La política electoral, si bien no debe desestimarse, no puede ubicarse en el centro de ninguna acción política radical seria, orientada a cambiar las instituciones que sustentan el sistema político, desmantelar las ideologías hegemónicas y fomentar el tipo de conciencia de masas en que habría de basarse un cambio social y político desesperadamente necesario.
Antoni Aguiló
24M: para que otra democracia sea posible
Vivimos en una época carente de indicios que nos permitan creer en la democracia representativa tal como la conocemos. La participación política se reduce al voto en las urnas cada cuatro años; la representación se ha convertido en un ejercicio profesionalizado, dominado por la dinámica del cheque en blanco, que permite a los gobernantes mandar sin obedecer al pueblo, y ejercido por un bipartidismo decadente que ha facilitado el control del Estado y la democracia a élites privadas; los reglamentos de participación ciudadana acaban como papel mojado; y las instituciones funcionan como un búnker impermeable a la soberanía popular, pero permeado por prácticas autoritarias, corruptas y clientelares.
¿Cómo salir de la crisis de legitimidad que atraviesan la democracia representativa y sus instituciones? ¿Han aprendido algo los partidos de las formas de hacer política surgidas en las calles y plazas al calor del 15M? ¿Están comprometidos con la democracia de alta intensidad de la que habla Boaventura de Sousa o se limitan a absorber retóricamente este discurso con fines electoralistas?
Tras cuatro años de lucha pacífica en las calles, de solidaridad y represión, sabemos que las elecciones del 24M serán las del «no nos representan», pero también las del «sí se puede». Frente a la cultura de la impotencia, que crea un sentido común de conformismo institucionalizado, quienes albergan la convicción de que es posible avanzar hacia formas de política legitimadas por el poder de los de abajo tendrán la oportunidad de votar contra la política de la exclusión económica y social, elitista y desconectada de las necesidades de la gente.
Relegitimar las instituciones representativas y abrir los cerrojos de la democracia son dos de los grandes desafíos a los que se enfrentan los partidos que buscan canalizar la indignación social. Si gobiernan, tendrán una ocasión única para hacer converger la democracia institucional con la otra política impulsada por los movimientos, colectivos y luchas que privilegian una democracia radical, comunitaria y desde abajo. Una oportunidad para demostrar que otra cultura política comprometida con los «oprimidos pero no vencidos», utilizando la expresión de Silvia Rivera, es posible, además de urgente y necesaria.
Més, Podemos y Guanyem Mallorca (Esquerra Unida) son los partidos de ámbito supramunicipal que, más allá de sus tensiones y contradicciones, comparten el diagnóstico de que la democracia necesita ser radicalizada. Sus programas plasman este reclamo popular de apertura democrática e institucional, aunque sus propuestas de democratización varían en alcance y contenido.
Més ha presentado uno de los programas electorales más ambiciosos en materia de democracia conocidos en la historia política de Balears. Se trata de una apuesta audaz por una democracia en revolución que conecta con un proyecto aspiracionalmente radical que surge del experimentalismo político (ley de consultas populares, consejos de participación sectoriales, presupuestos participativos, planes de participación ciudadana, etc.) y se compromete con una «radicalidad democrática» desdoblada en tres ejes complementarios (participación y transparencia, soberanía y administración pública) que suman 123 medidas. En conjunto es un proyecto potencialmente transformador del sistema político vigente porque aspira a derribar los límites a la democracia impuestos tanto por la institucionalidad liberal como por la socialdemocracia institucionalmente conservadora, poniendo las condiciones para potenciar la soberanía popular y promover dicha apertura democrática a través de la combinación entre democracia participativa y democracia representativa, la reorganización de la política representativa mediante una nueva ley electoral proporcional, la eliminación de los privilegios de aforamiento de todos los cargos políticos, la limitación salarial y de mandatos, el fin del monopolio de la política por parte de los partidos, las audiencias ciudadanas con los servidores públicos, la desparlamentarización y desprofesionalización de la política, el derecho de autodeterminación y la creación de estructuras de Estado para abrir un proceso constituyente en clave republicana, entre otras medidas.
