Los programas electorales municipales no suelen distinguir de forma muy clara entre principios políticos generales inspiradores de las propuestas y las propuestas concretas. Esto los convierte muchas veces en listados indiferenciados de reivindicaciones muchas de ellas imposibles de aplicar en muchos municipios o incoherentes entre sí.

La presente propuesta intenta dar directrices generales sobre algunos aspectos centrales para que sirvan de referencia en la elaboración de los programas municipales de cada localidad. Sin embargo, no es posible quedarse en la definición de principios generales: hay que hacer propuestas concretas. El objetivo es, por tanto, que principios y propuestas estén bien engarzadas con el fin de ser lo más convincentes y realistas posible de cara a la ciudadanía.  En las manos de los ciudadanos de cada municipio y distrito está la traducción de estos principios generales en programas detallados.  Algunos de los puntos

 

1. FINANCIACION, EMPLEO Y ECONOMIA PRODUCTIVA

 

1. Los municipios son los espacios más cercanos al ciudadano y a través de ellos recibe el grueso de los servicios sociales a los que tiene derecho, pero también generan identidades facilitando su acercamiento a la esfera pública. En una situación de crisis como la actual, los ayuntamientos son, además, espacios en los que los particularmente necesitados pueden recibir una ayuda más rápida y directa para cubrir sus necesidades más elementales. Sólo es posible asegurar todos estos servicios si los municipios disponen de una financiación suficiente y sostenible. El desplome del capitalismo inmobiliario obliga a un replanteamiento radical de la financiación municipal. 

2. Hoy por hoy los ayuntamientos canalizan alrededor del 13% del gasto público, mucho menos que en los demás países europeos. Es imprescindible alcanzar una estructura 50% (Estado), 25% (Comunidades Autónomas), 25% (Ayuntamientos). Esta estructura se debe hacer preferentemente a costa del presupuesto de las Comunidades Autónomas pues hacerlo a costa del Estado volvería imposible unificar las prestaciones en todos los territorios  Pero también es necesario reforzar los mecanismos de las comunidades autónomas y del Estado para hacer cumplir la legalidad en los ayuntamientos, evitar que surjan espacios y estructuras caciquiles inmunes al derecho, como las que hemos conocido en muchos municipios de la Costa del Sol.  Los ayuntamientos tienen que agotar todos los recursos disponibles para desarrollar políticas tributarias progresivas, particularmente el derecho “sagrado e inviolable” a una vivienda y un medio ambiental saludable, consagrados en la Constitución de 1978 y en la Declaración Universal de Derechos del Hombre.

3. Es imposible garantizar la financiación local y el acceso al crédito de los ayuntamientos sin una banca pública eficiente.  Esta posibilidad ha quedado anulada con la privatización del Banco de Crédito Local y de las Cajas de Ahorros durante los gobiernos socialistas. Eso ha dejado a los ayuntamientos en manos de la banca privada y los ha sometido a un férreo control del Gobierno Central. Desde los ayuntamientos hay que reclamar la creación de mecanismos de financiación públicos apoyados en flujos económicos (ingresos y gastos) controlados por las administraciones y no sometidos al negocio bancario.

4. Pero no es suficiente la redistribución: hay que actuar sobre los mecanismos económicos que influyen sobre la conformación de la cuidad. Si estos mecanismos están dominados por un mercado desregulado se generarán desigualdades sociales y territoriales  imposibles de reducir con más gasto. Cuando dichos mecanismos están dominados por una economía solidaria basada no sólo en la redistribución sino también en nuevas formas de generar riqueza y empleo, un urbanismo democrático y sostenible puesto al servicio del interés general empezará a ser no sólo posible, sino también sostenible en el tiempo.

5. Los ayuntamientos tienen que generar, por tanto, capacidades productivas propias y empleos de proximidad. Su rica tradición, unida a la alta cualificación de la población, permite abrir en poco tiempo sectores de actividad más intensivos en trabajo que en capital, sectores que contribuyan a la reconversión social y ambiental de la sociedad. Para ello tienen que cambiar las formas de organizar la economía local y acercar los procesos de producción y consumo eliminando intermediarios y, por tanto, costes y beneficiarios privados. La implicación de los ayuntamientos en la actividad productiva permite (primero) financiar de forma más sostenible las competencias que les han sido atribuidas. Segundo, hace más fácil canalizar recursos endógenos —naturales, culturales, humanos, productivos pero que hoy están infrautilizados o destruidos por efecto de la crisis— hacia la creación de empleo local. Tercero: el empleo local permite acercar lugares de trabajo y lugares de residencia y mejorar la calidad de vida y el medioambiente. Cuarto: los circuitos económicos locales son menos vulnerables a los grandes flujos económicos de tipo capitalista que buscan una revalorización a corto plazo. Quinto: generan más puestos de trabajo e introduce formas solidarias y flexibles de actividad productiva convirtiendo al ayuntamiento en un actor activo en el mercado de trabajo. El sector de la energía, de las transformaciones agrícolas, de la restauración de patrimonio inmobiliario o del turismo ofrecen grandes posibilidades de desarrollo local. Hay muchas experiencias exitosas que se deben estudiar y generalizar.

