Jordi Pujol, expresident de la Generalitat, está en el ojo del huracán. La explosión del caso Pujol se mira y remira por unos y por otros solo en relación con el independentismo catalán. Pero tiene mucho que ver también, o sobre todo, con la corrupción y la revuelta popular contra la casta de la transición. El notario López Burniol cita a menudo una frase atribuida a Azaña en la que identificaba todos los males de España con un puñado de familias cuyos negocios acampan en las laderas del Boletín Oficial del Estado. Según el republicano, llevan siglos siendo las mismas. Su penúltima operación de surfismo político aconteció durante la transición. Bancos, compañías energéticas, constructoras de obra civil, un par de editores de prensa y unos pocos más sobrevivieron a la dictadura en el campo empresarial y aún hoy —impulsados por las privatizaciones del último Felipe González y las liberalizaciones del primer Aznar— copan las juntas de accionistas y los consejos de administración de una serie de empresas convertidas en multinacionales que han sufrido la crisis con mucha menor intensidad que las pequeñas y medianas empresas gracias al control que ejercen sobre el BOE, también en democracia. Lo explica magníficamente César Molinas en su último libro.

Para entender las relaciones de estas familias con el poder franquista es muy recomendable ver la película La escopeta nacional, donde un genial Saza interpreta a un industrial —catalán, por supuesto— que pretende conseguir que un ministro publique un decreto obligando a implantar el portero electrónico en todos los edificios de viviendas en España y aspira a que los únicos homologados por el Gobierno sean los de su fábrica. El hombre se gasta una fortuna en sufragar una cacería en honor del ministro que, finalmente, le pide un porcentaje en la nueva empresa además de beneficiarse a su secretaria.

La transición fue tan modélica que la sobrevivieron casi todos los políticos franquistas —excepto los más significados— y la totalidad de los jueces, los fiscales, los policías y… los empresarios como el de La escopeta nacional. Cuando pasan cosas como las de Pujol, o como Gürtel o como Pretoria o como Filesa o como Pallerols, siempre me viene este asunto a la memoria. Jamás critico a quienes hicieron la transición. Saldarla sin tiros merece el silencio sobre todo lo demás. Pero los actos —todos— tienen consecuencias aunque respondan a nobles propósitos. Del franquismo, la transición se quedó con el jefe del Estado pero también con las élites de funcionarios y de empresarios que garantizaron la continuidad de una determinada manera de hacer las cosas a favor de unos determinados intereses.

Los mismos que iban a las cacerías pronto aprendieron el carácter lampedusiano de la transición. Para ello contaron con la ingenuidad de la nueva clase política. Atemorizados por el poso franquista de la sociedad española, el consenso de la transición partió de tres premisas fundamentales: no había que pasar cuentas con el pasado, los partidos democráticos debían ser pocos y fuertes como lo había sido la Falange y la democracia no podía costar un duro a los ciudadanos, en apariencia. La crisis ha puesto en evidencia esas tres claudicaciones que las nuevas generaciones ya no toleran, sobretodo cuando toman formas hipertróficas en asuntos como el rescate de Bankia y las autopistas radiales de Madrid, el sobrecoste del AVE, el fraude de los ERE en Andalucía, las comisiones de Bárcenas y la trama de los hijos de Pujol.

La casta y el consenso constitucional

Los trapos sucios de la transición se escondieron tras el eufemismo de los pactos de Estado, el consenso constitucional. Fernando Abril Martorell en nombre de Suárez, Alfonso Guerra en el de Felipe González y Miquel Roca en el de Pujol amañaron lo fundamental: evitar la restauración de la legalidad de la Segunda República —y por lo tanto no juzgar ni a quienes la subvirtieron ni a quienes titularizaron el botín—; garantizar un sistema nuevo de partidos sin la Falange, pero también con el PCE y Esquerra Republicana marginalizados para reforzar la operación de amnesia; y, en tercer lugar, crear un método de financiación de los partidos políticos que evitara la sensación que la democracia era más cara que la dictadura. Así es como se crearon las condiciones para lo que después aflora. Los mismos que pagaban mordidas a la dictadura pasaron a sacar a los nuevos partidos de sus apuros financieros derivados de un deficitario sistema de financiación pública. Que la UCD se acomodara a este pacto resulta del todo previsible. El partido de Suárez representaba a los funcionarios, empresarios y ciudadanos españoles que no querían demoler al franquismo sino sobrevivirlo. ¿Cuándo sucumbieron al trato partidos de tradición democrática con dirigentes encarcelados o exiliados por el franquismo? No fue cosa de un día sino un proceso lento e imperceptible.

