El BOE ha decretado el fin de la crisis. Pero ya se sabe que éste es solo un medio gubernamental, en el que se pretende constreñir la realidad a la voluntad del Gobierno de turno. Y el actual Gobierno tiene mucha voluntad de meter como sea a la sociedad en sus viejos y herrumbrosos moldes. O simplemente no ha podido escaparse del síndrome Zapatero, el que provocó que el anterior Gobierno decretara que no había crisis o que ya se veían los brotes verdes mientras el país se caía a pedazos.

La repuesta al optimismo gubernamental puede hacerse siguiendo diferentes vías. La más habitual es constatar la contradicción existente entre los pretendidos buenos datos macroeconómicos y los que ofrecen los indicadores de bienestar social; entre lo mejor que les va a las grandes empresas y la vida cotidiana de la mayoría de la población. Es la respuesta que se encuentra en muchos espacios de izquierda, que suscribo completamente y sobre la que hay poco que insistir. Seguimos con tasas de paro más elevadas que las que se encontró el PP al llegar al poder, y gran parte de la reducción reciente del desempleo proviene de dos factores igualmente indeseables: la reducción de la población activa —gente que ha desesperado de buscar empleo o que se ha marchado del país— y la proliferación de empleos a tiempo parcial. Ha caído el porcentaje de las personas que reciben prestaciones sociales como resultado de los recortes y de la insuficiencia de las políticas públicas. Han caído los salarios y aumentado estrepitosamente las desigualdades. Ni siquiera los desahucios han cesado de crecer. El aumento en los precios de servicios básicos y los recortes en servicios y prestaciones públicas han empeorado las condiciones de vida de mucha gente. Hay indicios de que la malnutrición y las enfermedades mentales, asociadas ambas a la situación económica, están en fase de crecimiento… Un Gobierno responsable sólo podría decretar el final de la crisis cuando se hubieran eliminado todos estos efectos, cuando la mayoría de la población hubiera recuperado sus niveles de bienestar y seguridad económica esenciales, de la misma forma que ningún médico afirma que una enfermedad está curada cuando le baja algunas décimas la fiebre a un paciente, sino cuando el conjunto de variables de referencia indican que la situación evoluciona claramente hacia el restablecimiento de la vida normal. Todo esto lo sabemos la mayoría de personas, sumidas en unos niveles de incertidumbre y de sufrimiento social insoportables, y cuyo final está lejos de percibirse.

Pero, pese a ser certera, esta contraposición entre los datos macroeconómicos y la vida real pierde de vista otros elementos que, a mi juicio, cuestionan aún más la bondad del análisis oficial. Cuando abordamos el análisis de la crisis actual, existen diferentes planos. Uno, el esencial, es explicar qué factores de la dinámica de la economía capitalista actual permiten entender y explicar mejor la situación. Otro, de interés más local, es entender por qué la misma dinámica genera efectos diferentes en países distintos y, más en concreto, por qué la situación es mucho peor en unos países que en otros. Sobre todo, por qué es peor en el sur de Europa en general y en España en particular. He tratado de dar respuesta a esta segunda cuestión en diferentes trabajos, especialmente en el publicado en el n. º 9, de 2010, de la Revista de Economía Crítica (www.revistaeconomiacritica.org) y en los trabajos desarrollados con Josep Banyuls incluidos en el libro colectivo sobre la crisis coordinado por Steffen Lehndorf (del que pronto esperamos publicar una versión española). Creo que los elementos que consideramos en estos trabajos son una guía útil para valorar hasta qué punto estamos saliendo de la crisis y, sobre todo, si España ha realizado transformaciones de calado que, cuando menos, le permitan abandonar su posición de furgón de cola.

