Uno de los datos que más admira al observador europeo que viaja a Brasil es el proceso de transformación constante de sus ciudades, urbanísticamente mal planificadas y sociológicamente muy complejas. Ello es debido a la fase de crecimiento rápido de la economía de la última década, que ha comportado una movilidad social ascendente y un crecimiento acelerado del sector inmobiliario (desde el más especulativo al de protección oficial). Fruto de ello, el viajero no iniciado asiste atónito a contrastes enormes: partes de altísima edificabilidad y viviendas modernas muy protegidas al lado de concentraciones de favelas; centros urbanos bien diseñados y periferias atestadas de casitas modestas; centros culturales de primer nivel (auditorios, museos, palacios de congresos) y personas durmiendo en las calles. Es el precio de un modelo de desarrollo que, aunque ha dedicado más recursos que nunca a la redistribución en bienes sociales, ha abierto el grifo del crédito privado y ha tolerado generosamente la especulación incontrolada del suelo, fuente clásica de corrupción que azota en este caso a la clase dirigente brasileña.

El problema ha estallado en las ciudades sede de la pasada copa del mundo de fútbol y de las próximas olimpiadas, objeto de intensas remociones urbanas para la ejecución de las consabidas obras faraónicas. Al igual que sucediera en Barcelona 1992 o en Atenas 2004, estas operaciones han provocado en Brasil una gran reordenación urbanística que ha desplazado a miles de personas para proceder a la edificación de nuevos barrios pensados para clases medias o altas; una flexibilización de los procedimientos administrativos acorde con la inmensidad de licitaciones de obra nueva; la desregulación del régimen general de protección del empleo para ajustar el trabajo al ritmo que requieren las obras, así como la desinversión en medidas de seguridad; y una policiarización masiva tanto para sofocar la protesta social consiguiente (véase mientrastanto.e, nº 125, junio 2014) como para reforzar la imagen de orden público en el exterior.

Desde los años 80, ciudades prósperas como las del sudeste, Sao Paulo, Río de Janeiro o Belo Horizonte ven llegar continuamente a gentes que emigraron de regiones mucho más pobres, como las norteñas y nordestinas del país. Sin ningún lugar donde vivir y sin recursos, estas gentes buscan incesantemente lugares donde asentarse y trabajar. Y a veces los encuentran, suscitando rechazos pero también solidaridades, como explicaré a través del caso de las ocupaciones de Isidoro, en Brasil.

Isidoro, en la periferia de Belo Horizonte (la capital del estado brasileño de Minas Gerais), es una vasta área agraria y forestal sin ningún tipo de aprovechamiento, y por ello objeto del deseo de inmobiliarias. En junio de 2013 fue ocupada de manera y pacífica por 8.000 familias (unas 20.000 personas) en tres  zonas (1.500 familias en Rosa Leão, 2.638 en Esperança, 4.500 en Vitória). En apoyo de sus nuevos vecinos, un sector de la sociedad mineira organizó una marea de marchas, manifestaciones, fiestas y actos de solidaridad, convirtiendo este territorio en un gran espacio de convergencia político-social que pretende dar visibilidad y reclamar una solución política al problema de la vivienda en Brasil.

En agosto del mismo año, tras ser estimada judicialmente la denuncia de las sociedades propietarias de los terrenos, se autorizó un primer intento —muy violento— de desalojo, neutralizado con resistencia y estrategias jurídicas imaginativas por parte de abogadas y abogados populares. A resultas de ello, fue constituida una mesa de negociación con la participación de organismos públicos del estado de Minas, de la propiedad, y de un conjunto de instituciones independientes (Brigadas Populares, Movimiento de Lucha de los Barrios, Vilas e Favelas, la Comisión Pastoral de la Tierra y la coordinadora de las tres ocupaciones), lo que expresa bien la vitalidad de la autoorganización popular que registra en este momento Brasil.

La propuesta de los propietarios consiste en recluir a las familias en una minúscula área concentrada sin las condiciones mínimas de habitabilidad prescritas por la ley nacional. Mientras que los vecinos, a través de la mediación de Arquitectos sin Fronteras, ha hecho una propuesta muy razonable consistente en urbanizar racional y participativamente un 20% del territorio y devolver el 80% restante a la propiedad para actividades efectivamente productivas. Al enrocarse ésta en su posición, los vecinos han procedido unilateralmente a ejecutar el plan de “densificación participativa” propuesto por los arquitectos, por lo que en este momento las familias están construyendo casas en parcelas nuevas.