6. La propuesta de “Plan Marshall” para Europa formulada por los sindicatos alemanes y basada en la creación de un fondo financiado con la emisión de deuda a largo plazo cuyos dividendos se pagarían con el impuesto sobre transacciones financieras, es una propuesta interesante de fuertes implicaciones municipales. El objetivo de dicho fondo es la financiación de un proceso de reconversión energética y social en Europa basada en la gestión democrática de recursos orientados a crear puestos de trabajo locales y fiscalizados por órganos ciudadanos participativos. Esta estructura de gestión de las inversiones públicas puede convertirse en una especie de experiencia piloto que puede extenderse a otros espacios de la administración.

 

2. PLANIFICACION URBANA Y GESTION DE SUELO

 

1. La burbuja inmobiliaria ha devastado una gran cantidad de espacio urbano. Las tramas urbanas que han ido creándose con los siglos no han sido adaptarlas a las necesidades de los ciudadanos, no se han puesto al servicio de una ciudad sostenible y democrática sino al del mercado inmobiliario. El destrozo y el patrimonio ha sido irreversible en muchos casos de forma que  barrios y localidades enteras tienen que ser sometidos a una redefinición general de espacios en función del interés general y del servicio a la ciudadanía. La titularidad  de la actividad urbanizadora debe corresponderle a la administración que tienen que garantizar un equilibro de intereses; las leyes urbanísticas, que son competencia de las autonomías, deben ser armonizadas en una ley de urbanismo democrático.  Es necesario crear bancos públicos de suelo para luchar contra la especulación y el acaparamiento de suelo, reducir los solares vacíos y darle preferencia a la rehabilitación —sobre todo del tejido con interés histórico— antes que apostar por la extensión periférica de las ciudades. El urbanismo debe ser elevado a la categoría de servicio público tanto local como también estatal.

2. La ciudadanía se crea o destruye todos los días, las ciudades democráticas son aquellas con capacidad de generar ciudadanía constantemente. Para ello es necesario crear espacios urbanos que faciliten un elevado nivel de interacción e integración social. Esto sólo es posible con políticas que fomenten un uso diversificado y mixto del territorio: los usos residencial, administrativo, laboral, comercial, deportivo, de ocio, etc. tienen que coexistir en los mismos espacios urbanos. Este modelo de planificación territorial es el que mejor asegura la comunicación y la participación social, la calidad de vida y un medioambiente saludable. Primero porque refuerzan los vínculos y la comunicación entre todos los ciudadanos por el hecho de compartir un mismo espacio. Segundo porque reduce los desplazamientos y las emisiones multiplicando el número de lugares que los ciudadanos pueden alcanzar a pie o en bicicleta elevando así su calidad de vida. Y tercero porque facilitan la identificación de los vecinos con su ciudad y su barrio incentivando la defensa compartida de lo público.

3. Los espacios urbanos altamente especializados no encajan en la ciudad polifuncional que queremos. Los barrios o polígonos de uso comercial, las calles altamente especializados en bares y ocio nocturno o en usos exclusivamente residenciales, los centros financieros hiperespecializados, los barrios históricos muertos para el disfrute exclusivo de turistas, las “ciudades” monotemáticas como la ciudad de la justicia, los campus universitarios segmentados de la ciudad o los polígonos de uso comercial, no son la línea a seguir: las protestas de los barrios de Chueca en Madrid o de la Barceloneta en Barcelona son sintomáticas en este sentido. Se derivan de una lógica de mercado que tiende a segmentar a la población urbana por clases, y grupos funcionales (trabajadores terciarios, comerciantes, vecinos, etc.). El mercado fomenta esta clase de espacios urbanos especializados basados en operaciones urbanísticas desligadas del conjunto y en edificaciones no incorporados a un diseño global e inclusivo de ciudad. El boom inmobiliario, que ha destrozado tramas urbanas de tipo mediterráneo altamente cohesionadas y generado espacios especializados expulsando a las clases populares de los centros históricos y destruido una gran cantidad de patrimonio arquitectónico y urbano, es el ejemplo que no se debe seguir.  

