La política electoral, si bien no debe desestimarse, no puede ubicarse en el centro de ninguna acción política radical seria, orientada a cambiar las instituciones que sustentan el sistema político, desmantelar las ideologías hegemónicas y fomentar el tipo de conciencia de masas en que habría de basarse un cambio social y político desesperadamente necesario.
Miguel Muñiz
El blindaje nuclear
Escrito desde el recuerdo afectuoso a Ladis, de quién tanto aprendimos, y desde el camino compartido de acuerdos y desacuerdos, llevados siempre con cariño y humor.
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Los primeros síntomas del final del sistema energético tal como lo conocemos hoy, de los cambios sociales y ambientales que dicho final está provocando, y de los posicionamientos para mantener las desigualdades en que se basa, se perciben con claridad creciente. La energía atómica no es ajena a todo ello, a la recomposición de poderes que conlleva, y a la necesidad de renovar el blindaje político en el que se ha desarrollado, y que la ha mantenido, durante más de 70 años.
Los primeros días de diciembre, y con menos de 24 horas de diferencia, se reunieron en el Congreso de los Diputados, la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, el día 2; y la propia Comisión [1] el día 3. La importancia de ambas reuniones está a la altura de la discreción con la se que han realizado.
La Ponencia encargada de las relaciones con el CSN se reúne “a puerta cerrada”, esto es, solo se puede conocer qué personas participan [2] pero no el contenido de lo que se trata, una práctica política que no está contemplada en la normativa que regula el funcionamiento de las Subcomisiones [3]. Tan solo en un discreto apartado de la web del Congreso, en el que aparece el listado total de Subcomisiones, se puede leer un texto anexo que, dado que estamos tratando de energía atómica, merece la pena reproducir en su totalidad:
Subcomisiones y Ponencias. Son órganos de estudio y propuesta que se constituyen en el seno de las Comisiones. Así como estas últimas actúan en muchos casos como órganos de preparación de las decisiones de la Cámara, las ponencias, a su vez, hacen lo mismo respecto a las Comisiones. Tienen una importancia considerable, ya que es donde se efectúa el estudio más detenido de los diversos asuntos sometidos a la consideración de las Comisiones. Las ponencias se forman para cada asunto, actúan a puerta cerrada, y se integran normalmente por una pluralidad de miembros, que representan entre los distintos grupos parlamentarios [las negritas son mías].
El carácter secreto (que no otra cosa encubre el eufemismo “a puerta cerrada”) del funcionamiento de la Ponencia merece una breve reflexión. A destacar que un órgano al que se le reconoce “una importancia considerable” para la adopción de políticas, no esté sujeto a un criterio mínimo de transparencia; y que la totalidad de las fuerzas políticas que participan en el Congreso asuman esta realidad como algo “normal”. Basta mencionar Fukushima, tema sobre el que volveremos más adelante, para captar las implicaciones de la combinación entre funcionamiento secreto y tema atómico.
El secreto es, además, un componente que añade entidad y “responsabilidad” a la labor de los representantes elegidos por sufragio universal; el acta de la Comisión del día 3, recoge en diversas ocasiones, de manera explícita, el “agradecimiento” y la “satisfacción” que ha provocado en algunos de los diputados las explicaciones dadas por los técnicos del CSN presentes en la misma, ya que no lo pueden hacer constar en documentos de la propia reunión del día 2 por su carácter de “a puerta cerrada”. El secreto es una moneda de cambio valiosa en el actual sistema político ¿cuántas veces no hemos escuchado la respuesta de que “hay que estar ahí para disponer de información” como justificante de la contradicción entre los principios de determinadas entidades y su presencia en ámbitos o situaciones cuestionables? El problema está en que la información es inútil si no se puede trasladar a la sociedad, lo que parece ser el caso que estamos tratando.
