La política electoral, si bien no debe desestimarse, no puede ubicarse en el centro de ninguna acción política radical seria, orientada a cambiar las instituciones que sustentan el sistema político, desmantelar las ideologías hegemónicas y fomentar el tipo de conciencia de masas en que habría de basarse un cambio social y político desesperadamente necesario.
Albert Recio Andreu
Grecia y Draghi, ¿dos rupturas?
Cuaderno de estancamiento: 17
I
Enero ha traído dos cambios importantes en la política comunitaria, aunque de signo bien distinto. Uno es el anuncio de la masiva compra de activos financieros por parte del Banco Central Europeo. El otro, la victoria electoral de Syriza y el inmediato anuncio por parte del nuevo Gobierno griego de su voluntad de impugnar la política de rescate y la adopción inmediata de medidas que van en esta dirección, como el aumento del salario mínimo, el bloqueo de la privatización de actividades básicas y la readmisión de empleados públicos. Aunque el alcance de las medidas es bien distinto, ambas suponen un cuestionamiento de alguno de los dogmas que la hegemonía neoliberal-alemana había impuesto hasta el momento. Se trata de cuestiones de ámbito y repercusiones diversas, por esto trato de analizarlas por separado, aunque en la reflexión final intentaré buscar alguna conexión.
II
Lo que Draghi ha propuesto es un plan de compra mensual, del orden de 60000 millones de euros, de activos financieros durante 18 meses, que podrían prorrogarse; un total que supera el billón de euros. Supone insuflar una enorme cantidad de dinero en los mercados financieros, comprando tanto títulos públicos como privados. ¿Qué se espera con esta política? Puede pensarse tanto en efectos directos como indirectos.
Entre los primeros, los más claros son que ello facilita la financiación tanto de la deuda pública como de las empresas beneficiadas por las compras de títulos. Esta entrada de dinero tendrá el efecto previsible de seguir bajando el coste de financiación de estados y empresas, lo que en el primer caso puede además permitir aligerar el “servicio de la deuda” (el pago de intereses a los tenedores de deuda pública). Se espera que este abaratamiento permita a estados y empresas aumentar su capacidad de ahorro y la posibilidad de amortizar aceleradamente parte de su deuda. Sin embargo como la política está diseñada para comprar una proporción de títulos parecida a la aportación de cada país ello supone que estas ventajas favorecerán por igual a todos los países, aunque se puede esperar que esta oleada de financiación barata influya sobre el conjunto del mercado financiero y todo el mundo se vea gratificado con una financiación fácil y barata.
Se supone que esta política puede tener también importantes efectos indirectos. De una parte la oleada de dinero que se inyecta a la zona euro debe provocar su depreciación frente a otras divisas. La devaluación favorece las exportaciones a países fuera de la zona euro y ello posiblemente tenga más importancia para los países que producen bienes de nivel intermedio, como es el caso de España, que los que producen bienes de alto nivel, como Alemania, para los que el precio de venta tiene menor importancia. De hecho la alta apreciación del euro ha sido uno de los elementos que ha jugado un papel importante en la desindustrialización experimentada por algunos países. La otra cara de la devaluación es que se encarecen las importaciones y esto tiene un impacto distinto en función de la estructura productiva de cada país y sus posibilidades de adaptación. Si lo que se importa son bienes que el país es capaz de producir por sí mismo, la devaluación puede además reanimar a la industria local. Pero si el país importa bienes que no es capaz de producir por sí mismo la devaluación encarece los suministros y puede acabar por neutralizar el efecto positivo en el lado de las exportaciones. En el caso de España un elemento importante al respecto es la elevada dependencia energética (petróleo, gas, carbón) y de algunas materias primas (metales, soja, cereales), pero, al menos a corto plazo, la caída del precio del petróleo y otras materias primas puede jugar un papel importante en evitar que la devaluación del euro se traduzca en un alza sustancial de costes. Hay que advertir sin embargo que estos movimientos dependen además de lo que hagan el resto de países con su moneda; si todos responden igual que la zona euro devaluando de facto sus monedas acabaríamos igual que al principio.
