Hace cuarenta años, con el fin del franquismo, se empezaron a crear las primeras residencias para minusválidos (que antes eran relegadas a instituciones religiosas). Con el tiempo transcurrido se constata la inviabilidad del proyecto, pero al mismo tiempo es evidente el creciente número de los afectados por accidentes y enfermedades que definimos como causa de la diversidad funcional. Además de las enfermedades degenerativas y los accidentes, en los últimos años, por los mismos males intrínsecos de nuestra sociedad, está creciendo enormemente el número de los afectados por ictus.

Hoy, por un lado, las residencias no sirven ya, porque son una causa de malestar moral, psíquico y material a los residentes. Y, por otro, hay escasez objetiva de centros asistenciales ante la demanda creciente y la política de bloqueo de nuevas iniciativas por parte de la Generalitat de Catalunya.

En el norte de Europa hace ya tiempo que cambiaron el modelo, y, con Suecia a la cabeza, empezaron el modelo de los pisos asistidos, sin ninguna autoridad sobrepuesta a las existentes, tan solo las que rigen para el conjunto de los demás ciudadanos. Pisos asistidos que han ido acabando paulatinamente con las residencias, al cambiar totalmente las preferencias y la demanda de los afectados.

Las cosas están cambiando incluso aquí. En Barcelona hay la experiencia piloto de los Modelos Independientes de Convivencia (MIC), pero son privados y muy caros. Son pisos para una o dos personas, completamente equipados y que disponen de los servicios colectivos necesarios (así como los servicios médicos).

En un principio, intentaron que esta experiencia contara con subvención de la Generalitat, pero la respuesta fue totalmente negativa: por la política de recortes, pero también —y mucho más importante— porque esto planteaba un peligroso precedente de apoyo a un modelo que es contrario al de las residencias y al entramado que estas representan.

Las residencias no son una solución. Una residencia es una institución, y las instituciones están formadas por dirigentes y dirigidos. Dirigentes que tienen casi todo el poder, y dirigidos que no tienen casi poder real para resistirse a los dirigentes. Esto favorece la vulneración de los derechos democráticos de los dirigidos por la acción de los dirigentes. Para los diversos funcionales recluidos en una residencia, existe una autoridad añadida que afecta a su vida y a sus ingresos. Aunque también es cierto que estos usuarios viven acoquinados y con pánico cerval ante el poder de la dirección del centro y ante la indefensión que la vida les ha provocado.

Es evidente que estamos en plena política de recortes y apropiación de fondos públicos con fines privados. Es, digámoslo claro, un mal momento para plantear un cambio radical de la política pública en sanidad y modelos asistenciales. Pero, a pesar de ello, es preciso luchar por lo que es necesario. Y la progresiva substitución de las residencias por Pisos Asistidos y Democráticos es una necesidad urgente.

Luchar por este cambio de modelo no es cosa fácil; pero es urgente y necesario que salga a la luz pública. Urgente, para que todos sepan cuáles son las necesidades de un colectivo invisible pero en constante aumento. Necesario para poder proponer algunas medidas que vayan claramente en el sentido de un cambio de modelo asistencial.

Hay que conseguir del estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos que cambien de modelo y apuesten por los Pisos Asistidos Democráticos, con precio político para las pensiones y las pagas no contributivas, y sin los dirigentes que actualmente martirizan al residente.

Simultáneamente, habrá que conseguir también, y a todos los niveles, unas partidas presupuestarias para esos Pisos Asistidos Democráticos.

Mientras tanto, hay que reformar el sistema de control de la Generalitat de Cataluña (el llamado «sistema catalán», gracias al cual se ha creado una autentica red de impunidad y de clientelismo), para que tenga auténtico poder sobre las residencias concertadas, su presupuesto, su quehacer y su dirección.

Sin embargo, habrá algunos casos en que la tutela de la sanidad será inevitable (enfermedades específicas, degenerativas y terminales). En estos casos, hay que cambiar las leyes para que entretanto ninguna residencia (pública, concertada o privada) pueda discriminar a los enfermos que no quiere por su elevado coste (enfermedades terminales, por ejemplo).

Hay que conseguir que las reivindicaciones de la diversidad funcional sean aceptadas como un derecho de ciudadanía y que los Pisos Asistidos Democráticos marquen —como ha sucedido en otros países— el principio del fin de las residencias tal como las conocemos ahora.

Hay que empezar a abrir el debate sobre esta cuestión para poder alcanzar un modelo satisfactorio y justo.

Nota: Una primera versión de este papel circuló entre alguna gente de la jornada de debate de Guanyem Barcelona, el 30 de noviembre. Su intención es simplemente abrir un debate sobre el tema. Quizás estos pisos reciban otro nombre; el nombre no importa. Lo que importa es el modelo.