la Syriza griega, además de Ada Colau y Gerardo Pisarello) con el lema Guanyem Barcelona! Guanyem Europa!. Este tipo de actos son muy necesarios si de verdad se pretende luchar con eficacia contra las políticas de empobrecimiento masivo propugnadas por la oligocorporocracia occidental.

La batalla que está librando el gobierno de Syriza contra la dictadura de la troika comunitaria es una batalla contra eso y, más en general, contra el desprecio a la soberanía popular mostrado por las oligarquías europeas. Resulta por ello llamativo que el grueso del independentismo catalán, que curiosamente se autodenomina “soberanista”, no haya convocado un acto de solidaridad con Grecia o, cuando menos, no haya hecho un llamamiento de apoyo al pueblo griego. Es una omisión tan llamativa como el hecho de que el nuevo artículo 135 de la Constitución española no haya sido elegido por dicho movimiento como símbolo de la opresión nacional de Cataluña. El independentismo catalán prefiere centrar su lista de agravios en los recortes del Estatuto de Autonomía de 2006 llevados a cabo por el Tribunal Constitucional.

Las izquierdas ibéricas contrarias a las políticas neoliberales se han declarado favorables a abrir un nuevo proceso constituyente. La derecha, en cambio, se declara formalmente contraria al mismo pero, por otra parte, ya está haciendo el proceso constituyente que más le conviene a sus intereses. El artículo 135 es un buen ejemplo de ello. Éste socava el carácter de Estado Social del Estado español, prescrito en el artículo 1 de la CE, y afecta directamente a la financiación de las Comunidades Autónomas o, dicho de otra forma, comporta una recentralización de facto del Estado de las Autonomías.

Como se sabe, dicho artículo fue aprobado el 2 de septiembre de 2011 con los votos favorables de PSOE (que fue de quien partió la propuesta), PP y UPN. Era la segunda reforma que se hacía de la Constitución de 1978. Bastó con una votación en el Congreso y el Senado para sacarla adelante dado que el artículo 135 se encuentra ubicado en una de las partes de la Constitución que pueden ser reformadas por la vía fácil del artículo 167 (mayoría de 3/5 de las dos cámaras y referéndum si así lo solicita la décima parte de los miembros de los diputados o senadores, algo que no ocurrió en este caso).

Según el nuevo artículo, “el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea” y, además, el pago de la deuda pública gozará de “prioridad absoluta”. Así pues, las políticas sociales de todas las administraciones no pueden generar un déficit contrario al ordenado por la UE y se debe pagar la deuda antes que pagar las pensiones, la sanidad o las ayudas a la dependencia. No se puede, por ejemplo, decretar una moratoria o el impago de la deuda ilegítima como ha hecho Ecuador. Para poder hacerlo habría que promover primero una reforma constitucional. A partir de la entrada en vigor del nuevo artículo 135, España es más un Estado “deudocrático” de Derecho que un Estado social y democrático de Derecho, como dice que debe ser el artículo 1 de la CE. También porque el art. 135 especifica que “el volumen de la deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

Bien es verdad que en su apartado cuatro el precepto admite que en caso de “catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado”, los límites de déficit estructural y de volumen de deuda podrán ser superados. Pero para ello es preciso que dicha necesidad sea apreciada por la mayoría absoluta “de los miembros del Congreso de los Diputados”, y no por la mayoría de los miembros de los parlamentos autonómicos que es donde en muchos casos se legisla o colegisla sobre las políticas sociales porque se trata de competencias transferidas a las CC.AA. Por si hubiera alguna duda al respecto, el último apartado del mencionado artículo remacha el clavo: “Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias”.

Los parlamentarios de CiU no votaron a favor de él, pero tampoco en contra. Sencillamente no votaron. Esta curiosa toma de posición la justificaron en que, por un lado, estaban a favor del lugar común neoliberal según el cual “no se puede gastar más de lo que se ingresa” y a que les parecía muy bien que “ciertas cuestiones vengan marcadas por la Unión Europea” pero, por el otro, expresaron su queja porque no se hubiera aceptado su propuesta de que fueran los parlamentos autonómicos, y no el Congreso de los Diputados, los que tuvieran la última palabra en las decisiones que afectasen al déficit de las Comunidades Autónomas. Esta ambigua posición se vio confirmada cuando el 25 de noviembre de 2014 Izquierda Plural y el Grupo Mixto presentaron una propuesta para derogar el nuevo artículo 135 y CiU se abstuvo aduciendo absurdamente que en 2011 no había participado en la votación para aprobarlo.

ERC, en principio, fue muy crítico con la reforma con el certero argumento de que se trataba de un atentado contra el autogobierno y la financiación de las CC.AA. Y en noviembre de 2014 fue una de las formaciones políticas que propusieron la contrarreforma del artículo de continua referencia. Pero, desde 2012, no ha dudado en apoyar los recortes de CiU, que son su plasmación práctica, con la justificación de que se trataba de un sacrificio necesario para poder avanzar hacia la independencia de Cataluña.

ERC, CUP, ICV y EUiA afirman que la defensa del “eje nacional” y del “eje social” viene a ser lo mismo o, como mínimo, que son dos luchas totalmente compatibles. Pues bien: hasta la fecha no parece que eso haya sido posible ya que el “eje nacional” ha pasado como una apisonadora por encima del “eje social” y de todo intento de adecentar mínimamente la esfera pública catalana.

Fue el “eje nacional” el que propició el abrazo de David Fernández y Artur Mas tras el pseudo-referéndum del pasado 9 de noviembre y, con ello, la indulgencia entre la izquierda independentista respecto al partido de los recortes, la privatización de la sanidad y las muchas corrupciones (Caso Banca Catalana, Caso Casinos, Caso Javier de la Rosa, Caso Pascual Estivill, Caso Turismo, Caso Palau, Caso ITV, Caso Pretoria, Caso familia Pujol, etc.) que nada tienen que envidiar a las del PP valenciano, balear o madrileño.

De hecho, la llamada hoja de ruta del proceso soberanista catalán, pactada entre CiU, ERC, la ANC, Omnium Cultural y la Asociación catalana de municipios por la independencia, lo reconocen implícitamente al relegar la resolución de los problemas sociales a la etapa posterior a la independencia, algo que no ocurrirá, como mínimo, hasta dentro de dos años según el cuento de la lechera explicado en el citado documento. El «eje nacional» y el «eje social» no son compatibles ni ahora ni en un futuro cercano según los principales promotores del «procés». 

La política siempre es una cuestión de prioridades a partir del propio punto de vista. Negarse a establecerlas es lo mismo que negarse a hacer política. Los partidarios de «Cataluña, nuevo estado de Europa» lo saben muy bien: como su prioridad no es luchar contra las políticas neoliberales sino separarse de España para buscar un mejor lugar al sol en el orden neoliberal europeo, no critican las políticas de pauperización impuestas por la dictadura de Bruselas, ni el carácter recentralizador del nuevo artículo 135 que tanto agradó a Angela Merkel, ni convocan actos de solidaridad con Grecia. Emplean sus energías en satanizar todo apoyo y unidad de acción entre colectivos, sindicatos y partidos de los dos lados del Ebro y en estigmatizar a candidaturas como Barcelona en Comú porque da prioridad a las cuestiones sociales. Ya es hora de empezar a decir alto y claro que la unión hace la fueza y que sólo hay posibilidades reales de cambio vertebrando alianzas con los sectores sociales más desfavorecidos de todos los países de la Unión Europea.