Pero el mayor efecto que se pretende inducir con esta política es el segundo. Se supone que al aumentar el flujo de dinero en el mercado financiero se reducirá la demanda de financiación por parte del estado y las grandes empresas que cotizan en bolsa y con ello se producirán tres efectos paralelos: a) las grandes empresas aumentarán sus inversiones, b) se favorecerá el crédito al resto de la economía y con ello se promoverá la actividad económica y la inversión y, probablemente c) el menor coste de la deuda pública facilitará el gasto público en actividades que generan actividad. Básicamente no encuentro diferencias sustanciales con anteriores políticas del Banco Central Europeo –como la de financiación masiva a la banca– más que en el volumen de su acción y en el uso de un canal diferente. Es cierto que a veces lo cuantitativo se trastoca en cualitativo y que una oleada tan grande de intervención puede acabar por generar un impacto sobre la economía real. Pero hay buenas razones para indicar que es más probable que todo sea más de lo mismo.
En primer lugar está la cuestión de la financiación pública. Tras la primera intervención masiva del BCE los tipos de interés de la deuda pública bajaron sustancialmente, de hecho hoy llegan a estar cercanos a cero. Se ha conseguido abaratar sustancialmente el coste de la deuda pero, en la mayoría de países, el endeudamiento público relacionado con los déficits no ha dejado de crecer. Y esta situación, en tanto se mantenga el resto de la política actual, frena la expansión del gasto público y da razones a los partidarios de la austeridad neoliberal a seguir imponiendo recortes y reformas estructurales (eufemismo para designar la eliminación de derechos sociales y laborales). Si el gasto público no crece suficientemente se pierde un factor esencial de reanimación económica y al mismo tiempo se siguen infligiendo a la población las mismas sevicias que lleva años soportando. En segundo lugar está el sector privado. Tampoco para las grandes empresas la financiación ha sido un problema en los últimos tiempos. La ingente inyección de liquidez que ha generado el BCE y el resto de grandes bancos centrales les ha permitido encontrar facilidades para financiarse en los mercados financieros internacionales mediante la emisión de todo tipo de bonos (cualquier lector de la prensa económica encuentra casi a diario la noticia de una emisión de este tipo de alguna gran empresa y, de forma creciente, acompañada del comentario que se trata de la más barata que ha obtenido nunca). Pero la inversión es otra cosa; como ya he explicado en anteriores notas, las inversiones no se realizan porque el acceso al dinero es barato sino porque se ven posibilidades factibles de invertirlo con rentabilidad en actividades reales. Y esto es lo que está menos claro dados los excesos de capacidad que aún persisten, los niveles de incertidumbre que generan las diferentes turbulencias de precios y las limitaciones a la expansión del mercado provocadas por el empobrecimiento al que se ha forzado a una parte importante de la población de los países con capacidad de compra. Para las empresas pequeñas las cosas aún son más difíciles tanto porque su acceso al crédito es siempre mucho más azaroso y dependiente de las decisiones del sector financiero como porque, a menudo, se encuentran “aplastadas” por las estructuras oligopolistas que configuran el “capitalismo real”. Sin contar que en un mundo tan financiarizado como el actual la posibilidad de que el dinero inyectado fluya hacia actividades especulativas es tan grande como para poner en duda que estemos realmente ante el esquema modélico en el que la entrada de dinero fresco se traduce directamente en actividad real. Por ejemplo en las grandes ciudades españolas, especialmente Madrid y Barcelona, estamos asistiendo a una entrada masiva de inversiones financieras en activos inmobiliarios (oficinas, locales comerciales, hoteles) que, unida a la eliminación de los últimos restos de política de control de alquileres, está produciendo en determinadas zonas una presión sobre los alquileres empresariales que está liquidando gran parte del tejido tradicionales de comercio local e impiendo el desarrollo de un nuevo sector potencial de artesanado comercial.
Sin duda la acción de Draghi es osada por dos razones: porque se enfrenta a las ideas que defiende el todopoderoso Bundesbank y porque si fracasa deja sin nuevos cartuchos el actual modelo. Al menos, sin nuevos argumentos serios para seguir postulando que es lo único que se puede hacer, aunque hace demasiados años que estamos viviendo una situación en la que la inanidad del poder no tiene costes para quien lo ejerce. Posiblemente, si no funciona, a corto plazo los ortodoxos achacarán a Draghi el fracaso, pero se abriría también la posibilidad de un cuestionamiento más radical de todo el modelo de construcción de la zona euro.
