Hemos ido aprendiendo que el bipartidismo es un modo de organizar el poder para impedir la realización de políticas de izquierda. Desde el principio fue algo más que un injusto y antidemocrático sistema electoral: era el modo, unas veces sofisticado, otras veces burdo, por medio del cual los que no se presentan a las elecciones siempre ganan. La derecha económica y mediática son gobierno: unas veces como PP, otras como PSOE.

Hay diferencias, sin ninguna duda, si no las hubiera el negocio no sería posible. Es más, el componente esencial del asunto es que se escenifiquen “radicales” diferencias, debates “dramáticos” y todo tipo de insultos y descalificaciones. Insisto: es necesario que haya diferencias, entre otras cosas, porque las prebendas del ejercicio del poder político son enormemente significativas. La relación corrupción y bipartidismo es algo establecido. ¿Dónde está el truco?: en los límites que no se pueden rebasar, que se corresponden con los intereses estratégicos definidos por los grandes poderes económicos-financieros. Es decir, los dos grandes partidos (siempre hay que añadir a la burguesía vasca y catalana, como parte decisiva del bloque del poder) están de acuerdo en lo fundamental y divergen en lo accesorio. Cuando el bipartidismo entra en crisis, como ahora, se encienden todas las luces de alarma.

La Unión Europea, como he subrayado en más de una ocasión, es el territorio ideal para que se de este consenso fundamental. El mecanismo ha sido y es muy eficaz: los gobiernos aprueban políticas en la UE que no podrían defender, sin grandes costes, en cada uno de sus Estados y luego las presentan como exigencias obligatorias y permanentes de una Europa abstracta y genérica. Europa lo exige, la Merkel lo manda y los mercados lo requieren. Así se ha ido desmontando pieza a pieza el Estado social y los mecanismos que regulaban los mercados y promovían el desarrollo. Derecha y socialdemocracia se han ido turnando y aprobando las directivas que emanan de los poderes dominantes, de los grandes oligopolios financieros e industriales. Los tratados son la demostración más evidente de lo que decimos: siempre aprobados por el PP y el PSOE, con los añadidos imprescindibles de la derecha vasca y catalana.

La crisis lo ha cambiado todo. Ha puesto de manifiesto el carácter neoliberal de la construcción europea; ha evidenciado la subalternidad de la clase política bipartidista a los poderes económicos; ha mostrado hasta la saciedad que el objetivo es poner fin a las conquistas históricas del movimiento obrero y sindical, a los derechos sociales y laborales y, es la cuestión de fondo, que estamos ante una descomunal redistribución de renta, riqueza y poder en favor del capital monopolista-financiero. Los gobiernos conspiran contra sus poblaciones y poco o nada importa que sean de derechas o socialdemócratas. De ahí deviene la crítica al bipartidismo y de aquí, aparentemente, surgen las propuestas a favor de una “gran coalición” a la alemana.

De un posible gobierno de gran coalición PP-PSOE se viene hablando desde hace tiempo. Tiene que ver, como antes se indicó, con el agravamiento de la crisis económica y social, el deterioro creciente de la monarquía, el desprestigio de la clase política y, en general, la desafección de una parte significativa de la población respecto a las instituciones y a las formas de la democracia realmente existente. En el fondo —esto es cada vez más reconocido—, lo que está en crisis es el Régimen político surgido con la constitución del 78.

Un gobierno de coalición PP-PSOE es muy delicado para el futuro del bipartidismo y del propio Régimen e implica riesgos no menores. El sistema funciona porque da la imagen (los medios de comunicación son decisivos para este propósito) de una polarización, de una contraposición, derecha-izquierda. Sutilmente se confunde alternancia con alternativa: para impedir que se den alternativas reales entre posiciones ideológicas definidas, es necesario que juegue la alternancia entre opciones compatibles con los intereses de los poderes fácticos y su cada vez más efectivo control sobre la política. Para decirlo de otra forma: gobierno de coalición ya existe entre el PP-PSOE en las grandes cuestiones de Estado, en los temas de fondo que realmente importan a los poderes realmente existentes, explicitar un gobierno conjunto de la derecha y de los social liberales podría beneficiar especialmente a las fuerzas de izquierda que están por un proyecto político y social alternativo. Sobre todo, es bueno subrayarlo, porque el bipartidismo es visto por las nuevas generaciones como algo negativo y contrario al pluralismo político. ¿Por qué aquí y ahora proponer un gobierno de coalición?