Cuando se discute la situación concreta de un país, los posicionamientos suelen oscilar entre dos posiciones extremas: la de los que consideran que todos los problemas son producto de las malas políticas locales, algo que en el momento actual es habitual en la mayor parte de los analistas conservadores (incluida buena parte de la intelligentsia cercana al PSOE, según la cual lo que nos pasa es culpa de lo mal que lo hacemos, de las regulaciones del mercado laboral, de la corrupción de las élites, etc.), o la de los que, por el contrario, basan su análisis en la dependencia exterior, en el papel que desempeñan el euro y la Unión Europea, en los diktats de las instituciones internacionales, un punto de vista que actualmente es más habitual entre la izquierda que considera el tema de la deuda externa o el del euro como el factor explicativo central de nuestros problemas. Mi punto de vista es intermedio. Por una parte, es innegable que el capitalismo global está organizado en capas jerárquicas en que unos países tienen mayor peso que otros, en que los organismos internacionales imponen reglas de juego que tienen efectos asimétricos, que estas mismas reglas se aplican de forma discriminatoria según de qué país se trate y que el marco de las políticas locales es cada vez más estrecho. Pero también es cierto que este margen existe, que las políticas locales, y especialmente las élites económicas y políticas de cada país, influyen en las propias agendas de la política local, y ello tiene el efecto de reforzar o debilitar la posición de cada país en el marco internacional. Esto es lo que permite explicar la existencia de situaciones sociales sustancialmente diferentes en países situados en un plano jerárquico parecido (por ejemplo, los países nórdicos frente a Estados Unidos) o lo que permite entender por qué países con problemas parecidos son capaces de adoptar estrategias divergentes (Latinoamérica es hoy un campo rico para explorar este hecho).

En el caso español, la forma en que se llega a la crisis es tanto el resultado impuesto por nuestra posición en la división social del trabajo como de las estrategias articuladas por nuestras élites económicas, algo que se pone de relieve cuando se constata que, mientras en el país han proliferado los problemas, las grandes empresas se han consolidado como grandes grupos empresariales globales.

Partiendo de esta premisa, consideraba que los problemas centrales de la economía española eran, lo que la hacía más vulnerable, en primer lugar, su posicionamiento productivo, su escala de especialización y, en el último período de crecimiento, su elevadísima dependencia de la construcción (en su doble variante de vivienda y obras públicas). En segundo lugar, las limitaciones de un sector público subdesarrollado incapaz de generar las cotas de empleo, de bienestar y de activación económica característicos de la mayoría de los países capitalistas europeos. Y en tercer lugar el elevado nivel de desigualdad, con sus efectos colaterales sobre el bienestar y la productividad. Además de todo ello, y fuera del análisis convencional, estaba la cuestión del deterioro ambiental, un deterioro que no sólo tiene efectos a largo plazo sino que genera costes a corto plazo derivado tanto de la dependencia de recursos foráneos como de los efectos del deterioro ambiental sobre los gastos en sanidad, desastres naturales, etc.

Evadirse de las condiciones que habían generado la crisis implicaba, por tanto, alterar estas condiciones, avanzar en la construcción de estructuras diferentes que pudieran dotar a nuestra sociedad de una posición más equilibrada, sostenible y resistente, más socialmente inclusiva. Significaba fundamentalmente alterar la estructura de la producción y el consumo, reformar y amplificar el sector público, reducir los diferentes niveles de desigualdad y orientar la actividad económica en un sentido ecológico. De hecho, hay fuertes interrelaciones entre todos estos aspectos: las desigualdades promueven un modelo de consumo relacional que refuerza las actividades más depredadoras. La única forma de avanzar con fuerza en el cambio de la estructura productiva y la sostenibilidad es con políticas públicas ambiciosas que promuevan, por ejemplo, un cambio de modelo energético, de transporte, de urbanismo. El desarrollo de servicios públicos bien diseñados genera empleos, bienestar y cohesión social…