III
El reto griego es sin duda más radical, puesto que impugna una buena parte del núcleo de las políticas de austeridad en dos frentes combinados, el del tratamiento de la deuda y el de las reformas estructurales. Los griegos tienen una buena razón para justificar su punto de vista: la inanidad práctica de las políticas impuestas por la Troika. Se ha impuesto un enorme daño social sin resolver, ni siquiera mejorar, el problema que en teoría se trata de atajar. Como en otros muchos países, los recortes, en lugar de reducir sustancialmente el endeudamiento, han contribuido a aumentarlo.
Los problemas que afrontará el nuevo Gobierno griego son sin embargo de otra índole. Tener buenas razones casi nunca es suficiente. Aceptar el argumento griego implicaría para el resto de Europa entrar a revisar gran parte de su diseño institucional y el enfoque de sus políticas. De entrada revisando el propio tratamiento de la deuda que diera lugar a tratar los problemas financieros de los estados y las personas de forma parecida a como se tratan los problemas empresariales: creando mecanismos de ajuste, que implican quitas de deuda, cuando no se puede pagar. Esta ha sido siempre una línea roja que el sector financiero nunca ha aceptado por razones diversas. Una es el temor a que los estados recurran periódicamente a suspensiones de pagos y hagan totalmente incierto el funcionamiento del sistema financiero. El otro es el hecho que mientras una empresa quebrada puede liquidarse y venderse sus activos, un país no puede liquidarse del mismo modo y por tanto tiene, en este sentido, más posibilidades de obtener ventajas con la quiebra. Por otra parte, el cuestionamiento de las políticas de ajuste bloquea la posibilidad de avanzar en dos de los grandes objetivos de las políticas neoliberales. De una la reconstrucción del mercado laboral como un mero ejército de reserva sin control que posibilita total libertad a los empresarios en el uso de la fuerza de trabajo (de eso va la flexibilidad laboral). De otro cierra al gran capital el acceso a apetecibles áreas de negocio que aún quedan en manos del sector público en algunos países.
En definitiva, el desafío griego, por más moderado que traten de presentarlo sus promotores, se orienta hacia una revisión en profundidad de las políticas europeas, y afecta a intereses muy poderosos: al sector financiero, a las políticas diseñadas por las elites europeas, a los sectores que hacen negocio con las privatizaciones. Lo que hay que esperar en los próximos meses es un ataque feroz a la propuesta griega por varios y complementarios frentes. De hecho ya comenzó con la retirada de nuevas provisiones financieras antes de las elecciones, con la primera tanda de declaraciones de políticos europeos y con el anuncio de salidas de depósitos en bancos griegos. Grecia es pequeña, marginal, la factura griega es perfectamente asumible. Pero lo que se teme es que sea sólo un primer movimiento que podría generar una reacción en cadena y por ello la reacción va a ser contundente y a corto plazo. Para evitar que cualquier éxito del Gobierno Tsipras pueda dar alas a fuerzas políticas parecidas en otros países y generar nuevas expectativas sociales en muchos sitios. El margen de maniobra del Gobierno griego es muy estrecho y deberá escoger muy bien sus maniobras para evitar que le rompan el espinazo y con ello se cierre otra ventana de esperanza en Grecia y en todas partes. Más que estar expectantes con lo que ocurra allí lo que debería hacer la izquierda en otros países es un gran trabajo de explicación a su sociedad de las dificultades del proceso, de las fuerzas e intereses en juego y, al mismo tiempo, de elaboración de propuestas sólidas y comprensibles que ayuden a generar un marco de referencia claro de política alternativa.
IV
Aparentemente hay muchas diferencias entre los problemas que plantean ambas políticas. Pero por debajo subyacen cuestiones comunes que vale la pena destacar. Sobre todo porque ambos reflejan, cuando menos, que está empezando a tomar cuerpo la primera condición para que sea posible un cambio de signo sustancial en las políticas. Y no es otro que el manifiesto fracaso de las políticas dominantes para hacer frente a los problemas que pretenden resolver. Draghi ha optado por esta inversión masiva cuando es evidente que las maniobras anteriores de política monetaria se han mostrado inútiles. Los griegos han votado contra la Troika cuando tras años de sacrificios estos han mostrado que no han servido más que para necesitar un nuevo rescate.
Como síntoma es evidente, como remedio más discutible. En un caso porque hay muchas posibilidades de que tampoco funcione –en los términos previstos–la inyección financiera. En el otro por la dificultad de que Grecia obtenga una reformulación a la carta de las políticas que le han impuestos sus poderosos, en teoría, aliados.