Existe, además, otro nivel de secreto que no conviene perder de vista. Durante la reunión de la Comisión, algunos de los diputados solicitaron informaciones por escrito al compareciente sobre aspectos de la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radioactivos de muy alta peligrosidad en Villar de Cañas; pues bien, la respuesta del compareciente, el señor Fernando Martí Scharfhausen, presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), fue comprometerse a facilitar dicha información siempre que los servicios jurídicos del CSN no dictaminasen que la información podía vulnerar acuerdos de “confidencialidad” de las empresas afectadas.
Nos encontramos, pues, ante un nivel de secreto en el que un organismo teóricamente público, el CSN, acerca de cuya “independencia” el compareciente realiza contundentes declaraciones de principios en diversos momentos de la sesión, está subordinado a los intereses de las empresas privadas contratadas para realizar una obra. Hasta el punto de que ni siquiera los “representantes de la voluntad popular”, que ya han asumido la necesidad de la existencia de un determinado nivel de secreto, están por encima de las políticas de las empresas que realizan obras que, curiosamente, son de carácter público.
Esta es la realidad del mundo en el que se mueve la energía atómica, un mundo en el que el presidente del CSN, respondiendo a un parlamentario, puede declarar que:
Ha hecho usted una observación interesante sobre Japón, sobre la alineación indeseada entre Gobierno, sector y regulador. Esto está en el informe. Japón ha cambiado radicalmente el modelo y ha tomado el de la RNC americana, del cual somos una brillante copia adaptada. El modelo americano es el que nosotros hemos cogido, que en algunas partes es idéntico y en otras está adaptado a nuestra situación nacional y a nuestras peculiaridades […].
Y puede decir eso porque sabe que nadie le contestará que el secreto, el triple nivel de secreto en que se mueve la energía atómica en la sede de la “soberanía popular”, es el caldo de cultivo de la “alineación indeseada” (léase corrupción) entre el Gobierno (léase, el yacimiento de políticos que serán contratados en cuanto dejen el “Gobierno”), el “sector” (léase, las empresas eléctricas que se forran de dinero público gracias a los políticos) y el “regulador” (léase, el organismo “público” que, teóricamente, tendría que vigilar la actuación de políticos y empresas), o sea, el propio CSN.
La reunión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, del día 3, trataba sólo de la presentación del informe 2013 del CSN; de la explicación del desarrollo del pleno del CSN sobre Garoña, y de la información sobre el aumento detectado en la presión del gas radiactivo en el sarcófago de Vandellòs I (Tarragona). La realidad es que se dedicó la mayor parte del tiempo a tratar de la situación del proyecto del ATC, y a un tema que sobrevoló el debate: la ampliación del funcionamiento de las centrales atómicas de 40 a 60 años. Por sus implicaciones en el blindaje nuclear destacaremos este último aspecto.
Resulta evidente la relación entre el alargamiento del funcionamiento de las centrales atómicas y el caso de Garoña: la mejor concreción de las directrices contenidas en el informe 2014 del World Energy Outlook (WEO2014), de la Agencia Internacional de la Energía [4], sería que la central atómica más vieja, deteriorada y peligrosa de España consiguiese una autorización para funcionar, como mínimo, hasta el 2032. Por eso, el señor Guillermo Mariscal Anaya, representante del Partido Popular en la Comisión, se deshace en elogios del citado informe y lo cita con detalle en su, por lo demás, previsible intervención.
Alargar el funcionamiento de las centrales atómicas a 60 años implica considerar cinco factores estrechamente relacionados: 1) la política energética; 2) las condiciones de seguridad; 3) los intereses y beneficios de las empresas eléctricas (calificadas eufemísticamente como “operadores” por el CSN y algunos de los miembros de la Comisión); 4) el incremento del volumen de residuos radioactivos de los que hacerse cargo, y 5) los impactos ambientales y sociales en el territorio a lo largo del tiempo.
