Tenemos que ponernos serios: el artículo 16, 3 de la constitución aún vigente establece que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», pero cada día vemos más comportamientos de confesionalidad católica por parte de las autoridades del Estado. Unos pocos ejemplos.

Resulta que los ministros Luis de Guindos y Jorge Fernández Díaz, el director general de la Guardia Civil Arsenio Fernández de Mesa, y la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, viajaron a Roma —y hay que preguntarse quién pagó esos viajes y los alojamientos y almuerzos en esa ciudad— para asistir a la beatificación de Álvaro del Portillo, sucesor de Escrivá en la prelatura del Opus Dei. Ninguno de ellos se ha molestado en aclarar, ante la noticia de prensa, que había viajado a título particular.

En la toma de posesión de ministros y altos cargos se pregunta al candidato si jura o promete guardar la constitución, etc. Aclaremos: aunque el compromiso en cualquiera de sus formas sirve (hipotéticamente, claro es) para poder exigir responsabilidades jurídicas en caso de ilegalidad, la fórmula del juramento, que significa poner por testigo nada menos que a Dios nuestro señor sobre lo que se afirma o se promete, y se realiza poniendo una mano no en el fuego sino sobre una Biblia, es un comportamiento religioso particular en un ámbito público, mientras que prometer significa un compromiso solemne, pero laico, con la ciudadanía.

Es preciso exigir que en las formas, como es el caso que nos ocupa, el Estado sea neutral desde el punto de vista ideológico para dejar de ofender, como lo está haciendo, a la gran mayoría de los ciudadanos.

No existe tampoco en España una fórmula para funerales de Estado laicos y por tanto neutros desde el punto de vista de las creencias religiosas. Sin venir a cuento, tropezamos frecuentemente con actos de la religión católica —no de ninguna otra— en solemnidades públicas.

(Algunas solemnidades son tan ridículas como las «ofrendas de España al apóstol Santiago», realizadas por —o en nombre de— la máxima representación del Estado.)

Hay otros bestiarios religiosos particulares: los Ángeles Custodios son los «patrones» de la Policía Nacional (las celebraciones incluyen indefectiblemente una misa); también tenemos las fiestas militares en honor de Santa Bárbara (artillería), la Virgen de Loreto (aviación), o la propia «Pascua Militar», que no tienen cabida más que en un Estado confesional. Lo mismo puede decirse de la existencia, sufragada con fondos públicos, de curas castrenses e incluso de un «obispo castrense». Naturalmente, no hay rabinos castrenses, ni obispos luteranos castrenses, ni tampoco asistentes sociales castrenses que ayuden a los soldados a sobrellevar la vida militar. Las fuerzas armadas, como es natural en la piel de toro, son los cuerpos del estado más penetrados por esta inmixtión en lo público de la Iglesia católica española. El concordato con la Santa Sede debe ser denunciado para acabar con esta institución del «obispado castrense» y sus derivados.

Es cierto, por otra parte, que el Ejército ha dejado de rendir honores a las custodias en las procesiones, y de interpretar sus bandas de música, al paso de éstas, el himno nacional. Algo es algo, pero todavía falta una prohibición general de participación de militares de uniforme en las procesiones eclesiásticas, que deberían regirse simplemente por el derecho de manifestación. En particular, la participación de la Legión en los actos del Jueves Santo de Málaga no tiene el menor sentido constitucional.

Los ayuntamientos no les van a la zaga a los militares. He aquí la lista de los cargos e instancias públicas granadinas que participan en los actos confesionales de la Virgen de las Angustias: el alcalde de Granada y concejales de su Ayuntamiento (PP y PSOE), el presidente de la Diputación y algunos diputados provinciales; algunos parlamentarios estatales y autonómicos granadinos; mandos del ejército como el General Comandante Militar de Granada y Jaén, el Coronel Jefe y otros cargos del Ejército del Aire (entregan flores con la leyenda “Base Aérea de Armilla y Ala 79”), el Teniente general jefe del MADOC y comandante militar de Granada, en representación del jefe del Estado; los Jefes de la Policía Local, de la Policía Autonómica, de la Policía Nacional, el Coronel jefe de la 411 Comandancia de la Guardia Civil; y por no faltar, los Jefes de Bomberos, de Protección Civil y del Cuerpo de Correos local; el Presidente de la Audiencia Provincial, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Fiscal jefe del Tribunal de Justicia de Andalucía; el Delegado de Hacienda, el Director del Centro Penitenciario de Albolote, la Decana de la Facultad de Farmacia o el Subdelegado del Gobierno. Ésos, por lo menos.

