Reforma fiscal, incentivos y derechos sociales

1. Ahora que todas las élites se han puesto de acuerdo en que la crisis está muerta y se prepara un porvenir venturoso, el gobierno se ha apresurado a anunciar que prepara una reforma fiscal. Y como ya es habitual ha encargado a una “comisión de sabios” dar una patina de seriedad a la próxima chapuza que prepara Moncloa.

Lo que no se puede negar es la voluntad y decisión de Rajoy de hacer reformas, si por ellas se entiende la introducción de todo tipo de medidas a favor de los intereses del gran capital. Rajoy tiene fama de hablar poco, pero es que su estilo es otro, el de aquellos pistoleros de muchas películas del oeste tan parcos en palabras como alegres con el revólver. Los disparos del BOE nos laceran cada semana. Parece claro, sin embargo, que la mayor preocupación del PP con la nueva reforma fiscal no va a ser la de resolver realmente los problemas fiscales del país sino utilizarla para mejorar sus espectativas electorales. Su principal objetivo será seguramente practicar una rebaja universal del IRPF antes de las elecciones para que todo el mundo sienta la sensación de que las cosas mejoran. El discurso con el que se va a vestir la “reforma” es bastante previsible: nos dirán que puesto que ya se ha saneado la economía, gracias a la acción del gobierno, ahora están en condiciones de cumplir su palabra de recortar impuestos, lo que además demostraría que ellos sí tienen una visión estratégica y saben cuándo hay que sacrificarse y cuándo hay que acelerar. Un vano discurso político para engañar a personas desinformadas que oscila entre lo tramposo y lo criminal. Tramposo si la reducción de unos impuestos se compensa con el aumento de otros. Criminal si la reducción real se hace efectiva, pues ello sólo puede conducir a otro deterioro de los derechos sociales y de la economía misma.

2. Hace falta realmente una reforma fiscal. El estado español se encuentra entre los que menos recauda de la Unión Europea. Y en consecuencia, su capacidad de desarrollar políticas sociales ambiciosas y de promover una transformación productiva necesaria es menor que las de muchos otros países (ahí también está una de las causas del mayor desempleo español). Pero lo realmente curioso es que cuando se comparan los tipos oficiales de los impuestos españoles (del IRPF, de Sociedades, etc.) los tipos teóricos son parecidos a la mayoría de países. La causas fundamentales de que con los mismos tipos en España se recaude menos son claramente dos: a) los numerosas formas de desgravación fiscal que incluye nuestro sistema impositivo (y que explica por qué una empresa que teóricamente tenía que pagar un 35% de sus beneficios acabe pagando sólo el 10 o el 12%); y b) el enorme volumen de fraude fiscal. Además, ninguno de los dos problemas es socialmente neutro. Los que más se benefician de los descuentos fiscales son los ricos (por ejemplo, de la desgravación fiscal sobre las aportaciones a pensiones privadas) y las grandes empresas. La evasión fiscal es más habitual entre los detentadores de renta del capital y los pequeños empresarios que entre los asalariados. Sin contar además con la existencia de un trato social discriminatorio en el IRPF a las rentas del trabajo (que tributan a un tipo progresivo) frente a las rentas de capital (que tributan a un tipo fijo). Por tanto, cualquier reforma a corto plazo se debería orientar a eliminar la maraña de desgravaciones, a eliminar el trato diferenciado a las rentas del capital y a buscar un mayor control de las bases fiscales. Esto último no sólo puede conseguirse con un mejor diseño de los impuestos sino con una mejor dotación de medios y efectivos de la agencia tributaria y con nuevos mecanismos de control sobre los flujos monetarios.

Recaudar más y con más justicia (tratamiento igual a quien gana igual, progresividad) es una necesidad básica tanto desde el punto de vista de los derechos sociales como de la eficiencia económica. El objetivo de cualquier politica económica debería ser la búsqueda del bienestar de la mayoría de la sociedad sobre bases productivas sostenibles. Es evidente que la estructura productiva y la política económica actual no permiten ninguno de estos objetivos. La mayoría de los movimientos sociales de los últimos meses, la sucesión de mareas de todos los colores, tienen en la falta de dotaciones adecuadas una parte sustancial de sus demandas. Y una reconversión económica en clave ecológica tampoco puede hacerse sin un notable impulso público. Sin contar con la cuestión del déficit y el endeudamiento público. Aunque uno sea partidario del impago de la deuda injusta, parece evidente que ninguna política pública es a largo plazo sostenible con un déficit fiscal creciente (excepto si se ocupa una posición imperial como es el caso de EE.UU.).

Apostar por rebajas fiscales, como sugiere el gobierno, es continuar la senda de la demolición de derechos sociales, impedir una restructuración profunda de nuestra base económica y convertir el problema de la deuda en una espada de damocles permanente sobre nuestras cabezas. Es simplemente criminal. Seguramente lo que se va a hacer es otra cosa: un recorte en algunos impuestos como señuelo electoral y un aumento en otros. Tampoco puede esperarse que se produzca una verdadera limpieza de las desgravaciones fiscales, porque ello supondría para el gobierno entrar en una guerra difícil de manejar con muchos de los intereses que son el sustento de su poder real. De hecho, los mismos organismos internacionales que por una parte proponen reformas son quienes al mismo tiempo sugieren tratos de favor a cuestiones tan impresentables como “el ahorro” (o sea, las rentas del capital) vía pensiones privadas.

