La anécdota es bastante conocida. El viernes 5 de septiembre, pocos días antes de morir, Emilio Botín cena con un grupo de periodistas en un restaurante de Milán. En un momento de la velada, el patriarca de la banca española les confiesa sus preocupaciones: Podemos y Cataluña. La elección de los dos fantasmas no sorprendió a nadie. Para la oligarquía financiera, la perspectiva de una victoria electoral de Podemos resulta un peligro obvio. Si Pablo Iglesias intenta aplicar su programa, el conflicto entre España y el Banco Central Europeo promete ser duro, permanente y de resultado incierto. En cuanto a Cataluña, si hay que juzgar el proceso soberanista por las reacciones que ha provocado entre las empresas del IBEX-35, sólo se puede llegar a la conclusión de que la opción independentista es una eventualidad temida y rechazada por la práctica totalidad de los representantes del gran capital español, tanto en Madrid como en Barcelona.

Aunque les cueste reconocerlo, es muy probable que algunos dirigentes de la izquierda no independentista tengan, por motivos diferentes, unos temores bien parecidos a los de Botín. Según las encuestas, Podemos está devorando su espacio electoral. El proceso soberanista catalán, además, les ha provocado pocas alegrías y más de un disgusto. Las posiciones consistentemente erráticas que estos dirigentes han mantenido sobre la consulta del pasado 9 de noviembre reflejan un debate interno muy intenso y bastante mal llevado. Para no caer en etiquetas ideológicamente sobrecargadas o simplemente ofensivas, diremos que, a grandes rasgos, este debate se dividía entre entusiastas y escépticos.

Para los entusiastas, las impresionantes movilizaciones nacionalistas de los últimos años tenían que provocar un cambio profundo en los tradicionales posicionamientos de la izquierda sobre la cuestión nacional. Ya no bastaba con defender el derecho a la autodeterminación, una mejor financiación autonómica y la promoción oficial del catalán mientras éste estuviera en peligro de minorización lingüística. Ahora tocaba sumar fuerzas para proclamar cuanto antes un Estado propio para Cataluña, concretamente una República Catalana que podría acabar —o no— confederada con el resto de España en régimen de concierto económico, siempre que se diera la inverosímil coincidencia de un mismo ritmo movilizador por parte del movimiento republicano español. Si Madrid no se ponía las pilas inmediatamente, adiós, muy buenas y si te he visto, no me acuerdo. En cualquier caso, aseguraban los entusiastas, al resto de España también le convenía la independencia de Cataluña. La inmensa convulsión política y socioeconómica derivada de la secesión de un territorio tan importante encendería la mecha de una revuelta republicana en todo el Estado. La insurrección pondría fin a la monarquía y, de paso, liquidaría el sistema de dominación oligárquica de Botín y compañía. Entre los más entusiastas de todos, no faltaba quienes creían que, gracias a las ansias independentistas de los catalanes, se podría acabar desencadenar, por contagio desestabilizador, una especie de revolución democrática a escala europea. Por encima de varios matices, los entusiastas solían coincidir en que las movilizaciones convocadas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) debían contar con el apoyo de todos los demócratas y progresistas en razón de un imperativo histórico de imperdonable desobediencia: era el pueblo quien ya estaba en la calle desafiando la legitimidad del Estado posfranquista. Ser de izquierdas y mantenerse al margen de una movilización de estas características sólo se podía explicar como la lamentable consecuencia de una mentalidad penosamente inclinada al sectarismo infantil o la autocomplacencia derrotista.

Por contraste, los escépticos parecían vivir en otro planeta. En vez de participar de la euforia sentimental propia de los frentes patrióticos, se amargaban por la obscena coincidencia entre la proliferación de banderas en los balcones y de parados removiendo la basura. Sin dejar de defender el derecho a la autodeterminación, los escépticos criticaban los pactos y las fotos con el presidente catalán Artur Mas, así como el papel de la ANC como el escudo con el que el gobierno catalán conseguía apaciguar hábilmente la protesta social contra los recortes y las privatizaciones. Los entusiastas creían que se estaba abriendo una gran oportunidad para hundir a la monarquía borbónica. Los escépticos, en cambio, lamentaban que se estaba desaprovechando la ocasión para denunciar el capitalismo en uno de los momentos más vulnerables de su historia. En vez de ver a un pueblo movilizado, creían presenciar una revuelta de clases medias con escasa sensibilidad social. ¿Cómo explicar, si no, que el proceso soberanista no hubiera ido acompañado de una tregua social que incluyera, por ejemplo, una moratoria contra los desalojos en Cataluña?