Lo que ha ocurrido ha sido, en cambio, inacción en unos casos —el de las políticas de cambio estructural— y empeoramiento en otros. Cuando analizamos la economía desde un punto de vista convencional, fácilmente advertimos que en algunos casos hay un deterioro creciente de la situación —el de la deuda pública— y que en otros la mejora es circunstancial —el de la balanza de pagos—. Gran parte de la mejoría experimentada en el sector exterior lo ha sido porque la caída del consumo ha frenado las importaciones y ha permitido mejorar la cobertura exterior sin eliminar el déficit. Ha bastado un pequeño repunte de la economía en 2014 para que éste vuelva a aumentar. No hay ningún misterio en ello: la balanza comercial da cuenta de la especialización productiva de cada país, y en el caso español el déficit persistente indica que, debido a un largo proceso de desindustrialización e insuficiencia tecnológica por un lado, y a un modelo de consumo y producción que exige un determinado tipo de suministros por otro, el país es sistemáticamente incapaz de cubrir sus demandas. El resultado es un persistente desequilibrio exterior (sólo paliado cuando la economía se colapsa) que genera en el otro lado endeudamiento exterior. Luchar contra la deuda exige, entre otras cosas, cambiar la composición de la producción y el consumo. Y no vale sólo con fijarse en lo de que “hay que ser competitivos y exportar más”, porque la realidad está llena de paradojas. Por ejemplo, uno de los sectores de mayor “éxito” exportador ha sido el cárnico, pero su crecimiento ha propiciado un fuerte aumento de las importaciones de cereales y grasas vegetales, que constituyen un elemento básico en el desarrollo de la ganadería industrial (sin contar el elevado consumo energético del proceso y sus efectos negativos en materia de contaminación).

No deja de ser incluso patético que, cuando se analiza cuáles son los sectores que más han contribuido al incipiente crecimiento reciente, aparecen como fundamentales los viejos sectores relacionados con el turismo y el inmobiliario. Aunque en este último caso se trata de un renacimiento diferente del período anterior, en aquel momento lo que generaba actividad era la construcción desaforada de viviendas y urbanizaciones que acabaron en colapso. Ahora la actividad se reanima porque los grandes especuladores inmobiliarios han entrado a comprar todo lo que está en venta (empezando por una parte del patrimonio público); es mera transacción coyuntural. Todo ello sería menos dramático si fuera visible que se han adoptado medidas para cambiar el modelo, pero ni en el plano del consumo ni en el de la producción se han adoptado medidas sustanciales para alterarlo. Más bien, en algunas iniciativas (como la de la ley de costas, o la promoción del fracking), para continuarlo, y por tanto hay que prever que los problemas estructurales sigan protagonizando la generación de los mismos problemas que hemos conocido en el pasado reciente.

Por otra parte, las políticas públicas han debilitado el sector público en lugar de reforzarlo, y en muchos campos (sanidad, suministro de agua, etc.) han reforzado el poder de los oligopolios privados. España sigue estando en la banda baja de la actividad pública y la recaudación fiscal. Los déficits públicos fueron sobre todo resultado del desplome de los ingresos públicos al principio de la crisis. En el último período éstos han vuelto a subir ligeramente por efecto de las políticas fiscales introducidas por el PP, pero ha bastado la llegada de un nuevo ciclo electoral para promover una nueva reforma fiscal que debilita más los ingresos públicos (así como todas las maniobras realizadas sobre los ingresos de la Seguridad Social, especialmente con la introducción de nuevos sistemas de incentivos a las empresas que el Gobierno ha dejado de financiar y que, por tanto, se traducen en una caída de dotaciones al sistema) [1]. La política de austeridad justificada por la necesidad de reducir el endeudamiento no ha hecho sino aumentarlo. No ha constituido ni siquiera una política de matar moscas a cañonazos, más bien para ayudar a que las moscas proliferen.

Ni el déficit exterior a corto plazo, ni los problemas del presupuesto público, ni la deuda ni el deterioro ambiental han mejorado. La economía española en su conjunto es mucho más débil que en el pasado, y todo ello a costa de empeorar gravemente las desigualdades y el bienestar social. El balance económico negativo es la otra cara del nefasto balance social de cinco años de políticas neoliberales sostenidas.