4. Frente a este modelo aquí apostamos por reivindicar el modelo de ciudad mediterráneo, por dejar atrás el modelo anglo-americano. Nuestra propuesta se basa en ciudades compactas con distritos altamente autosuficientes y policéntricos, dotados de usos multifuncionales  y núcleos bien comunicados entre sí por medio de transporte público y formas de desplazamiento no basadas en el uso del coche, transiciones suaves entre el campo y la ciudad, con anillos y pasillos verdes que incluyan la creación de huertos municipales de uso público. Para ello hay que desarrollar un urbanismo activo destinado a diversificar el uso del suelo y que cuente con la participación de la  ciudadanía. El  desarrollo de políticas particularmente activas de apoyo al pequeño comercio destinadas a desincentivar la creación grandes superficies comerciales, el intercalar suelo residencial, espacios productivos, espacios de ocio, parques públicos y centros deportivos, con la creación de equipamientos próximos a los espacios residenciales y comerciales, deben ser prioritarios.

 

3. PROPIEDAD Y PATRIMONIO

 

1.  La construcción de una cuidad o un pueblo sostenibles no se pude regir por el interés individual de promotores y compradores de pisos. Por el contrario, pasa por tener como referencia el conjunto de la población y del tejido urbano, así como la defensa y la preservación de los recursos colectivos, tanto de los tangibles (suelo, edificios, obras de arte, patrimonio natural) como de los intangibles (culturales, estéticos, la memoria colectiva, las tradiciones y costumbres etc.). Es imposible conseguirlos sin la creación de culturas urbanas que promuevan  la identificación de los ciudadanos con sus calles, sus parques, sus tradiciones y sus edificios. Las formas de gestión de la propiedad, y de la propiedad del suelo en particular, tienen que  estar  en consonancia con estos objetivos. Los intereses particulares no tienen por qué estar enfrentados a los colectivos: más bien se trata de formularlos en consonancia con los intereses de todos, convertir la propiedad excluyente en propiedad incluyente, sea esta pública o privada. Pero en la política de ordenación urbana tiene preferencia siempre el interés público frente al privado. Aquí el suelo ocupa un lugar central: del cambio de las formas de propiedad del suelo y de su municipalización y su gestión depende la posibilidad de  hacer un urbanismo sostenible.

2. En España la propiedad del suelo urbano  privilegia a los propietarios individuales de forma mucho más marcada, incluso, que en otros países de Europa. Este esquema alimenta la especulación y da un poder muy importante a los propietarios del suelo y a las empresas inmobiliarias. Estos privilegios tienen que ser suprimidos. En los municipios tienen que coexistir muchas personas en muy poco espacio, los recursos son escasos, la propiedad está muy dispersa y segmentada pero todos —las generaciones presentes y futuras—  tienen derecho a disfrutar del  espacio común, de un medioambiente saludables y de un patrimonio histórico preservado. Hacer un urbanismo democrático exige renegociar continuamente los usos entre todos los afectados pensando siempre en adaptar las formas de propiedad al interés general. Las políticas fiscales son muy efectivas en este sentido: no obligan a realizar expropiaciones masivas pero son altamente disuasivas de ciertas prácticas.

3. Proponemos la creación de un registro de solares desocupados y un impuesto que grave aquellos sin edificar, así como otro impuesto que grave las viviendas desocupadas con el fin de incentivar su uso para atender a la urgente demanda creada tras la crisis. Asimismo proponemos el establecimiento, en todos los Planes Generales de Ordenación Urbana, de una nueva categoría de suelo: el «suelo de equipamiento escolar» y usos públicos similares.  Para ello se debería desarrollar un Plan Especial de Equipamiento Escolar en el que el suelo destinado a este y otros usos colectivos quede  blindado, es decir, resguardado del mercado y de los intereses excluyentes. Proponemos convertir el IBI en un impuesto progresivo en función de los metros cuadrados de las viviendas y de los barrios en las que éstas están enclavadas. También proponemos fijar las tasas —por ejemplo de recogida de basura— de forma progresiva con el fin de que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios comparables independientemente de sus ingresos.

