Cuando aún estamos asimilando el nuevo modelo de carrera universitaria de cuatro cursos de grado más uno de master, la fábrica de diktats del ministro Wert propone ahora una nueva configuración de carreras universitarias, el 3+2. Las razones aducidas son espurias; se trata de hacer lo que hacen en otros países (es lo mismo que se dijo para la reforma anterior), sobre todo teniendo en cuenta que la nueva propuesta se formula cuando aún no se ha culminado la anterior y menos aún se ha realizado un mínimo balance razonado de sus efectos.

El tema, como siempre, ha cogido desprevenido a todo el mundo, y en sí mismo es difícil de discutir. De entrada puede parecer una vuelta al pasado, cuando teníamos un primer y un segundo grado y en bastantes áreas había “carreras cortas” más técnicas (Ingeniería y Arquitectura Técnica, Empresariales, Educación) y “carreras largas” más teóricas y a las que se podía acceder por pasarelas entre unas y otras. Pero tras la experiencia de los masters y la desaparición de los cursos de doctorado no parece que las cosas vayan por ahí. Aunque según como se formulara el nuevo modelo podría mejorar lo actual. Pero como nadie es capaz de aclarar de entrada cómo se configurará el nuevo modelo cabe cualquier posibilidad y no hay forma de saber si se trata de una buena o mala propuesta (aunque viniendo de donde viene lo más lógico es aplicar el principio de “piensa mal y acertarás”).

Cuando se aplica el principio con el que acabo la frase anterior aparecen de inmediato tres razones que animan a recelar de la propuesta. Son bastante obvias, pero conviene recordarlas: 

• En primer lugar está la cuestión de las tasas. Uno de los efectos más devastadores del modelo actual es el alto coste de los Masters (que se ha añadido al aumento generalizado del valor de los créditos) que se ha traducido en un aumento de la selección social por razones económicas (en un país sin un buen sistema de becas u otras ayudas sociales). Este fue el efecto más claro (junto a un enorme aumento del trabajo burocrático) que ha salido de la aplicación del plan Bolonia, y este es presumiblemente el efecto que tendrá reducir los grados a tres años y aumentar los Masters a 2. Se trata tanto de seleccionar a la gente por la cartera como de obligarla a una nueva modalidad de endeudamiento financiero, que ya es un fenómeno muy común en países como Estados Unidos. En Catalunya la Generalitat ya se ha lanzado a prometer que está estudiando un nuevo sistema de tarifas que no eleven el coste total de los estudios universitarios, pero viniendo de una Administración que ya ha protagonizado el mayor aumento de tasas de todo el Estado y que es adicta al doble lenguaje (privatizamos parte del sector sanitario para reforzar la sanidad pública) más bien aumenta la alarma.

• Si se produce el encarecimiento del coste de los másters lo más probable es que acabe, como ya ha ocurrido, reduciéndose el alumnado. Y con ello la carga docente. Una buena excusa para seguir reduciendo plantillas y promover nuevas formas de precarización. Según cuál sea la forma como se determinen las plantillas no hace falta siquiera que se reduzca el número de estudiantes en los masters: basta que se considere plantilla oficial la que imparte cursos de grado. La mayor parte de las universidades están inmersas en un proceso de recorte de plantillas, que se consigue con relativa facilidad por la vía de no reponer el personal que se va jubilando (o no renovar contratos al amplísimo personal con diversos tipos de contratación eventual). En CCOO de Catalunya se ha realizado un pequeño sondeo que ha permitido constatar que todas las universidades catalanas incumplen la obligación de contar con un 51% de plantilla formada por personal numerario. Y es bastante posible que una política que de facto significa el recorte de la carga docente se traduzca en la continuidad de este ERE encubierto al que se encuentra sometida la plantilla universitaria. (Aunque como he contado otras veces, se trata de un ERE que en lugar de generar resistencias, sobre todo por parte del personal joven que es el que ve truncadas sus esperanzas de estabilización, sólo provoca frustraciones en una masa social que ha sido, salvo excepciones, educada y sometida a la cultura de la competencia individual.)

• También parece claro que el lobby que más favorece la adopción del nuevo modelo es el de las universidades privadas. Carreras más cortas les hace más fácil competir con la Universidad pública para atraer estudiantes. Mayor peso de los Masters también favorece un mayor descontrol sobre los mismos, “empaquetar” y “vender” títulos atractivos y colocarlos a sobreprecio. Siempre se puede adornar el paquete con alguna referencia a alguna universidad extranjera que se preste. En definitiva, más posibilidades de negocio privado en uno u otro sentido para atraer a la gente que está dispuesta a pagar por la formación de sus hijos. 

En suma las tres cuestiones: encarecimiento, reducción de plantillas y desregulación que favorece a la universidad privada constituyen tanto una amenaza a la Universidad pública como un retroceso social en forma de mayores dificultades al acceso de la enseñanza universitaria como a la creación de empleo estable en un campo tan esencial como el de la formación de conocimiento. 