Salir de la situación exige encarar dos tipos de acciones complementarias. Unas, dirigidas a romper con las constricciones que impone el marco internacional, con el euro y la política monetaria europea en primer lugar; en este sentido, lo que ocurra en Grecia (y Grecia es nuestro más claro referente de adónde nos lleva la política dominante) va a ser nuestro campo de referencia esencial a corto plazo. Las otras, a intervenir localmente en aquellos espacios donde es posible desarrollar una iniciativa propia: reforma fiscal, reorganización del sector público, políticas sectoriales, reorganización del modelo de consumo. Campos donde hay intereses asentados y enemigos peligrosos, pero donde hay que batirse con ideas y firmeza para alterar un campo económico que solo garantiza más sufrimiento e ineficacia social.

Problemas con la sobrecualificación

Uno de los lugares comunes en el balance de la política reciente es que España está desperdiciando a la población juvenil más preparada de la historia. Una de nuestras injusticias más flagrantes es contar con una cualificación a la que no damos salida adecuada. Entiendo perfectamente el drama privado de la gente que ha estudiado, con unas expectativas profesionales, a menudo con una vocación manifiesta (la que ha disfrutado estudiando, no la que simplemente ha pasado exámenes para obtener una acreditación), el de la gente que se encuentra con una vida profesional permanentemente precarizada (como la que sobrevive en nuestras universidades, en muchos medios de comunicación, en centros de investigación). Realmente han sido víctimas de una situación inmerecida y pueden aducir que se les ha tomado el pelo. Pero, a mi entender, la situación exige otra lectura. Sobre todo si queremos construir un mundo donde realmente todos puedan vivir decentemente, realizar proyectos vitales interesantes y participar plenamente en la vida social.

En primer lugar es discutible la propia definición de la cualificación, la que elabora la teoría del capital humano, relacionada con el número de años de educación o el nivel educativo alcanzado. Si calificarse es obtener aptitudes para hacer algo es dudoso que podamos clasificar a la gente sobre una única escala de saberes. La mayoría de estudios y de aprendizajes son especializados. El que los alcanza puede acabar siendo experto en un área de actividad pero esto no lo hace superior en el resto de actividades. La gente con estudios universitarios suele ser más eficaz en una serie de actividades según su especialidad (razonamiento matemático, control del lenguaje…) pero puede ser perfectamente infracualificada en otras, tanto las que están fuera de su nivel de especialidad como las que se adquieren en otros espacios (destreza manual, capacidad de relación personal, etc.). Clasificar a la población exclusivamente según su nivel de educación alcanzado (cuando además es evidente que las posibilidades de acceso a la educación superior siguen siendo muy desiguales en función del origen social) es otra forma de generar una imagen social favorable al mantenimiento de castas, clases y desigualdad.

En segundo lugar es improbable que ninguna sociedad pueda garantizar a todo el mundo que tendrá derecho a elegir y acceder al tipo de estudios que desee y que posteriormente podrá trabajar el resto de su vida laboral en esta actividad. Puestos en el caso límite de una sociedad igualitaria que garantizara a todo el mundo el acceso a educación superior (algo que por otras cuestiones podría ser razonable) resulta evidente que de cumplirse que todo el mundo trabajara de aquello que ha estudiado dejarían de cubrirse numerosas actividades básicas para la vida social y consideradas individualmente indeseables. El discurso de la sobrecualificación de la gente con estudios ignora además la importancia social, de aprendizaje, que existe en la mayoría de estos empleos. Ignora la necesidad básica de estos empleos y por tanto la necesidad de articular de otra forma la relación entre la elección individual en el sistema educativo y la actividad laboral posterior. Una forma indeseable es la de imponer una selección rígida de acceso a los estudios, fuente de tantas injusticias como la de dejar a la gente abandonada tras superarlos.