Mientras esto sucede, la policía militar del estado de Minas amedrenta continuamente a la comunidad, con vuelos rasantes de helicópteros, cercos intimidatorios, o el lanzamiento de octavillas que conminan a la población a desalojar la zona, a pesar de que la orden judicial que pesa sobre ésta no es más que una medida cautelar. Las tácticas militares están perfectamente registradas en la denuncia elevada por los abogados del Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular a la Relatoría Especial de la ONU para una vivienda digna, que ha solicitado al estado de Minas la paralización de sus actuaciones coercitivas.

Esta experiencia (como las organizadas anteriormente en la misma región en Camilo Torres, Irmã Dorothy, Dandara o Guarani Jaiowá)  se asemeja a las estudiadas por el grupo de investigación de Coimbra coordinado por Sousa Santos y que éste define como contrahegemónicas —un haz de estrategias ilegales y legales que confluyen en la reparación de una injusticia y en las que participan agentes diversos—. En Isidoro, la estrategia seguida ha sido, primero, localizar terrenos agrícolas no aprovechados y ocuparlos; luego, resistir a las consiguientes amenazas de desalojo con la ayuda de abogados; a continuación, crear una instancia de mediación con los poderes públicos y la propiedad, elevando propuestas de un uso racional del espacio con la ayuda de arquitectos. Lo que allí se puede contemplar ahora es una ciudad en construcción, rodeada de barricadas para protegerse de la siguiente embestida de la policía militar, pero en cuyo interior hay calles bien trazadas y una delimitación del espacio en lotes iguales para las familias, con espacio para construir una casa y cultivar una parcela. Los moradores son gentes orgullosas de pertenecer, por fin, a algún lugar, e incoativamente politizadas gracias a la actividad militante de la sociedad mineira que les presta ayuda.

Mientras los nuevos moradores proceden a cimentar y edificar sus nuevas casas, destinadas a sustituir a sus primeras barracas, y a construir un sistema hídrico y de distribución de energía a partir de los recursos disponibles, el valiente colectivo de abogadas y abogados Margarida Alves interviene en dos direcciones: impedir continuamente los intentos de desalojo instigados por la propiedad, y mediar con la administración para la consolidación de la posesión comunal. Cada habitante del nuevo barrio (aunque por su extensión deberíamos hablar más bien de ciudad) es censado por la propia organización de la ocupación (que también se encarga de asegurarse que los habitantes no tengan efectivamente otros medios de vida), a fin de dotarles de una identidad común. Y es prescriptiva la participación de todos en la asamblea semanal que informa de la evolución del proceso y resuelve los conflictos internos (muy expeditivamente en los casos asociados a drogas, robos y violencia).

El resultado de todo esto es la imagen de una ciudad en proceso de construcción desde abajo, aunque permanentemente asediada. Un topos que representa la esperanza para quien proviene de una vida miserable y tiene ante sí la posibilidad de construir un futuro. Y en el que se mezclan personas venidas de lugares y culturas muy diversos. Los profesionales que prestan su ayuda desinteresada a estas personas, y que con ello pasan a formar parte de la comunidad, son personas con una alta cultura cívica y conscientes del valor social de su formación profesional. Al punto de que muchas de ellas dedican la mayor parte de su tiempo a esta labor.

Todo esto trae a la memoria el dificultoso proceso de metropolización que en los años 50 y 60 experimentaron ciudades como París o Barcelona. En aquella Europa, las gentes emigradas forzosamente a ciudades necesitadas de mano de obra barata para el crecimiento industrial y terciario se vieron abocadas también a apoderarse de cualquier espacio libre de la periferia urbana para instalarse en barrios de barracas, sin condición alguna de habitabilidad. Y de ahí, ante la absoluta despreocupación de las administraciones por aquellas gentes, surgieron multitud de experiencias de movilización social y concienciación política encaminadas a dotar a esos barrios de condiciones dignas de vida.

El lector tal vez recuerde la espléndida película de Antonio Hernández En la ciudad sin límites (2004), una historia compleja de dos españoles marcados por su relación en los tiempos de la militancia antifranquista que se desarrolla en París. Esta ciudad opera como un espacio simbólico donde uno de ellos construye un relato personal nuevo sin poder huir del pasado que lleva tras de sí, con el que tendrá que hacer cuentas. Aunque algo forzadamente, he tomado prestado este título para expresar la compleja combinación de elementos que se dan en experiencias como la de Isidoro. El más importante: la búsqueda de una vida digna, la solidaridad que esto sigue despertando en muchas gentes y cómo de ambas cosas es posible resistir y avanzar hacia una vida menos injusta.

[Mi agradecimiento más sincero a las personas que han hecho posible esta crónica, especialmente a Larissa Pirchiner, Carolina Spyer, Aline Pereira, Maria Tereza Dias, Antonio Madrid y sobre todo a los habitantes de la ocupación Vitôria]