4. No hay ninguna prueba de que las empresas privadas sean más eficientes en la provisión de servicios públicos básicos. Todo lo contrario: al quedarse con unos beneficios de explotación necesitan sustraer una parte de los rendimientos para el lucro personal de los accionistas. Tenemos que volver a un sistema público de provisión de servicios básicos municipales. El suministro de agua, el  saneamiento, la retirada de basuras y la limpieza de las calles, los servicios funerarios, el cuidado de parques y jardines, los destinados a asegurar la movilidad —grúas para la retirada y la custodia de vehículos, aparcamientos etc.— deben ser propiedad de los municipios y estar fuera del alcance del mercado. Es imprescindible remunicipalizar el  servicio de aguas y de otros servicios públicos como medida para abaratar su coste y para disminuir la corrupción que favorece la adjudicación de esos servicios a grupos privados que financian el clientelismo municipal de los grandes partidos.

5. El patrimonio histórico de los pueblos y de las ciudades pertenece a las generaciones presentes y futuras. Esto obliga a protegerlo de forma activa y preservarlo de las operaciones urbanísticas que generan plusvalías destruyéndolo. Proponemos el desarrollo de planes especiales de protección de conjuntos históricos que no sólo afecten a edificios aislados sino a conjuntos y tramas urbanas completas. Proponemos la creación de equipos interdisciplinares para la preservación del patrimonio histórico en las gerencias de urbanismo integradas por arquitectos, historiadores del arte, arqueólogos y sociólogos. También proponemos la creación de una fiscalía de patrimonio histórico así como instrumentos de gestión de este patrimonio en los que participen todas las partes: promotores, propietarios radicados en los conjuntos históricos, asociaciones de vecinos y los consejos asesores municipales de patrimonio histórico. Es necesario hacer una revisión inmediata de la política de ruinas y que predomine el criterio de rehabilitación preferente sobre el de demolición inmediata. Todas las actuaciones relacionadas con bienes históricos tienen que estar precedidas por un informe vinculante de impacto cultural.

 

4. PARTICIPACION Y SOLIDARIDAD

 

1. Los Ayuntamientos son los espacios en los que la ciudadanía puede participar de la forma más directa en la gestión de lo público, incluidos los servicios de los que es destinataria. Pero los Ayuntamientos son también los espacios en los que mejor pueden consolidarse las corruptelas y los caciquismos locales. La participación de la ciudadanía en la gestión local permite un mejor control del dinero público, acerca su inversión a la satisfacción de las necesidades de la población y permite establecer prioridades de forma democrática (presupuestos participativos). El control ciudadano puede funcionar como un mecanismo maximizador del uso de recursos -públicos y privados- y previene la corrupción. Además, la participación directa en la gestión municipal es una escuela de democracia con efectos positivos para todo el sistema político del país: cuando los ciudadanos se alejan de sus ayuntamientos se alejan al mismo tiempo de las demás instituciones. Y al revés.

2. Los ciudadanos tienen muchas cosas que proponer para el diseño de una forma de vida  mejor en común. Aún cuando no tengan siempre razón y aún cuando siempre haya intereses particulares, la riqueza de puntos de vista  facilita la búsqueda de las soluciones más razonables y estables. Es necesario organizar la recogida de estos puntos de vista, vincular a los ciudadanos en la solución de los conflictos y llegar a acuerdos de forma transparente. Lo principal es que la ciudadanía sienta que tiene enfrente a una autoridad que representa el interés general, que este tiene en cuenta su punto de vista, y que no impone soluciones opacas y tecnocráticas que la ignoren.

3. Para participar es necesario dotar a la ciudadanía de medios —locales, sistemas informáticos, información actualizada, tiempo etc.— para que hagan posible dicha participación. Si no se proporcionan estos medios, la participación se reduce a una cuestión simbólica sin consecuencias reales para la gestión municipal, lo cual acaba desincentivando la propia participación.

4. Las próximas elecciones municipales deben ser un hito para avanzar hacia un proceso de refundación constitucional de todo el Estado.  El Partido Popular está aprovechando su asfixia económica de los ayuntamiento para socavar la autonomía, las competencias locales y para erosionar la democracia  a través de la ley de Racionalización de las Administraciones Locales (LRSAL). Es necesario derogar esta Ley. Las diputaciones y las mancomunidades pueden y deben ser órganos intermedios de apoyo a los ayuntamientos y de gestión y coordinación de recursos, sobre todo cuando los municipios son pequeños o están muy dispersos. Hay que defender estos órganos intermedios también frente a las Comunidades Autónomas que quieren absorber sus competencias en un proceso neocentralizador a nivel autonómico que no debemos perder de vista.