3. Lo que impide una reforma fiscal justa y necesaria es sin duda la influencia de los poderes económicos, acrecentados con la libertad de movimientos que han permitido las políticas neoliberales. Los intereses del gran capital cuentan además con una tropa de infanteria representada por muchos sectores de pequeña empresa y autónomos, organizados en corporaciones profesionales que suelen movilizarse ante reformas fiscales que afectan a sus rentas.

Pero además de esta red de lobbies, organizaciones y grupos sociales que defienden sus intereses particulares, el conservadurismo fiscal cuenta con la inestimable aportación intelectual de buena parte de los economistas teóricos (y más especialmente de los especialistas en temas fiscales). El argumento fundamental en pro de la baja fiscalidad al capital es la cuestión de los incentivos. Para la particular antropología social que subyace en el núcleo duro de la teoría económica los individuos sólo hacemos cosas en función de los incentivos crematísticos (por ejemplo esto es lo primero que aprenden los estudiantes de economía que en su primer curso tienen como referencia el manual de Mankiw, el más habitual en nuestras universidades). El “homo económicus” es simplemente el buscador insaciable de rentas monetarias. Y toda la política económica se debe concentrar en adecuar la estructura de incentivos monetarios para potenciar una sociedad laboriosa y altamente productiva. Un discurso del cual se extraen consecuencias que afectan a toda la esfera social. Para los que ganan menos, el argumento de los incentivos se utiliza para cargar contra todo tipo de prestaciones sociales monetarias no relacionadas con el trabajo: los subsidios de desempleo, los esquemas de renta básica, son considerados un mero desincentivo a la búsqueda de empleo, una de las causas mismas del desempleo. (Curiosamente los bajos salarios y las condiciones laborales indignas nunca se consideran “desincentivos”.) Para las rentas altas, los incentivos al capital son vistos como la mejor manera de promover la acumulación y el empleo. Y aquí sí, los impuestos, las cotizaciones sociales, son desincentivos que hay que eliminar. De este modo se justifican las desgravaciones por contratación, los esquemas de incentivos a los directivos, los recortes fiscales a las clases altas.

Hace años que existen evidencias de que muchos de los esquemas de incentivos son una mera coartada para justificar lo injustificable. Que muchos de los incentivos fiscales, por ejemplo las ayudas a la creación de empleo, son mayoritariamente innecesarias, “peso muerto”. Que los autoconcendidos incentivos a las élites directivas han conducido al modelo de capitalismo especulativo típico de nuestro tiempo. Que los incentivos económicos no explican por completo nuestro comportamiento cotidiano. Que los incentivos individuales a menudo chocan con el buen funcionamiento cooperativo de muchas actividades. Y que la era de los incentivos que ha representado el inacabado período de capitalismo neoliberal ni ha tenido éxito en los términos de la economía convencional (las tasas de crecimiento han sido inferiores al de otros periodos) ni mucho menos en resolver las cuestiones básicas que afronta el conjunto de la humanidad (vida decente, sostenibilidad ambiental).

La lucha por un sistema fiscal justo pasa por muchas vías. Por clarificar las prioridades de la actividad económica, el papel de lo público y la justicia social. Por desarticular el papel de los poderes económicos y los lobbies de diversa envergadura que parasitan el sistema. Por desmontar la coartada de los incentivos. La reforma que plantean los amigos del gobierno es simplemente un ejercicio de trilero para que todo siga empeorando.

¿Vuelve la concertación social?

En vísperas de la Marcha por la Dignidad tuvo lugar en Madrid una reunión entre gobierno, patronal y sindicatos (CCOO y UGT) de la que lo único que salió claro fue la foto. Los malpensados consideraron que se trataba de una clásica maniobra de contraprogramación. Pero las cúpulas sindicales se han apresurado a informar a sus afiliados, entre quienes me encuentro, que se trata de una nueva oportunidad.

De entrada hay que ser escepticos, por razones básicas que ya he intentado explicar en anteriores entregas de estos cuadernos: la crisis ha significado un nuevo paso en la quiebra del capitalismo de “pacto social” que se diseñó al final de la Segunda Guerra Mundial; las políticas preconizadas desde las instituciones globales (FMI, OCDE, UE) coinciden en propugnar la devaluación interna (la reducción de los costes salariales) como eje de la competitividad; la ortodoxia económica dominante considera a los sindicatos y la negociación colectiva un elemento de monopolio y rigidez (de hecho, lo considera el principal elemento monopolista) y por tanto su eliminación (o neutralización) como un elemento de eficiencia económica… Y además está la debilidad organizativa del movimiento sindical y de la izquierda en general, que no obliga al capital a tener que aceptar una negociación real. En este contexto, pensar que por arte de magia se produzca una vuelta a una concertación social real (si es que alguna vez la hubo) en la que se intercambien concesiones por ambas partes parece más un deseo utópico de algún burocráta sindical ansioso por volver a los buenos viejos tiempos que no un proceso forzado para resolver realmente problemas de la parte capitalista.