Más allá de valoraciones estratégicas y de respuestas sentimentales, mucha gente de izquierdas todavía tiene dudas razonables sobre la auténtica viabilidad del proyecto independentista. Mientras en La Moncloa no se instale un interlocutor dispuesto a pactar una consulta sobre el futuro político de Catalunya, la alternativa, la declaración unilateral de independencia, implica un grado de incertidumbre y unos costes sociales difícilmente aceptables para la mayoría de los catalanes. ¿A qué aliados se puede recurrir contra un Estado miembro de la OTAN y de la UE? ¿Alguien se imagina los líderes de CiU o de ERC arriesgándose a explorar una alianza con Rusia, China e Irán para conseguir algún tipo de reconocimiento internacional? Y, en caso de que finalmente se lograra la independencia unilateral, ¿a qué clase social le tocaría pagar las consecuencias del ajuste económico de los primeros años de aislamiento? Los escépticos tampoco ven claro el presunto beneficio de la independencia más allá del Ebro. Sin Cataluña, la fuerza electoral de la derecha posfranquista española quedaría proporcionalmente —y, quizás, irremediablemente—­ fortalecida.

El debate se arrastra desde hace más de dos años. Honestamente, nadie puede sentirse ganador. Más que un debate, de hecho, parece tratarse de una triste confirmación de aquel lamento hiperbólico que el escritor Sánchez Ferlosio le espetó a un entrevistador hace unos diez años: “Nunca se convence a nadie de nada.” Algunos dirigentes de la izquierda transformadora han pretendido resolver el cisma a base de malabarismos retóricos, tan esforzados como estériles. Obviamente, para la izquierda independentista de toda la vida, se trata, desde el principio, de un debate radicalmente absurdo. Ya hace tiempo que han decretado una conveniente síntesis panglossiana que supera toda contradicción y que se suele resumir con la rutinaria consigna: “la lucha por los derechos sociales y los derechos nacionales es inseparable”. Para el resto, la irrupción de Podemos en el escenario político puede representar una vía útil para superar las divisiones y los agrios debates de los últimos años. Los entusiastas con el proceso pueden ver una oportunidad para lograr un referéndum pacífico y pactado con el resto de España, que, en caso de victoria del sí, daría lugar a una independencia real, con reconocimientos internacionales, empezando por Madrid. A los escépticos, ahora repentinamente ilusionados, Podemos les ayuda a recuperar la esperanza en un proyecto de ruptura democrática que movilice electoralmente el grueso de las clases populares y que, en el camino, no tenga que hacer distinciones entre la mafia de fuera y la del propio entorno.

No hay duda de que, antes de que Podemos logre convertirse en el principal partido rupturista en Catalunya, sus enemigos intentarán explotar sus posibles contradicciones en la cuestión nacional. Se le criticará la ambigüedad. Se le acusará alternativamente de proindependentista y de mera sucursal regional de los politólogos de Somosaguas. Se le repetirá que es imposible pretender reunir el cinturón rojo y la realidad comarcal en un proyecto de país coherente. Probablemente, la mejor manera de no empantanarse en este debate recurrente y de poder construir amplias alianzas democráticas —con movimientos sociales y con otros actores políticos como Guanyem, Procés Constituent, IU-EUiA, etc.— consiste en seguir haciendo como hasta ahora: defender el derecho a decidir, sin acercarse a CiU y sin dejar de impulsar su propia agenda política y condicionar la de los demás. O, como se suele decir ahora, sin dejar de “ocupar la centralidad del tablero.” También puede ser bueno aprender de las mejores tácticas del movimiento independentista catalán de los últimos años, adaptándolas a los objetivos de una nueva mayoría rupturista: Primero, democracia, soberanía y derechos sociales para todos, y después ya veremos.

[Andreu Espasa es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja como profesor de lengua y cultura catalanas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Este artículo ha sido publicado en catalán en el blog del autor (filodoxiablog.blogspot.com.es) y, en castellano, en rebelion.org]