5. Proponemos la introducción del carácter revocatorio de los cargos municipales como paso previo al su extensión a los cargos de índole autonómica y estatal. Proponemos también el establecimiento de procedimientos participativos para fijar el reparto de algunas de las partidas centrales de los presupuestos municipales (“presupuestos participativos”).

 

5. MEDIOAMBIENTE

 

1. Los municipios son los espacios en los que los ciudadanos sufren de forma más directa y cotidiana la degradación del medioambiente, pero también donde se pueden beneficiar más de su mejora. La planificación del territorio, del sistema productivo local y de su sistema de transportes deben ponerse al servicio de la minimización de las emisiones y los consumos de energías no renovables. Este criterio general debe regir todas las decisiones de política municipal y el desarrollo urbanístico de localidades y distritos. Tiene que estar íntimamente unido a las políticas de planificación del territorio (ver arriba).

2. Sobre todo en situaciones de grave crisis de empleo como la actual, los huertos urbanos o periurbanos pueden contribuir a mitigar la penuria social. Los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, deberían desarrollar planes agrícolas municipales que permitan proveer a los colegios públicos y los mercados locales con productos frescos producidos por los propios habitantes, que creen trabajo local y mejoren la calidad de los alimentos ingeridos.

3. Los ayuntamientos tienen que tratar los recursos naturales de los que disponen como un bien a preservar para las generaciones futuras. Su preservación puede ser una fuente importante de empleo y, muchas veces, puede conducir a la generación de sistemas energéticos locales (por ejemplo plantas de biomasa alimentadas con masa forestal local) desvinculados de los grandes productores privados de energía. También estos pueden convertirse en generadores importantes de empleo local.

 

6. SEGURIDAD

 

1. La izquierda ha pasado de puntillas sobre el tema de la seguridad ciudadana a pesar de que es uno de los problemas que más preocupan a la ciudadanía y a pesar de es muy fácil manipularla con determinados discursos de seguridad. La seguridad ciudadana es una pieza central para garantizar los derechos y libertades de todas las personas, su derecho a la movilidad y el libre tránsito, al descanso y al disfrute de los espacios urbanos comunes sin tener que temer ser agredidos o amenazados por personas extrañas o por miembros de la propia familia: una sociedad insegura es también una sociedad injusta pues las principales víctimas de la inseguridad son las personas con menos recursos, habitantes de las barriadas con las tasas de criminalidad más altas: seguridad y exclusión van íntimamente de la mano. La seguridad ocupa un lugar central, también, en la defensa de los derechos de la mujer a no sufrir agresiones machistas. Hay que hacer una lectura amplia de la seguridad que incluya una cultura no consumista que lleva a muchos jóvenes a desear marcas y objetos comerciales que no pueden ganar con su trabajo.

2.  Frente a un modelo autocrático de seguridad, hay que apostar por un modelo democrático de gestión de la seguridad basado en la intervención directa de los ciudadanos. Para ello es necesario incluirlos en la elaboración de mapas de los focos de inseguridad. Hay que crear cuerpos policiales insertados en el tejido de los barrios, encomendarles también la custodia del derecho de todos a un medioambiente saludable y libre de ruidos,  recuperar los vigilantes de jardines públicos municipales.

3. Lo importante es que estos agentes tengan una comunicación directa y continua con los vecinos y sus problemas, bien directa, bien a través de los consejos de distrito. Este esquema no sólo es el más barato sino también el más eficiente. La creación de policías locales de barrio permite detectar rápidamente las fuentes de inseguridad, facilita la construcción de un discurso transparente de seguridad no basado en los prejuicios del “malo frente al bueno”  y facilita la búsqueda de las soluciones más rápidas y estables a los problemas de seguridad de los barrios.  Los agentes deben vestir de forma que expresen su servicio al ciudadano y no como unidades de intervención coercitiva necesitadas de portar armas continuamente.  Las fiestas privadas deben financiarse su propios servicios obligatorios de seguridad, pero la seguridad pública debe recaer en manos de agentes públicos financiados con impuestos. Proponemos la creación de juzgados municipales y/o comarcales para asuntos de violencia de género así como un aumento de los juzgados especializados en este tipo de violencia.

4. Muchas veces lo que parecen ser problemas de seguridad no son sino problemas de exclusión y de falta de trabajo. La creación de empleo local, redes directas e institucionales de asistencia y de espacios de solidaridad y comunicación son, por tanto, también políticas de seguridad en el sentido literal de la palabra. Estas redes constituyen formas altamente eficientes de prevenir delitos, identificar a los delincuentes y de promover su reinserción social.