El Partido Popular en el gobierno ha querido reimplantar en España la cadena perpetua. Esa es la verdad a pesar del nebuloso e indeterminado adjetivo de «revisable».

El Psoe, como siempre, ha acudido a echar una mano a la implantación de esta aberración. Sus principios morales estaban en contra, pero sus principios materiales, es decir, su temor a perder votos por la derecha —de los que está muy necesitado, porque por la izquierda sigue haciendo lo que puede para perderlos todos— priman sobre los morales. Se ha corresponsabilizado vergonzantemente de la cadena perpetua.

Y con eso está desbrozando el camino para el siguiente paso represivo del PP: modificar la constitución para reintroducir la pena de muerte. Pues por ese camino se va a ese lugar.

Deseo formular algunas preguntas:

Primera: ¿Alguien cree que la cadena perpetua resultará más disuasoria que las largas condenas previstas en el Código Penal por los delitos asociados al terrorismo?

Segunda: Más en general: ¿alguien cree que cualquier pena previsible es disuasoria para alguien decidido a cometer un delito?

Tercera: ¿Sabe alguien de algún etarra —por ejemplo— que haya vuelto a cometer delitos de sangre tras cumplir una condena larga?

Quienes apoyan la cadena perpetua, ¿son personas capaces de imaginar qué es, en la vida de cualquiera, pasar treinta, veinte, e incluso diez o cinco años, en la cárcel? ¿Saben cómo cambia la sociedad y la vida para todos, a lo largo de esos años, menos para quienes, como los presos, cada uno de cuyos días es igual a cualquier otro? ¿No son capaces de ver que lo que ya hay en el Código Penal es más que suficientemente brutal, despiadado y generador de trastornos mentales?

Las penas no son disuasorias: son castigos, aunque el tratamiento penitenciario tenga como fin la reeducación del delincuente para que no vuelva a delinquir. Pues una cosa son los castigos —los años de cárcel—, y otra el tratamiento penitenciario. Por eso la Constitución del 78 dice lo que dice, eso en lo que se ciscan PP y Psoe con la reimplantación de la cadena perpetua.

Las penas, en la modernidad, se entienden como castigos, no como venganzas. El apoyo a la pena de muerte y a la muerte en vida que es la cadena perpetua procede de personas que anteponen la venganza al castigo. Que lo que en realidad quieren es venganza.

Es comprensible que las víctimas del terrorismo deseen venganza. Pero justamente el invento social del Derecho moderno sirve o tendría que servir para contener la venganza. El Estado no debe admitir la venganza ni convertirse en agente o instrumento suyo. Si el Estado se vengara nos mancharía a todos con su venganza. No se lo permitimos. Sólo le permitimos castigar, dentro de ciertos límites, a los que violan reglas muy claras. Pero con los nuevos cambios legislativos el Estado se escapa de nuestras manos

Por eso es ilegítimo, aunque haya sido aprobado por procedimientos legítimos, el restablecimiento de la cadena perpetua. Los procedimientos no bastan para legitimar o justificar las normas jurídicas. Si la observancia de los procedimientos bastara quedarían justificadas aberraciones incluso peores que la que estamos considerando: las de Hitler, por ejemplo.

Vergüenza para los partidos que han aprobado esa indignidad; vergüenza para sus votantes; vergüenza para quienes la apoyan, vengan de donde vengan.