Una mujer iba pidiendo en el tren de cercanías y se presentaba como maestra de educación infantil arrojada de las listas de interinos. El hecho ponía en primer plano la cara concreta de los recortes que ha supuesto el despido de muchos miles de profesores, el despilfarro de recursos humanos y la situación de vulnerabilidad social que produce la política económica neoliberal. Me pareció un terrible ejemplo de lo que hay que cambiar. ¿Qué se está haciendo para ello?

El 9 de mayo en Valencia salían a la calle la comunidad educativa y todos los partidos progresistas y sindicatos para colocar el tema educativo en mitad de la campaña electoral. Convocaba la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública con el lema Por el cambio educativo. Pedían “Ni Lomce ni recortes. Más inversión, más calidad, más valenciano, más dignidad”. Representaban el grito de las Mareas por la Educación Pública de todo el Estado, hartas ya de recortes y de cambios legislativos que los consolidan y contra los que se han movilizado profusamente en los últimos cuatro años.

Por otra parte, a mediados de abril se produjo un Encuentro Social de Debate por una Nueva ley Educativa en las Escuelas Pías de Madrid (Lavapiés). En él hubo una representación muy cualificada y plural de la comunidad educativa y académica para debatir y elaborar las bases de una nueva ley de educación. En cursiva se recogen algunas de las conclusiones del Encuentro que serían puntos clave para que se pueda producir el necesario cambio educativo:

1. La reafirmación de los principios orientadores del sistema educativo: igualdad, diversidad, inclusión, participación, laicidad, coeducación, sostenibilidad, autonomía, cooperación y otros valores democráticos. Dadas las dificultades para alcanzar un consenso político que dé estabilidad a la legislación educativa, sería necesario abrir un proceso constituyente en educación en el que participen organizaciones educativas, movimientos sociales, familias, sindicatos y partidos políticos.

2. La creación de una red única de centros de titularidad y gestión pública que progresivamente, y de manera voluntaria y negociada, integre a los centros privados-concertados.

Empezando por exigir el cumplimiento de la ley en cuanto a escolarización sin discriminaciones, participación de la comunidad educativa, no cobro de cuotas, auditorías en casos de irregularidades, etc. Ni un concierto más, ni un metro cuadrado de suelo público, supresión de beneficios fiscales, y no financiación de la separación de niños y niñas. Hay que reforzar la inversión en la red pública y asegurar su oferta en los nuevos barrios y poblaciones con crecimiento demográfico con nuevas construcciones. Habría que revertir el proceso privatizador del alumnado en lugares como Madrid que tienen casi un 20% menos de alumnado escolarizado en la red pública que en el resto del Estado. Tendencialmente se avanzará hacia la supresión para homologarnos a los países de nuestro entorno donde no existe esta situación, para evitar injusticias fiscales y para corregir el elemento de desigualdad que la doble red crea en la sociedad española.

3. La universalidad del derecho a la educación mediante una oferta suficiente de escolarización pública y gratuita de 0 a 18 años que garantice el éxito escolar de todo el alumnado. Con una apuesta por la etapa 0-6 y la Formación Profesional.

4. La Laicidad del sistema educativo, lo cual supone sacar la religión en sus formas confesionales, del currículo y del ámbito escolar. También excluir la introducción de “sesgos ideológicos” particulares y de “adoctrinamiento” de cualquier otra naturaleza.

Ello pasa por denunciar el Concordato como paso previo a la eliminación de los idearios religiosos y de la asignatura de religión en la escuela: solo cabe un ideario laico que respete la libertad de conciencia y eduque sin dogmas.

5.  La defensa de un sistema regido por el principio de inclusión en la organización del centro educativo y en el currículo, donde cada alumno y alumna tenga el apoyo necesario y en el momento en que lo necesite.

La escuela tiene que ser efectivamente para todos, sin ningún tipo de discriminación. En este sentido, son rechazables las pruebas externas orientadas a elaborar rankings, las revalidas, los itinerarios que reducen la comprensividad del tronco común, las especializaciones competitivas entre los centros. Modelos bilingües, como el de Madrid, suponen: segregación entre el alumnado y los centros, el debilitamientos de los contenidos científicos y la división entre el profesorado: hay otras formas de elevar la competencia lingüística y de atender a la diversidad del alumnado.

6. Disponer de un profesorado comprometido y reconocido, que actúen como verdaderos educadores/as y no sólo como enseñantes, formados en contenidos que sobrepasan los conocimientos específicos de las asignaturas y potenciando la cultura de la investigación e innovación educativa.

Hay que recuperar al profesorado despedido con amplias Ofertas Públicas de Empleo, para reducir al mínimo la interinidad. Mejorar las condiciones de trabajo y salariales, derogando las instrucciones que aumentaban la ratio de alumnado y los horarios docentes. Aplicar un nuevo sistema de acceso equilibrado que tenga en cuenta también la experiencia y que permita que los opositores realicen todas las fases (teórica, práctica y programación docente). Recuperar la formación docente como un derecho y una obligación para la innovación pedagógica.

7. Hacer una nueva ley de participación educativa que garantice la implicación real de la comunidad, abierta a las organizaciones sociales de los barrios, a colectivos educativos y sociales y asociaciones de padres y madres y estudiantes, así como a la colaboración entre políticas sociales y educativas que favorezcan la equidad y la cohesión social.

8. Reclamar una política presupuestaria para educación que nos devuelva de inmediato, al menos, a la situación previa a la crisis y que se haga explícito el compromiso para estabilizar un aumento progresivo del gasto en educación hasta el 7% del PIB.

9. Apoyar a la Universidad Pública, que debe de estar al servicio de la sociedad y no del mercado. Bajar las tasas a los precios de 2010 y reducción del precio de los másteres igualándolos al de los grados; aumento de la becas para que nadie tenga que abandonar los estudios por dificultades económicas. No al modelo 3+2 que elitiza la universidad. Plan de rescate de las universidades públicas y compromiso de financiación del 2% del PIB.

La movilización y las alternativas son muy importantes, pero no son suficientes. Aunque las ideas estén claras y los deberes hechos, ahora falta el cambio político en España para que se produzca el cambio educativo. De ahí la importancia de las todas las elecciones que se celebrarán en 2015. Pero el cambio político se dará si es obra de todos. Solos no podemos.