El Río de la Plata separa Buenos Aires, la capital de Argentina, de Montevideo, la capital del Uruguay. Durante 500 años también se le ha llamado la Mar Dulce porque los recién llegados, confundidos por su belleza y tamaño, lo tomaban por un mar de agua dulce. Ahora, sin embargo, el río tiene otro signo distintivo: es uno de los pocos ríos del mundo cuya contaminación se aprecia desde el espacio.

«Vivir junto al río es una maldición» dice Alejandra, madre de cuatro hijos, con ojos tristes. «Soy madre soltera, no tengo trabajo y no sé qué hacer con mis hijos». Alejandra vive en una barriada muy pobre conocida como Villa Inflamable.

Al barrio le dieron ese nombre por una razón espeluznante: rodeado de industrias químicas y petroleras, el riesgo de incendio en la zona es una bomba de relojería. Villa Inflamable está en el corazón de la zona petroquímica Dock Sur, donde, desde 1997, tres mil empresas vierten sus aguas residuales al Riachuelo.

Sumada a esta intensa contaminación están las aguas negras de cinco millones de clientes de la empresa de aguas privatizadas, Aguas Argentinas, que se vierten al río directamente, sin tratamiento. Tres kilómetros aguas arriba, Aguas Argentinas se sirve de la misma agua para el consumo de la misma población.

Un caso de estudio del Banco Mundial

Aguas Argentinas es un caso de estudio en la fiebre de privatizaciones de los servicios de distribución de agua en la última década, entregados a empresas europeas y americanas, apoyadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El acuerdo de 1993 entre la autoridad argentina de aguas y un consorcio que incluye al grupo Suez, de Francia, la empresa privada de aguas más grande del mundo y la española Aguas de Barcelona, creo una nueva entidad privada, denominada Aguas Argentinas, con la ayuda del Banco Mundial, que también se hizo con una pequeña participación en el consorcio. De acuerdo con un estudio de la Fundación Ecología y Medioambiente del doctor Malpartida, la nueva empresa es «la mayor transferencia a manos privadas de un servicio de distribución de aguas y de una cuenca fluvial del mundo», que abarca una región de más de diez millones de habitantes.

Los planes de privatización se van a pique

Hoy en día 460 millones de personas de todo el mundo dependen en su consumo diario de empresas privadas de distribución de aguas, en comparación con los 51 millones de 1990, debido a las políticas de privatización promovidas por el Banco Mundial y el FMI.

Sin embargo, ahora las empresas de aguas más importantes del mundo han decidido que no van a invertir en países en desarrollo. Suez ha declarado que comienza una política para «preparar el abandono» de los países en desarrollo para concentrarse en las lucrativas posibilidades de Norteamérica y Europa. Una reseña sobre Suez del instituto canadiense Polaris explica que «Suez está adoptando una política de abandono de proyectos problemáticos, arriesgados o no lucrativos, especialmente en los países en vías de desarrollo».

David Hall, de la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos, describe la nueva actitud de Suez como «un reto a las razones que llevaron al sector privado a involucrarse en un servicio público esencial, a la capacidad de arriesgar, de utilizar su propio capital y a las «ventajas» de la competencia. Por lo visto, estas multinacionales son incapaces de hacer nada de eso.

En febrero de 2003 finalizó la concesión de aguas y aguas residuales de la capital de Filipinas, de la que Suez poseía un 20%. En marzo de 2003, amparándose en un «bajón financiero global», Suez se echó para atrás en un contrato que habían ganado en Ciudad Ho Chi Minh para construir la primera depuradora de aguas de Vietnam. En enero de 2004, Ondeo, la filial de Suez dedicada a servicios de aguas, se retiró de lo que hubiera sido un contrato de diez años para gestionar todas el agua de Puerto Rico. Ondeo emitió un comunicado indicando que «Enfrentados con una realidad económica muy diferente a las previsiones iniciales, y en el marco del plan de acción de la empresa madre, Ondeo de Puerto Rico ha rescindido su contrato de gestión de aguas con el acuerdo del gobierno de Puerto Rico».

Debido a ello, según Daniel Azpiazu, investigador de la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales, el precio del agua para uso doméstico se incrementó un 88,2% entre mayo de 1993 y enero de 2002, aunque no hay ninguna relación entre ese aumento y el aumento del IPC (la inflación) que fue del 7,3% durante el mismo periodo.

Azpiazu indica que ello le proporcionó a la empresa beneficios netos del 20%, que juzga muy superior a lo «aceptable o normal» entre las empresas de aguas de otros países: «En Estados Unidos, por ejemplo, las empresas de aguas tuvieron unos beneficios de entre 6 y el 12,5% en 1991. En el Reino Unido se considera razonable un 6 o 7%. En Francia, el 6% es un beneficio muy razonable para una inversión».

Y además ese aumento no supuso una mayor calidad o cantidad del servicio. En 1997, se descubrió que la empresa no había realizado el 45% de las inversiones acordadas en mejoras y ampliación de servicios, lo que condujo a una gran contaminación.

No apta para consumo humano

Aguas Argentinas se encarga del agua residual de 5.744.000 personas, pero de acuerdo con un estudio de diciembre de 2003 del Auditor General de Argentina, sólo trata el 12% del total. El resto, según el Auditor, se vierte al Río de la Plata en la zona de Berazategui.

Vecinos y autoridades de Berazategui, junto con los cercanos ayuntamientos de Quilmes y Berisso, han demandado hace poco a Aguas Argentinas por la contaminación del río, exigiendo una compensación de 250 millones de euros.

