“Es imposible ganar sin que otros pierdan”

Publio Siro

El ámbito fiscal está cobrando más transparencia. Quiero decir, transparencia desde el punto de vista de que cada día está más claro quiénes son los únicos que realmente pagan sus impuestos; e incluso me atrevería a afirmar quiénes son los que pagan sus impuestos y los de otros muchos que no pagan, para nada, la parte que les corresponde.

En lo que se refiere a los dos grandes impuestos recaudatorios, IVA e IRPF, la tan estudiada Reforma Fiscal del gobierno español recoge para el año 2015 dos premisas: 1) no desciende el IVA, gravando con su tipo general todos los consumos al ya conocido 21%; y 2), se reducen de 7 a 5 los tramos de IRPF, gravando de forma inmisericorde a las rentas medias, en su mayoría trabajadoras. A partir de 35.200 € de base imponible, todos los españoles tendrán que pagar el 39% de impuestos, tarifa que pasará a ser del 47% para bases imponibles superiores a 60.000 €.

Como vemos, estamos viviendo en España y en Europa unas presiones fiscales aterradoras, vía renta y vía consumo; y aun así, todas las recetas económicas convencionales nos señalan la necesidad de políticas de austeridad y recortes del gasto público. ¿Vivimos por encima de nuestras posibilidades o hay alguien que no paga su factura fiscal? La pregunta es insoslayable, ya que la estructura económica que está prevaleciendo en Europa está favoreciendo a las grandes multinacionales, es decir, empresas que se pueden permitir negociar a su favor con proveedores, consumidores, trabajadores e incluso con gobiernos. Tal es su poder de negociación que hasta llegan a negociar “los impuestos que van a pagar”, como premisa anterior a establecerse en un determinado país u otro. En este artículo analizaré un caso de estricta actualidad que es fruto de estas prácticas de ingeniería fiscal y de dicho poder de negociación de las grandes empresas: el caso de “LuxLeaks”.

El “Tax Ruling”

El Tax Ruling es un mecanismo que permite a una empresa solicitar de antemano cómo serán tratadas sus ganancias en ese país. Con ello, no sólo se garantiza conocer a priori a cuanto ascenderán sus impuestos, sino que incluso obtiene garantías legales de las autoridades fiscales de ese país respecto a la cuantía de dichos impuestos.

En principio, esta práctica no tendría nada de extraño, dado que podría consistir simplemente en una consulta inicial para conocer la tributación en ese país y decidir así la estrategia empresarial de localizarse o no en el mismo. El problema aparece cuando esta consulta se convierte en negociaciones directas de las multinacionales con los estados en cuestión para no sólo garantizarse un trato beneficioso en sus impuestos, sino también asegurarse ese trato preferente mediante contrato. Y, a tenor de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y de las noticias aparecidas el pasado 5 de noviembre por no menos de cuarenta medios de comunicación de todo el mundo, este parece ser el caso del mayor escándalo fiscal acaecido dentro de la Unión Europea y conocido como “Las fugas de Luxemburgo” o “LuxLeaks”.

Las claves de “LuxLeaks”

Podemos decir que los acuerdos fiscales secretos que ha revelado “LuxLeaks” están removiendo los planteamientos fiscales europeos. Máxime cuando el actual jefe político de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, elegido presidente de la Comisión en pasado mes de noviembre, fue ministro de Finanzas y primer ministro de Luxemburgo entre 1995 y 2013. Es decir, bajo su legislación se formó el marco legislativo que ha permitido a las empresas del caso “LuxLeaks” ahorrarse millones de euros en impuestos.

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, de apenas seis meses para el montante de la información tratada, es el resultado de la desencriptación de más de 28.000 páginas de documentos confidenciales. En estos documentos se pone de relieve que el Gran Ducado firmó cerca de 548 acuerdos fiscales secretos con 340 multinacionales con el objetivo de hacerles pagar un impuesto mínimo (entre las empresas beneficiadas, se citan Apple, Amazon, Ikea, Pepsi o la aseguradora francesa Axa).

Todo parece indicar la existencia de un próspero negocio de bienvenida a estas importantes empresas para que los beneficios obtenidos en otros territorios, especialmente en el resto de países de la Unión Europea, pagaran un impuesto mínimo en ese pequeño país. De manera que las multinacionales fueron capaces de crear legalmente filiales en Luxemburgo gravadas a tipos de menos del 1%, mientras que el impuesto de sociedades en el resto de países de la UE ronda el 25-30%. Una cantidad, claro está, negociada de antemano y que además estaba garantizada legalmente mediante un contrato secreto negociado por una empresa de auditoría.