El quinto factor, el más importante a nuestro juicio, no se menciona en el acta; el cuarto (los residuos) sólo se trata en base al conflicto ATC-ATI: la inexistencia de una solución viable a largo plazo, combinada con la certeza de que será necesario disponer de una combinación de cementerio atómico centralizado (ATC), y cementerios propios de cada central (ATI), si se quiere un mínimo control sobre una basura radioactiva con la que nadie sabe qué hacer, y que será peligrosa durante centenares de miles de años.
Son los tres primeros factores los que marcan la pauta de actuación a corto plazo y están relacionados. Cuando se habla de “política energética nuclear” aparece inevitablemente lo que se denomina el “interés nacional” o el “interés general”, que se circunscribe casi exclusivamente al interés de las empresas eléctricas, lo que tiene consecuencias en la seguridad de funcionamiento de los reactores, y lo que nos lleva a las agencias o entidades encargadas de su control (eufemísticamente denominadas “organismos reguladores”), es decir, nuevamente al CSN.
Por lo tanto, a través del alargamiento de Garoña, se entró al debate del alargamiento a 60 años. Unos ejemplos de preguntas y respuestas:
¿Ha participado el CSN en la reforma del reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, que permite una autorización a medida para Garoña? Respuesta del ponente: “Por obligación legal el consejo tiene que participar en todo lo que sea preceptivo y que envía el Gobierno […] Los servicios técnicos hacen un informe, los servicios jurídicos lo supervisan, el pleno hace la votación final —casi siempre salen los temas por unanimidad— y se envía al ministerio”. ¿Qué opinión tiene el CSN sobre un alargamiento del funcionamiento a 60 años? Respuesta: “Sobre los cuarenta o sesenta años, no opinamos. Solamente opinamos en el pleno del consejo para que sea seguro lo que nos propone el Gobierno o el regulador. Pero no podemos entrar en dinámicas de política energética, como han pedido otros”.
¿Y sobre la exigencia de la empresa de una autorización de funcionamiento de Garoña de 17 años, lo que contraviene toda la normativa sobre la seguridad de las centrales atómicas? Respuesta: “Es muy conocida Garoña y es un proceso ordinario. […] para nosotros lo ordinario y lo normal es estar vigilando y estar pendiente. Con respecto a la RPS, en las revisiones periódicas de seguridad se elige una central y se miran los diez años anteriores y las incidencias. La orientación es cada diez años. No hay una confrontación entre los diez o diecisiete. No, las RPS serán cada diez, ocho, seis años o lo que decida el pleno”.
¿Ha recibido el CSN presiones del gobierno? Respuesta: “En ningún momento he recibido presiones”. Repetida tres veces.
Aunque solo sea por seguir este juego de asunción de responsabilidades genéricas y traspaso de responsabilidades concretas, ya es recomendable leer el acta.
Otro aspecto a destacar: el plan estratégico 2011-2016 del CSN, planteaba la redacción de un “Plan de comunicación”, para informar a la sociedad sobre el estado de las plantas atómicas, y de un “Código ético”. En 2011, con el foco informativo centrado en Fukushima, urgía recurrir a las grandes palabras; pero esta sesión se celebra a finales de 2014, con la información sobre Fukushima bien controlada y, por tanto, ya no hay prisas. Cuando los diputados plantean los retrasos y las paradojas que dicha situación supone, el presidente del CSN llega a irritarse y exigir que no se le den prisas. Se trata de un trabajo que hay que “hacerlo bien” y se ha “encargado un estudio que todavía no ha llegado”; en el CSN “Estamos trabajando para que el acceso a la información sea implementado de forma efectiva”. Declara. Respuesta que, dicho sea de paso, revela una verdad ya que la comunicación actual no deja de ser un simulacro y una burla a la sociedad de un organismo pagado por todos. En resumen, en 2015 puede haber “Plan de Comunicación” y “Código ético”… o no, ya que en ningún momento se formula nada similar a una disculpa por el retraso, ni aparece un calendario para realizarlos.
