I

Un acto criminal es una actividad organizada por alguien con el fin de obtener alguna satisfacción material o inmaterial a costa de perjudicar a una o varias personas. En una acción premeditada, el que la organiza tiene claros cuáles son sus objetivos y una idea más o menos clara del daño que va a causar. Su ganancia final depende en gran parte no sólo de las posibilidades de éxito de la acción, sino también de que, una vez realizada, no se descubra su responsabilidad o pueda encontrar alguna vía de escape para salir indemne de un posible castigo. No todos los crímenes son iguales. Los delitos económicos suelen estar entre los que tienen más posibilidades de éxito en su ejecución, y por razones muy diversas: no son tan vistosos a primera vista (suele haber un lapso de tiempo importante entre la comisión del delito y el descubrimiento de sus efectos); el responsable cuenta con un buen arsenal de medios para camuflarlo; las leyes suelen tener lagunas que permiten atenuar la responsabilidad o directamente eludirla (la prescripción es el destino final de muchos procesos judiciales a delincuentes económicos, y en otros casos todo se resuelve con una mera pena económica); las víctimas constituyen un colectivo difuso que a menudo no cuenta con medios para defenderse adecuadamente, etc.

En España sabemos mucho de delitos económicos; es un material abundante en formas diversas: corruptores de políticos, evasores fiscales, banqueros que colocan productos financieros tramposos, adulteradores de productos… Por esto podemos decir que la discutida propuesta de reforma fiscal que ha presentado el gobierno tiene características parecidas a las de un delito económico; de un delito cometido con el objetivo de favorecer un interés privado (la victoria electoral del Partido Popular en las próximas elecciones de finales de 2015) a costa de generar nuevos males económicos a la mayoría de la población.

Siempre que se discute una reforma fiscal se entra en el debate de sus efectos distributivos, y en este sentido los analistas han dejado claro que la reforma incorpora nuevos sesgos en favor de los ricos y del capital: el porcentaje de reducción del impuesto de la renta (IRPF) es mayor para las rentas altas que para las más bajas, aumenta la desigualdad de trato entre las rentas del trabajo y las del capital, se mantienen privilegios en exclusiva al sector bancario en el impuesto de sociedades, no elimina la mayor parte de los mecanismos de elusión fiscal de las grandes empresas, etc. Capítulo aparte merece la introducción del gravamen a las indemnizaciones por despido. Más que una medida fiscal puede considerarse parte de la política laboral, puesto que un efecto previsible de la misma es un descenso de las indemnizaciones que pagarán las empresas con el argumento de que unas mayores indemnizaciones generarán una mayor carga fiscal al trabajador o trabajadora despedido (aunque también pueden suponer, en algunos casos, un nuevo acicate a la contabilidad creativa para eludir su pago). No deja de ser curioso que, mientras que las amortizaciones empresariales tienen un trato favorable bajo el argumento de que las empresas deben ir pagando el capital fijo a medida que lo utilicen, la indemnización por despido (que habitualmente la persona se irá gastando a lo largo del tiempo y le servirá para paliar la pérdida de renta generada por la pérdida del salario) pase a ser considerada una ganancia anual y haya que cotizarla de golpe. Es claramente una reforma fiscal contra los trabajadores, como corresponde a un gobierno tan derechista y tan clasista como el de Mariano Rajoy. Pero todo ello no es lo más grave y lo que me lleva a considerarlo directamente delictivo.

El problema más grave es su impacto macroeconómico y los peligros que conlleva para el futuro. Desde las primeras medidas restrictivas de Zapatero hasta la actualidad, se han practicado constantes recortes del gasto público con el argumento de que había que reducir el déficit y el endeudamiento. Desde entonces, el endeudamiento público no ha dejado de crecer como resultado de una política que ni genera actividad económica suficiente ni es capaz de explotar las bases fiscales potenciales debido a la tolerancia e inoperancia frente al fraude fiscal. Lo que ha dado un respiro exterior al gobierno no ha sido que sus previsiones de mejora presupuestaria se hayan mostrado veraces, sino que el cambio en el comportamiento en los mercados financieros le ha permitido acceder a financiación abundante y relativamente barata. Lo que hace esta reforma fiscal es recortar 9.000 millones de ingresos (casi el 1% del PIB) con la pretensión de que su efecto estimulante sobre la actividad económica permitirá recuperarlos. Casi siempre estos recortes, especialmente cuando benefician a los ricos, acaban generando más déficits, dado que en una economía abierta es más probable que los ricos coloquen sus ingresos adicionales en activos financieros en lugar de invertir en actividades reales o aumentar sustancialmente su consumo local. Si ello ocurre, si la recaudación no se recupera, cabe esperar un daño por duplicado al conjunto de la población.

