La conmemoración de los diez años de los atentados del 11 de marzo de 2004 ha dejado un sabor de boca agridulce. Por un lado, el gobierno del PP ha cumplido con correción los actos protocolarios sin que ninguno de sus miembros se haya descolgado con alguna especulación sin fundamento acerca de un hipotético complot “ETA-Al Qaeda-PSOE-servicios secretos marroquíes” como causante de la masacre. Pero, por el otro, no ha habido ningún homenaje popular a las víctimas y a sus familiares, así como a los miles de ciudadanos que en los días posteriores, sin romper ni una sola farola, se manifestaron o se plantaron ante las sedes del PP para gritar “¡Nuestros muertos, vuestras guerras!”, “¡Antes de votar, queremos la verdad!” y, sobre todo, “¿Quién ha sido?”.

Curiosamente, durante los diez años transcurridos, han sido el PP y su entorno mediático quienes más esfuerzos han hecho para intentar aparentemente responder a esa pregunta y, al mismo tiempo, sembrar dudas sobre la que ha acabado siendo la versión oficial del 11-M. Lo bueno del asunto es que esa versión es también, en buena medida, responsabilidad suya.

Recordemos brevemente los hechos básicos. En la misma mañana del 11 de marzo, cuando todavía se estaban retirando los cadáveres y trasladando los heridos a los hospitales, el entonces ministro de interior, Ángel Acebes, compareció en rueda de prensa para intentar instalar en la mente de los televidentes la atribución a ETA de la masacre. Mientras tanto, José María Aznar llamaba a los directores de los periódicos para convencerles de lo mismo y encargaba a Ana Palacios que promoviera la aprobación de una resolución de condena a ETA en el Consejo de Seguridad de la ONU. La aparición de una furgoneta con detonadores de explosivos y la detención de Jamal Zougam, la única persona que después sería condenada como autor material de los atentados (el resto lo fue por complicidad, cooperación o por delitos que nada tenían que ver directamente con el 11-M), a raíz del hallazgo de un móvil en una mochila que contenía una bomba que no llegó a explotar por la desconexión de unos cables, llevaron a Acebes a enredarse en unos juegos retóricos penosos sobre las “dos líneas de investigación”. El sábado 13 de marzo, el juez Juan del Olmo ordenó a Renfe que se hiciera cargo de los vagones de los trenes en los que se habían producido las explosiones, por considerar que ya se habían recogido todas las muestras necesarias para poder instruir la causa. Renfe decidió que todos los trenes menos uno fueran enviados rápidamente al desguace. La dirección de Renfe tenía una dependencia jerárquica del gobierno presidido por José María Aznar, lo que permite deducir que, en un asunto tan delicado, esa destrucción se hizo con su aquiescencia.

Fue una decisión que causaría perplejidad a los magistrados del Tribunal Supremo, como lo hicieron notar en su sentencia sobre el 11-M. El desguace de los vagones hizo imposible, por ejemplo, que los abogados defensores de los acusados pudieran solicitar nuevos informes periciales sobre los explosivos y otros aspectos relevantes de la investigación judicial. Dicho con las palabras de los magistrados del Tribunal Supremo: “[…] puede resultar sorprendente una tan apresurada destrucción [de los trenes], que impidió un estudio posterior más reposado y en profundidad, e incluso su reiteración de haber sido necesaria, de aspectos que pudieran haber resultado de interés para la investigación.” (STS n.º 503/2008, p. 652)

Las investigaciones policiales dirigidas por el gobierno del PP continuaron después de las elecciones hasta desembocar en la operación policial de Leganés del 3 de abril de 2004, dos semanas antes de que José Luis Rodríguez Zapatero tomara posesión como nuevo presidente de gobierno. El mismo Acebes que había atribuído la matanza a ETA, explicó luego que se había localizado a sus presuntos autores en un piso de Leganés. Horas más tarde esas personas morirían como resultado de una explosión que la policía y los servicios de inteligencia caracterizaron como un suicidio colectivo.