Salir de este problema requiere movimientos sociales más amplios en otros países y mayor densidad de las propuestas políticas. Requiere por ejemplo reconocer que detrás del problema del endeudamiento público está la cuestión básica de la distribución de la renta y el poder entre grupos sociales. El que una minoría social haya conseguido legitimar unos abusivos derechos de propiedad (que incluyen modelos fiscales totalmente injustos en sus sistemas de recaudación y en sus posibilidades de elusión) que generan una persistente dificultad para financiar la provisión colectiva está en la base de los problemas financieros de los estados. De la misma forma que las dinámicas de desarrollo empresarial generadas con la globalización no han hecho sino reforzar los desequilibrios geográficos, de los que el caso griego es un ejemplo palmario. Los desequilibrios, injusticias y desigualdades que han conducido a la crisis actual exigen un cambio institucional profundo, un enfoque diferente para tratar los problemas. Incluidos los que se derivan de la crisis medioambiental. Por esto es tan urgente que la izquierda en todas partes desarrolle proyectos sociales y económicos entendibles, revisables y adaptables para poder quebrar la locura neoliberal. Para que el previsible fracaso de la expansión monetarista dé lugar a un cambio institucional profundo. Para que Grecia no quede aislada y su ejemplo puesto como una nueva advertencia de lo que ocurre cuando no hacemos caso a la autoridad.
La recuperación del empleo ¿representa un cambio de ciclo?
El gobierno ha presentado, es lógico, la mejora de las cifras de empleo como una muestra de la bondad de su política. Por primera vez desde 2008 la situación parece mejorar. Otra cosa es como se entiende esta mejora. Que la actividad se recupere un poco no significa que se haya entrado en una vía sin sobresaltos. Pero la experiencia del ciclo anterior donde la recuperación del empleo en 1995 dio lugar a una fase ininterrumpida de crecimiento abre la tentación de pensar que las cosas se repiten mecánicamente y lleva a olvidar que los procesos no son siempre parecidos. Hubiera sido demasiado pedirle a un Gobierno tan dado al autobombo y tan ignorante como el que preside Rajoy que hubiera realizado esta evaluación crítica. En todo caso me limitaré a evaluar lo que podemos deducir de los datos que proporciona la Encuesta de Población Activa.
En primer lugar están las cifras del paro. En un año se ha reducido en 477 mil personas, una buena cifra pero que a este ritmo implicaría más de diez años de “bonanza” para llegar a cifras manejables. Una buena parte de esta reducción se ha debido a la creación neta de empleo (433 mil) pero otra a la reducción de la población activa (44 mil), lo que indica que el efecto “trabajador desanimado” sigue dominando e indica que aún hay mucha gente que no confía en encontrar empleo. Y de este inmenso colectivo de parados ha seguido moderadamente creciente el porcentaje de “larga duración” (los que llevan más de un año en el paro) y que alcanza el 61,4% de todos los parados, un volumen insoportable de desperdicio social y sufrimiento humano.
Cuando se analizan los datos cualitativos del empleo se observa que la mejora cuantitativa no se ha traducido en una mejora de la calidad, al menos en las variables que permite considerar la E.P.A. El peso del empleo temporal ha crecido ligeramente, del 23,6% al 24,2%. Los empresarios siguen prefiriendo contratar a la gente por esta vía, tanto porque muchas actividades son de temporada, de corta duración, como porque este tipo de contratación les concede ventajas en muchos terrenos. No sólo por los costes de despido, sino por muchas otras razones: no genera antigüedad, permite una presión constante con el espantajo de la renovación etc. Por su parte el empleo a tiempo parcial prácticamente no ha variado en un año y su peso se mantiene en torno al 16,05%. Hay que advertir sin embargo una cuestión que salta a la vista. Hasta el segundo trimestre del año 2014, el peso del empleo a tiempo parcial crecía de forma sostenida. En el tercer trimestre se produjo una fuerte caída, algo habitual cada año puesto que hay, por ejemplo, mucho empleo a tiempo parcial en restauración colectiva (catering en escuelas y centros de trabajo) en comercios y otros servicios que desaparece en verano. Pero en el cuarto trimestre no se ha recuperado el porcentaje como en años anteriores. Es difícil saber si ello responde a un cambio de ciclo o una pequeña variación de la muestra. En todo caso se trata de un tema a seguir. Y en todo caso lo que si resulta sólido es el crecimiento sostenido de la gente con este tipo de empleo que declara que lo que quiere es empleo a tiempo completo y que alcanza un 40,2% de todos los empleados a tiempo parcial. Sin duda estas son dos figuras que indican que no hay un “salto de calidad” en los empleos, pero una evaluación más completa debe considerar otras cuestiones como los salarios.