Un daño directo en forma de nuevos recortes en los servicios públicos. Una nueva degradación en el bienestar, en la equidad social, en la prosperidad colectiva. Y, también, un impacto negativo en el empleo, como ya han puesto de manifiesto los recortes anteriores. Asimismo, un daño indirecto, pero posiblemente muy dañino, en forma de un mayor riesgo macroeconómico. Un riesgo que puede materializarse por dos vías diferentes, no necesariamente alternativas: la institucional (la presión de la troika por un endeudamiento público excesivo, que puede forzar la imposición de una nueva tanda de recortes y reformas traumáticas) y la financiera (no hay ninguna razón para pensar que la bonanza de los mercados de la deuda seguirá para siempre). De hecho, parece sospechoso que los tipos de interés bajen mientras los gobiernos aumentan su endeudamiento. Y algo deberíamos haber aprendido de anteriores burbujas: todas empiezan con una fase de endeudamiento fácil, y en algún momento algo se tuerce y viene el hachazo. En un país con una recaudación tan baja, defender la reducción de los impuestos es, cuando menos, insensato. No puede haber un nivel aceptable de servicios y políticas sociales en un país con una imposición en torno al 30% y un nivel de desigualdades de renta como el nuestro. Es cierto que, además, está el problema de cómo se reparte la carga fiscal y del uso que se le da a la recaudación, pero el tamaño del sector público es en sí mismo un hecho relevante.

En un país con esta situación fiscal, bajar los impuestos con fines electorales (pues este y no otro es el objetivo de esta reforma) es directamente doloso. Es el mismo tipo de actitud de un ingeniero o una constructora que ahorra materiales esenciales en una obra y pone en peligro a los usuarios futuros. Cuenta con la suerte para que el delito no se materialice en daño, pero en el mundo real abundan los desastres provocados por este tipo de prácticas. Tenemos un gobierno que trata de ganar tiempo a costa de generar graves riesgos a nuestro bienestar. Y esto sólo tiene una calificación posible.

Rechazar esta política fiscal exige luchar por una reforma fiscal decente. Que permita financiar servicios sociales necesarios. Que reduzca las desigualdades intolerables. Que acabe de una vez por todas con el mal social de la evasión fiscal.

II

No es sólo que algunas de las decisiones económicas merezcan figurar más en las páginas de criminología que en las de economía. Es que, además, actividades consideradas criminales han entrado a formar parte de nuestra contabilidad económica. Siguiendo una recomendación del SEC (Sistema Europeo de Cuentas Económicas), el INE ha anunciado que entre las innovaciones en el cálculo del PIB se incluirá el valor económico de actividades como la prostitución y las drogas, como ya han empezado a incorporar países como Suecia o Reino Unido. Aunque se reconoce la dificultad de contabilizar adecuadamente actividades que en su mayoría tienen lugar fuera del control fiscal, las primeras aproximaciones estiman que estas actividades pueden significar un aumento del PIB del 1-2%, superior a lo estimado en Reino Unido, como corresponde a un país donde este tipo de actividades tienen un amplio arraigo. Junto con otras reformas contables en el tratamiento de los gastos de i+d o las inversiones militares y la adecuación al nuevo censo de población, se estima que el PIB se elevará un 4%, con un efecto “mágico” de sumo interés para los gestores económicos: como el déficit público y el endeudamiento (cifras en teoría objetivamente contabilizables) se valoran en términos del PIB, si este aumenta se reduce automáticamente su porcentaje, y con ello se permite al gobierno presentar un mejor cuadro macroeconómico y cumplir alguna de las condiciones impuestas por los tratados europeos y la troika. Si no es posible reducir el endeudamiento, al menos es posible maquillarlo.

Cabe hacer muchas consideraciones sobre este cambio. En primer lugar, ver como acuerdos aparentemente “técnicos” (en este caso de contabilidad) sirven para cambiar nuestra valoración de la realidad (ello permitirá a la economía española pasar de una situación de “peligrosa” a otra de normalidad). Las modificaciones en los criterios estadísticos han sido frecuentes en los últimos años. Siempre se han justificado con el argumento de que tratan de medir mejor la realidad, pero en la práctica tienen efectos importantes sobre la valoración de lo real. En este caso, permitir un nuevo margen de maniobra a las políticas fiscales. En el caso de las mediciones de empleo (clasificando como ocupado a cualquiera que haya realizado una actividad remunerada de una hora semanal), para camuflar como ocupación normal lo que es mero subempleo. Estas pretendidas medidas técnicas están profundamente contaminadas por multitud de intereses.