Esa es la razón obvia de que casi todas las personas consideradas como los autores materiales de la masacre del 11-M no pudieran ser juzgadas y, a su vez, no pudieran defenderse de las graves acusaciones que se vertieron sobre ellas después de su muerte. También es la razón de que no se sepa en concreto quién hizo qué en la ejecución de los atentados (si éste o aquél fue el que puso una bomba en este o en aquel tren, etc.). Por desgracia o por lo que fuera, las muchas cámaras de seguridad existentes en las diferentes estaciones no captaron imágenes sobre los autores de los atentados en el momento en que subían o bajaban de los trenes. No obstante, los mandos policiales, dirigidos por José Mª Aznar, Ángel Acebes y Agustín Díaz de Mera, afirmaron haber encontrado pruebas fehacientes de su culpabilidad entre los escombros del piso de Leganés. Dichas pruebas fueron estimadas como válidas por los jueces de la Audiencia Nacional y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Dicho con otras palabras, los jueces de ambos tribunales no hicieron más que dar por buena la versión de la policía dirigida por el gobierno del PP.

Y, por cierto, lo que los jueces dictaminaron finalmente fue que el 11-M no fue obra de ETA pero tampoco de Al Qaeda, sino de una celula yihadista local sin conexión orgánica con Al Qaeda. Para decirlo nuevamente con las palabras de los jueces del Tribunal Supremo: “[…], no aparece relación alguna de carácter jerárquico con otros grupos o con otros dirigentes de esa organización [Al Qaeda], lo que permite establecer que la célula que operaba en Madrid, en la medida en que ha sido indentificada, no dependía jerárquicamente de otra y por lo tanto puede considerarse a los efectos penales como un grupo u organización terrorista diferente e independiente” (STS, n.º 503/2008, pp. 581-582)

Ahora bien, una vez en la oposición, Aznar y sus huestes se dedicaron a alentar dudas y a marear la perdiz sobre la investigación policial que ellos mismos habían dirigido y que los jueces validaron después. El mareo de la perdiz incluyó dudas sobre si lo de Leganés había sido realmente un suicidio o sobre si el rápido desguace de los trenes no perseguía en realidad el propósito de ocultar el tipo de explosivo utilizado. Sin embargo, hay que reconocer que su inmensa desfachatez les ha reportado resultados positivos por lo que se refiere a la elusión de sus responsabilidades. Como el ínclito Juan Palomo, ellos se lo guisaron, ellos se lo comieron y al final todos acabamos hartos del asunto, hasta el punto de que hoy en día nadie quiere oír hablar de él.

Claro que también vale la pena preguntarse sobre lo que han hecho la izquierda política y los intelectuales que simpatizan con ella durante todos estos años para ayudar a proporcionar una respuesta honesta al “¿quién ha sido?” de los ciudadanos ejemplares de hace una década. En lo fundamental, lo único que han hecho es alegrarse mucho por la derrota de Aznar y confiar en los jueces. Pero éstos hicieron lo que pudieron a partir de las pruebas disponibles tras el desguace de los trenes y la muerte de la mayor parte de los acusados (mi deformación profesional y un elemental respeto a su derecho a la presunción de inocencia me impide llamarles culpables).

Todo lo dicho no debe interpretarse como una sugerencia sobre una supuesta culpabilidad directa del PP en la comisión de los atentados, ni mucho menos. Más bien debe entenderse como una invitación a que alguna persona competente y sinceramente comprometida con las búsqueda de la verdad vuelva a analizar lo ocurrido ese día, e intente enhebrar un relato creíble y bien fundamentado sobre este trágico acontecimiento con la pespectiva que dan los diez años transcurridos y lo que hoy sabemos sobre la génesis y el desarrollo de la llamada “guerra contra el terrorismo”.

A poder ser debería tratarse de un relato más consistente y verosímil que, por poner un ejemplo sobre lo que no se debe hacer, la teoría de la conspiración propagada por Fernando Reinares, el terroristólogo mayor del Reino, sobre la supuesta responsabilidad de Al Qaeda en el 11-M. Reinares contradice a los magistrados de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo a partir, en lo esencial, de especulaciones basadas en informes confidenciales de los servicios secretos a los que solamente ha tenido acceso él, vídeos de Bin Laden y comunicados colgados en internet. Con esos mimbres se atreve a afirmar, incluso, que la matanza del 11-M se programó mucho antes de que se convocaran las elecciones generales de 2004 y que, por tanto, no se puede sostener que sus autores tuviesen la pretensión de influir en las elecciones. F. Reinares lleva explicando esa teoría desde poco después de que en 2007 se dictara la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se exculpaba a Al Qaeda. Los asesinados, sus familiares, las personas que se movilizaron después de los atentados —en especial, la buena gente de Madrid— y el resto de la población se merecen algo más honesto y con más solidez intelectual.