Considero que estas tres cuestiones son las que han llevado al Gobierno a presentar la propuesta, aunque para tener en éxito y eludir un debate serio sobre estos temas han sabido presentar un hábil «macguffin» con el que hacernos perder el tiempo sobre si es mejor o peor el 3+2 el 5+1 el 4+1 el 3+1+1 o cualquier otra variación que se nos ocurra.

Hay además una cuestión de fondo que para mí planea sobre toda la cuestión de la Universidad, aunque quizás ninguno de los responsables presentes o pasados de las políticas educativas lo ha formulado tal como voy a discutirlo. Llevamos ya bastantes años en los que el término “sobreeducación” ha entrado en el debate sobre la relación entre mercado laboral y educación. El término trata de describir la existencia de personas cuya actividad laboral requiere niveles educativos inferiores a los que ha alcanzado. Desde un punto de vista esto no debería parecer un problema; creo que una buena sociedad, en la que se seguirán requiriendo miles de actividades profesionales con exigencias educativas diversas, sería aquélla donde todo el mundo tuviera un elevado nivel educativo y fuera capaz de tener una visión amplia de los problemas sociales y naturales en los que está trabada la vida humana. Preocuparse por la sobreeducación solo tiene sentido si se acepta el reduccionismo que la educación es mera formación profesional.

A nadie con experiencia laboral y universitaria le puede resultar sensata esta correlación estrecha entre educación y actividad laboral. Ni es posible que en los centros educativos se puedan aprender las mil y una cosas que uno experimenta trabajando en el mundo real, ni se puede pretender que es inútil todo el aprendizaje cultural que no está directamente orientado a una tarea específica. Pero es que además de favorecer el conocimiento, la educación hace muchas cosas más: modela actitudes, favorece aspiraciones, refuerza la autoestima, etc. Y además los títulos conceden reconocimiento social. Y ahí es donde la sobreeducación puede convertirse en un peligro para el orden social. Y es que las personas sobreeducadas y obligadas a realizar una tarea diferente a la que aspiran, a la que consideran tienen derecho por haber superado las pruebas a los que han sido sometidos, que se sienten frustrados en su proyecto vital pueden dar lugar a respuestas indeseables. Bien convirtiendo su frustración en rebeldía social, bien, simplemente, convirtiéndose en personas insatisfechas que hacen mal su actividad laboral. O sea que si preocupa la sobreeducación es porque estaría indicando que una parte del gasto educativo podría ahorrarse limitando el acceso a la educación y reduciendo el número de titulados y dejando de “fabricar” personas de alguna forma potencialmente problemáticas.

Se trata de una cuestión que en el fondo expresa una de las contradicciones centrales de las sociedades modernas. El sistema educativo, en gran parte por la presión social y por su propia dinámica interna, se ha democratizado mucho más que las estructuras ocupacionales de la sociedad capitalista actual. De seguir avanzando la democratización y eficacia del sistema educativo tendríamos cada vez más personas educadas que no encontrarían un empleo equivalente en la estrecha jerarquía laboral de las sociedades capitalistas existentes. Posiblemente incluso podríamos tener una situación en la que las aspiraciones de bienestar y posición social que se asocian a la alta formación educativa no pudieran tener respuesta en una sociedad igualitaria que requiere una diversidad de actividades laborales.

Hay distintas formas para solucionar la contradicción entre una elevada oferta laboral educada y una mucho más restringida demanda de empleos para gente educada. La fórmula más sencilla de resolverlo para una sociedad capitalista como la actual es la de volver a segmentar, limitar y entorpecer el acceso a una educación igualitaria, por miedo del recurso al mercado (que estudie quien pague), la diversificación y troceamiento de los currículos educativos (para legitimar un orden pseudomeritocrático) y en suma configurar un sistema educativo tan jerárquico y desigual como el mundo laboral con el que se va a reaccionar.

Pero existen otras muchas posibilidades que pasan tanto por desarrollar formas organizativas mucho menos jerarquizadas y mucho más cooperativas que reconfiguren en clave más igualitaria los empleos y las profesiones como por prefigurar un orden social donde sea posible, e incluso deseable, compaginar una sociedad globalmente culta con la multiplicidad de trabajos y tareas que entre todos debemos desarrollar. Se trata de modelar instituciones, valores y espacios laborales verdaderamente inclusivos y creativos. Plantearse estas cuestiones empieza a ser urgente en una sociedad donde el fenómeno de la sobreeducación empieza a pesar y donde de momento la única propuesta que ya está en marcha es la neoliberal, la restrictiva, la clasista. La que en gran medida subyace tras la propuesta del 3+2. Aunque puede que el número de cursos sea lo de menos y lo que importe sea imponer un orden social donde la transmisión de conocimiento vuelva a formar parte de un proceso general de legitimación y ejercicio de la desigualdad. Mientras no empecemos a tener respuestas en esta dirección podemos al menos empezar a pelear por lo que es obvio: que quieren encarecer los estudios universitarios, que quieren seguir debilitando la universidad pública y profundizando en la privatización de esta actividad.