El Ayuntamiento de La Línea, con mayoría del Psoe, tiene nombrada Alcaldesa perpetua a la Inmaculada Concepción. El Ministerio del Interior ha otorgado la medalla al mérito policial con carácter honorífico a la Virgen de Nuestra Señora del Santísimo Amor (aunque semejante disparate administrativo ha sido recurrido). No sabemos si sigue en vigor el acuerdo del Consejo de Ministros de 2012 por el que se concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo.

Se podría seguir indefinidamente dando ejemplos acerca del incumplimiento o la vaciedad del artículo 16 de la constitución de 1978. Pero merece la pena una reflexión más de fondo sobre esta anomalía de un régimen político que ha creado un Estado cuasi confesional.

Es cierto que la Iglesia católica ha desempeñado un papel de primera importancia en la historia de España. Basta aludir a los tormentos y a las hogueras humanas de la Inquisición española para comprenderlo. Además esta Iglesia se apropió de numerosos bienes que no les correspondían: de todos los minaretes árabes, de todas las sinagogas, que fue convirtiendo en iglesias (basta contemplar ciertos campanarios archifamosos para percibir su nada cristiana arquitectura); se apoderó, gracias a la estupidez de Carlos V, de la mezquita de Córdoba, que destruyó en parte para instalar en ella, naturalmente, una catedral. Hoy sigue apropiándose de cuanto puede (gracias a una ley de Aznar), poniendo a su nombre los terrenos de los enterramientos y bienes inmuebles construidos por la benevolencia y por las manos de los españoles.

Pero también es cierto que la Iglesia católica está presente —masoquísticamente presente— en numerosas manifestaciones artísticas españolas: los artistas fueron pagados para poner énfasis en los sufrimientos de Jesús de Nazaret, en su crucifixión, y también en los mitos de la resurrección de éste y de la asunción de su madre. La implicación de la Iglesia católica en el patrimonio artístico histórico de los españoles es un hecho, aunque jurídicamente ese patrimonio esté aún mayormente en manos de la Iglesia. Por eso ha de haber cierta colaboración entre la Iglesia y el Estado para su conservación, haciéndose cargo este último de la restauración y de la titularidad jurídica de aquellos bienes culturales que la Iglesia, y nunca mejor dicho, tiene dejados de la mano de Dios, que no son pocos.

La Iglesia se mezcla en las fiestas y tradiciones populares: muchas juergas campestres asumen la forma de las romerías (¡ya se quejaba de eso Juan de la Cruz!); o ¿qué decir de las procesiones u otros actos de la «Semana Santa»? La alienación religiosa de las tradiciones sevillanas es, como tantas otras, una atracción turística importante además de un fenómeno del que no se sabe donde acaba lo tradicional y donde empieza lo religioso (aunque desde el punto de vista teológico sería difícil no clasificar el fenómeno como idolátrico). Ciertos actos «procesionales», como el de Toledo, parecen un imán para las autoridades civiles.

Más en general, las fiestas específicas de la mayoría de las poblaciones aparecen ligadas a nombres de santos y vírgenes: san Isidro en Madrid, la Merced en Barcelona, san Fermín en Pamplona, el Pilar en Zaragoza… Casi no hay fiesta sin santo. Pero eso no es importante porque forma parte más de la tradición que de la religiosidad. Habría que ser un laico muy muy terco para negarse a gritar, por ejemplo, ¡Gora san Fermín! Y ser un lerdo para no apreciar la belleza artística de esos iconos religiosos que son en realidad leños o lienzos bellamente tallados o pintados.

Por eso, sin pretender interferir políticamente en los aspectos religiosos del folklore patrio, lo cierto es que la configuración del Estado, en el actual régimen político, como Estado cuasi-confesional debe, sencillamente, desaparecer. La sociedad española ha dejado de ser católica. Contiene grandes mayorías laicas y bastantes minorías religiosas no católicas; y en cuanto a los católicos, no se han mostrado capaces hasta ahora de sostener a su Iglesia, que depende en amplia y variada medida de los fondos públicos que gobernantes complacientes y poco responsables ante los ciudadanos les siguen asignando.

Con esto no está dicho todo ni mucho menos. Pero no debe haber fondos públicos atribuidos a una entidad religiosa. Ningún símbolo religioso debe presidir o manifestarse en las actividades públicas. Ningún cargo político o funcionario público debe poder participar como tal en actividades religiosas de ningún signo. Hay que aprender humildemente, amigos, de Francia. También los españoles que se consideran católicos.