Podemos presenta en el programa marco para las autonómicas una batería de propuestas (209 a 2015) destinadas a promover la participación ciudadana y a crear «herramientas públicas con paredes de cristal, que estén a la altura de la gente, que sean profesionales y eficaces, donde la soberanía popular se manifieste cada día». Sus propuestas de democratización pasan, entre otras, por el uso de herramientas digitales de participación ciudadana, la creación de consejos ciudadanos sectoriales y transversales, una ley de transparencia autonómica, el recurso a instrumentos democracia directa y la democratización de los consejos de radio y televisión públicas. La versión autonómica del programa, que define al partido como una «alternativa radicalmente democrática», reitera dichas medidas (46 a 51 y 219 a 225) y hace algunas aportaciones interesantes para revitalizar la maltrecha democracia representativa (medidas 52 a 56). Sin embargo, ni el programa marco ni el autonómico (y en este punto el programa de Més también presenta algunas ausencias) incorporan el mandato imperativo sobre los representantes, la revocabilidad de todas las funciones públicas y la rotación de los cargos de elección popular, prácticas cruciales para construir una política comunitaria alternativa a la lógica individualista y competitiva sobre la que se apoya la democracia liberal imperante. El programa marco tampoco contempla el derecho de autogobierno, insinuado en la propuesta número cincuenta del programa autonómico, que habla genéricamente del «derecho a decidir en relación con todo».
Guanyem Mallorca dedica el cuarto eje de su programa a presentar sus propuestas para consolidar una «democracia avanzada» y «radicalmente participativa» que supere la «formalidad representativa». Aboga, entre otras medidas, por la participación ciudadana en la cogestión de los bienes y servicios públicos, la revocabilidad de los cargos políticos, el apoyo al asociacionismo y a los movimientos sociales, la potenciación de los procesos de consulta (vinculantes o no), los presupuestos participativos y un sistema federalista, republicano y plurinacional que respete el derecho de autodeterminación.
Sea como sea, lo cierto es que para que otra democracia sea posible no basta realizar algunos ajustes cosméticos de la democracia liberal. Para ello ya están las fuerzas que enarbolan la bandera de la regeneración democrática para que toda siga más o menos igual, como Ciudadanos. Tampoco parece que el PSIB-PSOE, dada su trayectoria y el problema de credibilidad que arrastra, esté en condiciones de impulsar el proceso de radicalización de la democracia, a pesar de apelar en su programa a «una nueva política desde la radicalidad democrática».
Radicalizar la democracia exige mucho más que un mero compromiso con la regeneración democrática que busca perpetuar el sistema liberal, un freno de las demandas de auténtica democratización. Exige prácticas emancipadoras y rupturistas cuyo objetivo no es asaltar el poder, sino invertirlo, transformarlo y dispersarlo para alterar la correlación de fuerzas a favor de las clases trabajadoras y populares. Prácticas que muestren que otra democracia es posible a partir de la organización directa y desde abajo de los hogares, barrios, centros de trabajo y otros espacios de relación social; que asuman que las formas de decisión democrática no pasan necesariamente por el voto, los partidos y la separación entre políticos y ciudadanos; que promuevan la despartidización de la representación y la creación de espacios de autogestión fuera de los espacios institucionales tradicionales; que posibiliten la experimentación de nuevas formas de convivencia social incómodas para el capitalismo; que diseñen una ingeniería política compuesta por mecanismos representativos, participativos y radicales de democracia; que generen sistemas asamblearios de gestión local descentralizada como ejercicio de democracia radical desde abajo.
Todas estas prácticas constituyen posibilidades reales de ruptura y transformación, aunque la democracia liberal ahogue su potencial emancipador. Son las piezas que los partidos por la radicalización democrática deberán ir integrando en el rompecabezas para conformar esa otra democracia que permita a la gente decidir y gestionar su propia vida.
[Fuente: Diario de Mallorca]
21 /
5 /
2015