En segundo lugar, este cambio es una muestra más de que el PIB, la sacrosanta referencia para evaluar la actividad económica, lejos de ser una medida objetiva, es el resultado de muchos acuerdos convencionales (como, por ejemplo, evaluar la producción de la administración pública por el volumen de salarios que paga, lo que hace aumentar o decrecer la productividad de los empleados públicos en función de las variaciones que experimentan sus sueldos). Ello convierte cada vez más al PIB en una cifra de sospechosa capacidad informativa y vuelve en parte irrelevante el debate sobre el crecimiento o el decrecimiento en estos términos, puesto que una parte de su evolución depende, como ahora es el caso, de cambios en estas convenciones contables. Sólo con que decidiéramos computar el valor de la producción doméstica, el PIB experimentaría un crecimiento espectacular sin que hubiera cambiado al mismo tiempo el volumen de producción real, el consumo de bienes naturales y el volumen de necesidades satisfechas.

En tercer lugar, la introducción de la prostitución y las drogas en el cálculo del PIB muestra que lo que predomina en los criterios de cálculo es el lucro económico (por ello no se computa el producto doméstico, porque sólo genera bienestar privado, no negocio). Todo lo que da dinero suma, sea cual sea su catadura moral. Los países con mafias establecidas serán afortunados, pues su economía crecerá más deprisa. Las primeras estimaciones ya indican que, en esto, nuestro grado de “especialización productiva” es más elevado. Quizás ahora entendamos por qué nuestros gobiernos estaban tan empeñados en atraer Eurovegas. Y por qué el gobierno de CiU, con el apoyo del PSC, ha aprobado la reducción de la tasa de los casinos del 50% al 10% de la recaudación para que se instale el complejo BCN World, alegando que el aumento del juego —se debe multiplicar por cinco— permitirá alcanzar la misma recaudación (de entrada, el gran beneficiario es el grupo Inverama, propietario de la mayor parte de los casinos catalanes, y parte del grupo Perelada, controlado por los herederos del primer alcalde franquista de la ciudad). Son precursores de la “nueva economía del vicio” que se plantea como alternativa a la vieja economía del ladrillo.

En cuarto lugar, lo que muestra este cambio contable es la incapacidad del PIB para evaluar la bondad de una economía con algún criterio que no sea el del negocio. El campo de lo mercantil cubre un amplio abanico de actividades que tienen un estatus diferente y satisfacen de forma contradictoria las necesidades sociales. Una parte son actividades que ayudan efectivamente al bienestar general; otras son actividades que sólo se explican por el modelo social imperante, que protegen privilegios o palian males sociales indeseables, y unas terceras no añaden nada al bienestar social o son meras engañifas. Por poner un ejemplo sencillo: dos países, A y B, que produjeran la misma cantidad de bienes finales pero que emplearan técnicas diferentes de producción, de forma que en uno de ellos, pongamos A, la actividad fuera más contaminante, se generaran más enfermedades y, como consecuencia, aumentara la producción de fármacos y servicios sanitarios. Cualquier persona inteligente preferiría vivir en B, puesto que obtendría un nivel de vida semejante, debería trabajar menos, tendría un medio ambiente más agradable y evitaría visitas médicas y medicación. En cambio, el PIB expresaría lo contrario. Es más o menos lo mismo que va a pasar con la introducción de las drogas y la prostitución en la contabilidad nacional. La prostitución es claramente un mal desde el punto de vista de la dignidad humana y la igualdad de género, mientras que el consumo de drogas tiene implicaciones negativas para la salud, y hay pocas dudas de que se trata de actividades que casi siempre tienen una relación con redes mafiosas. Si bien puede alegarse que, en el caso de las drogas, una legalización controlada podría minimizar el papel de las mafias y la promoción del consumo, en el de la prostitución resulta bastante evidente que siempre se ha desarrollado mediante el recurso a una explotación brutal y el control de mafias masculinas sobre mujeres indefensas. Los macroburdeles que proliferan en nuestras carreteras son incompatibles con un mínimo de dignidad humana, con la ausencia de explotación. Incluir sin más estas actividades en la contabilidad nacional es aceptar como buena la actividad de las mafias. Un reportaje de El País (“El PIB entra en el burdel”) del pasado 7 de junio, firmado por Jesús Servulo, explicaba con detalle cómo los técnicos del INE se habían dirigido a propietarios de burdeles para obtener datos de evaluación sobre precios, servicios prestados al día, etc., de modo que presuntos delincuentes (o cuando menos empresarios dedicados a actividades sospechosas) se han convertido de repente en cooperadores de las instituciones estadísticas. Una vuelta de tuerca más a la imposibilidad de evaluar la economía en los términos que debería ser evaluada: por su aportación al bienestar social, a la justicia distributiva.

Los que mandan siguen repitiendo que no hay más economía que el lucro capitalista. Que el mercado capitalista es el único horizonte deseable. Que sus métodos de cálculo y sus modelos son precisos. Mera cobertura ideológica bajo la que se esconde una perpetua confusión entre lo deseable y lo real, entre el bienestar de la mayoría y el lucro de una minoría, entre una economía decente y una actividad delictiva.