Pujol obtuvo en 1980 una victoria inesperada en las elecciones catalanas. Comunistas y socialistas habían arrasado en las elecciones de 1977 y 1979. Los mismos que hoy se movilizan por tierra, mar y aire para frenar al independentismo vieron en Pujol el muro de contención contra un gobierno de socialistas y comunistas en la Catalunya autonómica. De manera que el exdirigente de Banca Catalana —persona de fiar para las elites madrileñas y barcelonesas susceptible de ser domesticado— recibió todo tipo de ayudas, lícitas e ilícitas. La más llamativa —vista con la perspectiva del tiempo— fue el manguerazo que recibió de la patronal catalana la Esquerra Republicana de Heribert Barrera, furibundo anticomunista al que por ello perdonaron su independentismo que meses antes le había dejado fuera de la legalidad constitucional. Esos hijos de exbancarios catalanes que ahora se rasgan las vestiduras escribiendo un día sí y otro también que el independentismo lo inventó Pujol en TV3 y en la escuela deberían preguntar en su casa quién y por qué pagó a Barrera la campaña electoral de 1980. Tras ese primer escarceo, Pujol ya formaba parte del sistema y, por lo tanto, cuando un par de años después algunos damnificados de aquella derrota le buscaron con malas artes las cosquillas por su vida anterior de banquero recibió la preceptiva protección. Esos experiodistas que ahora escriben día sí y día también que los hijos de Pujol robaban a manos llenas ante el silencio de la prensa que se atreven a llamar subvencionada deberían explicar cómo y por qué dejaron de investigar el caso cinco minutos antes de pasar a dirigir la televisión de Pujol para luego arruinar el diario de Prenafeta. En esa operación estaba ya metido el hombre que le ha hecho la declaración de la renta a Pujol mientras ha defraudado: Joan Antoni Sánchez Carreté, entre muchas otras cosas dirigente del Partido del Trabajo que amparó a ERC en sus listas en las elecciones generales de 1977. Félix Martínez ha explicado que ha sido uno de los cerebros de la confesión del expresident.

La definitiva incorporación de Pujol al sistema de trabajo de las elites postfranquistas —catalanas y españolas— llegó tras la operación Roca. Un asunto del que el expresident destronado se mantuvo aparentemente distante pero que no dejaba de ser un intento de reproducir a escala española la alianza de intereses que él había liderado en Catalunya. El preámbulo de la operación Roca fue nombrar a Pujol «español del año» en 1985 por el diario ABC (título que aún no le ha retirado) como único bastión frente a la hegemonía de los socialistas aún no plenamente domesticados. El asunto salió mal y la manera de tapar el agujero no es ajena a lo que ahora se destapa: el secretario general del Partido Reformista Democrático —hoy presidente del Real Madrid— había comprado a precio de saldo una empresa llamada Construcciones Padrós, radicada en Badalona y en la órbita de Banca Catalana, y que en pocos años pasó a ser una de las principales contratistas de la obra pública licitada por la Generalitat. Así el exsecretario general amasó suficiente fortuna para recuperar los avales personales con que se financió la campaña del PRD. Y se abrió la veda en una administración de nuevo cuño como era aquella Generalitat de Catalunya que pasó a ser una copia a escala local de aquella administración y aquellos empresarios que sobrevivieron al franquismo, fueran catalanes o españoles. Poco después, Pujol entendió que el control de la caja podía conllevar el control del partido. Cuando Miquel Roca, envalentonado, alzó el partido contra el fundador para forzar su entrada en el Gobierno español, Pujol decidió cortarle las alas y montar un sistema alternativo. Para ello se sirvió de dos alfiles: Josep Antoni Duran i Lleida a cuya sombra se montó la trama de Pallerols (ya juzgada) y Lluís Prenafeta al frente del clan Pujol, capitaneado por la esposa y el primogénito. Ahí empezó todo, no por ninguna herencia.