Sin duda, descifrar las claves de “LuxLeaks” y entender los entresijos de su ingeniería fiscal para favorecer a las multinacionales, debería ayudarnos de una vez por todas a sentar las bases para una armonización fiscal entre los países de la Unión Europea.

¿Tributación en Luxemburgo?

De acuerdo con los resultados de la investigación, Luxemburgo es un pequeño paraíso fiscal que ofrece a las multinacionales una caja de herramientas con el fin de optimizar legalmente sus actividades. La “tasa nominal” del impuesto de sociedades en Luxemburgo es del 29,22%, si bien este porcentaje sigue siendo muy teórico y puede reducirse a cero (o casi) a través de un arsenal de lagunas fiscales y exenciones de todo tipo. Por ejemplo, el sistema fiscal es particularmente favorable para las empresas matrices y sus filiales, por lo que se permite a las multinacionales optimizar sus “precios de transferencia”. ¿En qué consiste esta práctica? Pues consiste en facturarse entre las empresas filiales bienes y servicios, de manera que se reduzca al mínimo el beneficio obtenido en los países con altos impuestos, a la vez que se inflan los resultados obtenidos en aquellos países en los que la tributación es más baja.

Así, en una economía donde los activos intangibles —tales como royalties sobre patentes o explotación de marcas— están sobrevaloradas por las multinacionales (siempre desde el punto de vista de la optimización fiscal) Luxemburgo ofrece una fiscalidad inmejorable.

Podemos decir además que muchas compañías, como Apple, también han ubicado sus operaciones en Luxemburgo debido a los bajos tipos de IVA, con el resultado de que los títulos de música y las películas compradas en iTunes llenan las arcas de las autoridades fiscales del Gran Ducado.

No hay que ser un lince para ver que, mediante estos mecanismos, se reducen drásticamente los impuestos a pagar en los países donde realmente se obtienen las ganancias. Con el consecuente empobrecimiento fiscal de esos países y la sobrecarga fiscal a aquellos ciudadanos que deban pagar tanto sus impuestos como los que no se pagan con estas técnicas de elusión.

Y es que en el caso de “LuxLeaks” estamos hablando de auténticos “acuerdos fiscales secretos” que permiten a muchas de estas grandes empresas implementar agresivas estrategias de optimización fiscal que privan a otros Estados de la UE de miles de millones en ingresos fiscales.

Hay que tomar medidas

Las autoridades de Luxemburgo han reiterado la supuesta legalidad de sus prácticas. En una conferencia de prensa, el primer ministro luxemburgués, Xavier Bettel, aseguró que todo lo relacionado con “LuxLeaks” era “compatible con el derecho internacional”; y el ministro de Finanzas, Pierre Gremegna, añadió que era “compatible con las normas de la UE y los de la OCDE”. El mismo Gramegna remarcó en una entrevista con el medio francés Le Monde que la actividad de “decisiones anticipadas” y no “contratos» (como él niega) es parte de la “herencia” de Luxemburgo.

Por su parte, Alemania, a través de su ministro de Finanzas Wolfgang Schäuble, criticó los subterfugios que emplean algunas empresas para pagar menos. Aunque fuera de forma indirecta, Schäuble atacó al Gran Ducado en una comparecencia ante el pleno del Bundestag (cámara baja) para explicar el acuerdo suscrito recientemente por Alemania y otros cincuenta países, entre ellos España, para compartir información fiscal de manera automática.

El Reino Unido ha ido más allá, llevando ante el Parlamento británico al responsable de la Auditoría de PwC UK, Kevin Nicholson (empresa Auditora que participó en los contratos suscritos con Luxemburgo en el caso “LuxLeaks”), quien ha tenido que comparecer ante la Comisión de Cuentas Públicas para dar explicaciones sobre los acuerdos fiscales con Luxemburgo, desvelados por “LuxLeaks”.

Dentro del Parlamento Europeo, el grupo Verde ha propuesto la creación de una comisión de investigación para investigar a fondo el asunto y, en su caso, depurar todas las responsabilidades políticas. Actualmente tienen sobre la mesa 163 firmas de eurodiputados; y si los grupos que apoyan la investigación consiguen 188 firmas, algo que esperan lograr en enero, será la Conferencia de Presidentes la que examine la propuesta y decida definitivamente si crea la comisión.

Descifrar “LuxLeaks” ha sido posible por el trabajo de un ex empleado de PricewaterhouseCoopers (PwC), la firma de auditoría que negoció en nombre de multinacionales tales acuerdos confidenciales. Y es que no nos podemos mantener impasibles mientras la riqueza de unos pocos se consigue con la pérdida de muchos, máxime cuando esta riqueza, para más inri, no revierte en el país ni en los ciudadanos que la crean.

[Miguel Ángel Mayo es colaborador de mientrastanto-e y coordinador en Cataluña del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha)]