Cuando la policía bautizó como ‘Púnica’ a la operación destinada a desmantelar una trama de corrupción político-empresarial en Madrid, no lo hizo porque hubiera cartagineses entre los investigados. Era un juego de palabras con el apellido en latín (punica granatum) del máximo responsable político de la trama, Francisco Granados, secretario general del PP de Madrid de 2004 a 2011 y consejero de Presidencia, Justicia e Interior con Esperanza Aguirre. Pero quizá no podían imaginar que las cosas podían llegar tan lejos como para salpicar y manchar a la educación madrileña.

Según hemos podido saber por ABC, Granados, a través de la red mafiosa, cobraba comisiones de 900.000 euros a 1,2 millones por una serie de colegios concertados que autorizaba. El calibre de las mordidas pone de manifiesto el alto volumen de negocio en juego. Según parece afecta, al menos, a cuatro colegios de Valdemoro y de Torrejón de Velasco. La empresa que está detrás de estas operaciones tiene 18 colegios en la comunidad de Madrid y el oscuro personaje que la lleva es un viejo cooperativista del colegio San Saturio que ha crecido a la sombra del poder. Podemos estar ante una trama corrupta que afecta a una parte significativa de la educación madrileña concertada.

Siempre supimos que el PP desmantelaba la educación pública por ideología y por negocio. Por ideología, porque defiende un modelo segregador y no inclusivo, ya que no les gusta la mezcla social ni siquiera en la escuela; y porque prefieren destinar recursos públicos para educar a las élites y degradar la educación pública para que esté en correspondencia con un mercado de trabajo precario y una sociedad desigual. Y por negocio, porque la educación de sus hijos preocupa tanto a las familias que se ha convertido en un apetitoso pastel y en la oportunidad de obtener beneficios para las empresas, una vez agotados otros sectores como la construcción. Ello explica que empresas como ACS o Eulen se metan a gestionar escuelas infantiles aunque no tengan nada que ver con la educación.

En nuestra ingenuidad, no llegamos a adivinar que también se hacía para obtener comisiones corruptas a cambio de facilitar prebendas: regalar suelo público y asegurar un concierto a los colegios con el que obtenían financiación pública, aparte de las cuotas que suelen cobrar a las familias. El papel de la mano derecha de Esperanza Aguirre durante mucho tiempo era aprovechar el impulso privatizador del gobierno del PP para sus negocios. Hay que recordar que, en Madrid, los gobiernos del PP desde 2003 a 2011 autorizaron 90 colegios concertados. Con esta política agresiva en contra de la educación pública lograron dar la vuelta a las ratios de escolarización. En Madrid han creado la anomalía de que casi la mitad de los alumnos (48%) están en la enseñanza privada-concertada, mientras que a nivel estatal se sitúan en el 30%. Tras el sarcasmo de la libertad de elección de las familias, se escondía su corrupción y no solo beneficiar a los colegios privados frente a los públicos.

Donde hay un corrupto, hay un corruptor, y cuando se pasa una vez la raya de la deshonestidad, se pasa más veces. Por ello debería realizarse una auditoría objetiva de los 90 centros privados concertados autorizados por los gobiernos del PP, tal y como pide CC.OO. Esperanza Aguirre, Lucía Figar y José Ignacio Wert deberían comparecer en sede parlamentaria tanto en la Asamblea de Madrid como en el Parlamento para dar la cara ante este grave escándalo. Hay que recordar que la LOMCE legaliza la práctica seguida en Madrid que permite regalar suelo público de los ayuntamientos para empresas privadas, aunque no se garantice una oferta pública de plazas escolares suficiente en los barrios de nueva creación y centros urbanos en crecimiento demográfico. Es un escándalo demasiado oscuro para no darle luz y aclararlo hasta el fondo.

Aunque un asunto tan sucio como la corrupción que hemos conocido solo afecte a un número limitado de colegios concertados, y nada tengan que ver con él las cooperativas de profesores, hay dos cuestiones de fondo a abordar. Por un lado, estas situaciones son posibles en el caldo de cultivo de la financiación ilegal de los partidos políticos que acaban derivando al reparto de sobres y a que se lleven el dinero los más desaprensivos. Un partido que se financie ilegalmente debería de ser suspendido de actividad por realizar dumping electoral y político respecto a los demás.

Por otro, la doble red pública-concertada es injusta, segregadora y multiplica las desigualdades. Es un disparate que entre todos los contribuyentes estemos financiando una educación separada para los hijos de la clase alta, dando dinero a los que ya lo tienen. Los centros que reciben fondos públicos no pueden excluir al alumnado desfavorecido en cualquier aspecto. En un futuro habrá este tema habrá de ser abordado por un gobierno progresista, porque a ningún empresario se le puede prohibir que cree un colegio privado ni a ninguna familia llevar a sus hijos allí, pero nunca a costa del presupuesto público. Asegurar el derecho a la educación para todos en condiciones de equidad, de igualdad de oportunidades y de calidad pasa por fortalecer la red pública. Ese es el modelo existente en los principales países europeos de nuestro entorno, el de mayor calidad educativa y cohesión social. Lo nuestro es una antigualla con raíces en el franquismo, que busca adoctrinar y hacer negocio con un derecho público y un bien común.

[Fuente: Cuarto Poder]