En todo caso son de agradecer la ausencia de recursos retóricos tipo “demandas del mercado”, “pruebas del mercado”, u otros giros mentirosos al uso. La energía atómica aparece tratada como lo que es: una cuestión política en que la voluntad de las empresas es determinante. En eso las declaraciones del señor Martí Scharfhausen son claras: “El debate que existe entre el sector y el Ministerio de Industria de pasar de los cuarenta a los sesenta años es un debate de política, de mix energético, y el consejo no puede entrar en la gestión de ese debate”.
Una prueba más de que son el “interés general” o el “interés nacional” (es decir, de entidades y personas que se benefician del negocio atómico) los que exigen mantener funcionando 60 años las centrales, lo tenemos en Cataluña. Inmersa desde hace tres años en una intensa campaña “nacional”, descubrimos que el asunto ha sido zanjado de manera sumaria, sin ninguna referencia al tan cacareado “derecho a decidir” que justificó buena parte de la campaña; de manera discreta, el denominado Consell Assessor para la Transició Nacional publicó, en el mes de octubre del 2014, el informe número 9 sobre “Abastecimiento de agua y energía” [5], que en su página 111 dice:
[…] En los EE.UU., más del 50% de las centrales nucleares de la misma tecnología que las centrales catalanas ya disponen de autorización de funcionamiento de 20 años adicionales a los 40 años por los cuales fueron diseñadas. Es posible prever, pues, que (…) las centrales nucleares catalanas podrían disfrutar de una extensión de vida de 20 años más, cuestión fundamental para que el sistema eléctrico catalán sea un sistema económicamente competitivo.
Mientras se guarda un discreto silencio se trabaja intensamente en el blindaje de la energía nuclear. En la reunión secreta de la Ponencia, el día 2, la participación del señor Antonio Cornadó Quibus, presidente del Foro de la Industria Nuclear Española, y cuya intervención se puede leer en internet, planteó sin tapujos la exigencia de incremento del funcionamiento a 60 años, el papel público en el mantenimiento del negocio (“Una mezcla adecuada de iniciativa privada y pública que garantiza el equilibrio y la responsabilidad en todos los aspectos relacionados con nuestra actividad.”) y la pauta con la que funcionan (“Al mismo tiempo, la actividad de la industria es un sólido argumento para mejorar la imagen pública de la energía nuclear, ya que constituye, y puede presentarse, fundamentalmente, como una actividad industrial, lejos de la controversia y el debate.”) [6]
La gravedad de la situación ambiental y energética exige una respuesta social al secreto y a la pretensión de dar “normalidad” a lo que es una amenaza irreversible y una fuente de sufrimiento y muerte cotidiana.
Notas
[1] Se recomienda leer el acta de la Comisión, disponible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-709.PDF
[2] El listado de personas que participan en las reuniones de la Ponencia puede consultarse en http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/ConOrdDia/ConOrdDiaCom_piref73_1444033_73_1339181_1339181.next_page=/wc/ordenDiaDetalle&idOrgano=309102&idSesion=14&fecha=02/12/2014&codOrgano=309 a este listado se suman los representantes de las fuerzas políticas que son miembros de la Comisión http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Organos/SubPon?_piref73_1339276_73_1339269_1339269.next_page=/wc/composicionOrgano&idOrgano=309102&idLegislatura=10 con algún cambio como puede comprobarse en la lectura del acta.
[3] Toda la información relacionada con este asunto aparece reseñada en la página web http://quehacenlosdiputados.net/ , concretamente en http://blog.quehacenlosdiputados.net/por-que-no-se-puede-conocer-la-labor-de-la-subcomision-de-redes-sociales/
[5] Véase http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_9_castella.pdf
[Miguel Muñiz es miembro Tanquem les Nuclears-100% EER, y mantiene la página de divulgación energética http://www.sirenovablesnuclearno.org/]
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