«Desde principios de año», ha dicho Fernando Gerones, alcalde de Quilmes, «estamos intentando hacer notar el problema que significa que el agua potable de la región, que Aguas Argentinas extrae en Bernal, esté situado a sólo 2,8 kilómetros de la costa de Berazategui donde se vierten las aguas residuales».

Aguas Argentinas es lacónica al negar que la contaminación presente en el agua en su nacimiento repercuta en los consumidores. «El posible aumento de la contaminación del agua del Río de la Plata no afecta la calidad del agua producida y distribuida por la empresa», ha declarado un portavoz de la empresa.

Sin embargo, un estudio publicado en la revista El Porteño indicaba que «el agua de siete distritos del Gran Buenos Aires no es apta para consumo humano, con niveles de nitratos que triplican los permitidos». Esas afirmaciones fueron corroboradas por un estudio dirigido por el Laboratorio de Química Ambiental y Biogeoquímica de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, que fue aún más allá, revelando que peces de la zona estaban contaminados con BPC, bifenilo policlorado. Esa sustancia, altamente cancerígena y por lo tanto prohibida, se utiliza en varias armas químicas, como el napalm y el defoliante «agente naranja».

Hace un mes, cuando los juzgados le ordenaron a Aguas Argentinas que cumpliera su contrato y construyera una depuradora de aguas en Berazategui antes de 18 meses, un portavoz de la empresa declaró inicialmente que «técnicamente no era una responsabilidad de la empresa sino del gobierno». En un comunicado posterior, cuando se refutó tal argumento, la empresa cambió de idea: «vamos a cumplir lo ordenado por los jueces, pero las mejoras ambientales requieren algo más que una planta de tratamiento: hace falta un plan mucho más amplio».

Aumentan los embolsos

La empresa ha prometido muchas veces financiar amplias mejoras e incluso ha subido dos veces los precios para pagar sus costes. Pero en 2003, el ETOSS, Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, que controla a Aguas Argentinas, le impuso a la empresa una multa de 15 millones de euros cuando descubrió que la empresa nunca había llevado a la práctica sus planes de construcción.

Es más, Aguas Argentina ha invertido sobre todo en pequeñas mejoras en vez de en inversiones serias para aumentar la producción que hubiera emprendido una empresa gubernamental.

El Departamento de Evaluación de Operaciones del Banco Mundial elogiaba esa actuación en un informa de 2003 que indica: «Bajo el mismo contrato, la concesionaria ha logrado posponer indefinidamente costosos aumentos en la depuración, simplemente aumentando el mantenimiento de las depuradoras existentes».

Sin embargo, la frugalidad de Aguas Argentinas en cuestiones de infraestructura ha creado un vacío donde debería haber un servicio de distribución de agua potable. Liliana de la Serna, propietaria de un comedor popular para niños de Quilmes, provincia de Buenos Aires, describe la realidad diaria: «Aquí casi no hay agua. Varios edificios de la zona no están conectados a la red y una rotura en las tuberías de las aguas residuales lo ha contaminado todo».

Aguas Argentinas se comprometió a facilitar agua embotellada, pero ignoró su compromiso después de una primera distribución. Entretanto, el resto del distrito recibe «un agua contaminada intolerable y en poca cantidad».

Cuando se les ha preguntado sobre el aumento de tarifas, Aguas Argentinas se negó a comentar sobre sus continuos aumentos.

¿Cancelar el contrato?

Hace cuatro meses, cuando el gobierno de Néstor Kirchner canceló la privatización de la empresa de correos argentina, se creía que Aguas Argentinas sería la siguiente. Julio del Vido, Ministro de Planificación Económica, declaró al influyente periódico Clarín que iba a haber una dura negociación con Aguas Argentinas, exigiéndoles nuevas y sustanciales inversiones, mantenimiento, mejora de la red y de la calidad del servicio. «Y si no están de acuerdo, el contrato quedará cancelado.»

Incluso se habló de un proceso. Leandro Despouy, presidente de la Asamblea General de la ONU, señaló la existencia de casos de «no cumplimiento de contrato que deben ser investigados por el Ministerio de Justicia para determinar si hay responsabilidad civil o penal en la actuación de la empresa».

Aguas Argentinas enseguida se encontró con otra sorpresa: a finales de 2003 el gobierno informó que se enfrentaban a multas de 2,5 millones de euros por incumplimiento de contrato. Semanas antes, la empresa recibió una multa de un millón de euros, en parte por una interrupción del servicio, corta e impredecible, que afecto a 6 millones de personas en septiembre de 2003.

El 13 de febrero, después de una reunión entre el gobierno argentino y los directores de Suez, la empresa emitió un comunicado de prensa anunciando el logro de «unas bases de negociación para fijar un acuerdo duradero y económicamente equilibrado para todas las partes, a la vez que confirmando su deseo de continuar su trabajo en Aguas Argentinas».

Falta por ver si el gobierno rebajará la confrontación, forzará a la empresa a mejorar o cancelará el contrato o bien si la empresa abandonará como ha hecho en otros países.

[Sebastian Hacher es periodista independiente y fotógrafo residente en Argentina. Justin Podur es escritor y traductor de cuestiones Latinoamericanas]

[Fuente: CorpWatch http://www.corpwatch.org/issues/PID.jsp?articleid=10088. Traducción de Víctor Cassi]