La ingenuidad del PSOE y la OTAN

Fue también por esas fechas cuando el PSOE perdió la ingenuidad. Las primeras campañas las financió con fondos procedentes del SPD (“Ni flick ni flock”, ¿recuerdan?) y con los fondos públicos previstos para los partidos con representación. Pero en 1986 llegó el referéndum de la OTAN. Y la ley no tenía previsto sufragar el gasto. Fue en ese momento cuando se montó la trama Filesa (ya juzgada). Las empresas “del sistema” querían ayudar a Felipe González a ganar el referéndum e idearon la manera de financiar la campaña con la facturación de estudios inexistentes, todo legal en la cuenta de resultados de las compañías e ilegal en la contabilidad de los partidos. La historia se repite una y otra vez, formalmente son los políticos los que cometen ilegalidades pero son las empresas las que se llevan los beneficios.

Faltaba un tercero en discordia para asegurarse la plena impunidad. El PP de Aznar, ausente como ERC del consenso constitucional, entró en esta dinámica cuando el nuevo líder de la derecha decidió poner al frente de las finanzas a su mentor político, Álvaro Lapuerta, imputado en el caso Bárcenas y heredero de la saga Naseiro-Sanchis, exculpados en un caso de financiación ilegal por el mismo sistema que ahora pretende librarse Pujol querellándose contra la banca andorrana: la eliminación de las pruebas por estar contaminadas en su origen. Con Lapuerta, Aznar logró que el PP dejase de ser la sectorial política de la CEOE que quitaba y ponía candidatos como explica en su primer volumen de memorias. Por eso el editor de Logroño siguió al frente de la financiación del PP hasta pasar el bastón de mando a su número 2: Luis Bárcenas. El resto ya está explicado.

Así las cosas, a principios de los años 90 del siglo pasado en España los pactos de Estado que garantizaron una transición pacífica ya tenían a todos los partidos con posibilidades de gobernar —y los únicos que han gobernado de hecho— conchabados en un sistema amparado por la jefatura del Estado, con partidos fuertes pero mal financiados y con una omertá basada en el chiste del dentista. Cuando aparecía un escándalo vinculado a la financiación de los partidos, se decían unos a otros: “¿Verdad que no nos haremos daño? En esas condiciones, España —incluida Catalunya— vivieron dos épocas doradas de inversión pública —con sus correspondientes comisiones—: los fastos de 1992 y la burbuja inmobiliaria a partir del 2000. Se hicieron autovías, edificios públicos, autopistas, carreteras, escuelas, universidades, miles de kilómetros de Alta Velocidad, aeropuertos, puertos… Todos construidos por las mismas empresas que hicieron los pantanos de Franco y alguna reciente incorporación. Y todos sobrefinanciados por la Unión Europea y por los pelotazos inmobiliarios. La mejor manera de entenderlo es revisitar la serie de televisión Crematorio.

La crisis se llevó el agua del dinero fácil y apareció el lodo de la corrupción. Noos, Gürtel, ERE, Palau, Pretoria, Mercuri, Pujol… Siempre la misma historia: manejos en el BOE (concursos, recalificaciones, concesiones, reglamentos, homologaciones) pagados a través de empresas fantasmas dirigidas por los menos escrupulosos que se llevan un porcentaje de la mordida y con el resto pagan los festejos electorales. La primera reacción para surfear esta nueva contrariedad fue generar en el mapa político alternativas a los partidos de la transición pero low cost, gracias a las redes sociales: así Unión Progreso y Democracia (fundada por una exdirigente socialista) y Ciutadans (fundado por el hijo de un expresidente de la Caixa y primo del penúltimo presidente de Catalunya Banc) se dedicaron durante la crisis a expandir la idea que la corrupción era cosa de los políticos mientras que los empresarios eran como las esposas de Urdangarín y Torres: firmaban pero no sabían nada. En su discurso entretienen al personal con los excesos en las dietas —que existen—, con los excesos en los cuadros de los exministros —que existen—, con los excesos en los coches oficiales —que existen—, con los excesos de cargos de confianza —que existen—, pero los picos de oro de la antipolítica nunca hablan de los excesos de obra pública, de gasto farmacéutico o de los seguros de vida de las concesionarias de las autopistas. Esa labor ha quedado para Podemos, y en menor medida IU y Esquerra.

Finalmente, la bomba ha estallado por el lado de Pujol. Su apoyo al desafío independentista le ha expulsado del pacto de Estado —ya no sirve como muro de contención de ERC ni asegura la unidad de mercado— y una vez proscrito todos se han acordado de los pagos que hicieron a su entorno, antes roja que rota. La memoria es selectiva. Pero todo no empezó en el 2012, sino en 1976.

[A. Sáez es Director adjunto de El Periódico. Fuente: El Periódico]