En tercer lugar se reduce el papel de la educación a las necesidades de la actividad capitalista. Es como si para lo único que sirve la cultura es para trabajar por un salario, por una carrera profesional. Se trata en suma de aceptar acríticamente un modelo social asentado en la jerarquía y la desigualdad. Los estudios más críticos sobre economía y sociología de la educación ya han mostrado, incluso en algunos trabajos estadísticos, que lo que más buscan las empresas de la gente educada no es tanto sus conocimientos específicos, lo que han aprendido, como sus comportamientos relacionales: sus ganas de hacer carrera, de promocionarse en suma de integrarse adecuadamente en los esquemas de funcionamiento empresarial. Durante bastantes años fui docente de economía en la facultad de Derecho y trabajé con alumnos a los que cualquier referencia matemática asustaba (es una experiencia compartida con multitud de colegas), posteriormente me he encontrado con bastantes de ellos trabajando en banca. Sus conocimientos son lo de menos, lo que les ha dado el empleo es su actitud. En cambio si consideramos el funcionamiento de una sociedad verdaderamente democrática, participativa donde todo el mundo es capaz de participar en un debate político serio, resulta evidente que es necesario generar una población culta, con independencia de su actividad laboral. De hecho todos los que tenemos larga experiencia activista hemos conocido a montones de trabajadores y trabajadoras de este tipo, gente interesada por el conocimiento del mundo, y que a menudo son los que muestran mayor capacidad de intervención social. Por esto creo que hay que construir un mundo donde el acceso a la cultura y la actividad laboral sean espacios diferentes. Lo que sin duda exige no sólo garantizar el acceso a la cultura, sino también definir las actividades laborales de otra forma.

En cuarto lugar el discurso de la sobrecualificación de unos es también el de subcualificación de otros. Un discurso que legitima malas condiciones de empleo, paro, marginación por una carencia de educación, de la que las más de las veces el individuo no es culpable. Es la construcción de un nuevo tipo de estigma que al mismo tiempo impide reconocer la cualificación real, la complejidad, la necesidad de aprendizaje y dedicación que exigen muchas actividades aparentemente simples por no letradas. Las desigualdades salariales y de todo tipo que afectan a las mujeres nacen precisamente de este desprecio y subvaloración de muchas de las actividades en las que se emplean y se asocian a la actividad doméstico familiar. Actividades que son realmente mucho más cualificadas de lo que se supone, como lo muestra la dificultad de muchos varones “subcualificados” en estos menesteres para alcanzar un nivel de pericia mínimamente aceptable. Todo el discurso de la cualificación y el talento está contaminado por la voluntad de recrear el clasismo por otra vía y de legitimar las inaceptables desigualdades del mundo capitalista

Y quinto, hay un riesgo político en que el discurso y la visión estrecha de la sobrecualificación acabe orientando a las política de la nueva izquierda, en la medida que muchos de sus principales activistas forman parte del grupo social que se ha visto atrapado entre la trampa de la carrera profesional y la experiencia de la precariedad laboral y el cierre de políticas públicas que generaban empleos decentes. El fin de la precariedad en estos campos no vendrá provocada por un mero relanzamiento de los gastos en i+d sino de una reconfiguración de los modelos de organización social que atañe a un espacio más amplio. Si contemplan su precariedad como parte del modelo social impuesto por la contrarrevolución neoliberal y si perciben la necesidad de un modelo social que garantice a todo el mundo acceso a la cultura, a una vida laboral y social digna, en lugar de una trampa puede abrirse una oportunidad.

Nota

[1] Anteriormente cuando el Gobierno aprobaba algún descuento en las contribuciones sociales, a cambio aportaba del presupuesto público la cantidad que se dejaba de ingresar de las empresas. En los dos últimos años el PP ha dejado de realizar buena parte de estas contribuciones generando con ello una creciente debilidad financiera que seguramente servirá para justificar nuevos recortes en las pensiones. Hace bastantes años que se sabe que estos descuentos constituyem una forma muy cara y poco eficaz de fomentar la creación de empleo, constituyen sobre todo una transferencia de rentas hacia el mundo empresarial, que se añade al injusto sistema fiscal.