Pero la cosa se hace aún más increible cuando se tiene noticia de lo que verdaderamente se trató en esta reunión, tal como recoge una publicación urgente de Gaceta Sindical enviada a los afiliados de CC.OO. El documento destaca que “Gobierno, sindicatos y empresarios se compremeten a abrir un nuevo proceso de diálogo social para favorecer el cambio de ciclo económico, la creación de empleo y el diálogo social” (la negrita está en el original), dando pábulo a la propaganda del cambio de ciclo (algo que desmienten los interesantes informes que elabora la Fundación Primero de Mayo) y de que en este país se va a crear mucho empleo en poco tiempo. Pero la cosa resulta aún más preocupante cuando se leen los temas sobre los que se ha acordado “dialogar”…

De una parte el gobierno hablará con los agentes sociales sobre fiscalidad y presupuestos, sobre empleo público, sobre formación para el empleo y sobre desempleo juvenil y de larga duración. O sea, más o menos se hará un gesto para que parezca que la reforma laboral, la de la formación laboral (en vías de completa privatización) y la de la administración pública parezcan reformas consensuadas (lo del empleo me parece simple retórica en tanto se mantenga la actual políica económica).

Y en un segundo paquete de negociación tripartita se intentará llegar a un Nuevo Acuerdo Nacional sobre Negociación Colectiva (en el que los ejes son competitividad, flexibilidad y cohesión social), buscar alternativas a la destrucción de empleo, controlar los precios y hablar sobre el salario mínimo interprofesional.

Quizás somos muy ignorantes. O demasiado malpensados. Pero la comunicación y el planteamiento resultan sorprendentes. Por ejemplo, cómo se habla de trabajar por un Nuevo Acuerdo, cuando el anterior, firmado pocas semanas antes de que el Gobierno aprobara la reformal laboral, fue complatemente barrido por la misma (siempre he pensado que a los representantes de la CEOE que firmaron aquel acuerdo y que sin duda eran conocedores de lo que preparaba el gobierno, se les tenía que escapar la risa al firmar un pacto que sabían de antemano que era papel mojado). O cómo se puede aceptar una negociación que no exija previamente valorar el impacto económico y social de las medidas tomadas anteriormente, que no considere una exigencia de partida en la continuidad de los convenios colectivos y la recuperación de los que se han perdido y que no discuta las políticas distributivas a nivel general.

Vista la experiencia previa parece claro que el gobierno (y posiblemente también la patronal) lo único que quiere es autoproclamar su talante negociador. Lo realmente increible es que las cúpulas de CC.OO. y UGT den por bueno retomar una negociación con tan poco contenido, con tanta carga ideológica pro capital, sin exigir que se evalúe el estropicio social que han generado las reformas ni incluir la necesidad de revisarlas. Más bien parece que la opción de la cúpula sindical es negociar aquello que están dispuestos a aceptar patronal y gobierno y olvidarse de introducir todo aquello que perturba los intereses dominantes. Es, por desgracia, una vieja deriva que se gestó a principios de los años noventa y que no ha cesado de plantearse desde entonces. Pero que en el contexto actual de ataque general a la negociación colectiva y a las condiciones de empleo resulta mucho más incomprensible que nunca. Por una parte porque parece bastante claro que lo que se plantea en esta concertación no introduce cambios sustanciales en el modelo. Y por otra, porque este planteamiento refuerza la imagen social de unos líderes sindicales dispuestos a negociar lo que les echen, sin capacidad de discurso propio ni de ideas de cómo reorganizar y cambiar la correlación de fuerzas presente. Los lideres sindicales no parecen ser conscientes ni del nivel de descrédito social que indican las encuestas de opinión sobre ellos mismos, ni de la sangría en la afiliación.

El ataque neoliberal ha sido tan profundo y devastador que les ha dejado casi fuera de juego. Les obliga a replantear sus modos de acción y organización. Sin ganar en legitimidad social es imposible recuperar la iniciativa. Y para ganar legitimidad hacen falta muchas cosas: un comportamiento entendible por las bases, un discurso alternativo que ponga en cuestión las ideas fuerza en la que se sustenta la propaganda neoliberal, un apoyo a las luchas y resistencias concretas y un diálogo permanente con las bases, un nuevo militantismo sindical cercano a las clases trabajadoras, una reflexión estratégica abierta a la sociedad, una clarificación entre lo que se puede y lo que no se puede negociar. Fiarlo todo a un vacío diálogo social es apostar por la decandencia inevitable. Para que pueda pensarse en una renacida concertación social, antes hay que haber acorralado socialmente las políticas neoliberales. Y nos tememos que lo que ahora estamos hablando sólo sirve para lo contrario: dar aire al Gobierno y debilitar aún más la imagen del sindicalismo.