Cuando se estudia dónde se ha creado empleo se empiezan a tener pistas de lo que hay detrás de la recuperación. La mayor parte de la creación de empleo es de asalariados, mayormente privados, aunque hay algo de crecimiento del empleo público (será por el efecto ciclo electoral o por las presiones de los movimientos sociales). La tasa de asalarización sigue creciendo, estamos en una sociedad capitalista donde la mayor parte de la gente (82,4%) depende de un salario sin contar con los camuflados como autónomos. Por categorías profesionales el mayor crecimiento absoluto (152 mil) y relativo (3,9%) es el de los trabajadores manuales de servicios, lo que es un buen indicador de dónde se crea empleo. Aunque el crecimiento en ambos aspectos es notable en otras muchas categorías laborales, es algo mayor la proporción en empleos manuales. Por sectores, en términos absolutos los mayores crecimientos se producen en la industria (89 mil), la hostelería (87,7 mil), las actividades científicas y profesionales (54,7 mil), la administración pública (52,3 mil) y las actividades artísticas, deportivas y recreativas (47,7 mil) En términos relativos, la hostelería (6,6%) y actividades profesionales (6,5%) destacan como las más dinámicas. Estos datos siempre hay que tomarlos con cuidado, en una estadística elaborada por muestreo (en una muestra que cada trimestre cambia en un 16,66%); cuando más detallada es una tabla estadística mayor es su sensibilidad a cambios en los resultados. Pero creo que la pintura que se puede deducir es bastante real. El turismo sigue siendo el gran dinamizador, aunque ahora no está acompañado de su tradicional pareja de baile, la construcción, porque aún persiste un enorme exceso de capacidad de vivienda vacía en zonas turísticas que va a tardar años en absorberse. En el otro extremo es seguramente la implantación de las nuevas tecnologías y de sus múltiples aplicaciones lo que engrasa el crecimiento de las actividades técnico-profesionales y lo que tiende a generar una estructura ocupacional más polarizada. Pero la representación debe matizarse primero por una cierta recuperación del empleo industrial y segundo por el nuevo crecimiento del empleo relacionado con el sector público. El empleo industrial se ha beneficiado sin duda de la depreciación del euro, de la caída de los salarios y de una pequeña recuperación de la construcción que arrastra detrás de si actividad industrial. O sea que más o menos puede decirse que la nueva coyuntura ha favorecido un poco la actividad tradicional. Y por otro (y esto también explica algo la mejora de la construcción) el sector público ha aflojado la política de recortes y con ello, una vez más, ha creado empleo. Ya se sabe que el ciclo electoral siempre influye, y este año las Administraciones más partidarias de hacer ajustes se han dado cuenta que debían hacer algo para volver a ganar elecciones.
En definitiva, hay una cierta, por otra parte esperable en algún momento del ciclo, recuperación del empleo (que al final vía multiplicador acaba afectando a todos los sectores), pero que en todo caso no permite afirmar que se haya producido un cambio estructural, ni siquiera en términos iniciales, y el país sigue dependiendo de la bonanza del turismo (y soportando sus costes sociales y ambientales), de algunas industrias bajo control foráneo como el automóvil (que interviene además como lobby contra la adopción de una política racional de movilidad) y de un sector público que pese a su insuficiente desarrollo sigue generando empleo. Quizás con un sector público más consistente, con políticas bien orientadas y decisión se podría pensar en hacer un salto hacia una economía más justa y deseable en términos sociales y ambientales, más sólida para enfrentarse a los peligros de la globalización en sus distintas facetas. De momento sólo estamos asistiendo a una mejoría de un enfermo cuyas estructuras vitales no se han alterado. Un país que genera demasiado paro, demasiados malos empleos, demasiadas desigualdades y que es incapaz de garantizar una vida social satisfactoria y un futuro sostenible.
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2015