La razón de fondo, a mi juicio, tiene que ver con el deterioro profundo del Régimen y, más allá, con el nuevo modelo de acumulación que se está configurando por y desde la crisis. Somos la periferia dependiente y subalterna de una estructura de poder organizada en torno a un “núcleo” dominado por la Gran Alemania. Los poderes económicos, la clase política y la monarquía reinante están de acuerdo con el nuevo papel que se le asigna España en la división del trabajo definida por la Unión Europea y que literalmente nos condena al subdesarrollo social y productivo. Este es el nudo donde se organizan y se entrecruzan las contradicciones.

La “gran coalición” sería algo más que un ejecutivo conjunto PSOE-PP. El objetivo parece claro: organizar desde el poder político una nueva transición hacia una (enésima) restauración borbónica, de ahí la radicalidad de la propuesta realizada por los portavoces orgánicos del capital financiero. Digámoslo con todas sus palabras: hacer una propuesta de este calibre en plena campaña electoral no beneficia al PSOE precisamente, luego ¿por qué se hace? La hipótesis de la que partimos es que se está intentando, de un lado, determinar la agenda política y, de otro, doblegar a una parte del PSOE poco interesado, por ahora, en esta propuesta. Se podría pensar que uno de los objetivos últimos de esta operación palaciega, financiera y mediática seria remodelar las fuerzas políticas a la italiana, es decir, cambiar el mapa de los partidos y propiciar un sistema electoral mayoritario. Propuestas como estas se vienen haciendo desde hace años y Felipe González no es la primera vez que las defiende.

Organizar la transición a un nuevo régimen tendría objetivos precisos:

1. Garantizar por todos los medios la continuidad de la Monarquía, entendida como eje organizador del bloque de poder e instrumento de cohesión entre el poder económico y el político. La tarea más complicada es conseguir la rápida abdicación de Juan Carlos y la entronización de su hijo Felipe como símbolo de la regeneración democrática del sistema.
2.  La reforma de la constitución del 78. El verdadero objetivo es impedir la apertura de un proceso constituyente que signifique en la teoría y en la práctica el autogobierno de los ciudadanas y ciudadanos, la ruptura democrática. Rajoy lo ha dicho una y otra vez: es la Unión Europea la que ha cambiado y cambiará aún mas nuestra constitución económica y social; por lo tanto, se harán reformas para adaptarse al que tiene el verdadero poder, al soberano efectivo, los poderes económicos y financiero.
3.  Encontrar acomodo a las varias cuestiones “nacionales” del Estado español, poniendo el acento en lo que une a las diversas burguesías: la Monarquía y la UE.
4. Modificar la vigente ley electoral, apostando por un sistema mayoritario y desde ahí modificar las estructuras partidarias. El objetivo: reforzar el bipartidismo y avanzar, lo diríamos así, hacia la norteamericanización de la vida pública.
5.  Consolidar y convertir en ley lo conseguido ya con las políticas de ajuste: desmontar el Estado Social, la pérdida de derechos sociales y sindicales y la mercantilización de los servicios públicos.
6. Alinear firmemente a España y a la UE a la política exterior (comercial, político-militar y estratégica) norteamericana. Un dato central será el Tratado Transatlántico de Comercio y de Inversiones que consagra la subalternidad económica y comercial de la UE a la geopolítica del Imperio.

Conseguir esto no será fácil. Se requieren, al menos, tres cosas: una fuerte unidad del bloque de poder en torno a las dos fuerzas mayoritarias; una Izquierda Unida, y en general, una izquierda transformadora débil y sin capacidad de movilización y unidad y —es la clave— la pasividad de las clases trabajadoras, de la ciudadanía. El 22M puso de manifiesto que hay fuerza para la movilización y el compromiso social si se organiza la unidad y se definen bien los objetivos. Lo que viene está claro: una salida capitalista a la crisis que implique un nuevo régimen monárquico y una democracia “limitada y oligárquica”. La alternativa está también clara: ruptura democrática para un proceso constituyente que consagre una democracia de hombres y mujeres libres e iguales, que subordine la economía a la sociedad y garantice los derechos sociales de todas las personas. A esto siempre se le llamó aquí República.

[Manolo Monereo es politólogo y miembro del Consejo Político Federal de IU. Fuente: cuartopoder]